SC-359-2005 [00500131100062002-00642-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-00500131100062002-00642-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Guillermo Le\u00f3n Gaviria Zapata, respecto de la sentencia de 20 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso ordinario de Diana Patricia Ossa contra el recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, la demandante solicit\u00f3 que se declarara que el demandado es su padre extramatrimonial y que se comunicara la decisi\u00f3n para las anotaciones de rigor a la Notar\u00eda \u00danica de Segovia, lugar donde se encuentra registrado el nacimiento. <\/p>\n
2.- En lo pertinente, para fundamentar las pretensiones, la demandante manifest\u00f3 que su madre, se\u00f1ora Ana Elvia Ossa, fallecida, y el demandado, sostuvieron relaciones sexuales entre 1965 y 1970, en el municipio de Segovia, fruto de las cuales ella naci\u00f3 el 22 de junio de 1969. <\/p>\n
3.- El demandado se opuso a las pretensiones, a cuyo efecto neg\u00f3 las relaciones sexuales con la madre de la demandante para la \u00e9poca en que se presume legalmente la concepci\u00f3n de \u00e9sta, a la par que formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u201cplurium constupratorum\u201d, entre otras que consider\u00f3 como tales. <\/p>\n
4.- El Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, mediante sentencia de 23 de julio de 2004, declar\u00f3 infundadas las excepciones y accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el demandado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal dej\u00f3 sentado que el proceso se hab\u00eda decretado y practicado el cotejo de los perfiles gen\u00e9ticos de ADN de que trataba la Ley 721 de 2001 de la demandante y del presunto padre, por el Laboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, concluy\u00e9ndose que \u00e9ste no pod\u00eda descartarse como padre de aqu\u00e9lla, porque la probabilidad de paternidad acumulada era de \u201c99.99999899%\u201d y un \u00edndice de paternidad acumulado de \u201c9942870.49\u201d. <\/p>\n
2.- Si bien observ\u00f3 que el dictamen hab\u00eda sido objetado y rechazada la objeci\u00f3n por cuestiones formales, el sentenciador, apoyado en esa prueba, en su sentir, clara, precisa y fundamentada, consider\u00f3 que la paternidad reclamada estaba acreditada \u201ccon una probabilidad tal que raya en la certeza\u201d, lo cual, a su vez, permit\u00eda inferir que entre el demandado y la madre de la demandante \u201cexistieron acoplamientos sexuales\u201d por la \u00e9poca en que se presum\u00eda ocurri\u00f3 la concepci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que reforz\u00f3 con la alegada por el demandado pluralidad de relaciones sexuales de la madre de la demandante con otros hombres, porque seg\u00fan precedentes que cit\u00f3, esto comportaba para al presunto padre la \u201caceptaci\u00f3n de que entre \u00e9l y la progenitora de la accionante se dio el trato sexual durante la \u00e9poca de la concepci\u00f3n de \u00e9sta\u201d. Cuesti\u00f3n que en todo caso no enervaba la pretensi\u00f3n, dado que el \u201cplurimencionado dictamen se\u00f1ala inequ\u00edvocamente al se\u00f1or Guillermo Le\u00f3n Gaviria Zapata como la persona que engendr\u00f3 a Diana Patricia\u201d. <\/p>\n
3.- El Tribunal, por lo tanto, encontr\u00f3 que la sentencia apelada se ajustaba a las \u201cevidencias procesales y al ordenamiento jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los dos cargos propuestos, ambos con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se resolver\u00e1n conjuntamente, porque aparte de que, en lo esencial, en ambos se denuncia las mismas disposiciones legales, se sirven de consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 52, 92, 401, 403 y 406 del C\u00f3digo Civil, 174, 175, 177, 183, 187, 233 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 6\u00ba y 7\u00ba de la Ley 75 de 1968, 1\u00ba, 2\u00ba, 8\u00ba y 10\u00ba de la Ley 721 de 2001, 17 del Decreto 2269 de 1993 y 5\u00ba del Decreto 2112 de 2003, como consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN practicada por el \u201cLaboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia\u201d. <\/p>\n
2.- Manifiesta el recurrente que el Tribunal no ha debido concederle \u201cpleno valor probatorio a la prueba gen\u00e9tica\u201d, en su sentir, \u00fanica por lo dem\u00e1s, que se tuvo en cuenta para declarar la paternidad, porque no la ten\u00eda, en consideraci\u00f3n a que se desconocieron requisitos necesarios para el efecto, como es la \u201cautorizaci\u00f3n, acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de quien la practica\u201d, referidos precisamente en la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
Resalta que dada la importancia de la aludida prueba en estos procesos, el legislador confi\u00f3 su pr\u00e1ctica directamente al Estado o a trav\u00e9s de \u201claboratorios p\u00fablicos y privados\u201d, siempre que estos \u00faltimos cumplieran los requisitos de \u201claboratorio cl\u00ednico\u201d y se encontraran \u201ccertificados y autorizados por los organismos competentes\u201d. <\/p>\n
Agrega que como los anotados requisitos no estaban presentes en el caso, no pod\u00eda d\u00e1rsele eficacia probatoria a la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN, pero como el Tribunal se la otorg\u00f3, esto incidi\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales citadas, porque, sin m\u00e1s, accedi\u00f3 a las pretensiones, cuando de la misma, por s\u00ed sola, no pod\u00eda inferirse los hechos de la presunci\u00f3n de paternidad invocada. <\/p>\n
3.- Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada y que antes de proferir la de reemplazo se decrete la \u201cpr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica en forma legal\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n de las mismas disposiciones que se citan en el cargo anterior, salvo las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN practicada por el \u201cLaboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia\u201d. <\/p>\n
2.- Concretamente, porque como la Ley 721 de 2001 exige que el citado examen debe ser practicado por un laboratorio autorizado, certificado y acreditado, el Tribunal, al valorarlo, supuso la prueba de la \u201cautorizaci\u00f3n, certificaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n del laboratorio que practic\u00f3 la prueba gen\u00e9tica\u201d, cuesti\u00f3n a la postre incidente en la decisi\u00f3n, dado que sobre dicha prueba, \u00fanica por lo dem\u00e1s, estructur\u00f3 el fallo. <\/p>\n
3.- Al igual que en el otro cargo, solicita que se case la sentencia y que antes de proferir la de reemplazo se decrete la \u201cpr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica en forma legal\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Conviene precisar, ante todo, que en las instancias el recurrente solicit\u00f3 infructuosamente que se practicara una nueva prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, en el laboratorio que \u00e9l consider\u00f3 ten\u00eda reconocimiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo que tramitado el asunto por el procedimiento ordinario de mayor cuant\u00eda, con aplicaci\u00f3n, en lo pertinente, de la Ley 721 de 2001, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia apelada porque, en concordancia con el juzgado, en el proceso se demostr\u00f3 que el demandado y la progenitora de la demandante hab\u00edan tenido relaciones sexuales por la \u00e9poca en que conforme a la ley se presum\u00eda la concepci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que, como se recuerda, fundament\u00f3 en la confesi\u00f3n del demandado, derivada de la excepci\u00f3n que nomin\u00f3 \u201cplurium constupratorum\u201d, y en el examen de marcadores gen\u00e9ticos de ADN que practic\u00f3 el Laboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, prueba que, adem\u00e1s, para el Tribunal serv\u00eda al prop\u00f3sito de hacer a un lado la incertidumbre que se cern\u00eda sobre la anotada excepci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Mas, como en ambos cargos el recurrente sostiene que el examen de ADN fue el \u00fanico medio que el sentenciador tuvo en cuenta para dar por acreditados los hechos de la presunci\u00f3n de paternidad alegada, lo cual no es as\u00ed, esto ser\u00eda suficiente para sostener la decisi\u00f3n, porque seg\u00fan se anot\u00f3, con independencia del acierto, el sentenciador tambi\u00e9n dedujo el trato sexual por la \u00e9poca en que se presum\u00eda la concepci\u00f3n de la demandante, entre su madre y el demandado, de la confesi\u00f3n que \u00e9ste hab\u00eda efectuado al proponer la excepci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Sobre el particular decantado se encuentra que aunque el recurrente denuncie la violaci\u00f3n de varias disposiciones legales, la \u201cCorte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido tocada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u201d1. <\/p>\n
3.- Con todo, el dictamen que se critica carec\u00eda de la virtud de desplazar los dem\u00e1s medios ordinarios de prueba para establecer los hechos de la presunci\u00f3n de paternidad invocada, no porque como a espacio lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento2, el examen con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, haya descartado la posibilidad de recurrir a otras pruebas por formar la convicci\u00f3n del juzgador, sino porque su materializaci\u00f3n era imposible obtenerla con apego a los dictados de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
En efecto, si bien la mentada prueba fue decretada en vigencia de la citada ley, lo cierto es que para la \u00e9poca de la toma de muestras, 11 de marzo de 2003, y del informe del an\u00e1lisis, 27 de junio del mismo a\u00f1o, no se hab\u00edan proferido las normas necesarias para su operatividad. Aunque el 24 de julio de 2002, mediante el Decreto 1562, se reglament\u00f3 el \u201cfuncionamiento de la Comisi\u00f3n de Acreditaci\u00f3n y Vigilancia\u201d de que habla el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 721 de 2001, baste se\u00f1alar que a partir del 29 de julio de 2003, seg\u00fan Decreto 2112, se estructur\u00f3 lo relativo a la acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de los laboratorios p\u00fablicos y privados que practicar\u00edan las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, inclusive lo referente a los organismos que en el \u00e1mbito nacional ser\u00edan los responsables de tal acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n, todo de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 10, ib\u00eddem. <\/p>\n
Esto, por supuesto, repulsa la idea de que el Tribunal haya podido concebir la eficacia probatoria del examen de marcadores gen\u00e9ticos de ADN bajo el r\u00e9gimen de la Ley 721 de 2001, entre otras razones porque en ninguna parte aludi\u00f3 a la acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n del laboratorio que lo practic\u00f3. Luego, si esto es as\u00ed, como en efecto lo es, claramente se advierte que los errores probatorios denunciados son infundados, inclusive sin parar mientes en su naturaleza jur\u00eddica, dado que al resultar imposible, por lo dicho, la pr\u00e1ctica del mentado examen con sujeci\u00f3n estricta a los dictados de la precitada ley, ning\u00fan yerro sobre el particular pod\u00eda derivarse de la misma. <\/p>\n
En esas circunstancias, aparte de que el contenido del examen no se controvierte, es meridiano que al haberse encomendado su pr\u00e1ctica al Laboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, que como es de p\u00fablico conocimiento es un ente universitario territorial de car\u00e1cter oficial, no se remite a duda que as\u00ed no se haya indicado expresamente, es incontestable que con independencia de la regularidad de la prueba, pues esto ser\u00eda un asunto ajeno al recurso de casaci\u00f3n, que la misma tuvo que sujetarse a los derroteros espec\u00edficos se\u00f1alados en el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tal cual en casos similares lo ha reconocido la Corte3. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, ninguno de los cargos puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 20 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso de Diana Patricia Ossa contra Guillermo Le\u00f3n Gaviria Zapata. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del demandado recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 Sentencia de 17 de septiembre de 1998, CXLVIII-221. <\/p>\n
2 Sentencia C-476 de 10 de mayo de 2005. <\/p>\n
3 Cfr. Sentencias 109 de 22 de septiembre de 2004, expediente 0310, y 185 de 25 <\/p>\n
de julio de 2005, expediente 09050. <\/p>\n
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