SC-361-2005 [8484]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 8484. <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de 11 de mayo de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad Insar Limitada frente a Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 la demandante declarar que la demandada contrat\u00f3 sus servicios para elaborar los anteproyectos y proyectos arquitect\u00f3nicos, los estudios de ingenier\u00eda y planos para la construcci\u00f3n de una terminal de transporte terrestre en Barranquilla y que, por tanto, tiene derecho a percibir los honorarios profesionales causados por el trabajo realizado y al reembolso de los costos, con la consiguiente condena a la opositora a pagarle $20\u2019337.594,42 por concepto de tales honorarios y costos, junto con la actualizaci\u00f3n monetaria y los intereses moratorios. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
a) Tras haberse reunido en Barranquilla, con el prop\u00f3sito de acordar las condiciones en que la actora realizar\u00eda, para la contraparte, los anteproyectos y proyectos arquitect\u00f3nicos destinados a construir la central de operaci\u00f3n de la segunda en dicho distrito, el representante legal de \u00e9sta le envi\u00f3 a aqu\u00e9lla la comunicaci\u00f3n de 30 de diciembre de 1986, solicit\u00e1ndole elaborar la aproximaci\u00f3n a un anteproyecto para esa finalidad, con m\u00e1s de veinte aspectos all\u00ed especificados. <\/p>\n
b) El 3 de febrero de 1987 la actora, por escrito, le comunic\u00f3 a la demandada los aspectos t\u00e9cnicos de mayor trascendencia del proyecto as\u00ed como las alternativas de construcci\u00f3n dise\u00f1adas por ella y, con nota de 29 de marzo siguiente, le inform\u00f3 la elaboraci\u00f3n de los planos del anteproyecto, le remiti\u00f3 copia de \u00e9stos y le dio cuenta de los honorarios y costos derivados del trabajo ejecutado, entrega que repiti\u00f3, de manera directa, el 2 de junio del citado a\u00f1o, cuando en Medell\u00edn se reuni\u00f3 con representantes de la opositora, quienes eligieron la alternativa de construcci\u00f3n que estimaron m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
c) En escrito de 6 de junio de 1987, dirigido a planeaci\u00f3n municipal de Barranquilla, R\u00e1pido Ochoa S. A. comunic\u00f3 su inter\u00e9s en construir y solicit\u00f3 la aprobaci\u00f3n del anteproyecto realizado por la actora; en agosto siguiente, las partes entregaron a planeaci\u00f3n el anteproyecto, el que tras recibir concepto favorable, fue autorizado para continuar el trabajo de arquitectura y el proyecto de construcci\u00f3n. <\/p>\n
d) En nota de 7 de octubre de 1987, la demandante solicit\u00f3 a la demandada el pago de los costos y honorarios correspondientes al anteproyecto de junio de 1987, con arreglo a las tarifas profesionales de ley. El 28 de los mismos mes y a\u00f1o, a solicitud verbal de \u00e9sta, aqu\u00e9lla le explic\u00f3 por escrito los rubros cobrados y el alcance de los trabajos relacionados hasta entonces; y en noviembre siguiente le reclam\u00f3 nuevamente el pago, al tiempo que le inform\u00f3 la terminaci\u00f3n del proyecto en su totalidad. <\/p>\n
e) La actora repiti\u00f3 el cobro en nota de 3 de diciembre de 1987, a la cual acompa\u00f1\u00f3 factura. El 6 de enero de 1988 reiter\u00f3 la exigencia de pago y en febrero, a pedido de la demandada, se reuni\u00f3 con Roberto Duarte, gerente de R\u00e1pido Ochoa S. A. en Cartagena, quien asegur\u00f3 que dicha sociedad no ten\u00eda intenci\u00f3n de evadir sus obligaciones y que ella responder\u00eda en forma positiva los requerimientos efectuados. <\/p>\n
f) El 12 de febrero de 1988, la demandada abon\u00f3, a los susodichos honorarios, la suma de $2\u2019768.977, menos el 7% de retenci\u00f3n en la fuente, hecho que prueba el reconocimiento de la obligaci\u00f3n a su cargo y la existencia del contrato, el cual, por lo dem\u00e1s, fue cumplido por la demandante, quien con estrictez elabor\u00f3 los proyectos arquitect\u00f3nicos, planos y dise\u00f1os para la construcci\u00f3n, en tanto que la opositora desacat\u00f3 sus deberes contractuales y mostr\u00f3 mala fe, al punto que no respondi\u00f3 ninguna de las comunicaciones que durante cerca de dos a\u00f1os le envi\u00f3 Insar Limitada. <\/p>\n
3. El libelo le fue notificado a la demandada a trav\u00e9s de curador ad-litem, previo el respectivo emplazamiento, quien guard\u00f3 silencio (fl.13, cd.1). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por sentencia de 18 de diciembre de 1997 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla culmin\u00f3 la primera instancia, en la que, al acceder a las pretensiones, conden\u00f3 a la demandada a pagarle a la actora $17\u2019360.199,42, por concepto de la obligaci\u00f3n principal, y $62\u2019496.717,60, por intereses causados durante 120 meses. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Al desatar el grado jurisdiccional de consulta, no sin antes negar la declaraci\u00f3n de nulidad solicitada por la opositora, el Tribunal le puso fin a la alzada mediante fallo de 11 de mayo de 1999, en el que confirm\u00f3 el del a-quo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tras resumir las pretensiones, el tr\u00e1mite y el fallo de primer grado, con fundamento en las pruebas allegadas y recogidas dentro del proceso, particularmente la documental y testimonial, el tribunal encontr\u00f3 demostrado que entre las partes del litigio se ajust\u00f3 el contrato a trav\u00e9s del cual la demandante se oblig\u00f3 a elaborar para la demandada unos anteproyectos y proyectos arquitect\u00f3nicos. <\/p>\n
Dijo, en efecto, que de los documentos emanados de Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A., visibles a folios 6 a 38 del cuaderno 1, no tachados de falsos en ninguna oportunidad procesal, y de los testimonios de Benjam\u00edn Amador Vega y Mary Estela Garc\u00eda de Biava, concordes y responsivos, certeramente se establec\u00edan los trabajos ejecutados por Insar Limitada por cuenta y a favor de la sociedad Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A., al punto que el primero de los nombrados testigos realiz\u00f3 los planos el\u00e9ctricos correspondientes al proyecto. <\/p>\n
2. No sin antes asegurar c\u00f3mo la susodicha documentaci\u00f3n carec\u00eda de vicio capaz de configurar alguna nulidad absoluta, que tuviera que declarar oficiosamente, en torno a la cuant\u00eda de la reclamaci\u00f3n demandada sostuvo el ad-quem que dentro del proceso se hallaba probado que la sociedad demandada, en diciembre de 1987, recibi\u00f3 una factura por $20\u2019337.594,42, en relaci\u00f3n con la cual el 12 de febrero de 1988 le pag\u00f3 a la actora apenas la suma de $2\u2019768.977, aceptando as\u00ed, sin reparos, el concepto de ser un abono a dicha factura; agreg\u00f3 que a la misma ni siquiera se le objet\u00f3 la tasa de los intereses moratorios all\u00ed se\u00f1alados. <\/p>\n
3. Encontr\u00f3 entonces el fallador ajustada a derecho la decisi\u00f3n del a-quo, relacionada con la declaraci\u00f3n de la existencia de la obligaci\u00f3n contractual demandada, su cuant\u00eda y los intereses de mora liquidados hasta cuando se cancelara la misma. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos propone la casacionista contra la sentencia combatida; el primero con respaldo en la causal quinta y el otro en el motivo primero de casaci\u00f3n. La Corte los despachar\u00e1 en el orden propuesto, por corresponder a la l\u00f3gica que prev\u00e9 el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. A vuelta de precisar que la primera nulidad alegada era la del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual el proceso es nulo cuando el juez carece de competencia, determinante, a la vez, de la \u201cprevista en el numeral 8\u00b0\u201d de ese mismo precepto, sostiene la impugnadora que ac\u00e1 se gener\u00f3 dicha vicio a partir del auto admisorio de 22 de agosto de 1988, donde se comision\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Medell\u00edn para notificarle a la demandada ese prove\u00eddo, pues realiz\u00f3 la citaci\u00f3n y emplazamiento a esa parte sin competencia para ello. <\/p>\n
Dice que al examinar el expediente se constata la ausencia de despacho comisorio con base en el cual dicho juzgado hubiera asumido el conocimiento de la comisi\u00f3n, de donde colige que es nula su actuaci\u00f3n, porque la despleg\u00f3 sin competencia, como del mismo modo lo es la posterior que de ella depende, como el nombramiento del curador que represent\u00f3 a Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A.; ello, prosigue, debido a que el art\u00edculo 33 del mismo estatuto procesal condiciona la competencia del comisionado al env\u00edo del respectivo despacho y regula la terminaci\u00f3n de la misma imponi\u00e9ndole la carga de devolverle al comitente las correspondientes diligencias, y a \u00e9ste, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 34, la de que mediante auto las agregue al proceso. Considera entonces que sin despacho expedido, enviado, diligenciado devuelto e incorporado al expediente, la actuaci\u00f3n del comisionado es nula, pues constituye una usurpaci\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Luego de relatar la secuencia de la actuaci\u00f3n surtida alrededor de la comisi\u00f3n a que alude, se\u00f1ala la casacionista que lo anterior lleva a concluir que la desarrollada por el mentado comisionado est\u00e1 viciada de nulidad, la cual no se sanea por la mera voluntad de la parte afectada, pues es una cuesti\u00f3n de derecho p\u00fablico ya que la ley autoriza \u00fanicamente al juez para la delegaci\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Como la ausencia de despacho comisorio para citar a la demandada, notific\u00e1ndola u ordenando y practicando el emplazamiento, hace nula la actuaci\u00f3n respectiva, ya que de ese modo se estructura la causal de que trata el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 140, pide entonces se declare la nulidad procesal desde el auto de 13 de agosto de 1992(fl.18). <\/p>\n
2. Por otra parte, afirma la recurrente que de manera particular la actuaci\u00f3n es nula a partir de la notificaci\u00f3n a la opositora del auto admisorio de la demanda, por cuanto en la confecci\u00f3n del acta respectiva el juzgado no se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito por el art\u00edculo 315 ib\u00eddem, toda vez que ella no fue suscrita por el empleado que hizo la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Comenta al respecto que no bastaba vincular el nombre de la persona notificada sino que deb\u00eda obtenerse la identidad f\u00edsica de la misma, consign\u00e1ndose en el acta la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, la tarjeta profesional y los dem\u00e1s datos tendientes a fijar su condici\u00f3n civil. Como se incurri\u00f3 en la nulidad prevista en el citado numeral 8\u00b0, esa circunstancia invalida la actuaci\u00f3n a partir de esa acta. <\/p>\n
3. Asevera la acusadora, adicionalmente, que a t\u00e9rminos del numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en este proceso existe nulidad originada en la sentencia que le puso fin y que no era susceptible de recurso. <\/p>\n
Luego de sostener que dicha causal la Corte la ha aceptado como procedente en casaci\u00f3n dentro del motivo quinto del art\u00edculo 368, de pregonar que la falta de motivaci\u00f3n de una sentencia produce su nulidad, de transcribir parcialmente el fallo acusado y el art\u00edculo 304 ejusdem, afirma la censora que dicha decisi\u00f3n no re\u00fane los requisitos impuestos por este \u00faltimo precepto, pues no contiene una s\u00edntesis de la demanda, por cuanto escasamente se refiri\u00f3 a una de las pretensiones, omitiendo mencionar las acumuladas, as\u00ed como los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos. <\/p>\n
Dicha providencia, insiste, carece de un examen cr\u00edtico de las probanzas como lo manda el art\u00edculo 187 del c\u00f3digo citado, el cual le ordena al juez exponer siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a las diferentes pruebas, como que apenas se afirm\u00f3 que los elementos de certeza allegados demostraban la existencia del contrato para la prestaci\u00f3n de servicios profesionales, pero esa referencia gen\u00e9rica no constituye un examen cr\u00edtico de tales medios y menos una valoraci\u00f3n individual o en conjunto de cada documento; ni siquiera se enuncian cu\u00e1les eran los escritos emanados de la demandada que se convirtieron en aut\u00e9nticos por no haber sido tachados de falsos y tampoco de explic\u00f3 c\u00f3mo, sin ser autenticados previamente, pod\u00edan tenerse por reconocidos t\u00e1citamente. Igualmente no se examin\u00f3 el contenido de los testimonios sobre los que se afirm\u00f3 que eran acordes y certeros; y el hecho de que el juzgador hubiera dicho que el testigo Benjam\u00edn Amador Vega realiz\u00f3 los planos el\u00e9ctricos, pone de presente la falta de examen cr\u00edtico, pues no se sabe de d\u00f3nde sali\u00f3 esa afirmaci\u00f3n; adem\u00e1s, sobre el valor de ese trabajo se acumul\u00f3 una pretensi\u00f3n en acci\u00f3n de reembolso, la que no se examin\u00f3 en primera instancia, pese a lo cual el juez de segundo grado ni siquiera se inquiet\u00f3, por lo que en relaci\u00f3n con la espec\u00edfica condena por reembolso, el fallo no tiene motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Pide entonces casar el fallo, declarar la nulidad alegada y dictar la sentencia de reemplazo, donde por falta de la prueba se nieguen las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. Uno de los motivos que el legislador tiene establecido para acudir en casaci\u00f3n en b\u00fasqueda del quiebre del fallo acusado, conforme con la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es el hecho de que al asunto le aqueje cuando menos una irregularidad tal que conforme a la misma normatividad procesal determine alguna de las causales de nulidad taxativamente establecidas, siempre y cuando quien haga el planteamiento se halle debidamente legitimado y que el vicio aducido no se hubiere convalidado, como lo se\u00f1ala la norma, al indicar que es motivo de casaci\u00f3n \u201chaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u201d. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito es de verse c\u00f3mo el C\u00f3digo de Procedimiento Civil destina todo el cap\u00edtulo II del t\u00edtulo XI de su libro segundo a reglamentar la materia de las nulidades procesales, el cual est\u00e1 compuesto por normas que determinan las causas generadoras de nulidad en todos los procesos y en algunos especiales, as\u00ed como las que establecen las oportunidades para alegarlas, la forma de declararse y sus consecuencias, lo mismo que las eventualidades a trav\u00e9s de las cuales surge su saneamiento. Es con fundamento en ese espec\u00edfico contenido normativo que la doctrina jurisprudencial tiene decantado que son la taxatividad, la protecci\u00f3n y la convalidaci\u00f3n, entre otros, los principios rectores que gobiernan tal materia. Se funda el primero, ha dicho la Corte, \u201cen la consagraci\u00f3n positiva del criterio taxativo, conforme al cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley espec\u00edfica que la establezca; consiste el segundo en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad; y radica el tercero en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o impl\u00edcito del litigante perjudicado con el vicio\u201d(G. J., t. CXLVIII, pags.315 y 316). <\/p>\n
Con arreglo a lo expuesto resulta forzoso concluir que es improcedente un ataque contra un fallo susceptible del recurso extraordinario apoyado en la causal que se comenta, si las irregularidades de que adolece el proceso no est\u00e1n contempladas dentro de los motivos de nulidad que taxativamente enumera el art\u00edculo 140 ib\u00eddem o si, est\u00e1ndolo y siendo saneables, han sido convalidados por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la parte afectada con ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el aspecto \u00faltimo aludido, ha de recordarse que, tal cual lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 144 ejusdem, el legislador le otorg\u00f3 la categor\u00eda de insaneables \u00fanicamente a los motivos previstos en los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del citado art\u00edculo 140, a la falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia funcional; ello indica, desde luego, que las restantes causales se pueden convalidar, como lo podr\u00edan ser, en efecto, la falta de competencia del juez, por factor distinto del que se deja mencionado, y cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto que admite la demanda al demandado o a su representante o apoderado, las cuales, por lo mismo que son subsanables, deben rechazarse de plano en aquellos eventos en que se funden en hechos que \u201cocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad\u201d, como lo prescribe el inciso cuarto del art\u00edculo 143 de la misma obra, por cuanto una situaci\u00f3n tal traduce, justamente, el saneamiento de que trata el inciso primero de art\u00edculo 144, al decir que la nulidad se considerar\u00e1 convalidada cuando \u201cla parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente\u201d. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de la falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, ha dicho la Corporaci\u00f3n, \u201cel consentimiento impl\u00edcito como medio eficaz para sanear una actuaci\u00f3n viciada de nulidad lo consagran los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 156 del C. de P. C., \u2013144 del actual c\u00f3digo- al estatuir el primero que la nulidad se considera saneada \u00b4cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente\u00b4; y al preceptuar el segundo que dicho fen\u00f3meno ocurre \u00b4cuando la persona indebidamente \u2026, citada o emplazada, act\u00faa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente\u00b4\u201d(G. J., t. CLV, pag.29); de all\u00ed que \u00abes regla general en materia de nulidades, cuando el motivo que las origine consiste en el desconocimiento del derecho de defensa, que son susceptibles de ser saneadas o convalidadas por la voluntad expresa o t\u00e1cita de la parte cuyo derecho pudo haberse afectado\u201d(G. J., t. CLII, 1\u00aa Parte, pags.219 y 220), pues as\u00ed lo indica el claro texto del art\u00edculo 144 del citado ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. En el caso de las dos primeras anomal\u00edas de las tres que esgrime, la recurrente invoca como causales las previstas en los numerales 2\u00ba y 8\u00ba del aludido art\u00edculo 140, seg\u00fan las cuales el proceso es nulo, en todo o en parte, \u201ccuando el juez carece de competencia\u201d y \u201ccuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado o a su representante, o al apoderado de aqu\u00e9l o de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda\u201d; esos motivos de nulidad los funda, por un lado, en el hecho de haber practicado el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn, como comisionado, la citaci\u00f3n y emplazamiento a la demandada sin competencia dado que al efecto dentro del proceso no obra el correspondiente despacho comisorio; y, por el otro, en que el acta contentiva de la notificaci\u00f3n a la opositora del auto admisorio no se ci\u00f1\u00f3 al art\u00edculo 315 ib\u00eddem por cuanto no la suscribi\u00f3 el empleado que la realiz\u00f3. <\/p>\n
Se trata entonces, como se deja visto, de causales de nulidad susceptibles de ser saneadas por voluntad expresa o t\u00e1cita de la parte interesada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, palmario es que esos dos acontecimientos, el \u00faltimo de los cuales se produjo, seg\u00fan la impugnadora, el 10 de noviembre de 1993, cuando el curador que represent\u00f3 a la demandada se notific\u00f3 del anotado auto admisorio (fl.113, cd.1), quedaron saneados, pues uno y otro, de haberse estructurado como motivos de nulidad, ocurrieron cuatro a\u00f1os antes de que la opositora actuara directamente en el proceso y solicitara la nulidad (fls.13 a 16, cd.2) que le neg\u00f3 el tribunal (fls.31 a 33), como que ha debido alegarlos en ese momento y dej\u00f3 de hacerlo, ya que, como sin ning\u00fan asomo de duda lo admite al plantear el cargo, esa declaraci\u00f3n la deprec\u00f3 por otras razones. <\/p>\n
En este aspecto, preciso es indicar c\u00f3mo, conforme a la jurisprudencia, \u201cpara establecer el saneamiento que en punto pueda ofrecerse, resulta de gran inter\u00e9s destacar que la parte agraviada con el vicio procesal debe estar presta a alegarla en la primera oportunidad que para ello tenga, so pena de que su omisa conducta purgue la tramitaci\u00f3n del defecto procesal en que se haya podido incurrir\u201d(G. J., t. CXCII, 2\u00ba semestre, pag.24); y este fen\u00f3meno fue justamente el que ac\u00e1 se gest\u00f3 si se tiene en cuenta que la primera oportunidad que al efecto tuvo la impugnadora fue aquella en la que ante el juez de segundo grado se hizo presente y promovi\u00f3 el incidente respectivo, donde, como viene de verse, ninguna manifestaci\u00f3n de inconformidad expres\u00f3 alrededor de las comentadas irregularidades. <\/p>\n
Para la Corte ninguna duda existe en torno a que las probables anomal\u00edas a que se contraen esos dos primeros argumentos de la censura, de haber existido, se sanearon en la medida en que, no obstante que la sociedad demandada activamente actu\u00f3 a lo largo del tr\u00e1mite de la segunda instancia, apenas ahora, al plantear este recurso extraordinario, vino a exhibir, como argumentos defensivos, las circunstancias que se comentan; y se insiste que tan s\u00f3lo en este momento porque, como la misma impugnadora fue enf\u00e1tica en pregonarlo, si bien es verdad en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n plante\u00f3 una nulidad, lo hizo bajo supuestos del todo diferentes a los que se vienen analizando. <\/p>\n
En este sentido ha de reiterarse que como las nulidades deben \u201cplantearse en las precisas oportunidades rese\u00f1adas, so pena de entend\u00e9rselas saneadas,… la parte agraviada con el vicio procesal\u201d est\u00e1 en \u201cla obligaci\u00f3n de invocar, en la primera oportunidad que se le brinde, no s\u00f3lo todas las causales anulatorias que a su juicio se han estructurado, sino tambi\u00e9n todos y cada uno de los hechos, motivos o razones que las configuran. No puede, por tanto, invocarse luego nuevas causales, ni tampoco alegar la misma causal con base en hechos no planteados inicialmente, pues el art\u00edculo 155 del C. P. C. \u2013143, inciso 2\u00ba, del actual c\u00f3digo- es enf\u00e1tico al prevenir que los incidentes de nulidad no se pueden replantear \u2018sino por hechos de ocurrencia posterior\u2019, salvedad \u00e9sta que no es ciertamente la del caso en an\u00e1lisis\u201d(G. J., t. CXCII, 2\u00ba Semestre, pag.26). <\/p>\n
Las precedentes consideraciones conducen a predicar, en consecuencia, que no se estructur\u00f3 la causal quinta de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues esa fuente s\u00f3lo surge respecto a causales de nulidad \u201cque no se hubiere saneado\u201d, siendo que en este asunto sucedi\u00f3 todo lo contrario. <\/p>\n
4. Acerca de la nulidad que se predica de la sentencia, porque, a juicio de la acusadora, carece de motivaci\u00f3n, es de verse c\u00f3mo en el fallo objeto de la censura no se present\u00f3 esa falta de razonamiento si se advierte que, como la misma acusadora lo admite, el tribunal s\u00ed argument\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 expuesto en el compendio que se hizo de la providencia combatida, con apoyo en los documentos emanados de Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A., visibles a folios 6 a 38 del cuaderno 1, y en los testimonios de Benjam\u00edn Amador Vega y Mary Estela Garc\u00eda de Biava, el tribunal encontr\u00f3 probado el negocio a trav\u00e9s del cual la demandante se oblig\u00f3 a elaborar para la demandada unos anteproyectos y proyectos arquitect\u00f3nicos, pues de tales medios se patentizaban, dijo, los trabajos que efectu\u00f3 aqu\u00e9lla por cuenta y a favor de \u00e9sta; con soporte en esos elementos de certeza fue como asegur\u00f3 hallarse demostrado que Transportes R\u00e1pido Ochoa S. A., en diciembre de 1987, recibi\u00f3 una factura por $20\u2019337.594,42, respecto de la cual le abon\u00f3 a la actora \u00fanicamente $2\u2019768.977. <\/p>\n
Basta entonces ver ese espec\u00edfico contenido para comprender que el fallo, aunque ciertamente no es abundante en sus consideraciones, esto es, que as\u00ed no haya sido motivado a espacio y en la extensi\u00f3n que la casacionista reclama, s\u00ed contiene la exposici\u00f3n de las razones que llevaron al sentenciador a adoptar la decisi\u00f3n de la que aqu\u00e9lla se duele; ello es tan evidente que la propia impugnadora deja al descubierto que la sentencia aparece fundamentada, al punto que no s\u00f3lo transcribe algunos de sus razonamientos sino que los califica de escasos, o de contener meras referencias gen\u00e9ricas, o de haber dicho que los testimonios eran concordantes y certeros, todo lo cual pone de manifiesto que s\u00ed hubo sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Resulta as\u00ed que la acusaci\u00f3n, consistente en que la sentencia recurrida carece de motivaci\u00f3n, no es cierta, pues, como viene de verse, dicha omisi\u00f3n no tuvo lugar en la medida en que ella s\u00ed contiene la exposici\u00f3n de los argumentos que sustentaron la decisi\u00f3n; desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acusa al fallo de quebrantar, en forma indirecta, \u201clas normas sustantivas aplicadas en la parte resolutiva\u201d, por error de derecho, como consecuencia de haber dado por probados, a trav\u00e9s de las pruebas a las que les faltaban los \u201crequisitos para su aducci\u00f3n v\u00e1lida y eficaz al proceso\u201d, los presupuestos f\u00e1cticos de tales preceptos. <\/p>\n
1. Aduce que el ad-quem, al dar por reconocidos por la demandada los documentos allegados con el libelo, olvid\u00f3 que aqu\u00e9lla compareci\u00f3 al proceso, en forma directa, apenas cuando se tramitaba la segunda instancia, pues antes estuvo representada por el curador que se le hab\u00eda designado, motivo por el cual, para propiciar el reconocimiento de tales pruebas, a la actora no le bastaba aportarlas sino que deb\u00eda demostrar por otros medios su autenticidad, con mayor raz\u00f3n si el art\u00edculo 46 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le proh\u00edbe al aludido auxiliar de la justicia disponer de los derechos de su representado; es decir, que la confesi\u00f3n y el reconocimiento son actos procesales reservados a la parte misma. <\/p>\n
A\u00f1ade la recurrente que el fallador err\u00f3 en la valoraci\u00f3n de los documentos que obran a folios 6, 7, 8 y 28 del cuaderno 1, en relaci\u00f3n con los cuales se afirm\u00f3 que estaban suscritos por el representante de la demandada, toda vez que, al no haber sido reconocidos, no alcanzaron a ser aut\u00e9nticos, incurriendo as\u00ed en yerro de derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego de transcribir los art\u00edculos 59 del C\u00f3digo de Comercio y 271 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sostiene la censora que la demandante no mencion\u00f3 que los documentos visibles a folios 9 a 27 y 33 a 37 del cuaderno 1, que ella misma produjo, se encontraran \u201cvalidados en su eficacia probatoria contra la parte demandada\u201d ya que \u201cdicha prueba ni siquiera se solicit\u00f3\u201d; por este aspecto, prosigue, la aducci\u00f3n de esos papeles no se ci\u00f1\u00f3 a las exigencias impuestas por tales preceptos. <\/p>\n
3. A vuelta de afirmar que en la sentencia acusada \u201cno se hizo referencia alguna a las normas sustantivas protectoras de las pretensiones aducidas\u201d, de se\u00f1alar que en la demanda iniciadora del litigio se invocaron como mandatos sustantivos los relacionados \u201cen el libro IV, t\u00edtulo I, art\u00edculo 1494 y ss. del C. Civil, T\u00edtulo XII, art\u00edculo 1602 y ss. del C. Civil\u201d, de manifestar que en el fallo \u201cde primer grado\u201d se mencionaron \u201clos art\u00edculos 1494, 1502 y 1602\u201d del mismo c\u00f3digo, y de predicar que no se adujeron preceptos sustantivos referentes al \u201ccontrato espec\u00edfico objeto de la litis, o sea seg\u00fan se colige de los hechos, el de prestaci\u00f3n de servicios para la realizaci\u00f3n de anteproyectos y proyectos para la construcci\u00f3n\u201d, previsto en los art\u00edculos \u201c2063 a 2069 … 2054, 20555, 2056 y 12059\u201d, asevera la casacionista que se violaron, por aplicaci\u00f3n indebida, las normas sustanciales que regulan dicho contrato, toda vez que se lo dio por probado \u201ccon fundamento en prueba documental a la cual faltaron requisitos para su aducci\u00f3n v\u00e1lida y eficaz al proceso\u201d, incurri\u00e9ndose en \u201cviolaci\u00f3n indirecta por error en derecho\u201d(fl.26), por cuanto de ese modo se quebrantaron los art\u00edculos 46, 174, 177, 251, 252, 271, 276 y 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y 59 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
4. Comenta la acusadora, adicionalmente, que los testimonios de Benjam\u00edn Amador Vega y Mar\u00eda Estela Garc\u00eda de Biava no prueban el contrato por cuanto apenas dan cuenta de unos trabajos realizados por la demandante, sin mencionar la \u00e9poca, objeto, alcance y precio del negocio. <\/p>\n
5. Solicita entonces casar la sentencia impugnada por haber incurrido el juzgador en \u201cviolaci\u00f3n de las normas sustantivas aplicadas en la parte resolutiva de dicho fallo, en forma indirecta por error en derecho\u201d(fl.27). <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como el inciso segundo del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil tiene dispuesto que la violaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial tambi\u00e9n puede ocurrir como consecuencia de un yerro de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de determinada prueba o por error de derecho por quebranto de una norma probatoria, es palmario que cada una de tales falencias tiene sus propios perfiles absolutamente definidos que, por lo mismo, diferencian la acusaci\u00f3n que deba proponerse invocando una de ellas de la que pudiera plantearse con base en la otra, pues en tanto que el dislate f\u00e1ctico tiene lugar cuando el juez de segundo grado da por establecido un hecho sin que exista prueba del mismo \u2013suposici\u00f3n-, o no lo da por evidenciado no obstante obrar en el proceso probanza id\u00f3nea de \u00e9l -preterici\u00f3n-, el yerro de jure se tipifica en aquellos eventos en que pese a haber examinado la prueba en su materialidad exacta, quebranta las pautas de disciplina probatoria que regulan su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o apreciaci\u00f3n; es decir, que mientras \u201cel de hecho ata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho, el error de derecho parte de la presencia indiscutible de la probanza en autos y concierne al m\u00e9rito legal que el juzgador le atribuye o le niega, en contravenci\u00f3n a los preceptos de la ley sobre pruebas\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.313). <\/p>\n
Ha de notarse c\u00f3mo la impugnadora en la presentaci\u00f3n del cargo se que analiza incurre en un evidente defecto t\u00e9cnico, pues no obstante que dice atribuirle al juzgador la comisi\u00f3n de yerro de derecho alrededor de los testimonios de Benjam\u00edn Amador Vega y Mar\u00eda Estela Garc\u00eda de Biava, lo que en realidad hace es achacarle un error de hecho, al cuestionarlo por la ponderaci\u00f3n objetiva efectuada sobre tales elementos de certeza y no, como tendr\u00eda que ser, acorde con el sendero escogido, por haber quebrantado, en torno de tales medios, las pautas de disciplina probatoria que regulan su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica y eficacia, por cuanto escasamente adujo que ellas no probaban el contrato, toda vez que apenas daban cuenta de unos trabajos realizados por la actora, sin que mencionaran la \u00e9poca, objeto, alcance y precio del negocio. <\/p>\n
2. Ahora, concebida la cr\u00edtica atinente a los testimonios como yerro de facto, acontece que ella, en todo caso, tampoco satisface las exigencias de orden t\u00e9cnico legalmente previstas, toda vez que desatiende la carga de parangonar lo que cada una de esas declaraciones expresa con lo que de las mismas dijo o debi\u00f3 concluir el tribunal, como quiera que la argumentaci\u00f3n expuesta a este respecto se circunscribi\u00f3 a los aspectos acabados de citar, sin que ni siquiera transcribiera o extractara aquellos pasajes de sus exposiciones que fueran indicativos de las falencias en que pudo incurrir el sentenciador en torno de la valoraci\u00f3n de esos medios. <\/p>\n
A este respecto ha de insistirse que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n tiene suficientemente definido que como es el casacionista a quien le corresponde la carga de evidenciar, en el caso concreto de la causal primera, por yerros de facto o de jure, el desatino cometido por el sentenciador en la valoraci\u00f3n probatoria, le compete adelantar la tarea de confrontar lo que ciertamente surge de los elementos de convicci\u00f3n con la conclusi\u00f3n que de ellos aqu\u00e9l sac\u00f3, pues \u00fanicamente de esa manera podr\u00e1 la Corporaci\u00f3n, dentro del contexto de la acusaci\u00f3n, establecer si se present\u00f3 el desacierto con caracter\u00edsticas de protuberante, tal cual se exige, toda vez que, en trat\u00e1ndose de un ataque por errores de esta especie, el recurrente, \u201cen su gesti\u00f3n de demostrar los yerros del juzgador, no puede quedarse apenas en su enunciaci\u00f3n sino que debe se\u00f1alarlos en forma concreta y espec\u00edfica, en orden a lo cual tendr\u00e1 que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoraci\u00f3n probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por m\u00e1s razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debi\u00f3 ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una cr\u00edtica al fallo sino apenas un alegato de instancia\u201d(sentencia n\u00famero 056 de 8 de abril de 2005, exp.#7730). <\/p>\n
Y como el ad-quem, tal cual se vio al hacer el compendio de la sentencia, adopt\u00f3 la decisi\u00f3n con fundamento no solamente en la prueba documental sino tambi\u00e9n en la testimonial acabada de referir, al pasar indemne en casaci\u00f3n el fallo en lo tocante con la ponderaci\u00f3n efectuada de tales elementos de certeza, ha de seguirse que los yerros denunciados en el cargo alrededor de los aludidos documentos, de existir, no tendr\u00edan la virtualidad para arrebatarle al fallo atacado la presunci\u00f3n de acierto que lo sigue respaldando, por lo que tales reproches devendr\u00edan intrascendentes habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada en la providencia criticada se sigue manteniendo en ese soporte probatorio no derribado, haciendo imposible su aniquilamiento. <\/p>\n
3. Al margen de las consideraciones precedentes, de por s\u00ed suficientes para dar al traste con la acusaci\u00f3n que se analiza, es sabido que la tarea fundamental del impugnador, en trat\u00e1ndose de la causal primera del art\u00edculo 368 citado, debe encaminarse a acreditar cabalmente la infracci\u00f3n de una norma de derecho sustancial que haya constituido, o debido constituir, base esencial del fallo, yerro este al que puede arribarse, como lo dispone la ley, de manera directa o de modo indirecto, en este \u00faltimo evento ya sea por error de hecho ora de derecho. <\/p>\n
Por la manera como esta concebido este motivo de casaci\u00f3n, es n\u00edtido que el mayor esfuerzo del recurrente ha de enfocarse al se\u00f1alamiento de los preceptos materiales respectivos, a la explicaci\u00f3n de la forma como se vulneraron, as\u00ed como al establecimiento de la incidencia decisoria del yerro, premisa esta que se erige, por obvias razones, como directriz cardinal de dicha causal, con independencia de la senda que dentro de ella se escoja para encauzar la arremetida; de suerte que cuando se trata de un ataque por v\u00eda indirecta, a m\u00e1s de la demostraci\u00f3n de los desatinos probatorios que sirven como medio -de hecho o de derecho-, en \u00faltimas el recurrente debe acreditar que dichas equivocaciones dieron lugar a una vulneraci\u00f3n relevante de normas de derecho sustancial, que es lo que apareja el \u00e9xito del ataque extraordinario. <\/p>\n
Resulta claro, entonces, que el impugnador no puede montar el andamiaje de una acusaci\u00f3n sobre la base de la comisi\u00f3n de un error de hecho o de derecho y quedarse all\u00ed, sin la exposici\u00f3n de los argumentos que demuestren que dicho yerro fue el conducto para la infracci\u00f3n del derecho material, pues ello ser\u00eda tanto como lanzar un ataque al vac\u00edo, sin una direcci\u00f3n predeterminada, o con un destino incierto. <\/p>\n
Al examinar el cargo en toda su dimensi\u00f3n encuentra la Corte c\u00f3mo la recurrente, en la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, incurre en el desconocimiento de las reglas que se acaban de exponer, pues se dedic\u00f3 a endilgarle al tribunal la violaci\u00f3n de varias normas de disciplina probatoria, concretamente de los art\u00edculos 46, 174, 177, 251, 252, 271, 276 y 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 59 del C\u00f3digo de Comercio, mas dej\u00f3 de sustentar, en forma clara y precisa, la manera como tales errores hab\u00edan repercutido en la infracci\u00f3n de los preceptos de derecho material, pues, luego se\u00f1alar los art\u00edculos 1494, 1502, 1602, 2054, 2055, 2056, 2059, 2063 a 2069 del C\u00f3digo Civil, escasamente adujo que se dio por probada la especie negocial que all\u00ed refiere \u201ccon fundamento en prueba documental a la cual faltaron requisitos para su aducci\u00f3n v\u00e1lida y eficaz al proceso\u201d, sin explicar la manera como pudo configurarse la vulneraci\u00f3n de cada uno de ellos ni se\u00f1alar la influencia que el susodicho error habr\u00eda tenido en el sentido definitivo de la providencia; es decir que la acusadora se circunscribi\u00f3 a citar tales preceptos sustray\u00e9ndose de exponer la forma y modo en que supuestamente se quebrantaron, como si ellos se explicaran por s\u00ed mismos, siendo que ello era una responsabilidad privativa suya. <\/p>\n
<\/p>\n
Es claro que la censura no pas\u00f3 del desarrollo de una censura eminentemente probatoria, que, en su opini\u00f3n, obrar\u00eda como medio, mas omiti\u00f3 totalmente la sustentaci\u00f3n de la manera como, a trav\u00e9s de dichos yerros, se habr\u00eda vulnerado indirectamente el derecho sustancial. Aflora palmario que un simple enunciado normativo, como el propuesto en el cargo que se despacha, no tiene la suficiente entidad para consider\u00e1rselo como un reproche extraordinario id\u00f3nea, para que pudiera ser examinado por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por consiguiente, no prospera el cargo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de mayo de 1999, pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-361-2005 [8484] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 8484. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83184","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83184"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83184\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}