SC-352-2005 [080031030021994-12835-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., <\/p>\n
Ref. Exp. No. 080013103002-1994-12835-02 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de septiembre de 2000, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, decisi\u00f3n que sirvi\u00f3 de ep\u00edlogo al proceso ordinario promovido por las sociedades Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo y Navarro Ltda. contra el Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las firmas demandantes pretenden que se decrete la nulidad de las hipotecas que constituyeron a favor de la demandada, mediante las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 3009 del 23 de diciembre de 1977 y 2685 del 4 de octubre de 1978 otorgadas en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla; igualmente solicitaron la cancelaci\u00f3n del registro de dichos grav\u00e1menes en el folio de matr\u00edcula correspondiente. <\/p>\n
Con fundamento en la anterior declaraci\u00f3n, solicitaron que se condenara al Banco Central Hipotecario a pagar \u00abda\u00f1os y perjuicios\u00bb por la \u00abutilizaci\u00f3n de dichos grav\u00e1menes a favor de la demandada y en contra de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
2. El sustento f\u00e1ctico de las pretensiones admite el siguiente resumen. <\/p>\n
2.1. Mediante la Resoluci\u00f3n No. 2709 de 31 de agosto de 1977, las sociedades Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo & Navarro Ltda. obtuvieron permiso de la Superintendencia Bancaria para anunciar y desarrollar un plan de vivienda integrado por 126 apartamentos, desarrollo urban\u00edstico denominado \u00abCentro Residencial Las Delicias\u00bb, ubicado entre las calles 69 D y 69 E con la carrera 41 de la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
2.2. Por escritura p\u00fablica No. 3009 de 23 de diciembre de 1977, las demandantes gravaron el mismo inmueble con hipoteca a favor del Banco Central Hipotecario, garant\u00eda que m\u00e1s adelante fuera recogida y ampliada mediante el instrumento p\u00fablico No. 2685 del 4 de octubre de 1978, ambos otorgados ante la Notar\u00eda Quinta de la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
2.3. Las sociedades deudoras y el acreedor omitieron solicitar a la Superintendencia Bancaria, el permiso previo para constituir los grav\u00e1menes hipotecarios, requisito exigido por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 66 de 1968, en concordancia con el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 2610 de 1979, normas que sancionan la ausencia de tal autorizaci\u00f3n con \u00abnulidad absoluta del gravamen o limitaci\u00f3n constituido\u00bb, seg\u00fan el demandante, por \u00abobjeto il\u00edcito\u00bb al estar prohibido dicho contrato por la ley. <\/p>\n
2.4. Valido de las garant\u00edas reales cuya nulidad se pretende, el Banco Central Hipotecario adelant\u00f3 un proceso ejecutivo con garant\u00eda real en contra de las sociedades aqu\u00ed demandantes ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad de Barranquilla, all\u00ed solicit\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de los bienes perseguidos. <\/p>\n
3. El juzgado de primera instancia accedi\u00f3 a las pretensi\u00f3n de los demandantes, declar\u00f3 la nulidad solicitada y dispuso las consiguientes cancelaciones; encontr\u00f3 responsable a la demandada por abusar de su derecho a litigar, por lo cual la conden\u00f3 a pagar las sumas de $597’948.000, como da\u00f1o emergente y $298’397.502,73, por concepto de \u00abfrutos civiles\u00bb (sic), m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria. Apelado el fallo, el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia del a quo y en su lugar declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00absaneamiento de la nulidad\u00bb por \u00abratificaci\u00f3n de las partes\u00bb y absolvi\u00f3 a la demandada, mediante providencia contra la cual se interpuso el recurso de casaci\u00f3n que ahora decide la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem revoc\u00f3 la sentencia de primer grado, pues concluy\u00f3 que hubo \u00absaneamiento de la nulidad invocada por ratificaci\u00f3n t\u00e1cita de las partes\u00bb, deducci\u00f3n apoyada en los siguientes argumentos: <\/p>\n
1. Seg\u00fan el Tribunal, el contrato de hipoteca cuya nulidad se pretendi\u00f3 en s\u00ed mismo \u00abno est\u00e1 prohibido por la ley\u00bb, pues aunque fuera necesaria la autorizaci\u00f3n previa de la Superintendencia Bancaria, \u00abel contrato s\u00ed se pod\u00eda realizar sin problema alguno, una vez obtenido el mencionado permiso, por lo que se arriba a la conclusi\u00f3n que no nos encontramos frente a un contrato con objeto il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
3. Ante la ausencia de objeto y causa il\u00edcitas que impidieran la ratificaci\u00f3n del negocio de hipoteca, emprendi\u00f3 el juzgador de segunda de instancia el estudio del saneamiento de la nulidad, en especial en la forma t\u00e1cita consistente en que \u00aba pesar de haber presentado a trav\u00e9s de apoderado judicial excepciones de m\u00e9rito los aqu\u00ed demandantes dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que se sigui\u00f3 en su contra en el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, por parte del Banco demandado, en ning\u00fan momento atacaron los contratos de hipoteca, todo lo contrario, los aceptaron expresamente, ratificando que el dinero que recibieron era con el fin de construir la Unidad Residencial ‘Las Delicias'\u00bb, lo que se argument\u00f3, seg\u00fan el ad quem, en atenci\u00f3n a que \u00abprecisamente los bienes perseguidos dentro de dicho proceso, son apartamentos que hacen parte de dicha Unidad\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El recurrente formul\u00f3 cinco cargos contra la sentencia del Tribunal; la Corte los estudiar\u00e1 en el orden propuesto, pero acumular\u00e1 del segundo al quinto por resultar comunes las consideraciones necesarias para su despacho. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia que la sentencia es inconsonante por transgredir los l\u00edmites fijados por las partes en los escritos que determinaron la materia litigiosa. <\/p>\n
La incongruencia consisti\u00f3, seg\u00fan el censor, en que el Tribunal decidi\u00f3 con fundamento en \u00absupuestos f\u00e1cticos que no fueron oportunamente invocados por la parte demandada\u00bb (subrayado original) porque declar\u00f3 probada una excepci\u00f3n pero con \u00abcausa distinta a la invocada, es decir, con fundamento en hechos no alegados ni probados por la parte demandada\u00bb, pues sustent\u00f3 el saneamiento de la nulidad en la \u00abratificaci\u00f3n de las partes\u00bb, circunstancia ajena al debate, por cuanto la excepci\u00f3n propuesta por el demandado fue \u00abconvalidaci\u00f3n de la nulidad\u00bb fen\u00f3meno jur\u00eddico, dijo el impugnante, distinto al estudiado por el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
El recurrente plante\u00f3 que la convalidaci\u00f3n no puede considerarse como sin\u00f3nimo de la ratificaci\u00f3n, porque significa \u00abhacer v\u00e1lido lo que no lo era\u00bb, en tanto que este \u00faltimo concepto significa, para el casacionista, la \u00abaprobaci\u00f3n de un hecho ajeno\u00bb, la \u00abinsistencia en una manifestaci\u00f3n\u00bb, la \u00abreiteraci\u00f3n de consentimiento\u00bb. Igualmente afirm\u00f3 que la convalidaci\u00f3n supon\u00eda eliminar la causa que origin\u00f3 la nulidad absoluta demandada. <\/p>\n
Remarc\u00f3 la censura que el juez de segunda instancia guard\u00f3 silencio respecto a la \u00abQuinta pretensi\u00f3n\u00bb, que ata\u00f1e al abuso del derecho a litigar, cuyo hechos fundantes \u00abfueron probados, y por ende la sentencia del Tribunal, deber\u00eda haberse dictado en consonancia con esta petici\u00f3n y con los hechos alegados y probados\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 el censor que el Tribunal quebrant\u00f3 el principio de congruencia del fallo, cuando tuvo cuenta los contratos de mutuo como causa de las garant\u00edas reales cuya nulidad absoluta se solicit\u00f3 y determinar que aquella era l\u00edcita, lo que sirvi\u00f3, en criterio del recurrente, para \u00absanear la nulidad del contrato accesorio de hipoteca\u00bb. <\/p>\n
El casacionista sostuvo finalmente que la sentencia recurrida \u00abolvid\u00f3 resolver\u00bb la petici\u00f3n elevada por los demandantes acerca de la extinci\u00f3n de las facultades del apoderado del demandado, pues el poder fue conferido, seg\u00fan el inconforme, \u00fanicamente para \u00abcontestar la demanda, proponer excepciones, promover incidentes, nulidades\u00bb, lo cual imped\u00eda que el representante judicial de la demandada interpusiera el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, situaci\u00f3n que \u00abgener\u00f3 el vicio motivo de la causal del casaci\u00f3n indicada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, se busca eliminar los desbordamientos u omisiones del juez, esto es, quitar de la sentencia toda decisi\u00f3n que exceda su competencia o adicionar lo que debi\u00f3 haber decidido de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas por el demandado o aquellas que la ley autoriza u ordena resolver de manera oficiosa. <\/p>\n
La queja del casacionista, que adem\u00e1s reitera a lo largo de las dem\u00e1s censuras, consiste en que Tribunal decidi\u00f3 la contienda con fundamento en una excepci\u00f3n diferente a la que fue propuesta por la demandada, con supuestos f\u00e1cticos que no se vincularon al proceso, e igualmente que olvid\u00f3 decidir sobre la pretensi\u00f3n de abuso del derecho a litigar. <\/p>\n
Por lo que hace a decidir el proceso con fundamento en un medio de defensa diverso al precisamente invocado por la demandada, es claro que el yerro no tuvo lugar, porque el juez, de conformidad con el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ten\u00eda la facultad para declarar la excepci\u00f3n reconocida, a pesar del presunto silencio del demandado, pues como lo ense\u00f1a la jurisprudencia de la Corte, las circunstancias enervantes de las pretensiones pueden ser declaradas por el juzgador, siempre y cuando \u00abno se trate de aquellas respecto de las cuales la ley prohibe actuar inquisitivamente como la prescripci\u00f3n, la compensaci\u00f3n o la nulidad relativa\u00bb (sent. cas. civ. de 1 de febrero de 2000 exp. 5135). El C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagr\u00f3 as\u00ed el principio inquisitivo a prop\u00f3sito de los medios de defensa, del que tan solo excluy\u00f3 las excepciones de nulidad relativa, prescripci\u00f3n, y compensaci\u00f3n, porque tales casos hacen eco de las normas sustanciales previstas en los art\u00edculos 1743, 2513 y 17191 del C\u00f3digo Civil, que impiden al Juez declararlas, si el interesado no las aleg\u00f3. <\/p>\n
Tampoco tiene raz\u00f3n la censura cuando asevera que el saneamiento de la nulidad no estaba dentro los hechos sometidos a juicio, porque evidentemente la demandada formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abconvalidaci\u00f3n de la nulidad\u00bb (folio 139, cdno. 1), en apoyo de la cual manifest\u00f3: \u00abel negocio jur\u00eddico puede ser saneado o convalidado de acuerdo al (sic) C\u00f3digo Civil por prescripci\u00f3n o por la manifestaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de los que lo celebraron\u00bb, y en seguida expres\u00f3: \u00aben el caso que nos ocupa la aludida nulidad por falta de un requisito de ley, ha sido objeto de saneamiento por ratificaci\u00f3n o confirmaci\u00f3n voluntaria y expresa de los demandantes\u00bb (subraya la Corte); luego decir, como hace el recurrente, que la antedicha forma de saneamiento de la nulidad resultaba ajena al componente objetivo de la litis, es desconocer el contenido de la defensa, que contradice palmariamente los fundamentos del cargo formulado a la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Si el Tribunal decidi\u00f3 con fundamento en una excepci\u00f3n de fondo que pod\u00eda declarar oficiosamente, y si adem\u00e1s la parte demandada aleg\u00f3 en oportunidad esa defensa, es n\u00edtido que el juzgador de segunda instancia estaba habilitado para resolverla. Pero si lo que trata de plantear el recurrente es que hay distancia entre ratificaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n, para de all\u00ed deducir que el Tribunal excedi\u00f3 el texto de la contestaci\u00f3n de la demanda y vi\u00f3 de modo diferente su contenido, el reparo planteado no se tratar\u00eda entonces de incongruencia, sino de aspectos in iudicando, por lo tanto ajenos a la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre las cr\u00edticas al fundamento probatorio que tuvo el Tribunal para declarar la que llam\u00f3 excepci\u00f3n de saneamiento, basta decir que tal inconformidad, tampoco acompasa con la causal invocada, pues encierra presuntos errores de juzgamiento que corresponden a la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a que el Tribunal no resolvi\u00f3 la pretensi\u00f3n \u00abQuinta\u00bb, juzga la Corte que la demanda presentada no contiene una solicitud aut\u00f3noma de condena por el abuso del derecho a litigar, pues las sociedades demandantes pidieron, en primer lugar, la nulidad de los grav\u00e1menes hipotecarios, para despu\u00e9s demandar que se condenara \u00aba la demandada al pago de todos los DA\u00d1OS Y PERJUICIOS, lo mismo que a las COSTAS del proceso que resultaren ocasionados con ocasi\u00f3n (sic) de la utilizaci\u00f3n de dichos grav\u00e1menes a favor de la demandada y en contra de las demandantes\u00bb. (resaltados y may\u00fasculas originales -fl. 33 del cuaderno 1-); igualmente se observa que el hecho octavo del escrito genitor del proceso -\u00fanico que alude a la pretensi\u00f3n comentada- describi\u00f3 que \u00abel Banco Central Hipotecario, ha hecho uso de las mencionadas garant\u00edas hipotecarias, promoviendo contra las sociedades MANDONNET & VENGOECHEA LTDA. y CARBO & NAVARRO LTDA., un proceso ejecutivo, como el que actualmente cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, utilizando para ello, garant\u00edas hipotecarias que adolecen de NULIDAD ABSOLUTA\u00bb; de donde puede concluirse que el presunto abuso del derecho a litigar tuvo como plataforma que el banco demandado promovi\u00f3 un proceso ejecutivo con garant\u00eda real, cuyos t\u00edtulos hipotecarios estaban viciados de nulidad absoluta; en consecuencia, si el Tribunal encontr\u00f3 que dicha ineficacia carec\u00eda de fundamento, desech\u00f3 impl\u00edcitamente la pretensi\u00f3n indemnizatoria que de aquella depend\u00eda, por lo tanto, nada qued\u00f3 pendiente de resolver en cuanto a las materias litigiosas sometidas al conocimiento del juzgador de segundo grado, entonces, no hubo la inconsonancia expresada en la censura, porque \u00abcosa distinta de no decidir un extremo de la litis es resolverlo desfavorablemente al peticionario. \u2018En el primer supuesto el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, atacable en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el segundo no, puesto que la sentencia desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnada a trav\u00e9s de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del demandado, lo que a todas luces es inaceptable\u2019\u201d2\u00bb (Sent. Cas. Civ. 8 de junio de 2001, Exp. No. 5719). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el reclamo elevado por el recurrente sobre la nulidad generada ante la extinci\u00f3n de las facultades del apoderado de la sociedad demandada que le imped\u00eda a dicho profesional interponer el recurso de apelaci\u00f3n, juzga la Corte que semejante reparo carece de asidero, no s\u00f3lo porque se formul\u00f3 a prop\u00f3sito del cargo por inconsonancia con lo cual el censor entremezcl\u00f3 causales de casaci\u00f3n, sino porque omiti\u00f3 invocar el motivo de invalidez procesal alegada. Pero al margen de tales obst\u00e1culos, es de ver que las demandantes tampoco tienen legitimaci\u00f3n para proponer el eventual vicio de nulidad que presentan, pues si la supuesta extinci\u00f3n del poder se predica del apoderado de la demandada, era esta parte la que pod\u00eda plantear la citada irregularidad, a la luz de lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El cargo se malogra. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 66 de 1968, subrogado por los art\u00edculos 5\u00ba del Decreto 2610 de 1979 y 3\u00ba del Decreto 78 de 1987, y de los art\u00edculos 6\u00ba, 1523, 1524, 1742, 1752, 1754 del C\u00f3digo Civil todos por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb; por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb, el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936; y por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 16, 1519, 1526, 1500, 1753 del C\u00f3digo Civil, 822, 898, 899 del C\u00f3digo de Comercio y 176, 177, 185, 187, 254, 258, 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el recurrente, sin mayores explicaciones, que el Tribunal acept\u00f3 la nulidad del contrato de hipoteca, pero aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, al determinar que la invalidez fue saneada por ratificaci\u00f3n de las partes, pues entendi\u00f3 el ad quem que ella no viene de objeto o causa il\u00edcitos. <\/p>\n
Dijo el casacionista que la corporaci\u00f3n sentenciadora incurri\u00f3 en contradicci\u00f3n, porque a pesar de establecer que la hipoteca est\u00e1 sujeta a \u00abformalidades sin las cuales el contrato se encuentra afectado de nulidad, es el caso de las condiciones impuestas por la Ley 66 de 1968\u00bb, declar\u00f3 saneada la nulidad por ratificaci\u00f3n de las partes. Afirm\u00f3 el casacionista que \u00abel colegiado cae en la contradicci\u00f3n atr\u00e1s indicada, por el af\u00e1n de negar las pretensiones de la demanda, y favorecer a una entidad financiera, aunque como lo cit\u00f3 el se\u00f1or Juez, con fecha 14 de septiembre de 1995, con ponencia del Se\u00f1or Magistrado Dr. Salcedo Arrieta, y suscrita por dos de los magistrados firmantes de la sentencia atacada, Drs. Jos\u00e9 Manuel Luque Campo, y Lilian P\u00e1jaro de De Silvestri, hubiere accedido a decretar la nulidad de un gravamen hipotecario por haberse constituido sin la autorizaci\u00f3n del Superintendente Bancario, alegando en ese momento que dicha ley, s\u00ed era de contenido social; circunstancia que en la sentencia objeto del recurso, niega de plano (sic)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, bajo el ac\u00e1pite de \u00abconcepto de violaci\u00f3n\u00bb, el censor expres\u00f3 que \u00abel Tribunal inaplica los art\u00edculos 16, 1526 del C.C. y restantes normas civiles atr\u00e1s citadas, y las normas comerciales, tales como los art\u00edculos 822, 898 y 899 del C. de Comercio y de contera, obtiene una conclusi\u00f3n totalmente errada pues tergiversa la norma\u00bb. Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal afirm\u00f3 que el contrato de hipoteca no estaba prohibido legalmente, de donde dedujo que era saneable y dirigi\u00f3 su estudio a la ratificaci\u00f3n de las partes, con desmedro del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936, que invoc\u00f3 en el cargo como vulnerada. <\/p>\n
El impugnante expres\u00f3 que los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 66 de 1968, subrogado por el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 2610 de 1979, y 3\u00ba del Decreto 078 de 1987, constituyen normas de orden p\u00fablico econ\u00f3mico, de donde surge que la protecci\u00f3n social que establecen sus previsiones imped\u00eda que la nulidad que afectaba el acto de constituci\u00f3n de los grav\u00e1menes hipotecarios pudiera ser saneada. <\/p>\n
El casacionista denunci\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error al hacer las siguientes afirmaciones: \u00ab1. El contrato de hipoteca sobre el cual versa la demanda no est\u00e1 prohibido por la ley. 2. El permiso de la Superintendencia Bancaria, se puede suplir con la ejecuci\u00f3n voluntaria del contrato y \u00e9ste se torna v\u00e1lido. 3. No hay objeto il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de un contrato prohibido por las leyes de inter\u00e9s social\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Expres\u00f3 la violaci\u00f3n \u00abde una norma de derecho substancial por error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, y de su contestaci\u00f3n\u00bb, denunci\u00f3 como vulnerados el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 66 de 1968, subrogado por los art\u00edculos 5\u00ba del Decreto 2610 de 1979 y 3\u00ba del Decreto 78 de 1987, y de los art\u00edculos 6\u00ba, 1523, 1524, 1742, 1752, 1754 del C\u00f3digo Civil, todos por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb; por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb, el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936; y por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb, los art\u00edculos 16, 1519, 1526, 1500, 1753 del C\u00f3digo Civil; 822, 898, 899 del C\u00f3digo de Comercio y 176, 177, 185, 187, 254, 258, 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Luego de transcribir buena parte de las consideraciones del Tribunal, el censor expres\u00f3 que el error de hecho en la \u00abapreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb consisti\u00f3 en que juzgador de segunda instancia \u00abinterpret\u00f3 la demanda, como un conflicto de intereses meramente privado\u00bb, sin atender que la Ley 66 de 1968 era de \u00abimperativo cumplimiento\u00bb por corresponder al ejercicio del control estatal sobre actividades en que est\u00e1 interesado el \u00abbienestar social de la comunidad\u00bb, como son la construcci\u00f3n de vivienda, cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de las mismas y el desarrollo de programas de urbanizaci\u00f3n, con los cuales los particulares \u00abreemplazan al Estado en el cumplimiento de una obligaci\u00f3n social\u2026 dotar de vivienda a los miembros de la comunidad\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 el casacionista que el Tribunal \u00abdeclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n por ratificaci\u00f3n de las partes\u00bb, en lugar de la que realmente fue propuesta por la parte demandada, denominada \u00abConvalidaci\u00f3n de la Nulidad\u00bb, y transcribi\u00f3 parcialmente los razonamientos elevados en apoyo del primer cargo; dijo el censor que \u00abla existencia de los contratos de mutuo\u00bb sobre los cuales \u00abno versaron las pretensiones de la demanda, ni las excepciones propuestas\u00bb, no hac\u00edan parte del litigio porque los pedimentos dicen relaci\u00f3n a la nulidad del contrato de hipoteca, sin embargo, el Tribunal se refiri\u00f3 al contrato de mutuo que resulta \u00abajeno al asunto\u00bb y \u00abcon un argumento tautol\u00f3gico, da [el Tribunal] por demostrada la validez del contrato tachado de absolutamente nulo, con las cl\u00e1usulas del mismo contrato atacado\u00bb. En fin, seg\u00fan el recurrente, \u00abla contenci\u00f3n no se plante\u00f3 en los t\u00e9rminos en que lo analiz\u00f3 el Tribunal (validez o n\u00f3 -sic- de los contratos de mutuo), no existiendo identidad entre lo resuelto y aquellas cuestiones que en la oportunidad debida plantearon los litigantes como objeto de la controversia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., el impugnante acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria de una \u00abnorma substancial\u00bb, por error de derecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba. El recurrente mencion\u00f3 como disposiciones probatorias quebrantadas los art\u00edculos 174, 176, 177, 185, 187, 232, 254, 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del cargo, el censor transcribi\u00f3 nuevamente los argumentos de las acusaciones anteriores, en particular manifest\u00f3 que la demandada no refiere \u00abpor ninguna parte\u00bb los contratos de mutuo \u00abtomados como fundamento de la excepci\u00f3n que fue declarada probada por el colegiado de Barranquilla; tampoco la parte demandada pidi\u00f3 que se decretara y se allegara tal prueba al proceso, m\u00e1s a\u00fan, la parte demandada, ni siquiera propuso se tuviera en cuenta la excepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb, con lo cual, seg\u00fan el recurrente, cometi\u00f3 el Tribunal el yerro endilgado, especialmente porque \u00abdecret\u00f3 practic\u00f3 y evalu\u00f3 una prueba [contrato de mutuo], a favor de la parte demandada, para sorprender as\u00ed a la parte demandante, que ni siquiera tuvo ocasi\u00f3n de controvertirla, por lo cual viol\u00f3 flagrantemente el art\u00edculo 174 del C. de P. C.\u00bb. <\/p>\n
El juzgador de segundo grado, resalt\u00f3 el casacionista, consider\u00f3 las cl\u00e1usulas primeras de las escrituras n\u00fameros 3009 y 2685 del 23 de diciembre de 1977 y 4 de octubre de 1978, respectivamente, en que consta el objeto para el cual se constituyeron las hipotecas cuya nulidad se demand\u00f3, mismas donde obra que los dineros materia del pr\u00e9stamo se dedicar\u00edan a que las deudoras terminaran \u00abla construcci\u00f3n que se relaciona en la cl\u00e1usula TERCERA [Unidad Residencial Las Delicias]\u00bb; la equivocaci\u00f3n consiste, seg\u00fan el censor, en que el Tribunal \u00abfundamenta su decisi\u00f3n en una prueba [contrato de mutuo] que no fue regular y oportunamente allegada al proceso, quebrantando el art\u00edculo 174 del C. de P. C.\u00bb, adem\u00e1s, continu\u00f3 el recurrente, dio a la celebraci\u00f3n de los contratos de mutuo el car\u00e1cter de \u00abdocumentos solemnes\u00bb que tienen la \u00abparticular propiedad de sanear los efectos que aquejan a los contratos accesorios de hipoteca como si tal nulidad fuera una nulidad relativa y no absoluta como aparece en el texto de la ley\u00bb. <\/p>\n
El censor expuso que el Tribunal no pod\u00eda concluir que estaba aceptado por las partes \u00aben primer lugar, que los aqu\u00ed demandantes, recibieron del Banco demandado, las sumas de dinero\u00bb, porque con ello le dio a \u00abestos supuestos testimonios, un valor prohibido por la ley\u00bb, pues el testimonio \u00abas\u00ed sea de las partes, no podr\u00e1 suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la validez del acto contrato (sic)\u00bb, con lo cual se produjo, en concepto del casacionista, la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 265 del C. de P. C. por inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Argument\u00f3 el censor que el Tribunal incurri\u00f3 en error al deducir la ratificaci\u00f3n del negocio por ejecutar voluntariamente la obligaci\u00f3n contratada, pues las copias del proceso ejecutivo allegadas al proceso demuestran que el cumplimiento fue forzado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 el impugnante que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas porque \u00abapoy\u00f3 su sentencia en que las que obran en el proceso, ten\u00edan la particularidad espec\u00edfica de suplir el cumplimiento de una obligaci\u00f3n impuesta a los contratantes para que el negocio jur\u00eddico que celebraba fuera v\u00e1lido\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida de la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria de \u00abuna norma substancial por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb, para lo cual denunci\u00f3 como transgredidas las disposiciones de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 66 de 1968, subrogado por los art\u00edculos 5\u00ba del Decreto 2610 de 1979 y 3\u00ba del Decreto 78 de 1987; 6\u00ba, 1523, 1524, 1742, 1752, 1754 del C\u00f3digo Civil, todos por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb; por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb, el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936; y por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb, los art\u00edculos 16, 1519, 1526, 1500, 1753 del C\u00f3digo Civil; 822, 898, 899 del C\u00f3digo de Comercio y 176, 177, 185, 187, 254, 258, 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Expres\u00f3 que el Tribunal supuso la prueba de que los contratos de hipoteca \u00abfueron ratificados por las partes en forma t\u00e1cita\u00bb, para lo cual, seg\u00fan el casacionista, el juzgador cit\u00f3 \u00abcl\u00e1usulas del mismo contrato de hipoteca que precisamente est\u00e1 tachado de adolecer de nulidad absoluta. Seg\u00fan el recurrente el juzgador de segunda instancia incurri\u00f3 en tres equivocaciones que derivan en un error de \u201ccontenido tautol\u00f3gico\u201d. La primera, por suponer que \u00abdentro del proceso se encuentra el mencionado permiso de la Superbancaria y por lo tanto, si \u00e9l se encuentra, no se viol\u00f3 la norma imperativa y concluye que por lo tanto, obtenido el permiso, no nos encontramos frente a un contrato con objeto il\u00edcito\u00bb; la segunda, por tergiversaci\u00f3n al hacerle \u00abdecir a los contratos de mutuo, lo que estos no representan\u00bb, al atribuirles \u00abla virtud milagrosa de sanear la nulidad absoluta\u2026 y adem\u00e1s supone un testimonio de las partes\u00bb; la tercera equivocaci\u00f3n ocurri\u00f3, a ojos del impugnante, porque el Tribunal neg\u00f3 la existencia de la prueba del proceso ejecutivo en que la sociedad aqu\u00ed demandante se defendi\u00f3 \u00abproponiendo como excepciones entre otras, las de prescripci\u00f3n, alegando que entre la fecha de exigibilidad de los t\u00edtulos ejecutivos y la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os\u00bb. Por otra parte, esboz\u00f3 el censor que \u00abla nulidad de car\u00e1cter sustancial, s\u00ed se aleg\u00f3 dentro del proceso ejecutivo ‘como incidente'\u00bb, con lo cual emplaz\u00f3 al Tribunal por tomar ese hecho como fundante del saneamiento de la nulidad. <\/p>\n
Insisti\u00f3 el recurrente que el sentenciador de segundo grado supuso la prueba sobre el \u201csaneamiento de la nulidad por ratificaci\u00f3n de las partes'\u00bb, lo cual reemplaz\u00f3, seg\u00fan el recurrente, con \u201csupuestos testimonios de las partes\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Se acumulan los anteriores cargos para su estudio, porque todos ellos se enfilan a combatir la sentencia recurrida sobre la base de que exist\u00edan razones que vedaban el decreto del saneamiento por ratificaci\u00f3n de la nulidad pretendida, verbigracia el orden p\u00fablico, la ausencia de apoyo probatorio para el mencionado medio de defensa, la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la demanda, la contestaci\u00f3n, as\u00ed como la tergiversaci\u00f3n sobre el contenido de los contratos de mutuo, yerros que seg\u00fan la censura fueron cometidos por el Tribunal, en camino de definir la contienda puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Sea lo primero recordar que este proceso tuvo como antecedente un juicio ejecutivo en el que las aqu\u00ed demandantes, all\u00e1 demandadas, nada dijeron de la nulidad que ahora esgrimen en proceso ordinario; acontece entonces que las sociedades demandantes no hicieron resistencia pretextando nulidad en el escenario natural previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para hacerlo, pues tal reclamo debi\u00f3 plantearse en aquel proceso ejecutivo en el que se hizo efectivo el gravamen hipotecario. Para la Corte, como la nulidad no fue formulada en el momento y lugar que correspond\u00eda, precluy\u00f3 la oportunidad para someter a la jurisdicci\u00f3n la anomal\u00eda alegada, es decir, la invalidez no podr\u00eda prosperar ahora, si hubo silencio en la ocasi\u00f3n propicia para plantear que el defecto del acto imped\u00eda la ejecuci\u00f3n, raz\u00f3n definitiva para que el Tribunal desestimara la pretensi\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
No cabe duda que el Tribunal s\u00ed consider\u00f3 relevante el silencio que a prop\u00f3sito de la nulidad sustancial observ\u00f3 el demandado \u2013hoy demandante- en el proceso ejecutivo. As\u00ed, tuvo en cuenta ese juzgador que \u00aba pesar de haber presentado a trav\u00e9s de apoderado judicial excepciones de m\u00e9rito los aqu\u00ed demandantes dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que se sigui\u00f3 en su contra en el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad [Barranquilla], por parte del Banco demandado, en ning\u00fan momento atacaron los contratos de hipoteca, todo lo contrario, los aceptaron expresamente\u00bb, entonces, el juez de segundo grado dej\u00f3 sentado que el saneamiento de los negocios provino de la ratificaci\u00f3n t\u00e1cita de las partes, con lo cual reconoci\u00f3 que agotada la oportunidad concedida en el tr\u00e1mite ejecutivo, no era posible proponer la nulidad absoluta de las hipotecas, como se hizo tard\u00edamente en el presente proceso ordinario. <\/p>\n
Sobresale a manera de conclusi\u00f3n parcial, que las sociedades aqu\u00ed demandantes persiguen dejar sin piso la ejecuci\u00f3n adelantada en su contra, para lo cual pretenden la nulidad del t\u00edtulo hipotecario, misma que omitieron implorar cuando tuvieron la ocasi\u00f3n en el tr\u00e1mite ejecutivo que protagonizaron en calidad de demandadas. Es de ver que las firmas Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo & Navarro Ltda. propusieron en el proceso ejecutivo, sin \u00e9xito, las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abpago parcial\u00bb, \u00abpago\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb y \u00ablas dem\u00e1s personales que pudiera oponer el demandado contra el actor\u00bb (fls. 5 vto., 7, 10 y 12 respectivamente del cdno. 3), pero en ning\u00fan momento aludieron defensas vinculadas a la nulidad absoluta de los t\u00edtulos hipotecarios, ni cuestionaron la validez de las garant\u00edas reales que dieron vida al proceso ejecutivo, de donde viene que la oportunidad de hacerlo feneci\u00f3 con la fase de oposici\u00f3n de aquel juicio. No cabe duda que quien dice haber pagado una obligaci\u00f3n \u2013as\u00ed lo hicieron las sociedades demandantes en el proceso ejecutivo en que fueron demandadas-, con ello est\u00e1 observando una conducta que puede ser tomada como equivalente del cumplimiento, con mayor raz\u00f3n si omite cualquier alegaci\u00f3n sobre la nulidad del gravamen. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, s\u00f3lo una m\u00ednima parte de la censura se dirigi\u00f3 a confrontar el argumento del Tribunal relativo al silencio de los demandados en el proceso ejecutivo acerca de la invalidez de las hipotecas; dijo el casacionista que las sociedades ejecutadas s\u00ed formularon la nulidad absoluta, \u00abcomo incidente\u00bb, pero no demostr\u00f3 en qu\u00e9 parte del expediente se encontrar\u00eda la actuaci\u00f3n pretermitida por el juez de segundo grado y que supuestamente dar\u00eda cuenta del \u201cincidente\u201d; por el contrario, revisadas las copias provenientes del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario, desde las propias excepciones hasta el auto aprobatorio del remate, ning\u00fan vestigio se advierte de que los all\u00e1 demandados, aqu\u00ed demandantes, hicieran solicitud semejante, lo que determina la razonabilidad de la conclusi\u00f3n deducida por el Tribunal en el sentido de que las sociedades demandantes Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo y Navarro Ltda. no presentaron en el proceso ejecutivo la excepci\u00f3n de nulidad absoluta de las hipotecas, a pesar de haber tenido oportunidad para hacerlo; y como la invalidez de las garant\u00edas era asunto que el juez del proceso ejecutivo hipotecario pod\u00eda resolver, tal circunstancia impide el buen suceso de las pretensiones aqu\u00ed elevadas, como declar\u00f3 tinosamente el Tribunal. <\/p>\n
En eventos similares, en que los demandantes intentan debatir en proceso ordinario la validez del t\u00edtulo con fundamentos omitidos en el proceso ejecutivo, la Corte concluy\u00f3 el fracaso de la pretensi\u00f3n de nulidad, pues si ellos dejaron de proponer tal medio de defensa dentro del t\u00e9rmino previsto por el art\u00edculo 509 – numeral 2\u00ba del 554 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para el proceso ejecutivo hipotecario-, \u00abdeviene inexorablemente la preclusi\u00f3n contra el ejecutado, impidi\u00e9ndole invocar despu\u00e9s en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n; si as\u00ed no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perder\u00eda su raz\u00f3n de ser, am\u00e9n de que quedar\u00eda al talante del ejecutado optar por acudir all\u00ed a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisi\u00f3n, y dejar para ir despu\u00e9s a la v\u00eda ordinaria a exponer sus defensas, proceder \u00e9ste que no solo atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y la lealtad procesal, sino que le otorgar\u00eda a la ejecuci\u00f3n coactiva judicial un car\u00e1cter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001 Exp. No. 6771). <\/p>\n
Es que, dada la naturaleza jur\u00eddica que tiene el proceso ejecutivo en nuestro medio, que permite una fase para que las partes intenten desvirtuar el m\u00e9rito sustancial de los actos que son fuente de las obligaciones objeto de recaudo, resulta inaceptable que con posteridad a la etapa de contradicci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo, puedan los deudores plantear un tema propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es que tal defensa fue in\u00e9dita en el procedimiento ejecutivo antecedente. En \u00faltimas, si las partes celebraron un negocio jur\u00eddico que una de ellas adujo como fundamento de la ejecuci\u00f3n, las irregularidades y vicios del acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo; y el silencio de los ejecutados genera los efectos preclusivos que la jurisprudencia ha reconocido. <\/p>\n
No est\u00e1 dem\u00e1s se\u00f1alar que de conformidad con el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la sentencia que resuelve las excepciones de m\u00e9rito en el proceso ejecutivo hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, imperativo del cual no puede escapar el demandado con s\u00f3lo dejar de proponer la excepci\u00f3n o haci\u00e9ndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensi\u00f3n. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber ten\u00eda contra el t\u00edtulo ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja abierta la jurisdicci\u00f3n para que dicha excepci\u00f3n sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no s\u00f3lo desconoce el alcance del art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podr\u00eda afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocar\u00eda en un \u00e1mbito bastante relativo la cosa juzgada. El tr\u00e1nsito de un negocio jur\u00eddico por el proceso de ejecuci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, depura definitivamente la relaci\u00f3n sustancial, porque nada justificar\u00eda que el deudor callara una excepci\u00f3n para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que ella depara a las partes y a terceros. <\/p>\n
Por lo tanto, si las partes pretend\u00edan alegar la nulidad absoluta del gravamen hipotecario, el lugar adecuado para expresar ese inter\u00e9s no es otro que el \u00e1mbito del proceso ejecutivo en el que se reclama el pago de las obligaciones que tienen fuente en el contrato presuntamente nulo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Desde otra perspectiva, tampoco la raz\u00f3n acompa\u00f1a al recurrente si se tiene en cuenta que no desbarr\u00f3 el Tribunal cuando concluy\u00f3 que la nulidad absoluta fue saneada por la ratificaci\u00f3n t\u00e1cita de las partes al cumplir el negocio nulo, pues efectivamente aquella anormalidad contractual en este preciso caso era susceptible de saneamiento. Lo singular del caso consiste en que los deudores en el proceso ejecutivo no solo fueron compelidos a pagar la obligaci\u00f3n principal, sino que fueron convocados a un proceso ejecutivo de naturaleza real. Esto implica necesariamente que la garant\u00eda y la constituci\u00f3n del gravamen estaban en la m\u00e9dula del debate abierto con la ejecuci\u00f3n hipotecaria. Si ello es as\u00ed, cuando el deudor dijo haber pagado la obligaci\u00f3n y guard\u00f3 absoluto silencio sobre la ineficacia de la garant\u00eda consinti\u00f3 en que de perder la protesta hecha respecto de la obligaci\u00f3n principal, quedaba el camino allanado para que la deuda se pagara realizando la garant\u00eda, lo cual se erige en aceptaci\u00f3n inequ\u00edvoca de que el fracaso de las excepciones conducir\u00eda inexorablemente a vender la prenda. Realizada la venta con el silencio del demandado y cuando la causal de nulidad absoluta hab\u00eda desaparecido del ordenamiento jur\u00eddico, por derogatoria del precepto que impon\u00eda la autorizaci\u00f3n, es n\u00edtido que hubo ratificaci\u00f3n del acto. <\/p>\n
En efecto, la falta de alegaci\u00f3n de la aludida nulidad dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de las ahora demandantes, sumada al remate efectuado en aquel tr\u00e1mite llevado a cabo el 14 de noviembre de 1996 (fl. 442 cdno. 3), dejan ver que hubo ejecuci\u00f3n voluntaria del contrato presuntamente nulo, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que cuando se realiz\u00f3 la subasta ya no subsist\u00eda la prohibici\u00f3n de ratificar el acto, pues la norma que determinaba la causal de nulidad absoluta hab\u00eda sido derogada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 0078 de 15 de enero de 1987. <\/p>\n
Los cargos entonces no prosperan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, decisi\u00f3n que puso fin al proceso ordinario promovido por las sociedades Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo & Navarro Ltda. contra el Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
1 G.J. T. XLIII, P\u00e1gs. 412 y 413. G.J. T. LXIV, P\u00e1g. 266. <\/p>\n
2 Cas. Civ. de 24 de junio de 1997, entre otras. G. J Tomo CCXLVI, Volumen II, 1417. <\/p>\n
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SC-352-2005 [080031030021994-12835-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., Ref. Exp. No. 080013103002-1994-12835-02 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}