SC-350-2005 [03215]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
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Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Ref. Exp. No. 03215 <\/p>\n
Provee la Corte enseguida sobre el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2002, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, conclusiva del proceso ordinario promovido por el Departamento del Putumayo contra el Banco Popular. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 al Banco Popular para que \u00e9ste fuera declarado responsable de los perjuicios recibidos por aquella con ocasi\u00f3n del pago indebido de los cheques n\u00fameros 7134857 y 9439144, por las sumas de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, cada uno, girados por el Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica \u2018ICEL\u2019 a favor de la Intendencia Nacional del Putumayo, hoy Departamento del Putumayo. <\/p>\n
Seg\u00fan se propuso en la demanda, el Banco Popular debe ser condenado a pagar la suma de $49.029.845.76, \u201cm\u00e1s la indemnizaci\u00f3n por perjuicios materiales, da\u00f1o emergente y lucro cesante, los cuales se calcularan sobre intereses comerciales, con base en el capital, desde la fecha del pago indebido\u201d. <\/p>\n
2. Los hechos que sirven de fuente a las pretensiones admiten la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
2.1. El Departamento del Putumayo es territorio productor de hidrocarburos, circunstancia por la cual es beneficiario del pago de regal\u00edas que debe hacer la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos \u201cEcopetrol\u201d. Por disposiciones administrativas el pago de las regal\u00edas se hac\u00eda por medio del Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica \u2018ICEL\u2019. <\/p>\n
2.2. El 30 de marzo de 1990 y el 17 de diciembre de 1991, el Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica \u2018ICEL\u2019, en nombre y por orden de \u201cEcopetrol\u201d, gir\u00f3 a favor del Departamento del Putumayo, los cheques n\u00fameros 7134857 y 9439144, por las sumas de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, para pagar las regal\u00edas debidas. <\/p>\n
2.3. Los t\u00edtulos descritos son cheques fiscales que tienen circulaci\u00f3n restringida, de modo que exclusivamente pod\u00edan ser consignados en la cuenta del Departamento del Putumayo. No obstante, el Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica, entreg\u00f3 los cheques al se\u00f1or Alberto de la Rosa Cussis, por entonces Alcalde Municipal de Puerto Legu\u00edzamo, quien abri\u00f3 una cuenta en la entidad financiera demandada y por medio de ella se apropi\u00f3 de dineros que estaban destinados a la Intendencia del Putumayo, hoy departamento del mismo nombre. <\/p>\n
2.4. Con su proceder, el Banco demandado viol\u00f3 claras disposiciones legales y la circular BD 095 de 28 de diciembre de 1984 emanada de la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
3. La entidad financiera resisti\u00f3 las pretensiones de la demanda, para lo cual neg\u00f3 la veracidad de la mayor\u00eda de los hechos y plante\u00f3 la concurrencia de culpas, pues el Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica, \u2018ICEL\u2019, procedi\u00f3 mal cuando entreg\u00f3 los cheques a quien no deb\u00eda, es decir, al se\u00f1or Alcalde de Puerto Legu\u00edzamo, fruto de lo cual se produjo la defraudaci\u00f3n de que fue v\u00edctima la demandante. <\/p>\n
4. El juzgado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda porque consider\u00f3 que el Departamento del Putumayo carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para reclamar la indemnizaci\u00f3n, pues de cualquier manera, como aquel nunca recibi\u00f3 los cheques de manos del \u2018ICEL\u2019, la obligaci\u00f3n de \u00e9ste quedaba en pie, y por ello ning\u00fan perjuicio recibi\u00f3 con el pago hecho a un tercero. El Tribunal confirm\u00f3 la sentencia materia de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
1. El Tribunal concibi\u00f3 como elenco normativo gu\u00eda de su decisi\u00f3n la Ley 1\u00aa de 1980, el Decreto 130 de 1976 y la Ley 489 de 1998, es decir, concluy\u00f3 que se trataba de cheques fiscales, los cuales, dijo, tienen como caracter\u00edstica \u201cque el beneficiario s\u00f3lo podr\u00e1 ser la entidad p\u00fablica a la cual se le haga el respectivo pago, y no podr\u00e1n ser abonados en cuenta diferente a la de la entidad p\u00fablica beneficiaria\u201d. <\/p>\n
2. Igualmente dijo aplicar el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1980, seg\u00fan el cual los establecimientos bancarios que pagaren cheques fiscales en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en la norma, responder\u00e1n totalmente de las secuelas del pago irregular. <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, el ad quem dedujo que las obligaciones debatidas tienen origen contractual y llam\u00f3 al caso el art\u00edculo 882 del C. de Co., para concluir que como los cheques fueron entregados a un tercero sin la debida autorizaci\u00f3n del beneficiario, y como no fueron abonados a la cuenta de \u00e9ste, la obligaci\u00f3n originaria o fundamental subsist\u00eda, es decir, la del \u2018ICEL\u2019 con el Departamento del Putumayo, por lo que \u00e9ste no sufri\u00f3 quebranto patrimonial alguno con el pago irregular de los cheques y por lo mismo, carece de legitimaci\u00f3n para demandar en este asunto. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 368 del C. de P. C., se formul\u00f3 un cargo contra la sentencia del Tribunal, por ser violatoria en forma directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 1613 y 1614 del C.C.; 16 de la Ley 446 de 1998; 738 del C. de Co.; 1\u00ba, 2\u00ba y 5\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1980, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 121 de la Ley 489 de 1998; 121 del Decreto 663 de 1993, y 882 del C. de Co., por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Para el casacionista, el Tribunal dedujo que la acci\u00f3n resarcitoria de perjuicios incoada por el actor contra el Banco Popular se ubicaba en el \u00e1mbito de la responsabilidad civil extracontractual, seg\u00fan el marco f\u00e1ctico indicado en la demanda, pero por otro lado concluy\u00f3 que no se pod\u00edan despachar favorablemente las pretensiones por cuanto el Departamento del Putumayo carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para formular el reclamo, pues no sufri\u00f3 ning\u00fan perjuicio al no haber recibido los cheques fiscales, y tampoco el abono efectivo de ellos, de manera que dispon\u00eda de la acci\u00f3n contractual prevista en el art\u00edculo 882 del C. de Co., a fin de reclamar al \u2018ICEL\u2019 el cumplimiento de sus obligaciones. <\/p>\n
Reproch\u00f3 el casacionista el discurrir del ad quem, porque no corresponde al tipo de responsabilidad que seg\u00fan la ley y la jurisprudencia se puede deducir contra el banco que paga irregularmente un cheque fiscal, quebrantando as\u00ed claras disposiciones legales; precisamente, dijo, esta circunstancia, la del pago irregular, es la que origina la responsabilidad civil extracontractual del banco, y a su vez legitima a la entidad p\u00fablica, beneficiaria del t\u00edtulo valor, para reclamar la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o que le caus\u00f3 el pago irregular, con independencia de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contractuales o de la prestaci\u00f3n cambiaria contra\u00edda voluntariamente mediante el mencionado cheque. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el pago irregular de cheques genera para el banco librado, de manera general, una responsabilidad civil extracontractual frente al beneficiario, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n con apoyo en el art\u00edculo 738 del C. de Co., y el sujeto activo de este tipo de responsabilidad es la entidad p\u00fablica beneficiaria que no ha recibido el pago, pues as\u00ed se desprende objetivamente de lo dispuesto en la Ley 1\u00aa de 1980 que regula la circulaci\u00f3n y el pago de esta clase de t\u00edtulos, en cuyo art\u00edculo 1\u00ba, inciso 2\u00ba, numeral 4\u00ba, precis\u00f3 que para esta clase de instrumentos se aplicar\u00e1n, en lo pertinente, los art\u00edculos 737 y 738 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que aquella ley, que cre\u00f3 el cheque fiscal, dispone en su art\u00edculo 5\u00ba la responsabilidad total de las entidades bancarias que pagaren, o negociaren, o en cualquier forma violaren esa normatividad, y que los empleados responsables quedan sujetos a las sanciones legales y reglamentarias del caso, responsabilidad que fue reiterada en el art\u00edculo 121 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero) y que se configura con la sola violaci\u00f3n de la normatividad respectiva, es decir, con el pago irregular del cheque fiscal, lo que habilita al beneficiario, que indudablemente es una entidad p\u00fablica, como lo es la actora en este caso, para reclamar la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o producido mediante la acci\u00f3n de responsabilidad aquiliana. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el censor que de conformidad con la legislaci\u00f3n invocada, este tipo de cheques no pueden ser abonados en una cuenta diferente a la de la entidad p\u00fablica beneficiaria, puesto que no son negociables, ni pueden pagarse en efectivo, y por tal raz\u00f3n, les son aplicables los art\u00edculos 737 y 738 del C. de Co., cuyo desconocimiento genera para el banco una responsabilidad civil extracontractual frente a la beneficiaria, a quien, en consecuencia, se le causa un perjuicio, todo lo cual la habilita para reclamar su indemnizaci\u00f3n, como tiene dicho la Corte. <\/p>\n
Consider\u00f3 que resulta absolutamente desatinado y hasta contradictorio el razonamiento del Tribunal que, despu\u00e9s de deducir que se trataba de un episodio de responsabilidad civil extracontractual, concluy\u00f3 que la demandante no est\u00e1 legitimada para intentar esta acci\u00f3n, por cuanto no ha recibido ning\u00fan perjuicio, en la medida en que dispone de la acci\u00f3n derivada de una presunta relaci\u00f3n contractual con el ICEL, para obtener el correspondiente pago, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 882 del C. de Co., cuando esta norma, precis\u00f3 el recurrente, bajo ning\u00fan aspecto est\u00e1 llamada a gobernar la especie de la litis, dado que lo debatido no es ni la obligaci\u00f3n causal, ni la resoluci\u00f3n del pago por irregularidad en el mismo, sino la responsabilidad extranegocial por el pago irregular, como se propuso en la demanda y reconoci\u00f3 el Tribunal en el fallo recurrido. <\/p>\n
Reiter\u00f3 el censor que el ad quem incurri\u00f3 en un error de juicio que lo llev\u00f3 a dejar de aplicar las normas se\u00f1aladas en el cargo, y en especial, los art\u00edculos 2341 del C.C., 5\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1980 y 121 del Decreto 663 de 1993, yerro trascendente, porque de no haber incurrido en \u00e9l, por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 882 ib., habr\u00eda despachado favorablemente las pretensiones. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la concurrencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual aqu\u00ed alegada, se establece tambi\u00e9n con la confesi\u00f3n ficta o presunta del demandado en la contestaci\u00f3n de la demanda, pues propuso la excepci\u00f3n de concurrencia de culpas, la que supone incuestionablemente que en la producci\u00f3n del da\u00f1o ocasionado con el pago irregular de los cheques anotados anteriormente, incurri\u00f3 en la culpa que se le atribuye, pero que ahora pretende que se le compense con la de ICEL o la de misma actora, sin prueba alguna que tal cosa insin\u00fae. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el casacionista que el perjuicio material en el presente caso est\u00e1 constituido por el da\u00f1o emergente, resultante de la falta de pago de los cheques cuyo monto no entr\u00f3 en el patrimonio de la demandante, a pesar de ser la \u00fanica beneficiaria, y cuya restituci\u00f3n debe efectuarse indexada, y el lucro cesante representada en el pago de los intereses que legalmente corresponden, esto es, los comerciales moratorios, cuyo monto se tas\u00f3 en el dictamen pericial que obra en el expediente, complementado a folios 83 y 84 del cuaderno No. 2. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que la relaci\u00f3n de causalidad entre la culpa del demandado en el pago de los cheques fiscales y el perjuicio sufrido por el actor por esa irregularidad, se deduce de los elementos de juicio que se dejaron rese\u00f1ados, los que ponen de presente que esos perjuicios se derivaron de manera directa y exclusiva por el pago de los tantas veces citados cheques fiscales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
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1. Como de anta\u00f1o se tiene por establecido, cuando el ataque que en casaci\u00f3n se perfila por la v\u00eda directa, con arreglo a la primera de las causales del art\u00edculo 368 del C. de P. C., se parte de la base de que la inconformidad del recurrente recae \u00fanica y exclusivamente en la inteligencia que el Tribunal hizo de las normas que gobiernan el caso concreto, al margen de toda consideraci\u00f3n sobre los aspectos f\u00e1cticos discutidos por las partes. En ese escenario -el de la v\u00eda directa- todo el debate habr\u00e1 de girar en derredor de la manera como el juzgador entendi\u00f3 los preceptos de derecho sustancial con miras a determinar c\u00f3mo operan los efectos de las premisas normativas en la contienda espec\u00edfica que compromete la tarea de la jurisdicci\u00f3n, de suerte que fuera quedan las incidencias de abolengo probatorio que corroboran las premisas f\u00e1cticas del litigio decidido. Como ha ense\u00f1ado la Corte, \u201c…cuando se formula un cargo por la v\u00eda directa, resulta perfectamente claro que el casacionista no puede separarse en lo m\u00e1s m\u00ednimo de las conclusiones a que lleg\u00f3 el fallador en la determinaci\u00f3n de los hechos; el \u00fanico an\u00e1lisis que puede formularse como sustento del cargo ha de limitarse a las normas sustanciales que considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que discrepen de la apreciaci\u00f3n del juzgador en el campo f\u00e1ctico, o que persigan poner de presente un nuevo examen cr\u00edtico de este aspecto\u201d (G.J. Tomos CXXXII, p\u00e1g. 193, CXLII, p\u00e1g. 46, y CLVIII, p\u00e1g. 187). <\/p>\n
2. De otro lado, debe recordarse que a voces del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1980, se denominan cheques fiscales \u201caquellos que son girados por cualquier concepto a favor de las entidades p\u00fablicas definidas en el art\u00edculo 20 del Decreto 130 de 1976\u201d, a lo cual agrega ese mismo precepto que \u00e9stos se caracterizan porque: \u201c1. El beneficiario s\u00f3lo podr\u00e1 ser la entidad p\u00fablica a la cual se haga el respectivo pago. 2. No podr\u00e1n ser abonados en cuenta diferente a la de la entidad p\u00fablica beneficiaria. 3. No podr\u00e1n modificarse al reverso la forma de negociaci\u00f3n ni las condiciones de los mismos establecidas en el art\u00edculo 713 del C\u00f3digo de Comercio. 4. No son negociables ni podr\u00e1n ser pagados en efectivo. A estos cheques se aplicar\u00e1n en lo pertinente las normas contenidas en los art\u00edculos 737 y 738 del C\u00f3digo de Comercio. PAR.-Proh\u00edbese a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria acreditar o abonar en cuentas particulares cheques girados a nombre de las entidades p\u00fablicas\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba de la citada ley prescribe la responsabilidad del sistema financiero cuando establece que \u201cLos establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo prescrito en la ley, responder\u00e1n en su totalidad por el pago irregular y sus empleados responsables quedar\u00e1n sometidos a las sanciones legales y reglamentarias del caso\u201d, norma que acompasa con el art\u00edculo 799 del Estatuto Financiero (Decreto 663 de 1993), a cuyo tenor, \u201cLos establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responder\u00e1n en su totalidad por el pago irregular y sus empleados responsables quedar\u00e1n sometidos a las sanciones legales y reglamentarias del caso\u201d. <\/p>\n
3. En lo que aqu\u00ed concierne, luego de expresar conformidad con los elementos b\u00e1sicos de la responsabilidad, argument\u00f3 el Tribunal que el Departamento carec\u00eda de legitimaci\u00f3n, pues no sufri\u00f3 da\u00f1o alguno, en la medida en que la obligaci\u00f3n antecedente a la emisi\u00f3n del t\u00edtulo subsist\u00eda. A este prop\u00f3sito se juzga que el hecho de que el beneficiario de un t\u00edtulo valor pueda tener otra acci\u00f3n contra el girador del cheque, no excluye el derecho a reclamar contra la entidad financiera que permiti\u00f3 la p\u00e9rdida del instrumento al haber pagado el cheque a quien no deb\u00eda. Sea lo primero advertir a este respecto que el art\u00edculo 882 del Co. de Co. invocado por el Tribunal para decidir el caso resulta absolutamente impertinente, pues el litigio no estuvo planteado sobre la premisa de un pago efectivamente hecho al tenedor del t\u00edtulo, de modo que tampoco puede invocarse la resoluci\u00f3n de ese pago, menos que el cheque no haya sido descargado, pues cabalmente lo fue, salvo que con destinatario distinto de su beneficiario natural. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 882 del C. de Co. supone para su aplicaci\u00f3n un primer presupuesto ineludible, esto es, que el cheque no haya sido pagado o descargado de cualquier manera. Acontece en el caso, como ya se dijo, que el cheque s\u00ed fue girado y pagado por el banco librado con dineros del girador, de lo cual se sigue que resulta descaminado recurrir al citado precepto para prodigar la soluci\u00f3n puesta al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Y siguiendo tras los errores argumentativos del Tribunal, resulta fuera de raz\u00f3n imponer al frustrado beneficiario -el Departamento del Putumayo-, la carga de acudir a la obligaci\u00f3n originaria o fundamental, pues de existir esta posibilidad legal, a dicha entidad corresponder\u00eda la elecci\u00f3n del camino que la llevara al reclamo de la obligaci\u00f3n primitiva, escogencia en la cual no podr\u00eda ser sustituida por el Tribunal o por la parte demandada. <\/p>\n
Pero si lo anterior no fuese bastante para mostrar el yerro de la sentencia, no hay c\u00f3mo explicar que se exija al demandante el cumplimiento de un requisito imposible, pues no tendr\u00eda el Departamento del Putumayo como devolver unos t\u00edtulos que nunca han estado en su poder, justamente porque jam\u00e1s los recibi\u00f3 materialmente, menos con la intenci\u00f3n de extinguir una obligaci\u00f3n anterior. <\/p>\n
Hay en el razonamiento del Tribunal, adem\u00e1s, una contradicci\u00f3n severa, pues la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 882 del C. de Co. parte de dos supuestos: que hubo \u201centrega\u201d al acreedor y que con ello se produjo el \u201cpago\u201d de la obligaci\u00f3n, cuando nadie discute que en el caso de ahora no hubo entrega al acreedor leg\u00edtimo y por lo mismo tampoco hubo pago con tal entrega, menos que dicho pago pudiera ser resuelto por el advenimiento posterior de la falta de descargo, cuando toda la evidencia muestra que el t\u00edtulo s\u00ed fue descargado. En conclusi\u00f3n, el argumento de ausencia de legitimaci\u00f3n del demandante derivado de una improbable relaci\u00f3n negocial con un tercero, no excluye la responsabilidad extracontractual planteada en este litigio con arreglo al pago irregular que hiciera el banco demandado. <\/p>\n
4. De otro lado, las previsiones y precauciones que el legislador dispuso para los cheques fiscales, por la propia naturaleza de estos, hace que tengan una circulaci\u00f3n restringida; son seguridades que en lo fundamental protegen al beneficiario y al girador, pues \u00e9ste tambi\u00e9n es salvaguardado cuando recurre al giro de cheque fiscal, en tanto que por este medio adquiere la plena certeza de que los fondos con que aprovisiona su cuenta corriente llegar\u00e1n al destino verdadero, y as\u00ed, nadie distinto del beneficiario puede tomar esos valores, con lo cual la seguridad de extinci\u00f3n de la deuda es total. Dicho de otro modo, c\u00f3mo afirmar, con la contundencia que el Tribunal emplea, que subsiste la obligaci\u00f3n de ICEL, si es que \u00e9ste gir\u00f3 un cheque fiscal -con toda la seguridad que ello implica- para extinguirla. <\/p>\n
S\u00edguese de ello que desatendidas como fueron las precauciones y seguridades por parte del Banco, el beneficiario del cheque fiscal tiene legitimaci\u00f3n bastante para reclamar a dicho Banco por todo el perjuicio que hubiere padecido, como n\u00edtidamente dispone la Ley 1\u00aa de 1980 antes citada. <\/p>\n
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5. En s\u00edntesis, en lo que tiene que ver con la legitimaci\u00f3n del demandante para invocar las s\u00faplicas de la demanda, debe decirse que no puede el banco que ha incurrido en una culpa que a todas luces es independiente y aut\u00f3noma, exonerarse de responsabilidad alegando que hay otra culpa anterior que impide la suya. En verdad, aunque se admite que el girador (ICEL) jam\u00e1s debi\u00f3 haber entregado los cheques al Alcalde de Puerto Legu\u00edzamo, esa entrega irregular deja de tener toda importancia en atenci\u00f3n a lo singular de los t\u00edtulos entregados (cheques fiscales), pues estos s\u00f3lo pod\u00edan ser descargados en la cuenta del beneficiario. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque la modalidad de cheque fiscal, busca blindar de tal modo un instrumento de esta especie que a pesar de su perdida o extravi\u00f3 nadie distinto a su beneficiario lo pueda cobrar. La experiencia se\u00f1ala que la sustracci\u00f3n de cheques oficiales y el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos suceden con m\u00e1s frecuencia de lo deseado, y aunque as\u00ed no debieran pasar las cosas, en verdad el sistema de salvaguardas del cheque fiscal, casi torna intrascendente su p\u00e9rdida, pues nada vale ese t\u00edtulo para quien lo halle o sustraiga, ya que en verdad est\u00e1 prohibida su circulaci\u00f3n, o al menos reducida al acto de simple cobro entre bancos, si es que se cumple lo que la ley manda al respecto, es decir, que s\u00f3lo puede ser cobrado por el beneficiario \u00fanico, lo que en este caso no aconteci\u00f3 por culpa evidente del banco demandado. <\/p>\n
En esta dimensi\u00f3n de las cosas, la culpa del banco que paga un cheque fiscal a persona diferente de su beneficiario es independiente de todo evento anterior, pues precisamente la tenencia indebida de un cheque fiscal carecer\u00eda en absoluto de significado para el detentador, como quiera que tal instrumento, creado y entregado aunque a persona distinta de su beneficiario, nada vale en manos ajenas. Por el contrario, el instrumento adquiere significado econ\u00f3mico, potencialmente generador de efectos da\u00f1inos, cuando el banco admite, contra toda prohibici\u00f3n legal, pagarlo a persona distinta de su beneficiario exclusivo. Dicho a manera de tropo, un cheque fiscal en manos de quien no es su beneficiario exclusivo es como un explosivo sin detonante, pues el poder destructor viene de la conducta del banco y no del desv\u00edo material del cheque fiscal o de su sustracci\u00f3n. <\/p>\n
El alegato de la demandada -que llev\u00f3 al Tribunal al error-, seg\u00fan el cual la parte demandante no ha sufrido perjuicio, contiene una verdadera petici\u00f3n de principio, pues parte de que se acepte sin discusi\u00f3n que la obligaci\u00f3n de Ecopetrol e ICEL subsiste, juicio que tiene como amparo apenas su propia afirmaci\u00f3n. Acontece que la forma de razonar el Tribunal comporta juzgar que en la emisi\u00f3n s\u00ed hubo pago en el acto hecho por ICEL, pero que estuvo mal efectuado y que sigue debiendo el dinero, sin que esa instituci\u00f3n pudiera oponer ninguna defensa. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n de la demandante viene entonces de acusar que un efecto negociable, del que era destinatario natural y exclusivo, se pag\u00f3 indebidamente por culpa de la demandada, sin que esta pueda anteponer que la obligaci\u00f3n original subsiste, pues la validez y efectividad del pago mediante la emisi\u00f3n del cheque cubre y ampara tambi\u00e9n al emitente. Presumir que el \u2018ICEL\u2019 nada pag\u00f3, a pesar de haber girado un cheque fiscal y no obstante que el dinero fue debitado de su cuenta bancaria, es tanto como admitir que la circulaci\u00f3n absolutamente restringida del cheque fiscal en nada protege al girador, y pero a\u00fan, que un cheque girado con tantas prevenciones puede ser cobrado por cualquiera, y que el resguardo que \u00e9ste brinda tampoco cobija al beneficiario, porque otro puede suplantarlo sin consecuencias para la entidad financiera que observa tan irregular proceder. Esta forma de razonar debe ser descalificada, pues el cheque fiscal, guarece tanto al beneficiario como al girador. En lo que respecta a \u00e9ste, en el momento que gira el instrumento con tan severa restricci\u00f3n, tiene la certeza del patente efecto liberador del acto, con mayor raz\u00f3n si realmente es que resulta debitado de su cuenta, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, pues justamente es en este momento final en el que el t\u00edtulo es descargado de la cuenta, atado a la emisi\u00f3n restringida, cuando el girador adquiere la plena certeza de que el dinero ingres\u00f3 a las arcas de su acreedor y no a las ajenas. Desde luego que la protecci\u00f3n se extiende al beneficiario que confiado puede estar de que si el cheque fiscal lleva su nombre en la casilla del beneficiario, exclusiva por mandato legal, la p\u00e9rdida, sustracci\u00f3n o extrav\u00edo, no comporta mayor peligro, pues nadie m\u00e1s en su nombre lo puede cobrar en el sistema bancario por el cual deben pasar. Justamente, tan especiales circunstancias hacen superlativo el deber de cuidado que se exige de las entidades financieras, las cuales, de antemano, ya est\u00e1n obligadas a desarrollar sus actividades con especial prudencia y diligencia, pues como recientemente dijo la Corte, \u201choy nadie discute la importancia social y econ\u00f3mica que tienen las empresas dedicadas al manejo y aprovechamiento de los recursos provenientes del ahorro privado, al punto que, de tiempo atr\u00e1s, el manejo del ahorro es una verdadera palanca del crecimiento econ\u00f3mico que ha sido considerada de inter\u00e9s p\u00fablico, justamente porque trasciende la esfera privada de las empresas que intervienen en las operaciones de captaci\u00f3n y de colocaci\u00f3n de los recursos del p\u00fablico, en las cuales se compromete la sociedad toda y, claro est\u00e1, el Estado, a quien se le ha otorgado una especial facultad de intervenci\u00f3n con el fin de regular y vigilar el ejercicio de una actividad que tiene como soporte capital la confianza p\u00fablica (lit. d), num. 19, art. 150 y art. 335 C. Pol.). <\/p>\n
Esa circunstancia, impone a las instituciones financieras el deber de actuar con un grado especial de diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto social, pues la infracci\u00f3n de una cualquiera de las normas legales o estatutarias llamadas a gobernarlas, no s\u00f3lo puede repercutir en el patrimonio de las personas directamente vinculadas a la respectiva operaci\u00f3n de cr\u00e9dito, sea ella activa o pasiva, sino tambi\u00e9n en el de terceros que, por rebote, pueden resultar afectados por la desatenci\u00f3n de dichos establecimientos en el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones que les son propias, pues toda pr\u00e1ctica insegura afecta no s\u00f3lo a los accionistas de la entidad financiera sino a los ahorradores y la credibilidad de un sistema basado en la confianza. <\/p>\n
Todo lo anterior explica la existencia de normas como las contenidas en el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), que imponen a las instituciones del sector el deber de \u00abemplear la debida diligencia en la prestaci\u00f3n de los servicios a sus clientes\u00bb (num. 4, art. 98), lo mismo que a sus administradores el de \u00abobrar no s\u00f3lo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales\u00bb (art. 72), dictados que otrora, si bien no fueron expl\u00edcitos, s\u00ed inspiraron reglas como las consignadas en el art\u00edculo 92 de la Ley 45 de 1923, que mandaban que todo director de entidad bancaria, deb\u00eda \u00abprestar juramento\u00bb por el que se comprometiera \u00aba administrar diligentemente los negocios del establecimiento y a no violar a sabiendas, ni permitir que se violen, ninguna de las disposiciones legales a \u00e9l aplicables\u00bb, todo lo cual revela la importancia que en los \u00f3rdenes social y econ\u00f3mico se reconoce -de anta\u00f1o- a la actividad de intermediaci\u00f3n financiera, que por involucrar recursos ajenos, m\u00e1s concretamente los del ahorro privado, demandan de quienes a ella se dedican, una carga especial de diligencia en la atenci\u00f3n de los asuntos que le son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos, que am\u00e9n de poner en peligro la estabilidad econ\u00f3mica de la instituci\u00f3n misma y de la naci\u00f3n toda, tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza p\u00fablica en un servicio en el que, se itera, existe un inter\u00e9s general. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la diligencia exigible a las instituciones financieras no es apenas la que se espera de un buen padre de familia, referida por tanto a los negocios propios, sino la que corresponde a un profesional que deriva provecho econ\u00f3mico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un inter\u00e9s p\u00fablico. Con otras palabras, a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediaci\u00f3n financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva\u201d (Sent. Cas. Civ. de 3 de agosto de 2004, Exp. No. 7447). <\/p>\n
S\u00edguese de todo ello que el Tribunal, cuando despach\u00f3 el asunto al amparo del art\u00edculo 882 del C. de Co. s\u00ed cometi\u00f3 el desbarro que denunci\u00f3 la censura por ello habr\u00e1 de enmendarse el yerro mediante la casaci\u00f3n del fallo acusado. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Visto est\u00e1 que ciertamente, conforme se anot\u00f3 en las consideraciones que preceden, el demandante estaba asistido de legitimidad para reclamar el resarcimiento de los perjuicios que le ocasion\u00f3 la demandada a consecuencia del pago irregular de los cheques fiscales Nos. 7134857 y 9439144, por las sumas de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, respectivamente, las cuales hab\u00edan sido girados a su favor por el Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica \u2018ICEL\u2019, porque en todo caso, el pago irregular de esos efectos de comercio le gener\u00f3 un agravio. <\/p>\n
A ello, hay que a\u00f1adir que el banco demandado incurri\u00f3 en un proceder negligente, configurativo de culpa, pues sin mayor esfuerzo puede concluirse que a pesar de las expresas y contundentes previsiones impuestas en los art\u00edculos 5\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1980 y 799 del Estatuto Tributario, pag\u00f3 los referidos t\u00edtulos valores a quien no era su exclusivo beneficiario. <\/p>\n
Ese hecho, sin lugar a dudas, caus\u00f3 un perjuicio a la demandante, pues tan irregular proceder del demandado impidi\u00f3 que llegaran al patrimonio del actor unos valores ciertos y determinados que estaban representados en los dos cheques desviados, los cuales a partir de su otorgamiento y entrega, y por la voluntad unilateral del girador -aceptada impl\u00edcitamente por el beneficiario que aqu\u00ed reclama su importe-, representaban un cr\u00e9dito efectivo que hac\u00eda parte de los activos del Departamento del Putumayo. <\/p>\n
Entonces, configurados como aparecen los elementos que conducen a declarar la responsabilidad del demandado, se abre paso la indemnizaci\u00f3n rogada en la demanda, consistente en el pago de las sumas -concretas y determinadas- que est\u00e1n representadas en los referidos cheques, que -se insiste- fueron pagados irregularmente a quien no era su verdadero beneficiario. <\/p>\n
Los capitales incorporados en los cheques Nos. 7134857 y 9439144, por las sumas de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, respectivamente, deber\u00e1n actualizarse a valores presentes desde la fecha en que cada uno de los t\u00edtulos fue indebidamente pagado (folio 21 cdno. 2\u00ba), hasta cuando se solucione la obligaci\u00f3n, teniendo como base para tal prop\u00f3sito la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor. Durante el mismo per\u00edodo dichos montos devengar\u00e1n intereses legales del 6% anual, todo de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala1. <\/p>\n
No hay lugar a acceder a la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o moral enunciado en la demanda, como quiera que tal especie de perjuicio -entendido como la aflicci\u00f3n, el padecimiento y el dolor espiritual que pudo sufrir la Gobernaci\u00f3n del Putumayo- no es de aquellos que pueda padecer una persona jur\u00eddica, en la medida en que respecto de \u00e9stas, dado su car\u00e1cter eminentemente ficto, no resulta predicable la existencia de una lesi\u00f3n de tal naturaleza, pues tales estados de \u00e1nimo son propios exclusivamente de las personas naturales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de el 3 de mayo de 2002, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, proferida dentro del proceso ordinario promovido por el Departamento del Putumayo contra el Banco Popular. <\/p>\n
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de agosto de 2001 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquet\u00e1). <\/p>\n
SEGUNDO. En su lugar, se declarara civilmente responsable al Banco Popular, por el pago irregular de los cheques Nos. 7134857 y 9439144, por las sumas de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, respectivamente. <\/p>\n
TERCERO. En consecuencia, se condena al Banco Popular al pago de $20.633.462.64 y $28.396.383.12, sumas que habr\u00e1n de ser expresadas en t\u00e9rminos reales al momento de que se haga el pago, teniendo como base para su actualizaci\u00f3n la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor, desde la fecha en que los pagos irregulares se efectuaron -2 de abril de 1990 y 28 de diciembre de 1989 respectivamente – y hasta cuando se atienda efectivamente la obligaci\u00f3n, durante el mismo intervalo se liquidar\u00e1n sobre dichos montos actualizados, intereses legales del 6% anual. <\/p>\n
CUARTO. Se niegan las dem\u00e1s pretensiones de la demanda. <\/p>\n
QUINTO. Las costas de ambas instancias corren por cuenta de la parte demandada. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n debido a la prosperidad de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y vuelva al Tribunal remitente. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sentencias de 12 de septiembre de 2005, Exp. No. 0248-02, 3 de agosto de 2004, Exp. No. 7447; 19 de noviembre de 2001, Exp. No. 6094; 16 de febrero de 1995, Exp. No. 4460; y 15 de febrero de 1991, Gaceta Judicial t. CCVIII, p. 46. <\/p>\n
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SC-350-2005 [03215] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Ref. Exp. No. 03215 Provee […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83173","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83173\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}