SC-357-2005 [0500131030031997-2016-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
05001-31-03-003-1997-2016-01. <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 13 de marzo de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario promovido por Gloria Mar\u00eda Villegas Isaza frente a Natalia S\u00e1nchez Saldarriaga. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se declarara, principalmente, nulo, de nulidad absoluta, por falta de consentimiento, el contrato contenido en la escritura p\u00fablica 5058 de 15 de septiembre de 1994, de la notar\u00eda cuarta de Medell\u00edn, por medio del cual ella dijo venderle a la demandada la casa n\u00famero 110, que hace parte de la unidad residencial \u00abRinc\u00f3n de los Balsos\u00bb, ubicada en la calle 7\u00aa-A-Sur n\u00famero 35-56 de esa localidad, cuyas caracter\u00edsticas que la identifican constan en la demanda; para la hip\u00f3tesis de que a ello no se accediera, solicit\u00f3 declarar simulado, por \u201cinexistencia del precio\u201d, el referido negocio jur\u00eddico; en subsidio de las anteriores pretensiones, pidi\u00f3 que se hiciera la \u00faltima de las referidas declaraciones, aunque en esta ocasi\u00f3n \u201cpor falta de intenci\u00f3n de contratar entre s\u00ed\u201d; para el caso de que las precedentes s\u00faplicas no fueran de recibo, demand\u00f3 la resoluci\u00f3n del referido contrato, por incumplimiento de S\u00e1nchez Saldarriaga en el pago del precio acordado; y, finalmente, para el evento de que todas las anteriores fueran negadas, deprec\u00f3 que se declarara rescindido, por lesi\u00f3n enorme, el mencionado acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Pidi\u00f3 adem\u00e1s que, de accederse a cualquiera de las cuatro primeras pretensiones, se condenara a la opositora a restituirle el aludido inmueble, con los frutos y mejoras, as\u00ed como que se ordenara la cancelaci\u00f3n de esa escritura en la oficina de registro; y, en el supuesto de que la acogida fuera la \u00faltima de las mismas, si la compradora optaba por completar el justo precio, que ese valor se ordenara reajustado con la indexaci\u00f3n a la fecha del pago. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los supuestos f\u00e1cticos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Como hechos concernientes a la nulidad absoluta manifest\u00f3 que en aquella escritura p\u00fablica la actora expres\u00f3 venderle a la opositora el predio aludido, aunque esa venta fue supuesta, por cuanto quienes la celebraron no consintieron en ella, \u00abpues hubo falta de intenci\u00f3n\u201d y \u201cde consentimiento para vender\u201d, ya que la vendedora \u201cse vio obligada a suscribir\u201d el citado instrumento, faltando de esta manera \u00abuno los requisitos que estructuran el contrato\u201d conforme al art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, dando lugar a la nulidad prevista en los art\u00edculos 1740 y siguientes ib\u00eddem. Precis\u00f3 que la circunstancia que la condujo a firmar dicho instrumento fue que su esposo \u00c1lvaro Arroyave Valencia \u00abvarias veces fue visitado en su oficina por hombres armados que le exig\u00edan a \u00e9l y a su familia, bajo amenaza de muerte, que pagaran las deudas de su hermano\u201d Jorge Arroyave Valencia; como exist\u00edan unas obligaciones a favor de la familia de la demandada, celebr\u00f3, contra su voluntad, el susodicho contrato, al considerar que la vida de su c\u00f3nyuge estaba en peligro. <\/p>\n
b) Con relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n \u201cpor la inexistencia del precio\u201d, se asever\u00f3 que aunque en la indicada escritura se dijo que \u00e9ste, pactado en $48.690.000, se hab\u00eda pagado \u00abde contado, lo cierto es que no hubo precio serio\u201d ni real, es decir que \u201cno existi\u00f3\u201d; por ende, la supuesta compradora no pag\u00f3 \u201cprecio ninguno\u201d ni la actora lo recibi\u00f3, motivo por el cual hab\u00eda lugar a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Tocante con la simulaci\u00f3n \u201cpor falta de intenci\u00f3n de contratar\u201d, se expres\u00f3 que pese a que la citada escritura alude a un contrato de compraventa, la verdad era que ese negocio no lo hubo, debido a que las partes nada consintieron al respecto, pues la actora no tuvo intenci\u00f3n de vender ni la demandada de comprar el inmueble objeto del mismo; como \u201clas partes no tuvieron intenci\u00f3n de contratar entre s\u00ed\u201d, el se\u00f1alado negocio era simulado. <\/p>\n
d) En lo inherente a la s\u00faplica de resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento de la compradora en el pago del importe pactado, se adujo que la vendedora no recibi\u00f3 el precio declarado en la escritura, ni ning\u00fan valor por tal concepto, por lo que, al tenor de los art\u00edculos 1546 y 1930 del C\u00f3digo Civil, la compraventa deb\u00eda resolverse. <\/p>\n
e) En el apartado de hechos relativos a la \u00faltima de las indicadas pretensiones, se sostuvo que como el precio real del predio, al momento de ajustarse el referido negocio, superaba los $100\u00b4000.000, la demandante, como vendedora del inmueble, hab\u00eda sufrido lesi\u00f3n enorme y, entonces, ten\u00eda \u201cderecho a escoger la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u201d, pues la transferencia fue por $48\u00b4690.000. <\/p>\n
3. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, no sin antes asegurar no constarle lo relativo a las amenazas, dijo que la compraventa fue real, al punto que el precio verdadero, pactado en la suma de $100\u00b4000.000, que no el escrito en referida la escritura, lo pag\u00f3 al haber asumido los cr\u00e9ditos hipotecarios que gravaban al predio y entregado la parte restante a Jorge Alberto Arroyave Valencia, con quien directamente se hizo el negocio; uno de esos grav\u00e1menes, prosigui\u00f3, era el constituido mediante escritura 477 de 3 de febrero de 1994, con el cual se garantizaba el mutuo a cargo de \u00e9ste y a favor de Agropecuaria S\u00e1nchez Saldarriaga; como dicha obligaci\u00f3n no fue satisfecha, siete meses despu\u00e9s de constituida esa hipoteca, surgi\u00f3 por parte de la actora y del nombrado Arroyave Valencia la propuesta de entregar \u00abel inmueble en daci\u00f3n en pago y cubrir otras obligaciones que ten\u00edan pendientes\u00bb, para lo cual optaron por establecer pericialmente si el bien cubr\u00eda las acreencias, concret\u00e1ndose as\u00ed el negocio, lo que permiti\u00f3 la entrega del fundo totalmente desocupado; estos comportamientos no armonizan con las amenazas relatadas en la demanda, las cuales, por lo dem\u00e1s, no fueron puestas en conocimiento de la Fiscal\u00eda; recalc\u00f3 que fue una daci\u00f3n en pago la que se verific\u00f3 y que s\u00ed hubo voluntad de vender y de comprar. <\/p>\n
Como excepciones propuso las que denomin\u00f3 \u00abfalta de causa para incoar este proceso\u00bb y \u00abmala fe\u00bb, respaldadas en los aspectos que se acaban de compendiar, en que el negocio se hizo con todas las formalidades legales, sin que se presentara vicio alguno del consentimiento, a m\u00e1s que los hechos del libelo carec\u00edan de fundamento por cuanto desconoc\u00edan las causas determinantes del negocio. <\/p>\n
4. Por sentencia de 19 de octubre de 2000 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn culmin\u00f3 la primera instancia, en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn le puso fin a la alzada mediante fallo de 13 de marzo de 2001, en el que confirm\u00f3 el del a-quo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. A vuelta de precisar que la hipoteca pod\u00eda ser constituida por un tercero garantizando obligaciones ajenas, evento en el cual, de incumplir el deudor principal, surg\u00eda para el acreedor inter\u00e9s jur\u00eddico que lo legitimaba para reclamar el cumplimiento coactivo ya de \u00e9ste ora de aqu\u00e9l, sostuvo el ad-quem c\u00f3mo para evitar llegar a esa soluci\u00f3n extrema el deudor hipotecario pod\u00eda transferirle al acreedor el inmueble comprometido con el gravamen, evento en el que \u00e9ste recibir\u00eda en pago un objeto distinto del debido, lo cual configuraba una daci\u00f3n en pago, bien que se la denominara as\u00ed directamente o encubriera con una figura diferente, como la compraventa, cual lo autorizaban los art\u00edculos 1627, 1649 y 2407 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Asegur\u00f3 el fallador c\u00f3mo en este asunto se prob\u00f3 que la demandante constituy\u00f3 hipoteca abierta de segundo grado sobre el inmueble del cual daba cuenta el proceso, garantizando el cumplimiento de obligaciones a favor de Agropecuaria S\u00e1nchez Saldarriaga Limitada hasta por un capital de $65\u00b4000.000 m\u00e1s intereses, como constaba en la escritura 477 de 3 de febrero de 1994, de la notar\u00eda cuarta de Medell\u00edn, y aunque la misma figuraba como deudora hipotecaria, la verdad era que ese gravamen lo constituy\u00f3 para garantizar el cumplimiento de obligaciones a cargo de Jorge Arroyave Valencia, su cu\u00f1ado, seg\u00fan ella lo confes\u00f3 al descorrer el traslado de las excepciones y en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3; tales acreencias, prosigui\u00f3, estaban incorporadas en seis letras de cambio que documentaban la obligaci\u00f3n original relativa a negocios entre aquella sociedad y el susodicho cu\u00f1ado. <\/p>\n
Como el aludido Jorge Arroyave incumpli\u00f3, Agropecuaria S\u00e1nchez Saldarriaga Limitada y la actora llegaron al acuerdo para que \u00e9sta le transfiriera la aludida propiedad a la demandada, pagando as\u00ed tal acreencia, lo cual constituy\u00f3 daci\u00f3n en pago por cuanto se modific\u00f3 el objeto de la obligaci\u00f3n, pues la suma de dinero debida se cambi\u00f3 por la prestaci\u00f3n de dar consistente en la enajenaci\u00f3n del derecho de propiedad sobre aquella heredad; el monto correspondiente a la mentada transferencia se complet\u00f3, asegur\u00f3 el juez de segundo grado, asumiendo la opositora la hipoteca de primer grado que exist\u00eda a cargo de la actora y a favor de CONAVI, cancelada posteriormente, como lo infiri\u00f3 de la escritura 1648 de 30 de mayo de 1995, allegada con la contestaci\u00f3n a la demanda, y que para el 15 de septiembre de 1994 ascend\u00eda a $6\u00b4027.565,88, como lo inform\u00f3 esa entidad. <\/p>\n
3. Tras se\u00f1alar que Gloria Mar\u00eda concurri\u00f3 voluntariamente a la notar\u00eda a otorgar la escritura del contrato y que adujo en el libelo unos supuestos f\u00e1cticos contrarios a la historia de lo que realmente aconteci\u00f3 alrededor de ese convenio, hizo ver el juzgador c\u00f3mo aunque la apariencia revelaba la celebraci\u00f3n de una compraventa, el negocio realmente ajustado fue el de daci\u00f3n en pago, ce\u00f1ido al ordenamiento legal; precisamente por ello la promotora del proceso \u201cno recibi\u00f3 precio\u201d, pues se reemplaz\u00f3 por lo que ella como deudora hipotecaria deb\u00eda; por esa raz\u00f3n la misma carec\u00eda de inter\u00e9s para obtener tutela jur\u00eddica en orden a que se declarara particularmente la resoluci\u00f3n del acto bilateral. <\/p>\n
4. Despu\u00e9s de precisar que el consentimiento para el contrato no se sell\u00f3 entre la vendedora y la adquirente sino entre aqu\u00e9lla y Agropecuaria S\u00e1nchez Saldarriaga Limitada, en su condici\u00f3n de acreedora, s\u00f3lo que \u00e9sta decidi\u00f3 que como compradora apareciera la demandada, expuso el sentenciador que aunque el precio que se hizo figurar en la escritura fue de $48\u00b4690.000, lo cierto era que la suma verdadera por la cual se celebr\u00f3 el negocio estuvo representada en los $65\u00b4000.000 que Jorge Arroyave Valencia le deb\u00eda a la mentada sociedad acreedora, incorporados en las aludidas letras de cambio aceptadas por Gloria Mar\u00eda, a quien retornaron una vez ajustado dicho contrato, como ella lo confes\u00f3 en la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y en el interrogatorio de parte, y en el saldo \u201cde la obligaci\u00f3n a cargo de \u00e9sta y a favor de CONAVI, para un total de $71\u00b4000.000, monto de la daci\u00f3n en pago; sin necesidad, pues, de continuar la suma referida a otros conceptos debidos\u201d(fl.18 vto.). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un cargo propone la recurrente, en el que ataca la sentencia de violar, en forma indirecta, los art\u00edculos 1627, 1649, 2407 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; 1546, 1609, 1613 a 1618, 1849, 1857, 1864, 1878, 1928 a 1932, 1936, 1937, 1946, 1947, 1948, 2059, 2127 y 2294 de esa codificaci\u00f3n y 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal al apreciar las pruebas. <\/p>\n
1. A vuelta de puntualizar que el \u00e1mbito de la censura se concreta \u00fanicamente \u201cal hecho de que … no se accedi\u00f3 a declarar la resoluci\u00f3n de la venta …por falta de pago del precio total convenido\u201d, asegura la recurrente que el ad-quem apreci\u00f3 err\u00f3neamente la demanda, su contestaci\u00f3n, los testimonios de H\u00e9ctor Hern\u00e1n S\u00e1nchez Duque, padre de la opositora, y Elkin Alberto Saldarriaga Arango, al igual que el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, pues consider\u00f3 que el negocio ajustado no fue de compraventa sino de daci\u00f3n en pago, omiti\u00f3 observar que el precio acordado por ese convenio fue de $100\u00b4000.000 y que en relaci\u00f3n con el mismo la opositora pag\u00f3 apenas $75\u00b4450.000, dejando de cancelar la parte restante. <\/p>\n
2. No sin antes aludir a lo que, en su sentir, dijo el fallador en torno a la manera como se verific\u00f3 el contrato de que tratan las s\u00faplicas y a la naturaleza del mismo, sostiene la acusadora que la contraparte, en la respuesta que le dio al acto introductorio, hizo referencia a que la suma pagada fue de $100\u00b4000.000, as\u00ed como al hecho de que la demandante tuvo verdadera intenci\u00f3n de vender y ella de comprar, para significar que ese fue el verdadero precio pactado por la venta del inmueble y que el negocio celebrado fue de compraventa, que no de daci\u00f3n en pago con el fin de cancelar \u00fanicamente \u00abla suma adeudada\u00bb. <\/p>\n
Expone la casacionista que el testigo H\u00e9ctor Hern\u00e1n S\u00e1nchez Duque, verdadero acreedor de la suma de dinero adeudada por Jorge Alberto Arroyave Valencia, contrario a las afirmaciones del tribunal, declar\u00f3 haberle entregado todo lo relacionado con dicha acreencia a su abogado Elkin Saldarriaga Arango, quien lo manten\u00eda informado de cuanto acontec\u00eda alrededor de esa gesti\u00f3n, as\u00ed mismo depuso que por esa particular circunstancia conoci\u00f3 que el perito contratado al efecto hab\u00eda avaluado el inmueble objeto del acuerdo en $100\u00b4000.000 y que, luego de calcular \u201ca cu\u00e1nto ascend\u00eda la deuda\u201d, el negocio \u201cse hizo con Jorge Alberto por ese valor\u201d(fl.14). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al testimonio del citado Elkin Saldarriaga Arango, la censora hace ver c\u00f3mo \u00e9ste declar\u00f3, en oposici\u00f3n a lo concluido por el fallador, que como H\u00e9ctor S\u00e1nchez le hab\u00eda entregado dos letras de cambio, por $20\u00b4000.000 cada una, para que adelantara el cobro respectivo, en desarrollo de esa misi\u00f3n contact\u00f3 a Juan Medina y al nombrado Arroyave Valencia, los deudores de las mismas, quienes le ofrecieron respaldar esas acreencias con garant\u00eda hipotecaria constituida sobre un predio ubicado en Medell\u00edn; este declarante agreg\u00f3, dice la censura, que fue as\u00ed como se constituy\u00f3 dicha garant\u00eda por la suma de $65\u00b4000.000, la cual comprendi\u00f3 el capital y los intereses hasta entonces causados y que al no solucionarse la referida obligaci\u00f3n \u00e9l requiri\u00f3 a la actora para que cumpliera, momento en el que ella manifest\u00f3 el inter\u00e9s en vender la cosa hipotecada, fue entonces cuando, previo el aval\u00fao practicado en $100\u00b4000.000, procedieron a negociarla; este deponente, dice la impugnadora, \u201cquien llev\u00f3 a efecto la negociaci\u00f3n realizada\u201d, no se refiri\u00f3 a que la actora hubiera entregado el predio en pago de la deuda sino a la intenci\u00f3n que aqu\u00e9lla tuvo de venderlo, a \u201cque se le tom\u00f3\u201d dicho inmueble en la mencionada suma, solucionando la obligaci\u00f3n que garantizaba aquel gravamen, \u201cy luego de ah\u00ed se tomaba lo necesario para pagar la hipoteca de primer grado a favor de CONAVI\u201d(fl.15). <\/p>\n
Estas declaraciones, asegura la recurrente, eran indicativas de que las partes ten\u00edan la intenci\u00f3n de celebrar una compraventa y no de entregar el bien en pago de la suma de dinero debida. <\/p>\n
A\u00f1ade que la demandada, en la pregunta trece del interrogatorio de parte formulado a la actora, indag\u00f3 a \u00e9sta para que declarara si con posterioridad a la hipoteca ella hab\u00eda firmado la escritura de venta de que trata este asunto, lo cual indicaba que la convenci\u00f3n acordada no fue de daci\u00f3n sino una compraventa en la que su precio se convino en la susodicha cantidad. <\/p>\n
3. De esas pruebas, prosigue la acusadora, surg\u00eda que la opositora s\u00f3lo abon\u00f3 al precio de la compraventa los $65\u00b4000.000 que para esa \u00e9poca se le adeudaban a su pariente y la suma pagada a CONAVI, \u201cde un poco m\u00e1s\u201d de $6\u00b4000.000, para un total de $71\u00b4000.000, de donde concluye entonces que la contraparte no pag\u00f3 el precio completo, pues dej\u00f3 de cancelar $29\u00b4000.000, en relaci\u00f3n con los cuales ninguna prueba aport\u00f3 para acreditar lo contrario. <\/p>\n
De no haber incurrido el juez de segundo grado en los errores indicados, habr\u00eda admitido que el contrato fue de compraventa y no de daci\u00f3n en pago, que el precio fue acordado en $100\u00b4000.000 y que como en relaci\u00f3n con el mismo la compradora a\u00fan adeudaba aquel saldo, ha debido acceder a la resoluci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como la casaci\u00f3n es recurso extraordinario, ello implica que la demanda con la que se sustente debe reunir unos requisitos muy puntuales, concretamente los previstos en el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas al respecto por el decreto 2651 de 1991, pues, como que se trata de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, la labor de la Corte queda reducida al marco que el recurrente establezca. No puede entonces esta Corporaci\u00f3n, como con insistencia lo ha sostenido, inferir a su juicio el querer del inconforme, como que es a \u00e9ste a quien le corresponde establecer el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el ad-quem incurri\u00f3 en el desacierto. De este modo, sea cual fuere la causal que se aduzca, la demanda ha de contener, entre otros presupuestos, la formulaci\u00f3n por separado de los cargos enfilados frente la decisi\u00f3n combatida, expresando los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara y precisa, y exponiendo los motivos en que se apoyan. <\/p>\n
Ahora, como es el acusador quien tiene la carga de demostrar, en el caso espec\u00edfico de la causal primera, por errores de hecho y de derecho, el desatino cometido por el juez de segundo grado en la estimaci\u00f3n probatoria, le corresponde adelantar la tarea de confrontar lo que realmente surge de la prueba respectiva con la conclusi\u00f3n que de ella deriv\u00f3 el sentenciador, pues s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 la Sala, dentro del \u00e1mbito exacto de la acusaci\u00f3n, establecer si se present\u00f3 el desacierto que con el car\u00e1cter de manifiesto y trascendente necesariamente se exige, pues, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de un embate por yerros de tal estirpe, el acusador \u201cno puede quedarse apenas en su enunciaci\u00f3n sino que debe se\u00f1alarlos en forma concreta y espec\u00edfica, en orden a lo cual tendr\u00e1 que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoraci\u00f3n probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por m\u00e1s razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debi\u00f3 ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una cr\u00edtica al fallo sino apenas un alegato de instancia\u201d(sentencia n\u00famero 056 de 8 de abril de 2005, exp. #7730). <\/p>\n
Desde otra perspectiva, por averiguado se tiene que cuando la providencia combatida se funda en diversos medios de certeza, en orden a destruir la presunci\u00f3n de verdad y acierto de las conclusiones f\u00e1cticas con que llega a casaci\u00f3n, es deber del censor presentar un ataque integral, esto es, \u201cuna impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.882). <\/p>\n
2. Al entrar en el cotejo entre lo que viene de exponerse con el contexto de la acusaci\u00f3n planteada, encuentra la Corte que la misma no se acopla a tales exigencias, como que omite el contraste entre las pruebas y el fallo atacado, a m\u00e1s que presenta un ataque incompleto, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
3. Como se vio del compendio de la sentencia recurrida, el tribunal concluy\u00f3 que el negocio ciertamente celebrado entre las partes fue de daci\u00f3n en pago, en el que, a cambio de las sumas de dinero que deb\u00edan entregarse para solucionar las obligaciones dinerarias respaldadas con los grav\u00e1menes hipotecarios constituidos sobre el inmueble, los interesados acordaron que la demandante, como deudora hipotecaria, le transfiriera a la demandada esa misma heredad; frente a esos puntuales asertos la casacionista pretende hacer ver que aqu\u00e9l cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico por cuanto fue una compraventa el negocio ajustado, en relaci\u00f3n con el cual la compradora \u2013demandada en esta causa- dej\u00f3 de pagar $29\u00b4000.000, pues, habi\u00e9ndose pactado en $100\u00b4000.000 el precio del mismo, cancel\u00f3 apenas $71\u00b4000.000. <\/p>\n
Siendo ese, pues, el punto al que se contrae la cr\u00edtica, es claro que a la censora le correspond\u00eda hacer la confrontaci\u00f3n entre lo que dijo el ad-quem y lo que emanaba de las pruebas que le endilga haber valorado err\u00f3neamente, tarea que no desarroll\u00f3 en la medida en que se limit\u00f3 a presentar su propia versi\u00f3n alrededor del tema como si la casaci\u00f3n fuera una tercera instancia en la que se le brindara la oportunidad para presentar nuevos alegatos de instancia, citar apenas fragmentos de algunos de esos medios probatorios o simplemente para sentar conjeturas. <\/p>\n
Ciertamente, sostiene la impugnadora que la contraparte en la contestaci\u00f3n a la demanda se refiri\u00f3 a que la suma pagada fue de $100\u00b4000.000 y al hecho de que la actora tuvo verdadera intenci\u00f3n de vender y ella de comprar, con lo cual aqu\u00e9lla daba a comprender que ese fue el verdadero precio del inmueble, que el convenio alcanzado consisti\u00f3 en una compraventa, mas no en la daci\u00f3n para cancelar \u00fanicamente \u00abla suma adeudada\u00bb; asimismo, con apoyo en escasos fragmentos de lo depuesto por los testigos H\u00e9ctor Hern\u00e1n S\u00e1nchez Duque y Elkin Saldarriaga Arango, afirma que tales declaraciones indicaban que las partes ten\u00edan la intenci\u00f3n de celebrar una compraventa, pero no de entregar el bien en pago de la suma de dinero debida, y que a la demandante \u201cse le tom\u00f3\u201d el predio en $100\u00b4000.000, cancelando la suma que garantizaba aquel gravamen; igualmente asegura que la pregunta trece del interrogatorio formulado a la actora traduc\u00eda que la convenci\u00f3n acordada no fue de daci\u00f3n sino de compraventa en la que su precio se convino en la mencionada cantidad. <\/p>\n
Como se advierte, dichas expresiones no son m\u00e1s que conclusiones propias de la censora, producto de meras conjeturas, de lo cual no aflora el parang\u00f3n entre lo que objetivamente cada uno de tales elementos probatorios dice y lo que de ellos anot\u00f3 o dej\u00f3 de reconocer el juzgador; se trata, sin duda, de aspectos guiados por un car\u00e1cter eminentemente subjetivo que aqu\u00e9lla considera deben concluirse de los medios probatorios aducidos de manera fragmentaria. Ha de notarse que expresiones de ese talante no entra\u00f1an, per se, la confrontaci\u00f3n que se echa de menos y tampoco se dirigen a controvertir la puntual argumentaci\u00f3n del sentenciador que lo condujo a pregonar, reconocer y aplicar la especie negocial en referencia; en suma, esa es una argumentaci\u00f3n t\u00edpica de un alegato de instancia, que, por tanto, no involucra sustentaci\u00f3n referida a lo que objetivamente surge de los diversos elementos de convicci\u00f3n, vistos en la dimensi\u00f3n que cada uno de ellos ofrece en su real materialidad. <\/p>\n
Resulta as\u00ed claro, que la casacionista se circunscribe a presentar su propio punto de vista acerca de las pruebas a su juicio err\u00f3neamente valoradas, con evidente descuido del deber que ten\u00eda de se\u00f1alar, en forma precisa, clara y concreta, el contenido material de cada una de ellas, que indubitablemente permitiera establecer el error achacado al sentenciador. A manera de un alegato de instancia, se limita a exponer su parecer sobre esas probanzas, dejando de hacer el contraste entre lo que las mismas dicen y lo que alrededor de ellas argument\u00f3 o dej\u00f3 de valorar el tribunal. Es evidente, desde luego, que la acusaci\u00f3n ostenta la deficiencia t\u00e9cnica que se deja advertida. <\/p>\n
No debe pasarse por alto, en todo caso, que el criterio que pueda tener el casacionista, por respetable que fuese, no puede prevalecer, en trat\u00e1ndose de la interpretaci\u00f3n de los contratos, sobre el que expone el tribunal, mientras no degenere en notoria arbitrariedad; por supuesto \u201cque en los eventos en que surja un conflicto a prop\u00f3sito de la comprensi\u00f3n que ha de d\u00e1rsele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoraci\u00f3n que haga el sentenciador es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador conf\u00eda a su discreta autonom\u00eda, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique \u00fanicamente en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3 al respectivo negocio es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido, y no en los eventos en que se requiera efectuar complicados esfuerzos anal\u00edticos o cuando entre varias interpretaciones l\u00f3gicas y razonablemente posibles, el juzgador escogi\u00f3 una de ellas\u201d(sentencia n\u00famero 162 de 11 de julio de 2005, exp.#7725). <\/p>\n
4. Desde otro punto de vista advierte la Corporaci\u00f3n que, cual se anticip\u00f3, la arremetida es incompleta en la medida en que no abraza todos los soportes probatorios con base en los cuales el juzgador dio por establecido que fue de daci\u00f3n en pago, que no de otra \u00edndole, el negocio jur\u00eddico realmente ajustado a trav\u00e9s del cual la demandante le transfiri\u00f3 a la opositora el inmueble atr\u00e1s identificado, y determin\u00f3, por ende, negar la pretensi\u00f3n de declarar resuelto el contrato por incumplimiento de la demandada en el pago del precio, como se expone enseguida. <\/p>\n
En efecto, para pregonar que la especie negocial verdaderamente ajustada entre las partes fue una daci\u00f3n en pago y negar la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato, el tribunal se bas\u00f3 en las escrituras p\u00fablicas 477 de 3 de febrero de 1994 y 1648 de 30 de mayo de 1995, otorgadas en las notar\u00edas cuarta y segunda de Medell\u00edn, respectivamente, en la certificaci\u00f3n expedida por CONAVI relativa al saldo de la obligaci\u00f3n hipotecaria para el 15 de septiembre de 1994 y en la confesi\u00f3n de la demandante, que dedujo, concreta y espec\u00edficamente, del escrito con el cual ella descorri\u00f3 el traslado de las excepciones, de la diligencia practicada en cumplimiento del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del interrogatorio de parte que absolvi\u00f3. <\/p>\n
La censora, por su parte, le endilga al ad-quem haber incurrido en yerro f\u00e1ctico, seg\u00fan dice, porque apreci\u00f3 err\u00f3neamente la demanda, su contestaci\u00f3n, los testimonios de H\u00e9ctor Hern\u00e1n S\u00e1nchez Duque y Elkin Alberto Saldarriaga Arango, as\u00ed como la pregunta trece del interrogatorio formulado a la actora, de los cuales, seg\u00fan su entender, afloraba que el acuerdo ajustado fue de compraventa, que el precio se pact\u00f3 en $100\u00b4000.000, en relaci\u00f3n con el cual la contraparte pag\u00f3 $75\u00b4450.000, dejando de cancelar la diferencia. <\/p>\n
Al confrontar las pruebas en que se apoy\u00f3 el fallador con los elementos de convicci\u00f3n relacionados en el cargo, sin mayores dificultades se advierte que la impugnadora, en puridad de verdad, dej\u00f3 por fuera de toda cr\u00edtica precisamente aquellos documentos y la confesi\u00f3n de la promotora del proceso, que dedujo de los particularizados actos procesales, pues, cual viene de observarse, fue con base en esos concretos medios probativos como arrib\u00f3 a las conclusiones f\u00e1cticas que guiaron su decisi\u00f3n; es claro que la recurrente, haciendo de lado esas espec\u00edficas pruebas, pretende cuestionarle al juez de segundo grado haber predicado la nombrada especie negocial y dejado de reconocer que, en cambio, se trat\u00f3 de una compraventa, en relaci\u00f3n con la cual la demandada no pag\u00f3 el total del precio pactado. <\/p>\n
La circunstancia de que no hubieran sido objeto de censura ninguno de aquellos elementos probatorios en que se fund\u00f3 el juzgador para sentar sus conclusiones y adoptar la decisi\u00f3n de la que se duele la acusadora, indica no s\u00f3lo que la cr\u00edtica no satisface las exigencias t\u00e9cnicas que le son propias sino que la sentencia sigue enhiesta, toda vez que los pilares persuasivos que la sostienen no fueron tocados en el recurso extraordinario, lo que le permite seguir gozando de la presunci\u00f3n de acierto que le es propia. <\/p>\n
Es m\u00e1s, como ya se dijo, con fundamento en los determinados elementos probativos el fallador lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n en el sentido de que la demandante, pagando las obligaciones dinerarias a cargo suyo y de Jorge Arroyave, garantizadas con las hipotecas constituidas a favor de Conavi y de Agropecuaria S\u00e1nchez Saldarriaga Limitada, por disposici\u00f3n de esta \u00faltima le transfiri\u00f3 el inmueble a la demandada, de donde calific\u00f3 el mentado negocio como de daci\u00f3n en pago por cuanto conllev\u00f3 la mutaci\u00f3n del objeto de la obligaci\u00f3n en tanto aquellas sumas de dinero debidas se cambiaron por la prestaci\u00f3n de dar consistente en la enajenaci\u00f3n del aludido predio, raz\u00f3n por la cual Glor\u00eda Mar\u00eda \u201cno recibi\u00f3 precio\u201d y carec\u00eda de inter\u00e9s para obtener tutela en orden a que se declarara la resoluci\u00f3n del contrato; y acontece que esa puntual argumentaci\u00f3n la acusadora tampoco la combati\u00f3, pues, como viene de verse, dirigi\u00f3 su propuesta a pretender demostrar una compraventa y el monto de su precio, con abstracci\u00f3n absoluta de los fundamentos a trav\u00e9s de las cuales el sentenciador arrib\u00f3 a la daci\u00f3n en pago que dijo encontrar evidenciada. <\/p>\n
A este respecto ha de insistirse que \u201csi se aspira impugnar con \u00e9xito un juicio jurisdiccional de instancia, el cargo debe apuntar a desvirtuar todos y cada uno de los argumentos que respaldan dicho juicio; en su empe\u00f1o, vista la cuesti\u00f3n desde la perspectiva de las apreciaciones que sobre las pruebas hizo el sentenciador, el impugnante debe combatirlas en su totalidad, en el entendido de que de mantenerse siquiera una de ellas en pie que le preste suficiente apoyo a la sentencia acusada, no queda habilitada la Corte para llegar a casar \u00e9sta, por m\u00e1s que la acusaci\u00f3n parcial propuesta sea viable y contundente\u201d(sentencia n\u00famero 041 de 8 de septiembre de 1999, exp.#5210, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
De all\u00ed que le compet\u00eda entonces a la recurrente no s\u00f3lo atacar aquellas bases de la sentencia sino destruirlas, si pretend\u00eda abrirle paso a la arremetida fundada en esas otras pruebas, a trav\u00e9s de las cuales aspiraba hacer ver la compraventa que dice se celebr\u00f3, el precio de la misma y la suma que pag\u00f3 y la que adeudaba la supuesta compradora. A este respecto ha de resaltarse que el an\u00e1lisis de fondo sobre la \u201cerr\u00f3nea apreciaci\u00f3n\u201d de esos otros elementos de convicci\u00f3n hubiera tenido cabida \u00fanicamente de haberse derribado aquella base probatoria adoptada por el sentenciador, pues no fue de fuente distinta sino del indicado material de donde dedujo la especie negocial que dijo encontrar. <\/p>\n
Habida consideraci\u00f3n que ese cimiento del fallo no fue desquiciado, sigue gravitando su fuerza como apoyo de la sentencia, situaci\u00f3n que le impide a la Corte proceder v\u00e1lidamente a la evaluaci\u00f3n que del modo indicado propone la censura; por supuesto que al recurrente no le era suficiente limitarse a se\u00f1alar los eventuales yerros por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, tal como lo presenta la acusaci\u00f3n, sino que de manera previa ten\u00eda que cumplir la carga de combatir todos los argumentos y medios de convicci\u00f3n que fueron fundamento y estructura de la providencia criticada, porque de nada valdr\u00eda que se pudiera concluir que en efecto se present\u00f3 el yerro si de otro lado se mantienen intactos los elementos demostrativos que la soportan. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de marzo de 2001, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-357-2005 [0500131030031997-2016-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 05001-31-03-003-1997-2016-01. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83180\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}