SC-349-2005 [14227-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 14227-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia adiada el 5 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad Constructora Bonvivir Ltda. contra Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Se trata de la reivindicaci\u00f3n propuesta por la sociedad demandante respecto del inmueble de que da cuenta la demanda inicial, basada en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
a) Mediante escritura p\u00fablica No. 11651 de 9 de diciembre de 1994, la sociedad Constructora Bonvivir Ltda. compr\u00f3 a la sociedad Proplanes Ltda., una casa de habitaci\u00f3n situada en la ciudad de Cali, la cual se encuentra construida en un predio de mayor extensi\u00f3n que a su vez le hab\u00eda comprado por medio de la escritura p\u00fablica N\u00b0 1108 de 12 de febrero de 1992, que la vendedora hab\u00eda recibido de Rafael Rojas Bravo y Clara Isabel Rojas Bravo en daci\u00f3n de pago que se hizo constar en la escritura <\/p>\n
p\u00fablica N\u00b0 1003 de 31 de marzo de 1977. <\/p>\n
b) El bien no ha sido prometido en venta y los t\u00edtulos de dominio que habilitan a la sociedad demandante permanecen vigentes e inscritos en el folio inmobiliario 370-042839 de la oficina de registro de Cali; no obstante lo anterior, se halla privada de la posesi\u00f3n material de dicha casa, cuanto que la ostenta actualmente la se\u00f1ora Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez, quien no est\u00e1 en posibilidad de adquirirla por el modo de la prescripci\u00f3n porque se hizo a ella apenas hace m\u00e1s de un a\u00f1o \u2013la demanda fue presentada en 1996- \u201creput\u00e1ndose due\u00f1a, sin serlo, porque seg\u00fan parece la sociedad Proplanes Ltda., se lo prometi\u00f3 en venta\u201d. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez contest\u00f3 la demanda de manera extempor\u00e1nea, en la que adujo que su posesi\u00f3n derivaba de la promesa de compraventa que el 31 de agosto de 1992 celebr\u00f3 con la sociedad Proplanes Ltda. <\/p>\n
3. La sentencia de primera instancia acogi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n propuesta, pero sin reconocer frutos ni mejoras. Ante la apelaci\u00f3n interpuesta por ambas partes, aqu\u00e9lla fue revocada \u00edntegramente, disponi\u00e9ndose en su lugar un fallo absolutorio. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
1. En lo pertinente, el sentenciador concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 la posesi\u00f3n de la demandada, y para hacerlo razon\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
documentos allegados con el escrito correspondiente, a los que hay que darles el valor probatorio puesto que fueron objeto de contradicci\u00f3n; por consiguiente son apreciables la copia del contrato de promesa de compraventa citado, los recibos de pago del precio, la inspecci\u00f3n judicial y el interrogatorio de parte absuelto por la demandada, pero no la prueba trasladada del proceso penal por no reunir los requisitos legales. <\/p>\n
b) Que como en la cl\u00e1usula cuarta del mencionado contrato de promesa de compraventa las partes contratantes estipularon que \u201cla entrega material del inmueble y el otorgamiento de la escritura que dar\u00e1 cumplimiento a \u00e9sta promesa ser\u00e1n a m\u00e1s tardar el d\u00eda 30 de diciembre de 1992\u201d, quiere decir que la demandada entr\u00f3 en \u00e9l con el car\u00e1cter de tenedora, lo que no se desvirt\u00faa por hallarse en el lugar cuando se practic\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, ni con el establecimiento de las mejoras a que se refiri\u00f3 en el interrogatorio de parte. <\/p>\n
2. Adicionalmente, no se logr\u00f3 determinar en qu\u00e9 momento Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez pas\u00f3 a ser poseedora, mutando su situaci\u00f3n inicial; ni los recibos de pago del precio, ni el indicio grave que se deduce en su contra de ella por no haber contestado oportunamente la demanda, son suficientes para deducir tal cambio. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
1. Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n y por la v\u00eda indirecta, se tilda el fallo impugnado de haber quebrantado los art\u00edculos 946, 947, inciso 1\u00b0, 950, 952, 961, 962, 963, 964 y <\/p>\n
969 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2. En la sustentaci\u00f3n del cargo se aduce, inicialmente, que no se tuvo por demostrado, est\u00e1ndolo, la posesi\u00f3n de la demandada sobre el inmueble litigado, en especial por preterici\u00f3n de los siguientes indicios graves: <\/p>\n
a) El que deriva de la conducta procesal de la contradictora, quien durante las instancias, am\u00e9n de cuestionar el derecho de dominio de su contraparte, sostuvo de forma reiterada y uniforme que era la poseedora del bien disputado \u201cdesde el d\u00eda 3 de septiembre de 1992, aparte de reconocer que el espec\u00edfico inmueble objeto de la demanda es exactamente el mismo materialmente pose\u00eddo\u201d por ella; tales comportamientos se observan en la contestaci\u00f3n de la demanda (folios 134 a 143); la audiencia celebrada el 14 de abril de 1999 (folio 155); el alegato de conclusi\u00f3n (folio 236); y el escrito de interposici\u00f3n y sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia. <\/p>\n
b) El que surge de la confluencia temporal del pago total del precio del inmueble y la entrega de \u00e9ste a Maria Cristina, puesto que, a pesar de que en el fallo se reconoce que \u00e9sta, seg\u00fan los recibos allegados con la contestaci\u00f3n de la demanda, pag\u00f3 la totalidad del precio acordado, $30.000.000 el 3 de septiembre y $25.000.000 el 29 de los mismos mes y a\u00f1o, el tribunal no estableci\u00f3 ninguna conexi\u00f3n entre esos hechos, desconociendo as\u00ed \u201ccualquier relevancia demostrativa de la posesi\u00f3n material de la demandada sobre el inmueble litigioso, sin atisbar remotamente el claro indicio de esa posesi\u00f3n que de la conjugaci\u00f3n de ambos resulta\u201d; adem\u00e1s, tampoco tuvo en cuenta los indicios graves de no haber respondido el libelo introductor y de la posici\u00f3n asumida a lo largo de la instrucci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
c) El que emerge de las inmediatas y notables reformas del inmueble que le introdujo la contradictora, las cuales, contrario a lo que sostiene el sentenciador, son mejoras que fueron incorporadas en la condici\u00f3n de poseedora que lo recibi\u00f3 el 3 de septiembre de 1992, como consecuencia de la promesa de compraventa, en relaci\u00f3n con la cual hab\u00eda pagado \u00edntegramente el precio convenido; tal indicio \u201cresulta de car\u00e1cter grave, habida cuenta de su inmediata conexi\u00f3n f\u00e1ctica y temporal con la posesi\u00f3n material de la demandada sobre el inmueble litigioso, siendo as\u00ed como solo quien se considera propietario de un inmueble puede decidirse a reformarlo tan significativamente al poco tiempo de haberle sido entregado, como es apenas obvio\u201d. <\/p>\n
d) El que se origina en el pago efectuado por Quintero G\u00f3mez del impuesto predial del inmueble; no apreci\u00f3 el sentenciador los documentos (C. 1, folios 70-71) en los que consta que ella pag\u00f3 la suma de $400.000 el 26 de septiembre de 1994 correspondientes a dos a\u00f1os de contribuci\u00f3n predial, hecho que normalmente lo hace quien es due\u00f1o o se reputa serlo. <\/p>\n
e) Otro indicio se da porque no hay alegaci\u00f3n ninguna sobre que exista un poseedor distinto de la demandada, as\u00ed se afirm\u00f3 en la demanda y lo acept\u00f3 incluso la parte opositora en el curso del proceso; adem\u00e1s, la sociedad Proplanes Ltda., promitente vendedora desde que entreg\u00f3 la posesi\u00f3n no ha interferido la misma, de donde viene que estimar que aquella no es poseedora del inmueble litigioso, comporta una arbitraria privaci\u00f3n de la \u00fanica acci\u00f3n judicial de la que dispone la sociedad demandante para recuperar la posesi\u00f3n de un inmueble. <\/p>\n
f) Tambi\u00e9n constituye indicio la permanencia de la demandada en el bien, lo que se confirma porque en el mes de agosto de 1992, a efectos de la matr\u00edcula de sus dos hijos, indic\u00f3 que en desarrollo del transporte escolar estos fueran recogidos en la direcci\u00f3n que corresponde al inmueble disputado (C. 1, folio 82); a lo cual se suma que durante la inspecci\u00f3n judicial se encontr\u00f3 a ella ocup\u00e1ndolo con su familia. <\/p>\n
3. Por fuera de los indicios anteriores, se tilda de err\u00f3nea la apreciaci\u00f3n de la susodicha promesa de compraventa, puesto que el juzgador se abstuvo de estimar, ya que si bien no se dijo expresamente que con la entrega se confer\u00eda la posesi\u00f3n, tampoco se indic\u00f3 expl\u00edcitamente lo contrario; es cierto que la promesa de compraventa no es t\u00edtulo traslaticio de dominio ni de posesi\u00f3n, pero \u201cello no significa que en los casos concretos la entrega de un inmueble prometido excluya la inmediata posesi\u00f3n del bien por parte de quien lo recibe, pues todo depende de las particularidades f\u00e1cticas concretas de cada caso\u201d. <\/p>\n
En el presente, ha quedado fehacientemente establecido que Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez \u201cse consider\u00f3 y se comport\u00f3 como poseedora material del inmueble desde el momento mismo en que lo recibi\u00f3\u201d; fuera de lo anterior, es equivocada la apreciaci\u00f3n del tribunal de que no hay prueba de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo porque ella siempre ha estado en posesi\u00f3n del bien y nunca como simple tenedora; en todo caso, lo que interesa en este proceso reivindicatorio es que la posesi\u00f3n haya sido anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda. Seg\u00fan a misma Corte \u201cni siquiera es necesario que el reivindicante afirme en su demanda que el bien se encuentra en posesi\u00f3n del demandado, pues este t\u00f3pico se encuentra siempre \u00ednsito en la pretensi\u00f3n reivindicatoria (\u2026) as\u00ed las cosas, cuando el demandado no desconoce en el proceso el car\u00e1cter de poseedor que le atribuye el reivindicante, como ha ocurrido en el sub lite, por este aspecto siempre deber\u00e1 decretarse la reivindicaci\u00f3n del bien de que se trate\u201d; adem\u00e1s, nadie despu\u00e9s de la entrega, ni siquiera la sociedad Proplanes <\/p>\n
Ltda., ha tenido injerencia en que as\u00ed haya ocurrido. <\/p>\n
4. El ad quem se abstuvo de tener por demostrado, est\u00e1ndolo, la plena identidad entre el inmueble objeto de la demanda y pose\u00eddo por la demandada, lo que se produjo por no haber aceptado que \u00e9sta era poseedora y no simple tenedora, situaci\u00f3n por la que dej\u00f3 de apreciar la inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial que dan cuenta de la conexi\u00f3n existente entre estos dos aspectos. <\/p>\n
5. La circunstancia de no haber tenido en cuenta que Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez era poseedora del inmueble desde el 3 de septiembre de 1992 llev\u00f3 al tribunal a denegar la reivindicaci\u00f3n, a pesar de que no s\u00f3lo se acredit\u00f3 la posesi\u00f3n en cabeza de la demandada sino tambi\u00e9n la existencia de los restantes requisitos que exige dicha acci\u00f3n; de all\u00ed que los errores de apreciaci\u00f3n relacionados antes sean, a m\u00e1s de manifiestos, trascendentes. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El punto central de los fundamentos del fallo absolutorio impugnado recae en que la promesa de compraventa de la cual deriva sus derechos la demandada no le otorg\u00f3 a esta la posesi\u00f3n, sino la mera tenencia. En relaci\u00f3n con esa precisa consecuencia de ese acto preparatorio ha predicado esta Corporaci\u00f3n, entre otras en la sentencia de casaci\u00f3n de 13 de noviembre de 2001, expediente 6265, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(..) cumple recordar que (\u2026) \u2018la promesa de compraventa no es indicativa, por s\u00ed sola, de tenencia ni de posesi\u00f3n\u2019 (CCXLIII, p\u00e1g. 530), motivo por el cual, aunque es cierto que la existencia de ese contrato comporta \u2013en l\u00ednea de principio- reconocimiento de derecho ajeno sobre el bien que se promete adquirir, no lo es menos que si en la promesa se manifiesta la voluntad de entregar el bien prometido para que el promitente comprador asuma su gobierno aut\u00f3nomo, \u00b4ese prop\u00f3sito volitivo puede generar o derivar una posesi\u00f3n inmediata, si es inequ\u00edvoca la intenci\u00f3n de las partes en ese sentido\u00b4 (cas. civ. de 26 de junio de 1986), hecho que no se desvirt\u00faa por la participaci\u00f3n del poseedor en el mencionado negocio jur\u00eddico preparatorio\u201d. <\/p>\n
2. Bajo esas premisas, se torna ineludible establecer si el tribunal incurri\u00f3 en los errores manifiestos de hecho que se le endilgan por haber concluido que la reivindicaci\u00f3n propuesta fracasa porque la demandada ingres\u00f3 al inmueble objeto de litigio como tenedora y no como poseedora, puesto que la promesa de compraventa no le otorg\u00f3 esta \u00faltima calidad; ni hay evidencia de la mutaci\u00f3n de tal t\u00edtulo. <\/p>\n
3. Puestos los ojos en el texto del documento que contiene la promesa de compraventa, se observa con nitidez que en virtud de la misma no se confiri\u00f3 expresamente a la promitente compradora la calidad de poseedora, puesto que sobre el particular nada se dijo. Incluso, se aludi\u00f3 all\u00ed a que la entrega del inmueble, junto con el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, se har\u00eda \u201ca m\u00e1s tardar el d\u00eda 30 de diciembre de 1992\u201d, de donde se infiere que la demandada a la saz\u00f3n del contrato preliminar estaba reconociendo dominio ajeno, concretamente a favor de la sociedad Proplanes Ltda., o sea de la promitente vendedora, lo que a la par que excluye el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a, reafirma la tenencia que deriva de dicho contrato; calidad \u00e9sta que halla en principio llamada a perdurar y permanecer de manera inmodificable, sin que \u201cel simple lapso de tiempo\u201d pueda variarla, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 777 del C. Civil. <\/p>\n
4. Situada la Corte en el campo estrictamente probatorio que le corresponde de acuerdo con la acusaci\u00f3n propuesta en casaci\u00f3n, observa que el tribunal no incurri\u00f3 en yerro de apreciaci\u00f3n de las pruebas que alcance el calificativo de manifiesto, seg\u00fan lo que se explica a rengl\u00f3n seguido: <\/p>\n
a) El documento que contiene el contrato de compraventa no fue apreciado de manera equivocada ni restringida porque en \u00e9l efectivamente no aparece expresamente que se le haya conferido a Maria Cristina la posesi\u00f3n material del inmueble objeto de la misma, m\u00e1xime si la entrega material qued\u00f3 diferida para el mismo d\u00eda en que se otorgara la escritura p\u00fablica, de cuyo otorgamiento no existe ninguna constancia, menos la hay de cu\u00e1ndo se le hizo la entrega material del bien; por consiguiente, no resulta un\u00edvoco el comportamiento de ella respecto de la cosa prometida en venta, como para deducir que dej\u00f3 de reconocer dominio en el promitente vendedor y que por hab\u00e9rsele finalmente entregado f\u00edsicamente el bien, a partir de entonces pas\u00f3 a ser poseedora. <\/p>\n
b) Hechos atribuidos a la contradictora como el de pagar la totalidad del precio pactado por el inmueble prometido en compraventa, el impuesto predial y haber establecido reformas o mejoras en el mismo, siendo adem\u00e1s que tales pagos se hicieron por la promitente compradora a la promitente vendedora entre el 3 de septiembre de 1992 y el 26 de septiembre de 1994, son equ\u00edvocos para demostrar el ejercicio de la posesi\u00f3n material; en efecto, ya sean considerados individualmente o en forma conjunta, apenas demuestran que ellos ocurrieron o se ejecutaron seg\u00fan lo que expresan los respectivos documentos, pero no evidencian \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a de quien los hizo del que emerja por fuera de toda duda la posesi\u00f3n, en tanto que tambi\u00e9n pueden ser realizados por una persona que se encuentra en el bien como tenedora del mismo, mucho m\u00e1s si se trata de quien se aprestaba a perfeccionar el contrato de compraventa prometido. <\/p>\n
c) El pago del precio convenido en la promesa de compraventa no tiene como \u00fanica explicaci\u00f3n que la promitente compradora lo hiciera precisamente en ejercicio de la posesi\u00f3n material, y menos en este caso en el que se aprecia que se efectu\u00f3 en obedecimiento a lo dispuesto en la cl\u00e1usula tercera de la misma, esto es, en dos cuotas pagaderas los d\u00edas el 3 y 30 de septiembre de 1992, en todo caso antes de la fecha pactada para el perfeccionamiento del contrato que se fij\u00f3 \u201ca m\u00e1s tardar el d\u00eda 30 de diciembre\u201d de esa anualidad; dicho proceder, por lo menos admite ser interpretado como que la demandada se aprestaba de ese modo a dar cumplimiento a los compromisos previamente adquiridos y no, como alega el recurrente, por estar a la saz\u00f3n en posesi\u00f3n material del inmueble. <\/p>\n
d) De otro lado, incorporar mejoras a un bien determinado no es un hecho que en forma indiscutible refleje el ejercicio de la posesi\u00f3n material sobre \u00e9l, dado que eventualmente se pueden establecer tambi\u00e9n por quien ostenta la mera tenencia; la preterici\u00f3n que se denuncia a ese respecto, entonces, no resulta en esos t\u00e9rminos relevante para deducir el error manifiesto de hecho que se le imputa al sentenciador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, solamente fue acreditado que la demandada hizo algunos arreglos en el inmueble, pero no se sabe a ciencia cierta, en su esencia, cu\u00e1les fueron; todo sin contar con que se ignora en qu\u00e9 estado se hallaba el bien cuando finalmente le fue entregado materialmente a ella. <\/p>\n
e) No err\u00f3 el tribunal al excluir como acto de posesi\u00f3n material el hecho de que en el curso de la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos la demandada estuviera ocupando el inmueble junto con su familia, pues tal comportamiento no implica necesariamente una muestra del ejercicio de aqu\u00e9lla, como que \u201chabitar simplemente, no es poseer; por supuesto que igual pueden hacerlo el propietario, el poseedor y cualquier tenedor; dicho de manera diversa, ello solo no pone de resalto que la cosa se detenta con ese elemento sicol\u00f3gico que por antonomasia caracteriza la posesi\u00f3n, traducido, como es averiguado, en que se cuenta de por medio con el \u00e1nimo de conducirse jur\u00eddicamente con plena autonom\u00eda y sin reconocer dominio ajeno. All\u00ed, rep\u00edtese, no se descubre, necesariamente, que quien est\u00e1 en contacto material con la cosa, la tenga por s\u00ed y ante s\u00ed, con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s y sin depender de nadie en particular. La calidad de poseedor requiere, en este marco de ideas, que sobre la cosa se ejerzan verdaderos actos de dominio, como si en verdad se tratase del mismo propietario, actos de los que a t\u00edtulo meramente enunciativo prescribe el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil\u201d (sentencia de casaci\u00f3n N\u00b0 126 de 3 de octubre de 1995, expediente 4547). <\/p>\n
f) Menos cabe afirmar que por estar la demandada en poder del inmueble desde que le fue entregado hasta la fecha de la sentencia, que no exista otra persona que le haya disputado que lo tenga y que haya se\u00f1alado la direcci\u00f3n del mismo para el transporte escolar, deviene ineluctablemente que ella actuaba como poseedora material; es factible, en contra de lo que aduce el censor, que tales hechos pongan de relieve solamente la continuidad de la tenencia iniciada antes, y en todo caso es inocultable la equivocidad que representa su ocurrencia. <\/p>\n
g) La aseveraci\u00f3n del tribunal relativa a que obra en autos demostraci\u00f3n de la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo de tenedora por el de poseedora de la demandada, no aparece desvirtuada en el cargo, si se advierte que el censor se basa en que desde un principio la promitente compradora ingres\u00f3 a ocupar el bien como se\u00f1ora y due\u00f1a, lo que no corresponde a la realidad procesal, seg\u00fan el an\u00e1lisis efectuado hasta ahora. <\/p>\n
Se agrega a lo anterior que no es inane exigir, en casos como el de ahora, la prueba de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo; el casacionista alega lo contrario prevalido de que la demandada se qued\u00f3 con el bien desde el instante mismo en que recibi\u00f3 el bien objeto de la promesa de compraventa, lo cual, valga decirlo, no se sabe en qu\u00e9 fecha ocurri\u00f3, ni menos se encuentra acreditado con precisi\u00f3n cu\u00e1ndo aqu\u00e9lla empez\u00f3 a comportarse como poseedora; la explicaci\u00f3n del censor carece de sustento, pues, como ya se ha dicho, todo se origin\u00f3 en el contrato de promesa, de la cual se desgaja que all\u00ed no se le confiri\u00f3 posesi\u00f3n; bajo esas circunstancias no emerge el yerro evidente que a ese respecto se le apunta al sentenciador. <\/p>\n
h) En cuanto al indicio que la recurrente pretende derivar de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, observa la Corte que el mismo se desvirt\u00faa porque obra la prueba de que la promesa no le otorg\u00f3 a la promitente compradora la posesi\u00f3n del inmueble; despu\u00e9s no se ha verificado ning\u00fan hecho contundente que implique la modificaci\u00f3n del car\u00e1cter inicial de tenedora con el que hizo su ingres\u00f3 a \u00e9l inicialmente. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, permanecen en pie los argumentos de orden f\u00e1ctico que sostienen el fallo impugnado, puesto que no se ha demostrado la presencia de un error evidente de hecho que los destruya; por lo tanto, siendo posibles y razonables las consideraciones del tribunal, inevitablemente resulta frustr\u00e1neo el cargo \u00fanico propuesto, el cual no alcanza ning\u00fan \u00e9xito, haci\u00e9ndose innecesario que la Corte se refiera a los restantes aspectos de la acusaci\u00f3n que aluden a otros elementos de la <\/p>\n
reivindicaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 5 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad Constructora Bonvivir Ltda. contra Mar\u00eda Cristina Quintero G\u00f3mez. <\/p>\n
Se condena en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-349-2005 [14227-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 14227-01 Decide la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83172","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83172"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83172\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}