SC-362-2005 [1749]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 1749. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las demandadas contra la sentencia de 14 de octubre de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro del proceso ordinario promovido por Nahim Ahmar Hallak frente a Beatriz Amanda Moreno Rinc\u00f3n, Nohora Consuelo Ibarra Ibarra, Adriana Cristina Carvajal Paipa, Nelly Josefa Carvajal Paipa, Ruth Stella Carvajal Paipa, Eucaris Torrado de Villamizar y Gloria S\u00e1enz de Carvajal. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante solicit\u00f3, principalmente, declarar que el contrato por medio del cual Luz Rosario Castellanos de Jaimes, en nombre y representaci\u00f3n del actor, enajen\u00f3 a favor de las demandadas el predio descrito en la demanda, contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 386 de 15 de septiembre de 1995, de la notar\u00eda \u00fanica de Chin\u00e1cota, era nulo, de nulidad absoluta, por tratarse de una permuta y no de una compraventa; y para el evento que a ello no se accediera, pidi\u00f3 que se declarara rescindido, por lesi\u00f3n enorme, dicho negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Esas pretensiones principales y subsidiarias comprenden peticiones expresas relativas a que se dispusiera, como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de ellas, lo pertinente a las restituciones mutuas, la cancelaci\u00f3n del mencionado t\u00edtulo y la inscripci\u00f3n del fallo respectivo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) El actor, bajo enga\u00f1o, confiri\u00f3 poder especial a Luz Rosario Castellanos de Jaimes a fin de que enajenara el inmueble denominado \u201cEl Para\u00edso\u201d, ubicado en la fracci\u00f3n de \u201cChitacomar\u201d del municipio de Chin\u00e1cota, Norte de Santander, de su propiedad. <\/p>\n
b) En ejercicio de ese mandato la aludida procuradora, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 386 de 15 de septiembre de 1995, de la notar\u00eda \u00fanica de la citada localidad, transfiri\u00f3 a favor de la contraparte el referido predio por la suma de $7\u00b4000.000, aunque las compradoras, ante la Fiscal\u00eda de Pamplona, declararon que el precio real de ese contrato fue de $30\u00b4000.000, que pagaron as\u00ed: $17\u00b4500.000 representados en dos veh\u00edculos automotores, $8\u00b4500.000 entregados en efectivo al momento de su otorgamiento y $4\u00b4000.000 mediante dos letras de cambio suscritas por las deudoras. <\/p>\n
c) Aquella mandataria celebr\u00f3 all\u00ed un negocio de permuta, pese a que el referido poder le fue conferido \u00fanicamente para vender, raz\u00f3n por la que dicho acto careci\u00f3 de validez, pues al convenirlo ella excedi\u00f3 los l\u00edmites del mandato. <\/p>\n
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d) Pese a que conocieron el contenido del susodicho poder, las opositoras aceptaron esa permuta, aunque identificaron el acuerdo como una compraventa; dado que la mentada mandataria se extralimit\u00f3 en las facultades que le fueron conferidas, el referido acto bilateral no es v\u00e1lido. <\/p>\n
e) El precio all\u00ed pactado fue inferior a la mitad del justo precio del bien permutado, raz\u00f3n por la que proced\u00eda la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
f) Ahmar Hallak no intervino en la contrataci\u00f3n y tampoco recibi\u00f3 dinero ni los veh\u00edculos por concepto de la contraprestaci\u00f3n del bien enajenado, ya que Luz Rosario \u201cse alz\u00f3 con todo\u201d, a ra\u00edz de lo cual est\u00e1 siendo investigada por estafa. <\/p>\n
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3. Notificadas los demandadas, contestaron el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; frente a los hechos, tras admitir el relativo al poder otorgado, dijeron no constarles lo del enga\u00f1o, con la aclaraci\u00f3n consistente en que la cantidad real del negocio fue de $30\u00b4000.000 y no de $7\u2019000.000; agregaron que los automotores hicieron parte del pago y no del precio del contrato, pues Luz Rosario Castellanos los compr\u00f3 en el convenio que ajust\u00f3 con Sabas y Edgar Carvajal Paipa, bajo condici\u00f3n de que la suma al respecto acordada fuera pagada por las opositoras a \u00e9stos, como efectivamente lo hicieron; expresaron, asimismo, que el pacto no fue permuta sino compraventa, pues la contraprestaci\u00f3n se determin\u00f3 en dinero; negaron que el importe verdadero hubiera sido inferior a la mitad del justiprecio. <\/p>\n
Propusieron las excepciones que denominaron como \u201cinexistencia de la nulidad\u201d, \u201cinexistencia de la lesi\u00f3n enorme\u201d e \u201cinexistencia de causa de la acci\u00f3n\u201d, fundadas, por un lado, en que como el arreglo se ajust\u00f3 a las disposiciones legales y el costo realmente pagado no era lesivo, teniendo en cuenta que la suma recibida no fue inferior a la mitad de su valor justo, no se produjo nulidad alguna ni lesi\u00f3n enorme; y, por otro, en que como las s\u00faplicas se apoyaron en el hecho de haber abusado Luz Rosario de la confianza de su mandante al no rendirle las respectivas cuentas, Nahim Ahmar se equivoc\u00f3 de acci\u00f3n, pues esa situaci\u00f3n no era culpa de la contraparte. <\/p>\n
4. Por sentencia de 10 de junio de 1999 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona culmin\u00f3 la primera instancia, en la que desestim\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el promotor del proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, mediante fallo de 14 de octubre de 1999, revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, acogi\u00f3 la s\u00faplica rescisoria por lesi\u00f3n enorme, le concedi\u00f3 a las compradoras la opci\u00f3n de completar el justo precio mediante el pago de $24\u2019292.155, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria, con deducci\u00f3n del 10%, declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n al primer dictamen pericial y acept\u00f3 el segundo, orden\u00f3 al actor que le pagara a aqu\u00e9llas $2\u2019010.000 por concepto de mejoras y les devolviera la suma de $7\u2019000.000, junto con intereses legales, m\u00e1s $105.000 por gastos de administraci\u00f3n del predio. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Empez\u00f3 el tribunal sosteniendo que no pod\u00eda acceder a las pretensiones principales, toda vez que el fundamento f\u00e1ctico esgrimido a su alrededor, consistente en que la mandataria excedi\u00f3 las facultades que el actor le confiri\u00f3 por cuanto ajust\u00f3 una permuta pese a que el mandato le fue otorgado para que celebrara una compraventa, no apuntaba a estructurar la invalidez del acto sino su ineficacia frente al actor, de consider\u00e1rselo como tercero respecto del negocio. Teniendo en cuenta que este \u00faltimo evento engendraba la inoponibilidad del contrato, que dicho fen\u00f3meno y la nulidad eran diferentes, aunque comprendidos dentro del concepto general de ineficacia, y que aqu\u00e9lla no fue la declaraci\u00f3n solicitada, deb\u00eda desestimar las mentadas s\u00faplicas. <\/p>\n
No sin antes insistir en que no hab\u00eda lugar a predicar la invalidez del negocio materia de controversia, ya que el mismo, aunque pudiera resultar inoponible al actor, segu\u00eda siendo v\u00e1lido, desde otra perspectiva hizo ver el fallador que si bien, por la causa enantes aludida, pod\u00eda \u201cinterpretarse el verdadero alcance del petitum\u201d en el sentido de que trasluc\u00eda una \u201csimulaci\u00f3n relativa\u201d, sin embargo nada pod\u00eda hacer sobre el particular, puesto que lo pedido fue la declaraci\u00f3n de la nulidad absoluta, y resultaba que ella era distinta de la simulaci\u00f3n. \u201cEsa deficiencia, que no puede ser superada por el sentenciador, conduce al traste de la pretensi\u00f3n incoada\u201d. <\/p>\n
2. En orden a desatar lo atinente a la s\u00faplica subsidiaria, el tribunal precis\u00f3 c\u00f3mo en este asunto interesaba definir si las partes hab\u00edan contratado por debajo de la mitad o por encima del doble del justo precio de la cosa objeto de la convenci\u00f3n, a fin de establecer si la pretensi\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme estaba llamada a prosperar, punto a partir del cual transcribi\u00f3 los art\u00edculos 1946 y 1949 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Tras aludir a lo que dijeron las demandadas acerca del valor del negocio, afirm\u00f3 el ad-quem que el juicio del a-quo no correspond\u00eda a lo que emerg\u00eda de las probanzas, pues fueron precisamente aqu\u00e9llas quienes negaron, por un lado, que el contrato hubiera sido de permuta y, por el otro, que los veh\u00edculos involucrados se entregaron \u201ccomo parte del precio\u201d de la compraventa del bien ra\u00edz; esas negaciones, prosigui\u00f3 el sentenciador, fueron corroboradas por un testimonio. <\/p>\n
4. Recalc\u00f3 el fallador que no pasaba por alto c\u00f3mo en la demanda y en los alegatos de primera y segunda instancia se quiso hacer ver que la suma pagada por las demandadas fue de $30\u00b4000.000, pero que eso no era lo que emanaba de las declaraciones de parte ni de la prueba testimonial, donde se evidenciaba que en la contrataci\u00f3n s\u00ed hubo lesi\u00f3n enorme para el demandante. <\/p>\n
A este respecto coment\u00f3 que las opositoras, al ser preguntadas sobre si el acuerdo celebrado con Luz Rosario fue de permuta y no de compraventa, respondieron que de la respectiva escritura claramente se establec\u00eda que hab\u00eda sido el segundo de los aludidos, que no el primero, porque pagaron el precio en dinero efectivo, as\u00ed como declararon que lo tocante con los automotores fue otro convenio que aqu\u00e9lla celebr\u00f3 con personas no vinculadas al del inmueble; se\u00f1al\u00f3, asimismo, que al interrog\u00e1rseles sobre si la entrega de los dos veh\u00edculos form\u00f3 parte del precio, lo negaron, aunque precisaron que ellas tuvieron que pagarle a los due\u00f1os los dineros correspondientes a la venta de los mismos. Agreg\u00f3 el juez de segundo grado que en similar sentido respondi\u00f3 particularmente la demandada Adriana Carvajal, cuando declar\u00f3 que la contraprestaci\u00f3n pactada fue de $30\u00b4000.000 y que el d\u00eda del otorgamiento de la escritura le pagaron a Castellanos de Jaimes $8\u00b4500.000, le entregaron dos letras de cambio por $1\u00b4500.000 y $2\u00b4500.00, pues el saldo se lo cancelaron ellas a los due\u00f1os de dos automotores que por su lado hab\u00edan ajustado un negocio con la nombrada, por cuanto fue eso lo que acordaron con dicha se\u00f1ora. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el sentenciador que lo as\u00ed aseverado por la contraparte se reforzaba con lo declarado por el testigo Edgar Augusto Carvajal Paipa, en cuanto dijo que uno fue el arreglo sobre el fundo ajustado por Luz Rosario con aqu\u00e9llas y otros los relativos a la venta de los automotores que \u00e9l y Sabas Carvajal Paipa hicieron a favor de Castellanos de Jaimes, y que, en relaci\u00f3n con el pago del precio de estas dos \u00faltimas enajenaciones, con esa mandataria acordaron que, en lugar de que la misma les entregara a ellos el importe respectivo, fueran las demandadas quienes, con parte de los dineros de la venta del predio, le entregaran a los vendedores la suma de la transferencia de los veh\u00edculos, como as\u00ed sucedi\u00f3. <\/p>\n
5. Precisado que fueron dos los negocios jur\u00eddicos de compraventa, independientes y distintos, como que la cantidad fijada en el de los veh\u00edculos no form\u00f3 parte del precio del contrato del inmueble, seguidamente expres\u00f3 el tribunal que as\u00ed quedaba evidenciado que el monto pagado por la enajenaci\u00f3n de \u00e9ste fue el que se hizo figurar en la respectiva escritura, pues la prueba de confesi\u00f3n surgida de los interrogatorios, \u201cen cuanto a la forma de pago del precio del bien ra\u00edz, de haber cancelado en efectivo la suma\u201d de $12\u2019500.000, no ten\u00eda \u201cprevalencia sobre el instrumento p\u00fablico, m\u00e1xime cuando al demandante\u201d no pod\u00eda \u201copon\u00e9rsele el pacto privado que entre mandataria y las compradoras pudo haber existido y que se celebr\u00f3 como un negocio diferente y no como una convenci\u00f3n de pago del precio\u201d. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que aunque no pasaba por alto que la confesi\u00f3n no pod\u00eda dividirse aceptando lo desfavorable y desechando lo favorable al confesante en aquellas adiciones que guardaran \u00edntima relaci\u00f3n con lo aceptado, lo cierto era que en esta ocasi\u00f3n el hecho confesado no lograba desvirtuarse con otra prueba, ya que si las declaraciones consignadas en la escritura eran las que ten\u00edan valor probatorio ante terceros desde el mismo momento en que dicho acto se inscribi\u00f3 en la oficina de registro, no pod\u00eda \u201cd\u00e1rsele prevalencia al pacto secreto sobre el documento\u201d. <\/p>\n
6. Remat\u00f3 se\u00f1alando que como el valor de la enajenaci\u00f3n del bien ra\u00edz, pactado en $7\u00b4000.000, resultaba inferior a la mitad del precio justo del mismo, el cual fue avaluado en $33\u00b4292.155, seg\u00fan la experticia practicada como prueba de la objeci\u00f3n formulada al primer trabajo pericial, se hab\u00eda presentado lesi\u00f3n enorme para el vendedor, cual lo declar\u00f3. <\/p>\n
Expuso, finalmente, que no acog\u00eda el primer dictamen porque sus autores all\u00ed no ofrecieron los fundamentos que les hubiera servido de base para predicar que para el 15 de septiembre de 1995 la cosa ten\u00eda un aval\u00fao de $65\u00b4000.000 ni indicaron cu\u00e1l era el justiprecio del terreno y el de la construcci\u00f3n existente para entonces. Acogi\u00f3 as\u00ed aquella otra pericia al estimar que era clara en los aspectos que incid\u00edan en la valoraci\u00f3n de una finca. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro cargos proponen las opositoras contra el fallo combatido: tres con respaldo en la causal primera y uno con apoyo en el motivo segundo de casaci\u00f3n. De ellos, el tercero y el cuarto se formulan ad-cautelam, es decir, para que la Corte los resolviera \u00fanicamente en el supuesto de que no encontrara pr\u00f3spero ninguno de los dos primeros. La Sala resolver\u00e1 por adelantado el cargo segundo, donde se denuncia un yerro in procedendo; seguidamente abordar\u00e1 el estudio del primero, en el que se delata un error in judicando, porque, al estar llamado a prosperar, como en efecto lo est\u00e1, provoca el quiebre parcial del fallo atacado y la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acusa la sentencia de ser incongruente, por m\u00ednima petita, al considerar que, luego de revocar la decisi\u00f3n absolutoria de primera instancia, en su parte resolutiva acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n subsidiaria sin antes decidir la principal. <\/p>\n
1. Expone, en efecto, que como era deber del juez respetar el cuadro trazado en la instancia por los litigantes, \u00e9l no pod\u00eda sorprenderlos con la trasgresi\u00f3n de esos l\u00edmites, ya que, de hacerlo, quebrantar\u00eda la norma legal de orden p\u00fablico e inmodificable que se los demarca. De este principio, que emana del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, surge como consecuencia que el sentenciador, al proferir el fallo, debe decidir dentro del espacio y el orden que le determina el actor en la demanda y el demandado en la contestaci\u00f3n; de all\u00ed que la congruencia se contrae a la necesidad de que la aludida decisi\u00f3n se encuentre en consonancia con las pretensiones propuestas por aqu\u00e9l en el libelo o en las dem\u00e1s oportunidades que la ley le ofrece y con las excepciones que, invocadas por \u00e9ste, aparezcan probadas. Resultar\u00e1 entonces lesionado el inter\u00e9s jur\u00eddico de los litigantes en los eventos en que el sentenciador proceda de manera contraria, bien por exceso de poder o ya por defecto. <\/p>\n
Sostienen las impugnadoras que la falta de correspondencia entre la resoluci\u00f3n de la sentencia y las peticiones de las partes, es lo que autoriza la casaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n as\u00ed proferida, cuando \u00e9sta es incongruente, entre otros eventos, por m\u00ednima petita, fen\u00f3meno que tiene lugar cuando se deja de decidir sobre alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas. <\/p>\n
2. Este yerro, prosigue la censura, es el que presenta la providencia recurrida, habida consideraci\u00f3n que en su parte resolutiva, despu\u00e9s de disponer la revocatoria del fallo denegatorio de las pretensiones y sin reemplazar la decisi\u00f3n correspondiente a la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica 386 de 15 de septiembre de 1995 y del contrato en ella vertido, suplicada como principal, el tribunal acogi\u00f3 la petici\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme, que se hab\u00eda propuesto como subsidiaria. <\/p>\n
A\u00f1aden que pese a que en las consideraciones advirti\u00f3 dicha acumulaci\u00f3n y el car\u00e1cter que el promotor del proceso le imprimi\u00f3 a la misma, en la parte resolutiva del fallo, luego de infirmar la absoluci\u00f3n del de primer grado, el ad-quem declar\u00f3 la rescisi\u00f3n suplicada subsidiariamente, omitiendo decidir la nulidad deprecada como principal. Al cotejar, pues, lo pedido en el acto introductorio con lo resuelto en la sentencia, espec\u00edficamente en el orden propuesto alrededor de las s\u00faplicas, aflora un \u201cerror que por su imponente inmensidad adquiere perfiles de aberraci\u00f3n jur\u00eddica y reclama, por ende, su pronta reparaci\u00f3n\u201d(fl.40). <\/p>\n
3. Entre las diversas acumulaciones legalmente existentes se encuentra la subsidiaria, que tiene lugar, dicen las censoras, cuando el actor propone una pretensi\u00f3n para el caso de que otra, aducida como principal, fuera desestimada, por lo que si se acoge \u00e9sta no podr\u00e1 analizarse ni resolverse la subsidiaria, la cual se debe decidir \u00fanicamente en la hip\u00f3tesis en que aqu\u00e9lla sea desestimada. <\/p>\n
Como la clase de acumulaci\u00f3n le impone al juzgador un determinado comportamiento a la hora de fallar, en trat\u00e1ndose de la subsidiaria el fallo resultar\u00e1 incongruente, por m\u00ednima petita, si en su parte resolutiva aqu\u00e9l omite decidir la pretensi\u00f3n principal y se pronuncia positivamente sobre la propuesta en subsidio; a\u00f1aden que la decisi\u00f3n desestimatoria de la s\u00faplica principal debe estar expresamente contenida en la parte dispositiva de la sentencia, ya que es en \u00e9sta y no en la motiva donde se encuentra la soluci\u00f3n del conflicto, pues s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 el juez resolver la subsidiaria. <\/p>\n
4. A vuelta de sostener que conforme a la jurisprudencia de la Corte cuando un tribunal revoca la sentencia del a-quo, sin sustituirla, la decisi\u00f3n que adopte es incompleta, aducen las casacionistas que si bien es verdad en este asunto, luego de revocarlo, el sentenciador sustituy\u00f3 el fallo apelado, no lo es menos que fue solamente en lo concerniente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, por cuanto dej\u00f3 insoluta la decisi\u00f3n sobre la nulidad contractual. <\/p>\n
Aducen las recurrentes no desconocer la doctrina relativa a las resoluciones impl\u00edcitas de un fallo, seg\u00fan la cual no existe incongruencia cuando las excepciones propuestas no se deciden expresamente en la parte resolutiva pero s\u00ed se hace referencia y alusi\u00f3n a ellas en la parte motiva, s\u00f3lo que todas las providencias de esta Corporaci\u00f3n al respecto concretan dicha tesis al tema de las excepciones, es decir, que no la extienden a las pretensiones, como quiera que \u00e9stas debe tener pronunciamiento expreso en el apartado resolutivo del fallo. Para el caso de las s\u00faplicas \u201cno puede aceptarse la teor\u00eda de las resoluciones t\u00e1citas por cuanto, por ubicarse en la parte expositiva del fallo, carecen de fuerza vinculante para las partes; en rigor de verdad semejante alusi\u00f3n o referencia impl\u00edcita deja sin definici\u00f3n completa el litigio\u201d(fl.43). <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como se aprecia, la tem\u00e1tica que envuelve la acusaci\u00f3n que se analiza radica en el hecho de que, seg\u00fan las censoras, el tribunal, estando obligado a resolver por adelantado la pretensi\u00f3n de nulidad del contrato, propuesta como principal, no lo hizo, como que entr\u00f3 derecho a decidir la s\u00faplica formulada como subsidiaria, incurriendo as\u00ed en incongruencia, por cuanto de esa manera dej\u00f3 de definir aquella rogativa principal. <\/p>\n
2. Ha de observarse a este respecto que si bien es cierto el tribunal omiti\u00f3 hacer pronunciamiento expreso en la parte resolutiva de la sentencia acusada acerca de la nulidad del contrato, propuesta como pretensi\u00f3n principal, como que en ese apartado circunscribi\u00f3 su actividad a resolver lo relacionada con la lesi\u00f3n enorme, planteada como s\u00faplica subsidiaria, no lo es menos que, en todo caso, la incongruencia predicada no tuvo suceso, conforme pasa a verse. <\/p>\n
3. En efecto, como desde antiguo lo tiene dicho la Sala, al ser la sentencia una unidad compuesta por su parte motiva y resolutiva, la circunstancia de que en un determinado fallo en \u00e9sta se omita pronunciamiento sobre algunos de los temas litigiosos, no por ello aflora la incongruencia si, en todo caso, en aqu\u00e9lla aparecen resueltas absolutamente todas las pretensiones y excepciones propuestas. Como \u201cla parte motiva forma un todo con la parte resolutiva\u201d, por cuanto \u201caqu\u00e9lla es \u2018como el alma y nervio de la sentencia\u2019\u201d, es evidente que \u201cla decisi\u00f3n puede hallarse en una y otra parte, pues no depende de la forma ni del lugar que le haya correspondido\u201d; en suma, habida consideraci\u00f3n que \u201cla decisi\u00f3n y los motivos\u201d constituyen \u201cuna sola estructura, ya que \u00e9stos no pueden faltar en la sentencia, por imperativo mandato constitucional y legal, es bastante obvio que la inmutabilidad de la sentencia puede comprender no s\u00f3lo la resoluci\u00f3n del fondo, sino tambi\u00e9n los motivos o fundamentos de ella\u201d(G. J., t. CC, pag.226). <\/p>\n
6. Tocante ahora con los errores de hecho, es de observarse que una irregularidad de esa \u00edndole surge en la suposici\u00f3n o en la preterici\u00f3n de la prueba; incurrir\u00e1 en lo primero el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y lo pretermite cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa; este dislate \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.313). Denunciada una o todas de las anteriores posibilidades, el recurrente debe demostrar que la falencia endilgada es evidente, manifiesta, que salta a la vista y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada, de tal suerte que de no haberse incurrido en esa sinraz\u00f3n otra hubiera sido la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Y con referencia a aquellos eventos en que el juzgador pretermite adoptar expresa resoluci\u00f3n en la parte decisoria del fallo sobre alguna de las pretensiones propuestas, tambi\u00e9n ha expuesto la Corte que es perfectamente posible \u201cque no obstante haberse considerado determinado tema en la parte motiva del fallo, \u00e9ste sea omitido en la que formalmente se entiende como parte resolutiva, sin que tal circunstancia comporte una ausencia de decisi\u00f3n\u201d, por cuanto es palmario \u201cque si la sentencia es un todo constituido por la parte motiva y la resolutiva, las cuales conforman una unidad inescindible, la ratio decidendi y por ende la fuerza vinculante de la misma, debe verificarse en lo que l\u00f3gicamente, no formalmente, se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte motiva o considerativa\u201d(sentencia n\u00famero 139 de 25 de agosto de 2000, exp.#5377). <\/p>\n
4. Pues bien, como se anticip\u00f3, en este asunto aconteci\u00f3 que el tribunal, en la parte resolutiva del fallo combatido absolutamente nada expres\u00f3 acerca de la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato, propuesta por el demandante como pretensi\u00f3n principal. Sin embargo, dicho silencio en ese espec\u00edfico apartado de la sentencia no necesariamente conduce a sostener que el ad-quem se sustrajo de definir la suerte de esa puntual petici\u00f3n del acto introductorio del proceso, pues ocurre que en la parte expositiva de la providencia se encuentra, sin ning\u00fan asomo de duda, que la misma no s\u00f3lo fue valorada sino que qued\u00f3 resuelta en la medida en que all\u00ed aqu\u00e9l, a vuelta de precisar que a trav\u00e9s de la pretensi\u00f3n principal se aspiraba a la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato con apoyo en un aspecto f\u00e1ctico que era propio de la inoponibilidad, concluy\u00f3 en que, siendo una y otra diferentes especies de ineficacia, deb\u00eda desestimar la nulidad deprecada por cuanto el contrato, \u201caunque inoponible al actor\u201d segu\u00eda \u201csiendo v\u00e1lido\u201d. Es palmario que en la motivaci\u00f3n del fallo no solamente se evalu\u00f3 el alcance de la petici\u00f3n sino que all\u00ed el juzgador se\u00f1al\u00f3 en forma expresa que deb\u00eda desestimar las mentadas s\u00faplicas, al hallar que \u201cesa deficiencia\u201d, esto es, la invocaci\u00f3n equivocada de la causa, que no pod\u00eda \u201cser superada por el sentenciador,\u201d daba \u201cal traste de la pretensi\u00f3n incoada\u201d. Como en su momento lo expuso la Corporaci\u00f3n, \u201cno por dejar de reproducir\u201d en la resolutiva \u201clo que indiscutiblemente se expuso en\u201d la motiva \u201cpuede decirse que dej\u00f3 de proveerse sobre un extremo de la litis, pues el silencio en\u201d \u00e9sta \u201ces incuestionable que no lo es en la motivaci\u00f3n y esa manifestaci\u00f3n clara y terminante incide necesariamente en la resolutiva\u201d(sentencia n\u00famero 212 de 12 de junio de 1992, no publicada aun oficialmente). <\/p>\n
Esa puntual argumentaci\u00f3n muestra a las claras que al recaer la atenci\u00f3n del fallador en la naturaleza de la aludida s\u00faplica y al determinar que la misma no sal\u00eda avante porque se fund\u00f3 en hechos que describ\u00edan la inoponibilidad, la cual era un motivo de ineficacia distinto del de nulidad propiamente considerado, tal aspecto, por estar contenido en las consideraciones de la sentencia impugnada, \u201cviene a conformar un todo arm\u00f3nico con la parte resolutiva del fallo, el mismo que, por su integralidad y unicidad, lleva a concluir que ese preciso tema s\u00ed fue punto … de decisi\u00f3n\u201d(sentencia n\u00famero 082 de 23 de agosto de 2004, exp.#7515). Es que para que el cargo por incongruencia por omisi\u00f3n tenga m\u00e9rito, ha dicho la Corte, \u201ctales disconformidades deben ser reales y producto del olvido o inadvertencia del juez, pues mediando alguna decisi\u00f3n, as\u00ed fuere impl\u00edcita o virtual, la sentencia ya no puede ser atacada con fundamento en la causal segunda\u201d(sentencia n\u00famero 031 de 1\u00b0 de marzo de 2001, exp.#6106)\u201d, que es precisamente lo que aqu\u00ed no tuvo lugar, pues, como viene de verse, si hubo resoluci\u00f3n, aunque impl\u00edcita. <\/p>\n
5. Por tanto, el cargo no prospera. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
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Acusa la sentencia de violar, en forma indirecta, los art\u00edculos 1850, 1934, 1946, 1947, 1948, 1955 y 1958 del C\u00f3digo Civil, 178 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 45 y 47 del decreto 960 de 1970, y 2, numerales 1\u00ba y 4\u00ba, 39, 40 y 41 del decreto 1250 del a\u00f1o citado, por aplicaci\u00f3n indebida; y 174, 175, 187, 195, 197, 198, 232, inciso 2\u00ba, y 250 del antedicho C\u00f3digo de Procedimiento, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de yerros de hecho y de derecho cometidos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
1. A vuelta de describir algunas generalidades sobre los actos jur\u00eddicos y la lesi\u00f3n enorme, empiezan las recurrentes por se\u00f1alar que el ad-quem cometi\u00f3 error de derecho por cuanto no acept\u00f3 el dicho de las demandadas, vertido en sus respuestas a las preguntas del interrogatorio a ellas formulado, ni lo declarado por el testigo Edgar Carvajal Paipa, consistente en que la suma realmente acordada por la enajenaci\u00f3n fue de $30\u00b4000.000 y no de $7\u00b4000.000, al estimar que tal aserto defensivo no desvirtuaba la respectiva estipulaci\u00f3n de la escritura. <\/p>\n
2. Acotan las acusadoras que \u201crelativamente a un instrumento p\u00fablico la doctrina ha distinguido su fuerza probatoria y su fuerza obligatoria. Y ha dicho que en cuanto al otorgamiento, la fecha del instrumento y las manifestaciones de las partes, \u00e9ste hace plena prueba tanto respecto de los otorgantes como de terceros, porque son hechos respaldados en la fe p\u00fablica que la ley otorga al notario; pero que en cuanto a la fuerza obligatoria, o eficacia del contrato o la verdad de las declaraciones, s\u00ed no hace fe sino contra las partes o sus causahabientes. Pero que esta fe no puede llevar al extremo de que las partes o sus sucesores no puedan probar contra lo expresado por ellas\u201d en el instrumento p\u00fablico, pues, como lo ha dicho la Corporaci\u00f3n, la presunci\u00f3n de verdad que el legislador le concede a las actos escriturarios puede ser infirmada. <\/p>\n
De modo que, prosigue la censura, cuando el fallador dijo que la confesi\u00f3n que surg\u00eda de los interrogatorios de parte, en cuanto a la forma de pago de aquella cantidad de dinero, no pod\u00eda tener prevalencia sobre el instrumento p\u00fablico, cometi\u00f3 manifiesto desatino de jure, pues con ello exigi\u00f3, para demostrar contra lo que dice el instrumento sobre el particular, un elemento de certeza de igual valor al de \u00e9ste, no obstante que, como lo tiene dicho la doctrina jurisprudencial, para ese prop\u00f3sito se pod\u00edan utilizar los medios de convicci\u00f3n que demostraran la cuant\u00eda realmente convenida, \u201cque bien puede ser la escritura p\u00fablica correspondiente en caso de que aqu\u00e9l sea el precio ostensiblemente pactado; o bien la prueba de la declaraci\u00f3n de parte, documentos privados y tambi\u00e9n las declaraciones de testigos y la prueba indiciaria, que si bien no pueden sustituir la escritura p\u00fablica como solemnidad para la existencia y validez del acto o contrato, no es menos cierto que s\u00ed son id\u00f3neas para la demostraci\u00f3n del precio oculto pactado y pagado\u201d. <\/p>\n
Expresan, adem\u00e1s, que frente a la cl\u00e1usula del precio contenida en el documento que incorpora el acuerdo, el juez de segundo grado le neg\u00f3 m\u00e9rito a las declaraciones que alrededor de ese espec\u00edfico punto hicieron las opositoras al absolver los correspondientes interrogatorios, al igual que a la del testigo Edgar Carvajal, las cuales permit\u00edan predicar que el importe real de la enajenaci\u00f3n fue de $30\u00b4000.000 y no de $7\u00b4000.000. <\/p>\n
Aducen las casacionistas que en el interrogatorio de parte las demandadas, \u201ctodas a una\u201d, se\u00f1alaron, repitiendo as\u00ed lo que expresaron en la contestaci\u00f3n al acto introductorio y en sus alegatos, que fue de compraventa y no de permuta el pacto ajustado; que la cantidad ciertamente acordada no fue la que se indic\u00f3 en ese t\u00edtulo escriturario sino de $30\u00b4000.000; que ellas, como compradoras de la finca, se la cancelaron a la representante del vendedor al encontrarse facultada para recibir los dineros objeto de la venta, pago que realizaron con dineros en efectivo, mediante el giro de unas letras de cambio y $17\u00b4500.000 que le entregaron \u201ca Sabas y Edgar Carvajal Paipa, sus parientes\u201d, quienes le hab\u00edan vendido a aqu\u00e9lla los automotores. Destacan as\u00ed c\u00f3mo ellas declararon que estos bienes no fueron transferidos \u201ccomo parte de pago del dinero restante\u201d pues tuvieron que entregarle a los vendedores de los mismos la cantidad respectiva, es decir, que la suma \u00faltimamente referida ellas se la cancelaron en efectivo a aqu\u00e9llos \u201cque hab\u00edan hecho un negocio aparte\u201d con Luz Rosario, ya que eso fue lo que acordaron con \u00e9sta. <\/p>\n
Advierten las censoras c\u00f3mo lo anterior quer\u00eda significar que las demandadas admitieron que el arreglo sobre la finca fue de compraventa y no de permuta, y que la contraprestaci\u00f3n real, de $30\u00b4000.000 y no de $7\u00b4000.000, ellas la cancelaron en la forma explicada y justificada; asimismo, que afirmaron hechos \u201cque no son distintos del confesado sino que, contrariamente, guardan \u00edntima conexi\u00f3n con \u00e9ste, que es la compraventa y su precio real, no s\u00f3lo por su naturaleza sino tambi\u00e9n por el tiempo de su ocurrencia\u201d, hasta el extremo \u201cde formar una unidad jur\u00eddica\u201d, lo que le daba \u201ca esas declaraciones de parte car\u00e1cter de confesi\u00f3n calificada e indivisible\u201d, la cual debi\u00f3 aceptarse por el juzgador con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, por as\u00ed mandarlo el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Agregan las impugnadoras que el testigo Edgar Augusto Carvajal Paipa, como due\u00f1o de uno de los veh\u00edculos vendido a Castellanos de Jaimes, en el testimonio que rindi\u00f3 expres\u00f3 que \u00e9l le transfiri\u00f3 a aqu\u00e9lla el suyo por $12\u00b4000.000, que ella se lo pag\u00f3 con el valor recibido por la venta del fundo; sostuvo, asimismo, que a la citada mandataria las opositoras le cancelaron el precio de aquel predio en la medida en que, con autorizaci\u00f3n de la misma, ellas le pagaron a \u00e9l la suma correspondiente a la enajenaci\u00f3n de su automotor, y que ese procedimiento tambi\u00e9n se cumpli\u00f3 en el caso del coche de su hermano Sabas Carvajal. <\/p>\n
Afirman las recurrentes que todas esas declaraciones, consideradas ya en conjunto o bien aisladamente, permit\u00edan establecer el valor verdaderamente convenido alrededor de la transferencia que se pretend\u00eda rescindir, y que como el sentenciador no amerit\u00f3 esos elementos de convicci\u00f3n \u201cen su valor demostrativo\u201d, al considerarlos \u201cineficaces para infirmar la cl\u00e1usula escrituraria respectiva, incurri\u00f3 en el claro error de derecho\u201d, quebrantando as\u00ed los art\u00edculos 187, 195, 197, 232, inciso 2\u00ba, y 250 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. A\u00f1aden las acusadoras que el tribunal cometi\u00f3 dislate f\u00e1ctico al pretermitir valorar el documento en el que Luz Rosario Castellanos de Jaimes dej\u00f3 constancia sobre el precio oculto del negocio, visible a folio 76 del cuaderno 1. <\/p>\n
A este respecto anotan que en la fecha de la escritura, aqu\u00e9lla, que en la negociaci\u00f3n actu\u00f3 como mandataria del actor, en escrito cuyo contenido autentic\u00f3 ese mismo d\u00eda ante notario, abiertamente expres\u00f3, \u201ccon car\u00e1cter de confesi\u00f3n\u201d, que por cuestiones fiscales la compraventa del fundo \u201cse hizo con figuraci\u00f3n de un valor inferior al convenido\u201d, pero que el precio real de ese trato fue de $30\u00b4000.000; que las compradores le pagaron en cheque y efectivo la suma de $8\u00b4500.000, le entregaron dos letras de cambio por $4\u00b4000.000 y $17\u00b4500.000, \u201crepresentados en el valor de dos carros que ella adquiri\u00f3 entonces de los hermanos Edgar y Sabas Carvajal Paipa y que pag\u00f3 con el producto de dicha compraventa\u201d. <\/p>\n
Sostienen que como se trata de la admisi\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que es perjudicial tanto para quien la hizo personalmente como para su mandante, esa declaraci\u00f3n tom\u00f3 \u201cla categor\u00eda de confesi\u00f3n\u201d, efectuada por quien ten\u00eda capacidad para hacerla y \u201cpoder dispositivo por referirse a las modalidades de un contrato…, comprendido dentro de sus facultades para obligar al representado … y referente a hechos propios de la espec\u00edfica representaci\u00f3n que a su autora se le otorg\u00f3 por su poderdante, debe y tiene que ameritarse en su valor probatorio\u201d, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 198 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Sin embargo, prosiguen las casacionistas, el ad-quem se desentendi\u00f3 de esta prueba, pues prescindi\u00f3 de ella como que ni la mencion\u00f3 en la decisi\u00f3n combatida, incurriendo as\u00ed en ostensible defecto f\u00e1ctico, por preterici\u00f3n; si hubiera visto este elemento demostrativo, habr\u00eda encontrado all\u00ed la prueba del costo real que las partes acordaron y que disimularon \u201cbajo una falsedad ideol\u00f3gica al expresar en la escritura uno diferente\u201d. <\/p>\n
4. Apunta la censura que el fallador cometi\u00f3 id\u00e9ntica equivocaci\u00f3n al dejar de considerar la confesi\u00f3n del promotor del proceso contenida en el libelo y en oportunidades posteriores; en este sentido, aseveran que en la demanda introductoria aqu\u00e9l sostuvo que, seg\u00fan lo dijo la contraparte en la investigaci\u00f3n penal, el importe real de la venta fue de $30\u00b4000.000, pagado por ellas en la forma ya explicada; que \u00e9l confiri\u00f3 poder a Luz Rosario, bajo enga\u00f1o, sin que ella, luego de efectuada la enajenaci\u00f3n del inmueble, le hubiera entregado los dineros o los veh\u00edculos producto de esa negociaci\u00f3n, por cuanto dicha mandataria \u201cse alz\u00f3 con todo\u201d. <\/p>\n
Anotan las impugnadores que en el alegato de segunda instancia, Ahmar Hallak ubic\u00f3 la g\u00e9nesis del litigio en el contrato contenido en la escritura 386, en relaci\u00f3n con el cual admiti\u00f3, por un lado, que las partes hab\u00edan convenido un valor de $30\u00b4000.000 por la enajenaci\u00f3n del predio \u201cEl Para\u00edso\u201d; y, por el otro, que contrariando al alcance del poder otorgado, su mandataria en ese acuerdo y las opositoras celebraron una permuta pues la mayor\u00eda de la contraprestaci\u00f3n no fue en dinero sino en dos automotores, esto es, que la realidad de lo ocurrido fue que las compradoras de la propiedad ra\u00edz dieron una peque\u00f1a parte en efectivo, entregaron aquellos dos bienes y giraron una letra de cambio por el remanente. <\/p>\n
Y en la audiencia de conciliaci\u00f3n Nahim Ahmar se\u00f1al\u00f3 que por concepto de la venta hecha por su apoderada no hab\u00eda recibido ninguna suma de dinero. <\/p>\n
Esas afirmaciones efectuadas por el apoderado judicial del demandante y por \u00e9ste directamente, que constituyen confesi\u00f3n, no fueron consideradas por el fallador, no obstante que, en relaci\u00f3n con el primero de los aludidos, la autorizaci\u00f3n de su mandante para confesar en esos espec\u00edficos actos se ten\u00eda por concedida, pues, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 197 ejusdem, ese consentimiento del poderdante se presume para la demanda, las excepciones, la contestaci\u00f3n y la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del mismo c\u00f3digo. Como en dichas afirmaciones existe aceptaci\u00f3n acerca de que la suma real acordada no fue la simulada en el t\u00edtulo sino la cantidad de $30\u00b4000.000, el juez de segundo grado debi\u00f3 apreciarlas, de suerte que al no hacerlo, incurri\u00f3 en error de hecho. <\/p>\n
5. Le enrostran seguidamente las recurrentes al juzgador otra falencia de facto consistente en no haber apreciado la confesi\u00f3n del actor, contenida en el interrogatorio por \u00e9l pedido a la contraparte. Dicen que por conducto de su apoderado judicial el promotor del proceso solicit\u00f3 que aqu\u00e9llas absolvieran el interrogatorio que present\u00f3. Mediante las preguntas tercera, cuarta y novena del mismo, las indag\u00f3 para que respondieran c\u00f3mo se hab\u00eda cancelado la suma de dinero pactada en efectivo como parte del precio de la compraventa, cu\u00e1l fue el valor en que estimaron los autom\u00f3viles y cu\u00e1les las caracter\u00edsticas de \u00e9stos. <\/p>\n
En esas tres interrogaciones aparece palmaria la afirmaci\u00f3n por \u00e9l preguntada, sobre el precio convenido, pagado una parte en efectivo y la otra con el valor de dos coches. Se trata, prosigue la censura, de preguntas \u201casertivas-afirmativas\u201d que incorporan la confesi\u00f3n del preguntante en torno a un hecho fundamental del debate, esto es, el valor estipulado, a trav\u00e9s del cual reconoce que fue de una cuant\u00eda diferente a la contenida en el instrumento p\u00fablico. Esta confesi\u00f3n el sentenciador no la vio pese a que dentro de la restricci\u00f3n probatoria para desvirtuar el contenido de la escritura impl\u00edcitamente aludi\u00f3 a la confesi\u00f3n. A\u00f1aden que el legislador, de acuerdo con los art\u00edculos 203, 207 y 208 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, exige que \u201cel interrogador sea leal con la justicia y con su contraparte; que afronte seriamente su propia responsabilidad y por ello le impone el deber de preguntar con claridad, precisi\u00f3n y concretamente, sin asomo de ambig\u00fcedad, para que el absolvente pueda responder en igual forma, aceptando o negando el hecho sobre el cual se lo interroga y que su preguntante da por cierto, as\u00ed sea perjudicial para \u00e9l. Por ello, la l\u00f3gica jur\u00eddica permite dar validez de confesi\u00f3n a las preguntas formuladas en un interrogatorio\u201d. <\/p>\n
6. Para las recurrentes el tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en vicio f\u00e1ctico por cuanto no apreci\u00f3 los testimonios que se refirieron al verdadero costo de la compraventa. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito comentan que el testigo Guillermo Rodr\u00edguez Contreras declar\u00f3 haberse enterado que las demandadas adquirieron la finca en septiembre de 1995 por un valor que oscil\u00f3 entre $30\u00b4000.000 y $35\u00b4000.000; Camilo Pe\u00f1aranda Pab\u00f3n depuso que el precio del bien enajenado para esa \u00e9poca se encontraba entre esas mismas cifras; en tanto que Carlos Eduardo Garc\u00eda Meneses expres\u00f3 haberse enterado que las compradoras adquirieron tal heredad en septiembre de 1995 por $35\u00b4000.000 y que, como ten\u00edan que darle plata a la vendedora, hicieron de una vez el descuento del dinero para pagarles los automotores a Sabas y a Edgar. <\/p>\n
Estas declaraciones, argumentan las acusadoras, contestes como fueron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, admit\u00edan no s\u00f3lo aceptar que el importe acordado no fue el p\u00fablico, que las partes plasmaron en la escritura, sino la suma de $30\u00b4000.000, al tiempo que permit\u00edan dar por desvirtuada la correspondiente cl\u00e1usula del mentado instrumento, pese a lo cual de ellas se desentendi\u00f3 el ad-quem. <\/p>\n
7. Las casacionistas le achacan al fallador yerro de hecho al preterir valorar los documentos visibles a folios 77 y 78 del cuaderno 1, autenticados por sus autores, relativos a la venta de los dos veh\u00edculos, aportados por las opositoras con la contestaci\u00f3n a la demanda. <\/p>\n
Sostienen que por el primero, el 18 de septiembre de 1995 Edgar Augusto Carvajal Paipa hizo constar que le vendi\u00f3 a Luz Rosario, por $12\u00b4000.000, la camioneta de placas XTT-105, como parte de pago del precio del convenio incorporado en la susodicha escritura 386. En el segundo se plasma la compraventa concertada entre Sabas Carvajal Paipa y Castellanos de Jaimes ese mismo 15 de septiembre, por valor de $5\u00b4500.000, mediante la cual el primero le vendi\u00f3 a la segunda el autom\u00f3vil de placas IDB-521, recibido por \u00e9sta como parte de pago de la suma pactada por el negocio contenido en aquella escritura. <\/p>\n
Estos documentos del mismo modo conducen a evidenciar que el contrato de que tratan las pretensiones de la demanda fue ajustado por una cantidad real superior a $7\u00b4000.000. Por tanto, prosiguen, no pod\u00eda decirse que en dicha contrataci\u00f3n hubo lesi\u00f3n enorme, ya sea que la misma se catalogue de compraventa ora de permuta, pues en ning\u00fan caso el demandante, por lo que entreg\u00f3, recibi\u00f3 a cambio una contraprestaci\u00f3n inferior a la mitad del justiprecio de la cosa por \u00e9l vendida o permutada, ya que ni en uno ni en otro caso sufri\u00f3 perjuicio econ\u00f3mico en la proporci\u00f3n determinada por los art\u00edculos 1947 y 1958 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Habida cuenta que la censura le endilga al tribunal la comisi\u00f3n de errores de derecho y de hecho, emprende la Sala el estudio de la tem\u00e1tica propuesta, analizando por adelantado lo atinente al primero de los se\u00f1alados desatinos, para luego continuar con el segundo de ellos. <\/p>\n
2. Por averiguado se tiene que el yerro de derecho, que como motivo de casaci\u00f3n prev\u00e9 el inciso segundo del numeral primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ocurre en aquellos eventos en que pese a haber examinado el elemento demostrativo en su materialidad exacta, el sentenciador quebranta las pautas de disciplina probatoria que regulan lo atinente a su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o apreciaci\u00f3n; este error, entonces, \u201cparte de la presencia indiscutible de la probanza en autos y concierne al m\u00e9rito legal que el juzgador le atribuye o le niega, en contravenci\u00f3n a los preceptos de la ley sobre pruebas\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.313). <\/p>\n
3. En orden a descubrir el defecto de jure cometido por el tribunal ha de verse, anteladamente, c\u00f3mo a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, expedido a trav\u00e9s de los decretos 1400 y 2019 de 6 de agosto y 26 de octubre de 1970, qued\u00f3 abolida la tarifa legal y surgi\u00f3, conforme a su art\u00edculo 187, el sistema de la apreciaci\u00f3n racional de la prueba, seg\u00fan el cual es al juez a quien le corresponde, acorde con la libertad que al efecto le otorga el legislador para valorarlos y establecer su poder de convicci\u00f3n, determinar el m\u00e9rito que le atribuye a los diversos medios de certeza, mediante el an\u00e1lisis razonado, cr\u00edtico y sistem\u00e1tico, orientado siempre por las reglas del sentido com\u00fan, la ciencia y la experiencia, como en efecto lo ha reiterado la Corporaci\u00f3n en un grueso n\u00famero de decisiones(G. J., t. CXLVII, pag.61; CLI, pag.193; CLI, pag.303; CLII, 1\u00aa Parte, pag.394; y 245 de 30 de octubre de 1986, no publicada a\u00fan oficialmente, entre otras). <\/p>\n
Desde luego que como el precepto legal reci\u00e9n citado \u201cestablece el principio de la \u00b4persuasi\u00f3n racional de la prueba\u00b4, sin otras restricciones que las provenientes de \u00b4las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00b4\u201d, al juez le es permitido, \u201cdejar de lado lo que en el instrumento p\u00fablico han consignado las partes para otorgarle el m\u00e9rito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicci\u00f3n\u201d(G. J., t. CLXXXIV, pag.46). <\/p>\n
Precisamente por ello las normas probatorias no establecen limitaci\u00f3n alguna al alcance demostrativo que se pueda derivar de las declaraciones, sean de parte o de terceros, ni privilegian los instrumentos p\u00fablicos frente a la prueba testimonial en lo relativo a las declaraciones de voluntad verificadas por las partes, pues es palmario que en el contexto del se\u00f1alado sistema de la sana cr\u00edtica ninguno de tales elementos se impone sobre otros, toda vez que, dada la naturaleza que le es propia, su funci\u00f3n apunta fundamentalmente al establecimiento de la verdad, sin m\u00e1s exigencias que las previstas para la admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o apreciaci\u00f3n de cada uno de los medios probatorios legalmente establecidos. De esta manera, \u201ccuando se trata de probar no la existencia del acto o contrato solemne, sino algunos hechos relacionados con \u00e9l, como vicios del consentimiento de los contratantes, ilicitud de su causa u objeto, simulaci\u00f3n, etc, todos los medios de prueba son conducentes e id\u00f3neos para el efecto\u201d(sentencia 064 de 25 de abril de 2005, exp.#0989). <\/p>\n
Sin embargo, como se viene insinuando, ha de precisarse que cuando aquel precepto dispone que los elementos de convicci\u00f3n deben apreciarse de acuerdo con las se\u00f1aladas reglas, \u201csin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb, dej\u00f3 a salvo la prueba de los convenios o actos respecto de los cuales la ley prev\u00e9 cierta formalidad para su perfeccionamiento o validez, como el otorgamiento de una escritura p\u00fablica, evento en el cual la comentada exigencia no s\u00f3lo cumple una funci\u00f3n ad substantiam actus sino ad-probationen, que la convierte en prueba espec\u00edfica sobre su existencia y hace ineficaz cualquier otro medio que con ese prop\u00f3sito se presente. Justamente por lo anterior es que, verbi gratia, el art\u00edculo 232 ib\u00eddem excluye el testimonio como elemento para demostrar la celebraci\u00f3n de actos en relaci\u00f3n con los cuales el legislador tiene impuesto el escrito como forma para acreditarlos, al tiempo que el art\u00edculo 265 ejusdem exige el instrumento p\u00fablico como prueba de los contratos en los que la ley lo determine como requisito ad substantian actus. <\/p>\n
4. En este asunto, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el ad-quem reconoci\u00f3 que las demandadas, al tiempo de haber afirmado que en torno al fundo lo que hubo fue una compraventa, que no permuta, y que ese trato se ajust\u00f3 en forma independiente de los negocios jur\u00eddicos a trav\u00e9s de los cuales Sabas y Edgar Augusto Carvajal Paipa le vendieron a la citada mandataria los dos automotores ya identificados, tambi\u00e9n admitieron haberles entregado a esos vendedores los dineros correspondientes a la enajenaci\u00f3n de tales bienes, al punto que, se\u00f1al\u00f3 el mismo fallador, la opositora Adriana Carvajal particularmente declar\u00f3 que el precio pactado por el predio fue de $30\u00b4000.000, en relaci\u00f3n con el cual el d\u00eda de la firma de la escritura le pagaron a Castellanos de Jaimes $8\u00b4500.000, le entregaron dos letras de cambio por $1\u00b4500.000 y $2\u00b4500.00 y el saldo se lo cancelaron a los due\u00f1os de los dos veh\u00edculos, por cuanto fue eso lo que acordaron con la nombrada mandataria. <\/p>\n
Este mismo hecho lo hall\u00f3 probado el juez de segundo grado con el testimonio del mentado Edgar Augusto, al encontrar de all\u00ed establecido que, en relaci\u00f3n con los contratos de los autos, las partes involucradas en ellos hab\u00edan acordado que en lugar de que Luz Rosario les diera a ese declarante y a Sabas Carvajal la suma pactada por esa ventas, ella acept\u00f3 y tuvo por recibida esa misma cantidad de manos de las demandadas como parte del precio de la enajenaci\u00f3n del inmueble y \u00e9stas, a su vez, le entregar\u00edan dichos dineros a los vendedores de los dos automotores, como efectivamente sucedi\u00f3. <\/p>\n
Como se observa, pese a haberse evidenciado que el verdadero valor pactado por la transferencia del terreno fue de treinta millones de pesos, el cual se cancel\u00f3 de la manera acabada de explicar, consentida mutuamente por las partes contratantes, el juzgador concluy\u00f3 que el hecho as\u00ed confesado por las opositoras no ten\u00eda \u201cprevalencia sobre el instrumento p\u00fablico\u201d, pues a Nahim Ahmar no pod\u00eda \u201copon\u00e9rsele el pacto privado que entre mandataria y las compradoras pudo haber existido y que se celebr\u00f3 como un negocio diferente y no como una convenci\u00f3n de pago del precio\u201d, para se\u00f1alar, seguidamente, que aunque no desconoc\u00eda la prohibici\u00f3n de dividir la confesi\u00f3n, lo cierto era que la suma referida en la escritura no se desvirtuaba con la prueba de confesi\u00f3n, por cuanto esa espec\u00edfica declaraci\u00f3n consignada en aquel instrumento era la que ten\u00eda valor probatorio desde el momento en que se inscribi\u00f3 en la oficina de registro, motivo por el cual el aludido \u201cpacto secreto\u201d no prevalec\u00eda sobre lo vertido en tal documento. <\/p>\n
Ha verse, entonces, c\u00f3mo el sentenciador advirti\u00f3 no s\u00f3lo la imposici\u00f3n legal que le prohib\u00eda fraccionar la confesi\u00f3n cualificada que estim\u00f3 surg\u00eda de los interrogatorios de parte absueltos por las demandadas sino el hecho de que tanto de las declaraciones entregadas por ellas bajo esa modalidad como del testimonio ofrecido por Carvajal Paipa se infer\u00eda, palmariamente, que el costo real pactado por la transferencia del inmueble fue de treinta millones de pesos, y no de siete millones como se hizo aparentar en la respectiva escritura, solo que estim\u00f3 que las pruebas a trav\u00e9s de las cuales se demostraba esa situaci\u00f3n f\u00e1ctica, por carecer de prevalencia, no desvirtuaban las manifestaciones que, en punto de la contraprestaci\u00f3n, incorporaba el instrumento p\u00fablico contentivo del aludido convenio, \u00fanicamente porque consider\u00f3 que al demandante no se le pod\u00eda oponer aquel acuerdo privado alcanzado entre su mandataria y las opositoras y porque el importe referido en ese t\u00edtulo no se infirmaba \u201cpor otra prueba\u201d, como la de confesi\u00f3n, ya que eran las declaraciones que sobre el particular el mismo albergaba las que ten\u00edan valor probatorio, de donde juzg\u00f3 que el citado pacto reservado celebrado entre aqu\u00e9llas no prevalec\u00eda sobre lo que literalmente dec\u00eda el mentado instrumento. <\/p>\n
Por tanto, resulta palmario que al proceder de la manera descrita el tribunal no hizo m\u00e1s que exigir un espec\u00edfico y determinado medio como prueba de la cantidad ciertamente acordada por el negocio de la propiedad ra\u00edz, concretamente el escriturario, por cuanto estim\u00f3 que el \u201cpacto secreto\u201d, como lo llam\u00f3, a trav\u00e9s del cual los contratantes acordaron en treinta millones de pesos el precio verdadero, esto es, en cuant\u00eda diferente de la simulada en el acto p\u00fablico, no se pod\u00eda establecer a trav\u00e9s de la confesi\u00f3n o del testimonio, incurriendo as\u00ed en error de derecho, ya que, como atr\u00e1s se dej\u00f3 visto, con excepci\u00f3n de los eventos en los cuales la ley exige el cumplimiento del requisito de la solemnidad para establecer \u201cla existencia o validez de ciertos actos\u201d, es indudable que en orden a probar las diversas declaraciones inherentes a esos mismos contratos el legislador, desde la puesta en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, no tiene previsto un elemento de probanza en particular, situaci\u00f3n indicativa de que lo relacionado con la cuant\u00eda y su forma de pago pod\u00eda demostrarse en este proceso a trav\u00e9s de las diferentes pruebas legalmente establecidas, puesto que, como tambi\u00e9n lo tiene dicho la Corte, \u201cel valor real del precio es aspecto que no tiene cortapisa probatoria y puede por tanto establecerse con cualquiera de los medios legalmente admisibles, a\u00fan contra lo consignado en el instrumento p\u00fablico, por tratarse de un debate entre las mismas partes contratantes\u201d(sentencia 064 de 25 de abril de 2005, exp.#0989). Al se\u00f1alar, pues, que el susodicho arreglo privado relacionado con el valor verdadero de la compraventa debi\u00f3 acreditarse por un medio probatorio igual a aquel con el que se prob\u00f3 la existencia del contrato, el ad-quem cometi\u00f3 yerro de jure. <\/p>\n
Insiste as\u00ed la Sala en que la previsi\u00f3n contenida en el inciso primero del art\u00edculo 232 citado, es, como qued\u00f3 dicho, para efectos de probar la existencia o validez de actos en relaci\u00f3n con los cuales, por quererlo as\u00ed el legislador, una y otra se evidencia \u00fanicamente mediante el cumplimiento de la preindicada solemnidad, mas acontece que lo atinente a la cuant\u00eda de la suma convenida no toca, precisamente, con ninguna de esas condiciones del acuerdo aqu\u00ed involucrado, como que apenas se trata de establecer el respectivo monto real. Surge de este modo, valga insistir, indudable el desatino de derecho en que incurri\u00f3 el fallador, pues le otorg\u00f3 m\u00e9rito demostrativo al dicho de las demandadas \u00fanicamente en la porci\u00f3n donde aseguraron que uno fue el convenio del inmueble y otros los de los automotores, para con base en ello aseverar que como el costo de \u00e9stos no hizo parte del de aqu\u00e9l, la finca entonces hab\u00eda sido enajenada en la cantidad de $7\u2019000.000 que constaba en la escritura, dejando de reconocerle igual eficacia persuasiva a la parte en la que ellas admitieron, a rengl\u00f3n seguido, que fue de $30\u00b4000.000 la suma total acordada y explicaron la forma como la pagaron, pues al respecto estim\u00f3 que tales declaraciones, en orden a evidenciar ese importe real, no pod\u00eda \u201ctener prevalencia sobre el instrumento p\u00fablico\u201d, olvidando as\u00ed que ese medio probatorio deb\u00eda aceptarlo \u201ccon las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado\u201d como lo prescribe el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, si se tiene en cuenta que tal elemento de certeza, en la porci\u00f3n que dej\u00f3 de lado, involucraba afirmaciones que no eran distintas del hecho confesado, sino que, contrariamente, guardaban \u00edntima relaci\u00f3n con el mismo. <\/p>\n
Es evidente que, de no haber incurrido en el defecto que se comenta, otra hubiera sido la decisi\u00f3n adoptada si, como viene de decirse, de la confesi\u00f3n que extrajo de los interrogatorios de parte absueltos por las opositoras y de la declaraci\u00f3n rendida por el testigo Edgar Augusto Carvajal Paipa se infer\u00eda que fue de treinta millones de pesos la suma por la que en verdad Luz Rosario Castellanos y las opositoras convinieron la compraventa del indicado bien, la cual, por expreso consentimiento de \u00e9sta, aqu\u00e9llas se la pagaron en la forma como se detall\u00f3 en tales declaraciones. Fue entonces la consideraci\u00f3n acerca de que ese hecho, el del precio ver\u00eddico, no pod\u00eda demostrarse por medio probativo diferente al instrumento p\u00fablico, el que lo indujo a dejar de reconocerle la verdadera y plena eficacia a las mentadas pruebas, situaci\u00f3n que comport\u00f3, necesariamente, el quebrantamiento de los art\u00edculos 187, 195 y 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como atinadamente lo indica la censura. <\/p>\n
5. Ha de seguirse que, de no haber incurrido en el error que se ha dejado al descubierto, no hubiera predicado la gestaci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme, por cuanto es palmario que la contraprestaci\u00f3n realmente acordada, tal como fue probada en el proceso, resulta muy superior a la mitad del precio justo de la cosa, si se toma en consideraci\u00f3n que \u00e9ste fue definido por el ad-quem en la suma de $33\u00b4292.155, el cual, valga recalcarlo, no recibi\u00f3 reparo por ninguna de las partes; de suerte que al afirmar la ocurrencia de la laesio ultra dimidium infringi\u00f3 los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, como lo sostienen las acusadoras. <\/p>\n
6. Tocante ahora con los errores de hecho, es de observarse que una irregularidad de esa \u00edndole surge en la suposici\u00f3n o en la preterici\u00f3n de la prueba; incurrir\u00e1 en lo primero el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y lo pretermite cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa; este dislate \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.313). Denunciada una o todas de las anteriores posibilidades, el recurrente debe demostrar que la falencia endilgada es evidente, manifiesta, que salta a la vista y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada, de tal suerte que de no haberse incurrido en esa sinraz\u00f3n otra hubiera sido la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
7. Con esa base, se tiene entonces que en este asunto el fallador incurri\u00f3, adicionalmente, en los errores f\u00e1cticos que le atribuye la censura, particularmente por haber dejado de ponderar el texto de la demanda, el alegato de conclusi\u00f3n de segunda instancia presentado por el promotor del proceso y los documentos que obran a folios 76 a 78 del cuaderno 1, como se ver\u00e1 enseguida. <\/p>\n
En efecto, ha de notarse c\u00f3mo el demandante, desde la presentaci\u00f3n del acto introductorio confes\u00f3, a trav\u00e9s de su apoderado judicial (art\u00edculo 197, C. P. C.), que el verdadero precio de la enajenaci\u00f3n fue de treinta millones de pesos, pues no otra cosa es lo que brota del hecho tercero del libelo donde afirm\u00f3 que conforme a lo expuesto por las compradoras ante la Fiscal\u00eda, se ten\u00eda \u201cque el precio real de la venta fue por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS\u201d(fl.28). A lo anterior ha de agregarse que en los alegatos de segunda instancia el actor, a trav\u00e9s de su mandatario judicial, tras se\u00f1alar que la compraventa controvertida la incorporaba \u201cel instrumento p\u00fablico n\u00famero 386 del 15 de septiembre de 1995\u201d, igualmente acept\u00f3 que el contrato as\u00ed ajustado fue \u201csobre el fundo rural denominado \u00b4El Paraiso\u00b4\u201d, en relaci\u00f3n con el cual \u201cacordaron las partes un valor de treinta millones de pesos\u201d, seg\u00fan reza la parte pertinente del folio 7 del cuaderno 6 del expediente. <\/p>\n
Esa expresi\u00f3n del promotor del proceso, vertida en el acto iniciador del pleito y en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, concuerda plenamente con el contenido del escrito visible a folio 76 del cuaderno 1, suscrito y autenticado el mismo 15 de septiembre de 1995, fecha de otorgamiento de la escritura contentiva de la transferencia del inmueble, en el que Luz Rosario Castellanos de Jaimes, su otorgante y mandataria de Ahmar Hallak para enajenar dicha heredad, dej\u00f3 expresa constancia acerca de que el \u201cprecio real del negocio jur\u00eddico\u201d contenido \u201cen la escritura p\u00fablica No.386 de fecha 15 de septiembre de 1995 …, mediante la cual se enajen\u00f3 a favor\u201d de las ac\u00e1 demandadas aquel predio, \u201cubicado en la fracci\u00f3n de Chitacomar del municipio de Chin\u00e1cota… fue la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS\u201d, de la cual $17\u00b4500.000 estuvieron representados en los veh\u00edculos de placas IDB-521 y XTT-105, $8\u00b4500.000 \u201cen efectivo y en cheques que\u201d recibi\u00f3 \u201ca satisfacci\u00f3n\u201d, $1\u00b4500.000 \u201crepresentados en una letra de cambio pagaderos el 15 de octubre de 1995\u201d y $2\u00b4500.000 en otro t\u00edtulo de esa especie, siendo que previamente all\u00ed mismo hab\u00eda dado a comprender que la cantidad de $7\u2019000.000 que constaba en la escritura era simulada \u201cpor cuestiones de efectos fiscales\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el mismo sentido en que dicha mandataria se expres\u00f3 en el escrito acabado de referir, particularmente en lo tocante con los automotores que all\u00ed menciona, Edgar Augusto y Sabas Carvajal Paipa, en esa fecha, expidieron y autenticaron los documentos que corren a folios 77 y 78 del cuaderno 1. Ciertamente, v\u00e9ase c\u00f3mo por el primero de ellos aqu\u00e9l hizo constar que dio en venta a Castellanos de Jaimes el veh\u00edculo marca Chevrolet, modelo 1992, de placas XTT-105, recibido por ella \u201ccomo parte de pago del precio del negocio jur\u00eddico celebrado por escritura p\u00fablica No.386 del 15 de septiembre de 1995 …, en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS\u201d; y por el segundo \u00e9ste dej\u00f3 testimonio en el sentido de que daba en venta a aqu\u00e9lla y a Alfonso Jaimes Castellanos el automotor marca Renault, modelo 1986, de placas IDB-521 por \u201cCINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS\u201d, recibido por la citada mandataria \u201ccomo parte del pago del precio del negocio jur\u00eddico celebrado\u201d a trav\u00e9s del citado acto escriturario. <\/p>\n
No hay, por tanto, necesidad de entrar en el an\u00e1lisis de los restantes yerros f\u00e1cticos involucrados en la acusaci\u00f3n, pues, con los que se dejaron evidenciados, queda suficientemente establecida la equivocaci\u00f3n del sentenciador en lo atinente a la ponderaci\u00f3n probatoria. surge…. <\/p>\n
8. Es claro, desde luego, que el error de jure atr\u00e1s constatado, unido a los manifiestos yerros de hecho ya mostrados, condujo al juez de segundo grado a generar una conclusi\u00f3n que choca de frente con la evidencia que surge del haz probatorio que viene de analizarse, el cual permite concluir que la suma anotada en el acto p\u00fablico fue irreal, puesto que la confesi\u00f3n del propio demandante contenida en el acto introductorio, los documentos otorgados por la mandataria que en su nombre y representaci\u00f3n celebr\u00f3 el negocio, las declaraciones efectuadas por las demandadas en los interrogatorios de parte que absolvieron, apreciadas como lo manda el art\u00edculo 200 citado, los testimonios y los escritos extendidos por quienes vendieron sus automotores a la aludida procuradora, constituyen un nutrido conjunto de pruebas que convergen a demostrar, con certeza plena, que el precio por la transferencia del inmueble fue de $30\u2019000.000, y no de $7\u2019000.000 como figura en el t\u00edtulo de compraventa. <\/p>\n
Establecido, pues, que el precio en verdad fue de aquella cantidad y demostrado que para la \u00e9poca del acto bilateral el justo valor del bien era de $33\u2019292.155, seg\u00fan lo sostuvo el tribunal con fundamento en el segundo de los dos dict\u00e1menes periciales que para esos prop\u00f3sitos se practicaron, en relaci\u00f3n con el cual ning\u00fan reparo se efectu\u00f3, surge entonces que no se estructur\u00f3 la lesi\u00f3n enorme deprecada, de donde aflora, por consiguiente, la trascendencia de los dislates cometidos por el tribunal en el an\u00e1lisis probatorio. <\/p>\n
9. Lo expuesto es suficiente para quebrar el fallo impugnado, por cuanto las susodichas equivocaciones son no solamente ostensibles y manifiestas sino tambi\u00e9n trascendentes, como que de no haber incurrido en ellas el tribunal no habr\u00eda condenado a las opositoras. Por lo mismo, es evidente que aqu\u00e9l hizo aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil, pues dio por demostrados, sin estarlo, los supuestos de hecho que comportan la lesi\u00f3n enorme y as\u00ed la declar\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Por tanto, prospera el cargo. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. A t\u00e9rminos del art\u00edculo 1946 del C\u00f3digo Civil \u201cel contrato de compraventa podr\u00e1 rescindirse por lesi\u00f3n enorme\u201d, y conforme al art\u00edculo 1947 ib\u00eddem ella la sufre el vendedor \u201ccuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende\u201d. Este precepto normativo puntualiza que el susodicho \u201cjusto precio se refiere al tiempo\u201d de la celebraci\u00f3n del respectivo negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
De esta manera, como lo tiene suficientemente decantado la doctrina jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de la laesio ultra dimidium el r\u00e9gimen legal colombiano opt\u00f3 por el criterio objetivo, conforme al cual es suficiente con establecer el justo precio de la cosa para la fecha de la enajenaci\u00f3n y compararlo con lo que se entreg\u00f3 a cambio, para as\u00ed concluir, tras esa ecuaci\u00f3n, si se dio la diferencia en el quantum establecido en la ley, sin que al efecto se requiera el concurso de aspectos de car\u00e1cter subjetivo o precisar la forma como \u00e9ste pudo influir en el consentimiento, ni importen las razones internas que se presentaron o pudieron ocurrir en la contrataci\u00f3n. <\/p>\n
Como tal fen\u00f3meno \u201cobedece a un criterio meramente objetivo, seg\u00fan el cual basta con que el precio convenido entre los contratantes sea lesivo en la medida determinada por la ley\u201d, se alej\u00f3 as\u00ed el legislador \u201cde la teor\u00eda de la lesi\u00f3n como un vicio m\u00e1s del consentimiento\u201d, como que est\u00e1 llamada a existir \u201cindependientemente de que el contratante haya tenido conocimiento de lo inequitativo del precio, o de que haya actuado bajo constre\u00f1imiento o enga\u00f1o, o de que circunstancias apremiantes lo hayan impelido a contratar\u201d. Quiere ello significar que en trat\u00e1ndose de contratos conmutativos, siempre que se est\u00e9 en frente de obligaciones que no guarden un margen de proporcionalidad entre los negociantes, la parte en cuyo patrimonio recae ese desequilibrio podr\u00e1 lograr su restablecimiento mediante el ejercicio de esta acci\u00f3n; se propende, entonces, porque el precio recibido sea, en \u201ccierta medida, proporcional al valor entregado, garantiz\u00e1ndose de tal manera un m\u00ednimo de equilibrio en las relaciones jur\u00eddicas, concepci\u00f3n esta con la cual la figura de la lesi\u00f3n trasciende la simple protecci\u00f3n de las personas incapaces, para llegar a ser un principio general de los contratos, que no podr\u00edan, en virtud del mismo, convertirse en fuente de lucro indebido\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.1339 y 1340). <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de establecer ese justo precio, obran dentro del proceso dos dict\u00e1menes periciales. En el primero, visible a folios 41 a 48 del cuaderno 3 del expediente, los peritos Jorge Araque Parada y Eduardo Daniel N\u00fa\u00f1ez Duarte avaluaron el inmueble, para la fecha del contrato de que tratan los autos, en $65\u00b4000.000. En el segundo, practicado como prueba de la objeci\u00f3n contra el anterior, los expertos Carlos G\u00f3mez Maldonado y Oscar Jairo Barroso, valoraron ese mismo bien, para ese 15 de septiembre de 1995, en la suma de $33\u00b4292.155 (fl.36, cd.5). <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 237, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el dictamen debe contener, entre otros presupuestos, la exposici\u00f3n detallada de los fundamentos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos de las conclusiones all\u00ed ofrecidas. <\/p>\n
Trasladadas tales nociones a los dos conceptos particularizados, encuentra la Sala que el primero de los se\u00f1alados no se ajusta a dichas prescripciones legales, como que la cifra respectiva se ofreci\u00f3 carente de toda motivaci\u00f3n que explicara de d\u00f3nde o c\u00f3mo surgi\u00f3 esa espec\u00edfica conclusi\u00f3n; n\u00f3tese que en lo inherente a ese valor los expertos escasamente suministraron aquella suma(fl.41, cd.3) sin esgrimir a su alrededor razonamiento alguno que permitiera establecer que ese precio era el resultado de los estudios y an\u00e1lisis t\u00e9cnicos realizados sobre el particular y no el producto del mero capricho o subjetivismo de los auxiliares. Desde luego que ante la falta absoluta de argumentaci\u00f3n, en puridad de verdad no puede decirse, en t\u00e9rminos de aquel precepto normativo, que de all\u00ed aflora una experticia sobre el espec\u00edfico punto que se comenta, pues, como viene de verse, el dictamen pericial debe comprender, sin duda, la exposici\u00f3n detallada de los citados argumentos y las conclusiones ofrecidas con base en ellos. <\/p>\n
No sucede lo mismo en el segundo, respecto del cual sus autores s\u00ed suministraron las razones a cuyo amparo conceptuaron que para la mencionada fecha el valor de la cosa era de la suma ya se\u00f1alada, como se aprecia a folios 33 a 77 del cuaderno 5; aparte de ello, no tuvo reparo alguna. <\/p>\n
De suerte que como ese primer trabajo pericial, en punto al aspecto que se analiza, no se fundament\u00f3, en tanto que el segundo s\u00ed figura con la correspondiente sustentaci\u00f3n, para los efectos que se vienen analizando la Corte acoger\u00e1 \u00e9ste, ya que, como qued\u00f3 dicho, cumple con las previsiones del precepto normativo citado enantes. A este respecto es de verse, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, que tales argumentos son \u201cacertados y suficientes para desechar el referido\u201d primer dictamen \u201ccomo prueba de la lesi\u00f3n enorme\u201d, por carecer justamente de la exposici\u00f3n de \u201clos factores determinantes del precio all\u00ed se\u00f1alado\u201d(G. J., t. CVII, pag.305). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al resolver el recurso de casaci\u00f3n qued\u00f3 establecido que fue de treinta millones de pesos el precio real por el cual Luz del Rosario Castellanos de Jaimes, en nombre y representaci\u00f3n del actor, le transfiri\u00f3 a las demandadas el derecho de dominio sobre el predio \u201cEl Para\u00edso\u201d; se precis\u00f3, asimismo, que el dictamen pericial acogido por el tribunal para definir la instancia fue el segundo de los practicados; y que sobre esa espec\u00edfica consideraci\u00f3n dicho fallo pas\u00f3 inc\u00f3lume. <\/p>\n
4. Por consiguiente, al comparar una y otra cifra, esto es, los $33\u00b4292.155, del valor justo para la \u00e9poca del negocio, frente a los $30\u00b4000.000, del precio real all\u00ed convenido, sin dificultad alguna se constata que, cual lo apreci\u00f3 el a-quo, no se produjo lesi\u00f3n enorme contra el patrimonio econ\u00f3mico del demandante, sencillamente porque la cuant\u00eda verdaderamente convenida por la transferencia del inmueble, para ese entonces, no fue \u201cinferior a la mitad del justo precio de la cosa\u201d que se enajen\u00f3, como lo exige el art\u00edculo 1947 ejusdem a fin de que resultara viable la pretensi\u00f3n rescisoria. <\/p>\n
De lo expuesto fluye que el juez de primera instancia atin\u00f3, en la medida en que, por no hallar dados los supuestos de hecho de la norma que consagra la rescisi\u00f3n demandada, neg\u00f3 este efecto en el caso concreto y, por contera, la s\u00faplica respectiva. <\/p>\n
5. Por ende, se confirmar\u00e1 la sentencia apelada. <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 14 de octubre de 1999, pronunciada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro del proceso identificado en esta providencia, y actuando en sede de instancia, CONFIRMA el fallo de 10 de junio de 1999, dictado en este asunto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al demandante a pagar las costas de la segunda instancia. T\u00e1sense. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-362-2005 [1749] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 1749. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83185\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}