SC-363-2005 [7864]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7864. <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 27 de abril de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez frente al Departamento del Huila y la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda, reformada en su oportunidad, Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez convoc\u00f3 al Departamento del Huila y a la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional, para que se declarara que le pertenece la aeronave de matr\u00edcula HK 1743, marca Cessna Stationair II, modelo TU-206, destinada al transporte p\u00fablico, cuyas dem\u00e1s caracter\u00edsticas se describieron en el libelo, y se dispusiera la restituci\u00f3n de la misma o, subsidiariamente, su valor indexado, junto con los intereses respectivos, as\u00ed como el pago de los perjuicios. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas fueron presentados los hechos que se compendian seguidamente. <\/p>\n
a) El actor compr\u00f3 el bien objeto de reivindicaci\u00f3n a Carlos Arturo Pinz\u00f3n Castro, seg\u00fan escritura p\u00fablica 165 de 9 de febrero de 1985 otorgada ante la notar\u00eda segunda de Villavicencio y registrada el 27 de septiembre siguiente en el Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil. <\/p>\n
b) Oscar Rafael Pineda Monta\u00f1ez, piloto al servicio del demandante, viol\u00f3 el espacio a\u00e9reo del Departamento del Huila, pues la avioneta s\u00f3lo estaba autorizada para realizar vuelos en el Meta, motivo por el cual la Gobernaci\u00f3n del Huila, mediante resoluci\u00f3n 250 de 2 de abril de 1985, confirmada por la 323 de 3 de mayo siguiente, lo declar\u00f3 incurso y culpable de las contravenciones previstas en los numerales 1\u00b0, 2\u00b0 y 4\u00b0, literal a), del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1061 de 1984, le impuso una sanci\u00f3n de $800.000 y, adicionalmente, orden\u00f3, sin autorizaci\u00f3n legal, el decomiso definitivo de la nave, que fue puesta a disposici\u00f3n de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, sin considerar que la multa hab\u00eda sido pagada, como tampoco que estaba acreditada su propiedad en cabeza del actor. <\/p>\n
c) Esa gobernaci\u00f3n, por petici\u00f3n del Consejo Nacional de Estupefacientes, profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n 480 de 13 de julio de 1985, modificatoria de las resoluciones 250 y 323 mencionadas, para dejar el bien a disposici\u00f3n de aquella entidad, con desconocimiento de que la sanci\u00f3n obedeci\u00f3 a la violaci\u00f3n del espacio a\u00e9reo, mas no al transporte de ning\u00fan tipo de carga il\u00edcita; luego, por medio de resoluci\u00f3n 711 de 30 de septiembre de 1985, revoc\u00f3 la 480 y la nave fue dejada nuevamente por cuenta de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, como se encuentra actualmente. <\/p>\n
d) Desde entonces los demandados han mantenido la posesi\u00f3n ilegal, arbitraria y de mala fe del bien, sin que haya sido posible su restituci\u00f3n, con lo que se ha perjudicado al demandante, toda vez que aqu\u00e9l era utilizado para la prestaci\u00f3n de servicios de transporte a\u00e9reo, como se desprende del certificado expedido a la sociedad Tarpa Limitada. <\/p>\n
e) Al actor no le consta la conducta del piloto en cuanto a que no portaba el plan de vuelo, pues \u00e9ste justific\u00f3 su actuaci\u00f3n en la necesidad de visitar a su madre gravemente enferma, sucesos ocurridos sin el consentimiento de aqu\u00e9l y que imped\u00edan el decomiso de la avioneta, a m\u00e1s de que se le viol\u00f3 el derecho de defensa, al no hab\u00e9rsele vinculado a la actuaci\u00f3n, a sabiendas de que el bien era de su propiedad. <\/p>\n
3. La Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional contest\u00f3 la demanda e interpuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de jurisdicci\u00f3n. Por su parte, el Departamento del Huila se opuso a las pretensiones, dijo atenerse a la prueba de la mayor\u00eda de los hechos e insisti\u00f3 en la \u201clegalidad de la actuaci\u00f3n administrativa\u201d. <\/p>\n
4. Por auto de 8 de julio de 1994, el a-quo reconoci\u00f3 a Carlos Manrique Bermeo como coadyuvante de la parte demandante, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en consideraci\u00f3n a la promesa de compraventa suscrita entre ellos sobre el 50% del bien litigioso. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva le puso t\u00e9rmino a la primera instancia, con sentencia de 17 de julio de 1995, en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que, al ser apelada por el actor, fue confirmada por el tribunal. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Empez\u00f3 el ad-quem por destacar los aspectos principales en torno a esta acci\u00f3n reivindicatoria, esto es, por una parte, la existencia de la resoluci\u00f3n 250 de 1985 por la que la gobernaci\u00f3n del Huila sancion\u00f3 al piloto de la aeronave, a la vez que dispuso el decomiso definitivo de \u00e9sta, y, por la otra, el t\u00edtulo y dominio del bien en cabeza del promotor del proceso. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, reprodujo apartes de la sentencia impugnada, haciendo \u00e9nfasis en que la avioneta ingres\u00f3 al patrimonio del Estado, por decomiso definitivo, como efecto de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n citada, que, por dem\u00e1s, goza de la presunci\u00f3n de legalidad, mientras las autoridades judiciales no la declararan contraria a derecho. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tal medida aparej\u00f3 como efecto jur\u00eddico la p\u00e9rdida de la cosa, y afirm\u00f3 categ\u00f3ricamente que \u201cno le es permitido al juez civil, por v\u00eda del proceso ordinario, quebrar la presunci\u00f3n de legalidad de un acto administrativo\u201d, como tampoco \u201clo puede calificar para deducir de \u00e9l, por ejemplo, una arbitrariedad, de llegar a contenerla, y proceder a corregirla ordenando contra esa decisi\u00f3n una devoluci\u00f3n de la cosa y\/o el pago del perjuicio\u201d. <\/p>\n
3. De otro lado, acerca de la calidad de due\u00f1o del aeroplano invocada por el demandante con base en la escritura p\u00fablica de compraventa registrada, record\u00f3 algunos precedentes jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, para se\u00f1alar que la mentada resoluci\u00f3n \u201cgener\u00f3 un desplazamiento del t\u00edtulo fundamento del dominio sobre la aeronave hacia la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y, por supuesto, de la posesi\u00f3n, porque evidentemente qued\u00f3 demostrado que les fue entregada la avioneta\u201d. <\/p>\n
Por tanto, encontr\u00f3 que perdida por el actor \u201cla calidad de due\u00f1o, como queda perfectamente aclarado, no se legitima para ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio para tratar de recuperar la posesi\u00f3n de la aeronave, como lo exigen las reglas de los art\u00edculos 946 y 959 del C\u00f3digo Civil\u201d. Concluy\u00f3, entonces, que al ser \u201cimpr\u00f3spera la pretensi\u00f3n principal, quedaba relevada la Sala de estudiar las dem\u00e1s solicitudes del demandante\u201d. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia combatida; el primero, con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el segundo y tercero, denuncia la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, respectivamente, y en el cuarto, la acusa de ser incongruente. Los cargos ser\u00e1n despachados en orden l\u00f3gico, empezando por los que corresponden a vicios in procedendo, para finalizar con los que est\u00e1n montados sobre la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se analizar\u00e1n conjuntamente, pues unas mismas razones servir\u00e1n para definirlos. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Se alega que la sentencia est\u00e1 afectada de nulidad de rango constitucional, originada en el mismo fallo, por violaci\u00f3n de las garant\u00edas y principios de orden superior. <\/p>\n
2. El censor aduce que el fallo apreci\u00f3 todas las resoluciones de la gobernaci\u00f3n, para tenerlas como actos administrativos legales, que la justicia ordinaria no pod\u00eda calificar o modificar; asimismo, se\u00f1ala que el fallador evidenci\u00f3, por una parte, que el propietario inscrito de la nave no intervino en el procedimiento administrativo, ni ejerci\u00f3 su derecho de defensa, por lo que tales actos no le eran oponibles, y, por la otra, que las infracciones administrativas del piloto s\u00f3lo ameritaban una multa para el directo responsable, mas no el decomiso definitivo del bien, siendo palmaria la arbitrariedad de la decisi\u00f3n, que no se compadec\u00eda con la infracci\u00f3n, sin contar que nunca se cit\u00f3 al titular del dominio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n constat\u00f3 el juez de segundo grado, prosigue, que el actor promovi\u00f3 oportunamente la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones respectivas, que fue admitida a tr\u00e1mite, pero que culmin\u00f3 con la anulaci\u00f3n de lo actuado, bajo el criterio de que dichos pronunciamientos no eran actos administrativos, sino que hab\u00edan sido proferidos dentro de un juicio penal de polic\u00eda que los exclu\u00eda del control de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, postura esta que fue confirmada por la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado y por la Sala Plena, al resolver la s\u00faplica, \u201cquedando as\u00ed agotada cualquier v\u00eda de defensa judicial\u201d ante tal jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, contin\u00faa, cuando ejerci\u00f3 la acci\u00f3n civil, el juez de primera instancia neg\u00f3 las pretensiones, pese a encontrar demostrados los presupuestos de la reivindicaci\u00f3n, en el entendido de que las resoluciones s\u00ed eran actos administrativos cobijados por la presunci\u00f3n de legalidad, que no pod\u00edan ser estudiados por la justicia ordinaria, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el juzgador y que constituye una aberrante violaci\u00f3n del ordenamiento constitucional vigente, generadora de \u201cuna nulidad de rango constitucional que debe ser reconocida y decretada\u201d. <\/p>\n
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3. Las actitudes descritas vulneran el derecho de acceder real y efectivamente a la administraci\u00f3n de justicia, que no se satisface con la admisi\u00f3n de una demanda, sino con una decisi\u00f3n de fondo, ajustada a la equidad y al debido proceso, donde prevalezca el derecho sustancial. Entonces, el demandante no ha contado con aquella garant\u00eda, pues no particip\u00f3 en el tr\u00e1mite policivo, ni pudo demandar las resoluciones expropiatorias ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y, ahora, la justicia ordinaria le niega la reivindicaci\u00f3n del bien, a pesar de haber acreditado debidamente su dominio, lo cual constituye una negaci\u00f3n \u201caberrante, a la administraci\u00f3n de justicia y al acceso real y efectivo a la misma\u201d, con violaci\u00f3n del art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Finalmente, el recurrente indica que el sentenciador pas\u00f3 por alto el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica, que establece la supremac\u00eda de \u00e9sta sobre la ley, los actos administrativos y las decisiones policivas, pues, de haberlo aplicado, habr\u00eda decretado la inconstitucionalidad sobrevenida de todas las resoluciones expedidas por la gobernaci\u00f3n, sobre las cuales no podr\u00eda sustentarse un fallo, pues son manifiestamente contrarias a la Constituci\u00f3n, violan el debido proceso judicial y administrativo, contienen una expropiaci\u00f3n de facto, desconocen la propiedad privada, el justo t\u00edtulo, el derecho de defensa, la equidad y la justicia, de suerte que no pod\u00edan generar derecho, ni ser tenidas en cuenta en decisi\u00f3n judicial alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El recto desempe\u00f1o de la funci\u00f3n jurisdiccional exige la cabal observancia de las formas establecidas por la ley para el desenvolvimiento del proceso, raz\u00f3n por la que su incumplimiento o desviaci\u00f3n abre la posibilidad de inmediata correcci\u00f3n, a cuyo fin se ha establecido la figura de las nulidades procesales. <\/p>\n
Es as\u00ed c\u00f3mo los art\u00edculos 140 a 147 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil contienen el r\u00e9gimen de las nulidades procesales e introducen una descripci\u00f3n de las causales o motivos que constituyen vicios de tal naturaleza y dan lugar a invalidar una actuaci\u00f3n procesal, no sin hacer salvedad de que no todas las irregularidades acarrean nulidades, pues esta categor\u00eda queda reservada para aquellas expresamente calificadas como tal. <\/p>\n
Ha de decirse tambi\u00e9n que este instituto est\u00e1 gobernado por diversos principios, como los de taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n, al paso que se encuentra sometido a reglas bien precisas, no s\u00f3lo desde el punto de vista de los hechos que les dan origen, sino en cuanto a la oportunidad y requisitos para proponerlas, la manera como pueden entenderse saneadas, y los efectos que se desprenden de su declaraci\u00f3n, entre otros aspectos. <\/p>\n
2. Ahora, la fijaci\u00f3n del r\u00e9gimen de las nulidades es un asunto que, en l\u00ednea de principio, es del resorte del legislador, que indica, seg\u00fan los criterios antes se\u00f1alados, las causales que las generan, tal como qued\u00f3 consignado en el citado art\u00edculo 140, atendiendo, claro est\u00e1, los principios y garant\u00edas constitucionales, de los que son finalmente una n\u00edtida expresi\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, es de verse tambi\u00e9n que el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u201ces nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, nulidad de orden superior que, como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-491 de 1995, viene a sumarse a las dem\u00e1s y puede invocarse cuando sea el caso. <\/p>\n
En este preciso sentido la Sala ha recordado que \u201cal lado de la nulidad de origen constitucional prevista en el Art. 29 de la C. P., seg\u00fan las precisiones hechas por la Corte Constitucional en las sentencias C-491\/95 y C-217\/96, operan en el ordenamiento procesal civil las de car\u00e1cter legal organizadas dentro de un r\u00edgido sistema de taxatividad, conforme al cual no hay nulidad sin texto que la consagre, lo que positivamente se refleja en los propios t\u00e9rminos empleados en el inciso primero del art. 140 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual \u2018el proceso es nulo en todo o en parte solamente\u2019 en las precisas situaciones detalladas por el aludido precepto, a las que hay que agregar las espec\u00edficamente referidas al proceso ejecutivo, a las que hace alusi\u00f3n el art. 141 ib\u00eddem\u201d(fallo de 5 de diciembre de 2000, exp.#7732, subrayado textual; cfr. sentencias de 21 de marzo de 2000, exp.#5198; 1\u00b0 de diciembre de 2000, exp.#6341; y 4 de diciembre de 2000, exp.#7321, entre otras). <\/p>\n
3. Acorde con los postulados generales que se dejan plasmados en la l\u00edneas precedentes, resulta importante precisar ahora, siguiendo la doctrina jurisprudencial, que la causal quinta de casaci\u00f3n estriba en haberse incurrido en alguno de los motivos de nulidad previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, de suerte que, por contera, ser\u00e1 totalmente improcedente un ataque extraordinario donde se denuncien irregularidades que no han existido, o que, de haber existido, no se encuentran previstas clara e inequ\u00edvocamente como tales, o que, est\u00e1ndolo, hayan sido convalidadas de una u otra forma. <\/p>\n
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4. Situada la Corte dentro del contexto del cargo que se analiza, de entrada encuentra que la censura apunta al reconocimiento de una causal constitucional de invalidaci\u00f3n de lo actuado que no encuadra dentro del supuesto previsto por el art\u00edculo 29 del Estatuto Fundamental, como tampoco en ninguno de los que se describen espec\u00edficamente describe el aludido art\u00edculo 140, lo que apareja inexorablemente su fracaso. <\/p>\n
Ciertamente, el recurrente denuncia, en s\u00edntesis, la violaci\u00f3n del derecho de acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, consagrado en el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con el argumento de no hab\u00e9rsele permitido intervenir en el tr\u00e1mite policivo que adelant\u00f3 la gobernaci\u00f3n, ni demandar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo las decisiones all\u00ed proferidas, que, por ende, le eran inoponibles; asimismo, cuestiona la interpretaci\u00f3n expresada por el tribunal acerca de las resoluciones correspondientes, en cuanto a su calidad de actos administrativos, aspecto que, aunado a los anteriores, condujeron a que, en su opini\u00f3n, no se diera primac\u00eda a la Constituci\u00f3n, as\u00ed como a que se infringieran los derechos de defensa y propiedad. <\/p>\n
De otro lado, v\u00e9ase tambi\u00e9n que lo expuesto por el impugnador, en gran parte de la acusaci\u00f3n, es una discrepancia conceptual en lo que toca con la naturaleza atribuida por el ad-quem a las resoluciones emitidas por la gobernaci\u00f3n, esto es, se repite, si deb\u00edan considerarse o no actos administrativos, cuesti\u00f3n que corresponde, sin duda, a un aspecto jur\u00eddico, extra\u00f1o a la actividad in procedendo y, por lo mismo, a la causal de casaci\u00f3n aqu\u00ed invocada. <\/p>\n
5. Es palmario, pues, que el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
1. Se denuncia la sentencia por no estar en consonancia con los hechos de la demanda ni con la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n formulada por la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa. <\/p>\n
2. El censor manifiesta que la sentencia no decidi\u00f3 sobre todos los temas sometidos a composici\u00f3n del juez, ni consider\u00f3 los hechos alegados para fundamentar la causa petendi o los se\u00f1alados en la demanda y en su reforma, como tampoco resolvi\u00f3 sobre la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n esgrimida por uno de los demandados. Por ende, si hubiera observado el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habr\u00eda concluido que el actor estaba legitimado para promover la acci\u00f3n reivindicatoria, en tanto que era el \u00fanico due\u00f1o inscrito del bien y tal circunstancia no hab\u00eda sido enervada por las resoluciones arbitrarias, desproporcionadas y violatorias de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica actual. <\/p>\n
Del mismo modo, el fallador no consider\u00f3 los hechos de la demanda donde est\u00e1 relacionado el derecho de dominio; las circunstancias de modo, tiempo y lugar del decomiso de la avioneta y la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n por una arbitrariedad oficial; la entrega abusiva del bien a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana; el tr\u00e1mite policivo sin la presencia del actor; la legitimaci\u00f3n en la causa para impetrar la reivindicaci\u00f3n; los hechos de la reforma del libelo, donde se insisti\u00f3 en la violaci\u00f3n del derecho de defensa; y la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, de haber resuelto la excepci\u00f3n, el juez de segundo grado habr\u00eda establecido la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, pues dentro de la contencioso administrativa se concluy\u00f3 que las resoluciones no eran actos administrativos, de manera que las decisiones adoptadas dentro del juicio policivo, en especial, en lo que ata\u00f1e a los bienes de propiedad privada, no pod\u00edan quedar sin control jurisdiccional dentro de un Estado Social de Derecho, estando facultada la jurisdicci\u00f3n ordinaria para examinarlas sin limitaci\u00f3n alguna. Por tanto, como no se resolvi\u00f3 \u201csobre todo el thema decidendum presentado para su composici\u00f3n por las partes, el fallo es manifiestamente injusto, por infra petita\u201d, de donde se impone su quiebre en casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La resoluci\u00f3n del asunto litigioso puesto a consideraci\u00f3n del juez, contenido en la demanda, su contestaci\u00f3n, las excepciones y en los dem\u00e1s actos contemplados por la ley, origina el concepto de la congruencia, que fija al sentenciador los linderos de su decisi\u00f3n, determinados por el entorno resultante de la actividad de las partes contendientes. <\/p>\n
Este principio es desarrollado, en sus aspectos formal y sustancial, por los art\u00edculos 304 y 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que han servido de base a la Corte para se\u00f1alar que \u201c\u2018el fallador, pues, no puede, sin desbordar los l\u00edmites de su potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos oportunamente por las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su intervenci\u00f3n para desatar el litigio, dejar sin decisi\u00f3n materias de las que fueron sometidas a su composici\u00f3n. Por ello, de manera terminante ordena el art\u00edculo 304 del C. de P. Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones, y el 305 siguiente puntualiza que el fallo deber\u00e1 ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones dichas. La resoluci\u00f3n judicial entonces debe ser respuesta acompasada con lo pedido por el demandante y con las defensas del demandado; no puede exceder esos l\u00edmites y tampoco puede dejar sin desatar los precisos temas que fueron sometidos a su decisi\u00f3n\u2019\u201d(G. J., t. CCXXXVII, pag.813). <\/p>\n
2. Cuando el ataque est\u00e1 encaminado al establecimiento de un vicio de disonancia para sustentar una causal que pueda quebrar la sentencia, su b\u00fasqueda debe empezar por un cotejo o comparaci\u00f3n entre los hechos, las pretensiones reclamadas y las excepciones propuestas, con la parte resolutiva de la decisi\u00f3n; a partir de lo que resulte de contrastar tales factores podr\u00e1 determinarse si el fallo desbord\u00f3 por exceso o por defecto los l\u00edmites trazados por los actos procesales enunciados, y si result\u00f3 por ello ultra, extra o citra petita, e incurri\u00f3 en un error in procedendo. <\/p>\n
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Asimismo, para averiguar si un fallo adolece de esta irregularidad debe observarse si fue condenatorio o absolutorio, por cuanto resulta est\u00e9ril atacar por esta v\u00eda una sentencia totalmente desestimatoria, pues ella apareja una denegaci\u00f3n t\u00e1cita de las pretensiones (G. J., t. XCVI, pag.84; CCXVI, 66; entre otras), quedando a salvo, desde luego, el evento en que el reproche por incongruencia aluda a los extremos f\u00e1cticos del debate, caso en el cual podr\u00eda predicarse excepcionalmente de una providencia absolutoria (G. J., t. CCXLVI, pag.148; CCLII, 312; entre otras). <\/p>\n
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3. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte el impugnador denuncia, en compendio, que la sentencia \u201cno decidi\u00f3 sobre todos los temas sometidos a la composici\u00f3n del juez\u201d, ni guard\u00f3 consonancia con los hechos de la demanda, como tampoco resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n formulada por la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional, reproches que no pueden abrirse camino, como pasa a explicarse. <\/p>\n
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De otro lado, en cuanto a la censura destinada a demostrar que el fallo es disonante con los hechos descritos en la demanda y en su reforma, igualmente se ve que resulta improcedente. En efecto, seg\u00fan lo ha pregonado esta Corporaci\u00f3n, la incongruencia concerniente a los hechos que integran la causa petendi se presenta cuando el juzgador \u201cal considerar los hechos sustentantes de la pretensi\u00f3n, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar \u00fanicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados\u201d(G. J., t. CCXXV, pag.255), o, como tambi\u00e9n se ha expresado, con otras palabras, se trata de un \u201cyerro por invenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n judicial, producto de la desatenci\u00f3n o prescindencia de los hechos de la demanda\u201d(sentencia de 27 de noviembre de 2000, exp.#5529). Pues bien, en este caso el recurrente aduce que el tribunal no consider\u00f3 diversas situaciones f\u00e1cticas atinentes, en especial, al t\u00edtulo de dominio que el demandante ten\u00eda sobre la avioneta y a la manera como \u00e9sta fue decomisada, entre otros, lo que constituye un desatino, pues, en realidad, el ad-quem jam\u00e1s se apart\u00f3 de los hechos relatados por el demandante, ni introdujo o recre\u00f3 supuestos distintos de los que se le hab\u00edan suministrado, sino que, a partir de unas determinadas consideraciones estim\u00f3 que la propiedad del bien se hab\u00eda radicado en cabeza del Estado, lo que elimina la posibilidad de que haya incurrido en una irregularidad como la denunciada. <\/p>\n
Tambi\u00e9n carece de raz\u00f3n el cargo cuando predica que no se resolvi\u00f3 sobre la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por uno de los demandados. Ciertamente, resulta extra\u00f1o que el actor manifieste ahora que, de haber sido examinado este aspecto, se \u201chabr\u00eda concluido necesariamente que la jurisdicci\u00f3n civil ordinaria tiene real y efectivamente atribuido el conocimiento pleno de este asunto\u201d, cuando ello fue exactamente lo que ocurri\u00f3, pues no puede olvidarse que este punto fue decidido, con acierto o no, en el mismo sentido que pretende el acusador, cuando en ambas instancias se desestim\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional (fls. 5 a 7, cd.3 y 5 a 8, cd.5). Al existir este precedente, carece de sentido sostener, a la altura del recurso extraordinario, que la sentencia de segundo grado dej\u00f3 de pronunciarse sobre la excepci\u00f3n que en id\u00e9ntico sentido fue propuesta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no est\u00e1 de m\u00e1s resaltar la imprecisi\u00f3n en que incurre el censor cuando, para rematar, afirma que el fallo \u201ces manifiestamente injusto, por infra petita\u201d(se subraya), pues este es un problema bien distinto de la incongruencia. En esta materia, basta decir que las sentencias de este tipo est\u00e1n expresamente autorizadas por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y se presentan cuando la pretensi\u00f3n es acogida en una medida o proporci\u00f3n inferior a la reclamada, lo que, a todas luces, no corresponde a ninguna de las modalidades de disonancia, de modo que cualquier desatino que aqu\u00ed pudiera cometerse ser\u00eda propio de la actividad in judicando, atacable s\u00f3lo por conducto de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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4. En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Se denuncia la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 822, 830, 831, 835, 864, 897, 899, 901, 905, 1427, 1740, 1773, 1781, 1782, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1813, 1814, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856, 1858, 1864 y 1869 del C\u00f3digo de Comercio; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 749, 752, 756, 759, 762, 764, 765, 771, 773, 785, 946, 947, 950, 951, 952, 955, 957, 961, 963 y 964 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Tras anticipar la aceptaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n probatoria del fallador, el impugnador afirma que aqu\u00e9l dedujo, con acierto, que se trataba de una acci\u00f3n de dominio y encontr\u00f3 probados sus elementos, mas no hizo actuar los art\u00edculos 946 y 950 del C\u00f3digo Civil, aplicables a los asuntos mercantiles seg\u00fan la remisi\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba y 822 del C\u00f3digo de Comercio, y por ello desconoci\u00f3 los art\u00edculos 1427 y 1789 de este \u00faltimo estatuto, que consagran la manera de realizar los actos y contratos que afectan el dominio de aeronaves, as\u00ed como los art\u00edculos 824, 897, 899 y 901 de la misma codificaci\u00f3n, concordantes con el 1740 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Enseguida, basado en jurisprudencia de la Corte, identific\u00f3 los presupuestos de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, a saber, dominio del demandante, posesi\u00f3n del demandado, cosa singular o cuota determinada, e identidad entre lo pretendido y lo pose\u00eddo, para indicar que el \u00e9xito de la acci\u00f3n depende de la cabal demostraci\u00f3n de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
<\/p>\n
Respecto a la posesi\u00f3n del demandado, manifiesta el acusador, puede ocurrir que s\u00f3lo el demandante exhiba t\u00edtulos de dominio sobre la cosa, o que ambos lo hagan, para seguidamente estimar que el juez de segundo grado, al parecer, s\u00f3lo consider\u00f3 la primera hip\u00f3tesis, pero olvid\u00f3 que cuando se presenta la segunda \u201cdebe necesariamente establecer la prevalencia de tales t\u00edtulos, la legalidad de los mismos, la oponibilidad o no de tales instrumentos entre las partes, para concluir, luego de este an\u00e1lisis, si el t\u00edtulo de dominio presentado por el actor tiene mayor entidad jur\u00eddica que el aducido por el demandado, o si este \u00faltimo carece de idoneidad para contrarrestar el del demandante, o si finalmente el que prevalece es el del extremo pasivo de la litis\u201d. <\/p>\n
Empero, el juzgador se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la Naci\u00f3n ten\u00eda un t\u00edtulo de dominio sobre la aeronave, consistente en la resoluci\u00f3n 250 de 1985, y que, por tal motivo, el demandante lo hab\u00eda perdido y estaba radicado en el Estado, todo ello, puntualiza el casacionista, \u201csin efectuar la menor confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos, como si por el simple hecho de exhibir el demandado … un pretendido t\u00edtulo de dominio sobre el bien objeto de la acci\u00f3n, \u00e9sta ya no pudiese continuar y no fuere labor del juzgador sopesar los t\u00edtulos esgrimidos, confrontarlos, para decidir cu\u00e1l de ellos prevalece\u201d. <\/p>\n
4. Aunque el sentenciador apreci\u00f3 correctamente el t\u00edtulo inscrito de propiedad aportado por Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez, as\u00ed como las resoluciones dictadas por la gobernaci\u00f3n, no hizo m\u00e1s que reconocer que \u00e9stas eran actos administrativos legales, constitutivos del t\u00edtulo de dominio a favor de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, y que determinaban el ingreso del bien al patrimonio de la Naci\u00f3n, que tom\u00f3 posesi\u00f3n de la misma, con la consecuente p\u00e9rdida de titularidad por el demandante y el fracaso de sus pretensiones. <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Se acusa la sentencia de violar los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 822, 824, 830, 831, 835, 864, 897, 899, 901, 905, 1427, 1740, 1773, 1781, 1782, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1813, 1814, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856, 1858, 1864 y 1869 del C\u00f3digo de Comercio; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 749, 752, 756, 759, 762, 764, 765, 771, 773, 785, 946, 947, 950, 951, 952, 955, 957, 961, 963, 964 del C\u00f3digo Civil; 174, 187, 256, 258, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores evidentes de derecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2. El acusador manifiesta que el ad-quem encontr\u00f3 demostrado, sin estarlo, que la Naci\u00f3n ten\u00eda a su favor un t\u00edtulo traslaticio de dominio sobre el bien, contenido en las resoluciones dictadas por la mentada gobernaci\u00f3n, y que \u00e9stas cancelaron el dominio del actor, pese a que no fueron inscritas en el registro aeron\u00e1utico correspondiente. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indica que el mentado yerro recay\u00f3 sobre la escritura p\u00fablica 165 de 9 de febrero de 1985, de la notar\u00eda segunda de Villavicencio; la certificaci\u00f3n expedida el 27 de septiembre de 1985 por la oficina de Reglamento Aeron\u00e1utico y Registro de la Aeron\u00e1utica Civil, que acredita la propiedad de la aeronave en cabeza de Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez; la certificaci\u00f3n emitida por la misma oficina el 8 de abril de 1985, donde informa que la avioneta no ten\u00eda comunicaci\u00f3n de suspensi\u00f3n del Ministerio de Justicia; el documento de 23 de agosto de 1990 de dicha oficina por el que se informa de la inscripci\u00f3n del embargo sobre el bien y que \u00e9ste figura a nombre de Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez; las resoluciones proferidas por la aludida gobernaci\u00f3n; y en las pruebas documentales correspondientes a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el actor ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. <\/p>\n
3. Como sustento dice que si el fallador hubiera observado los art\u00edculos 174 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habr\u00eda considerado que la ley sustancial exige ciertas solemnidades para la existencia y validez de los actos y contratos relativos a la aeronaves con matr\u00edcula colombiana, as\u00ed como que el art\u00edculo 256 ib\u00eddem dispone que cuando la ley ordena el registro p\u00fablico de alg\u00fan documento, debe aportarse, junto con el mismo, la prueba de tal inscripci\u00f3n, sin que pueda dividirse el alcance probatorio de los documentos p\u00fablicos y privados, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 258 ejusdem, y sin que, conforme al art\u00edculo 264 de la misma codificaci\u00f3n, un documento p\u00fablico ad sustantiam actus pueda ser suplido por otro medio demostrativo. <\/p>\n
El juez de segundo grado observ\u00f3 materialmente las pruebas, prosigue la censura, pero no reconoci\u00f3 eficiencia o valoraci\u00f3n probatoria, seg\u00fan la ley sustancial, a las que demostraban la titulaci\u00f3n leg\u00edtima y tradici\u00f3n de Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez sobre la aeronave; en cambio, le otorg\u00f3 a las mentada resoluciones una pertinencia que la ley sustancial no les concede, sin advertir que en dicho tr\u00e1mite administrativo no intervino el propietario del bien y se le vulneraron los derechos de defensa y propiedad, otorg\u00e1ndoles, adem\u00e1s, efectos jur\u00eddicos no contemplados en disposici\u00f3n sustancial alguna, al considerar cumplido el modo de la tradici\u00f3n, sin exigir la prueba de la inscripci\u00f3n en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional. <\/p>\n
De no haber cometido tales desatinos, el juzgador habr\u00eda concluido que los t\u00edtulos del demandante prevalec\u00edan sobre las resoluciones en cuesti\u00f3n, pues la escritura de adquisici\u00f3n cumpl\u00eda las exigencias del art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio, fue inscrita en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional para la tradici\u00f3n, constituye verdadero y justo t\u00edtulo traslaticio de dominio, no ha sido invalidada por autoridad alguna y se encuentra vigente con plenos efectos jur\u00eddicos. Por el contrario, aquellas resoluciones se profirieron en una actuaci\u00f3n policiva de car\u00e1cter penal contravencional, sin citaci\u00f3n ni intervenci\u00f3n del propietario de la nave, por lo que no le eran oponibles, \u201ccomo lo establecen las normas sustanciales citadas en el cargo\u201d; no obstante, le fueron opuestas al derecho de dominio del actor, sin confrontaci\u00f3n previa, y se consider\u00f3 equivocadamente que eran actos administrativos, cuando se trataba de un juicio policivo adelantado con fundamento en el decreto 1061 de 1984, proferido bajo el estado de sitio entonces vigente, resoluciones que, al ser examinadas frente a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, resultaban inaplicables y contrarias a sus principios, garant\u00edas y derechos. <\/p>\n
En suma, el casacionista asevera que las resoluciones no pod\u00edan asimilarse a una escritura p\u00fablica, de modo que, al no colmar los requisitos del art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio, no ten\u00edan efectos ad substantiam actus, con lo que se tipific\u00f3 un \u201cerror de hecho\u201d, al \u201chaberse sustituido la escritura por las resoluciones mencionadas\u201d, con grave violaci\u00f3n del art\u00edculo 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Las providencias de los jueces de instancia llegan a la Corte cobijadas por la presunci\u00f3n de acierto, seg\u00fan la cual ellas reflejan una adecuada contemplaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos, as\u00ed como una correcta aplicaci\u00f3n del derecho, de manera que el censor que pretenda desvirtuar tal regla debe presentar una censura ajustada a las directrices del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en especial, en cuanto a la formulaci\u00f3n separada de los cargos, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u201d, a lo que se agrega que el reproche no s\u00f3lo debe ser exacto, sino tambi\u00e9n completo, lo que significa, por un lado, que ha de guardar absoluta simetr\u00eda con los pilares de la sentencia cuestionada y, por el otro, que debe cobijarlos integralmente, pues, de no ser as\u00ed, el fallo seguir\u00e1 en pie sobre la base de los razonamientos f\u00e1cticos o jur\u00eddicos pasados por alto. <\/p>\n
2. En este caso, la decisi\u00f3n del sentenciador tuvo sustento esencial en los argumentos que se compendian enseguida. <\/p>\n
Por un lado, se\u00f1al\u00f3 que la resoluci\u00f3n 250 de 1995 era un acto administrativo en firme, con \u00abimperio mientras la autoridad judicial no lo declare contrario a derecho\u201d, y que no era \u201cpermitido al juez civil, por v\u00eda del proceso ordinario, quebrar la presunci\u00f3n de legalidad de un acto administrativo\u201d, como \u201ctampoco lo puede calificar para deducir de \u00e9l, por ejemplo, una arbitrariedad, de llegar a contenerla, y proceder a corregirla ordenado contra esa decisi\u00f3n una devoluci\u00f3n de la cosa y\/o el pago del perjuicio\u201d. Y, por el otro, que el efecto jur\u00eddico del decomiso definitivo era el \u201cperdimiento de la cosa\u201d, de modo que se produjo \u201cun desplazamiento del t\u00edtulo fundamento del dominio sobre la aeronave\u201d y ella \u201cingres\u00f3 al patrimonio del Estado\u201d, lo que hizo tras examinar el t\u00edtulo de dominio exhibido por el demandado. <\/p>\n
3. Sentadas estas premisas, ha de verse que existen varias razones que determinan la improsperidad de las censuras, como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
a) El cargo segundo, por la v\u00eda directa, apunta a mostrar que el tribunal no hizo la \u201cconfrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos\u201d presentados por las partes, gesti\u00f3n de la que, a su juicio, habr\u00eda salido victorioso el del actor, sino que se limit\u00f3 a acoger el exhibido por los demandados, como si ello fuere suficiente para enervar la acci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, al retomar las consideraciones de la sentencia, emerge que el ad-quem consider\u00f3 que la presencia de un acto administrativo en firme, amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y que no hab\u00eda sido declarado contrario a derecho, implicaba que el mismo no pod\u00eda ser examinado ni calificado por el juez civil, como tampoco era factible enmendar o corregir las eventuales situaciones arbitrarias que pudieran hallarse en \u00e9l. Asimismo, tras poner de presente \u201cla calidad de due\u00f1o de la avioneta alegada por el demandante, con fundamento en su escritura de compraventa del bien debidamente registrada, como se encuentra establecido en el proceso\u201d, estim\u00f3 que el mentado acto gener\u00f3 \u201cun desplazamiento del t\u00edtulo fundamento del dominio sobre la aeronave hacia la Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u201d, aserto concordante con lo que, en su sentir, constitu\u00eda el efecto jur\u00eddico del decomiso definitivo, esto es, el \u201cperdimiento de la cosa\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, pues, contrario a lo sostenido, aflora que el fallador no s\u00f3lo fue consciente de la existencia de los t\u00edtulos allegados a la controversia, sino que, adem\u00e1s, los enfrent\u00f3 directamente, pues, ha de repetirse, no de otra manera habr\u00eda podido dar prevalencia a uno de ellos y afirmar, consecuentemente, sobre la base de reconocer un derecho de dominio previo en cabeza del demandante, que el catalogado acto administrativo produjo \u201cun desplazamiento del t\u00edtulo fundamento del dominio sobre la aeronave hacia la Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u201d, o, como lo se\u00f1al\u00f3 en otro aparte, que \u201cla aeronave ingres\u00f3 al patrimonio del Estado, por el decomiso definitivo con destino al servicio de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, FAC, al encontrarse ejecutoriada la Resoluci\u00f3n N. 250 de 1985 que as\u00ed lo dispuso\u201d(se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
Dicho de otra forma, el juez de segundo grado efectivamente cotej\u00f3 los t\u00edtulos de dominio, mas estim\u00f3, conforme a su criterio de valoraci\u00f3n, que deb\u00eda primar aqu\u00e9l que incorporaba un acto administrativo en firme y determinante de la traslaci\u00f3n en la propiedad del bien. Por lo mismo, desatina la censura cuando cuestiona al juzgador por haber decidido amparado en la mera exhibici\u00f3n del t\u00edtulo de dominio por parte de los demandados, \u201csin efectuar la menor confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos\u201d, toda vez que, con acierto o no, \u00e9sta fue realizada. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, si lo anterior es contrastado con la sustentaci\u00f3n del cargo, ha de notarse que el impugnador se dedic\u00f3 principalmente a insistir en la necesidad de confrontar los t\u00edtulos, reprochando -erradamente- que el sentenciador hubiera omitido hacerlo, y a enunciar algunas pautas legales que determinar\u00edan la prevalencia del suyo, pero en manera alguna se ocup\u00f3 de controvertir o derrumbar con argumentos jur\u00eddicos, como corresponde forzosamente en la v\u00eda directa, el entendimiento o raciocinio toral del tribunal en torno a la naturaleza que ostentaban las resoluciones emitidas por la gobernaci\u00f3n, o acerca de su estado y firmeza actual, mucho menos, alrededor de la legalidad o pertinencia de los contundentes efectos legales que se hab\u00edan deducido de ellas, esto es, exactamente la p\u00e9rdida de la cosa para el actor debido al previo desplazamiento de la propiedad de aqu\u00e9lla al Estado. <\/p>\n
En este preciso punto, valga repetirlo, llama la atenci\u00f3n que, en el cargo, el demandante haya guardado completo silencio en torno a los pronunciamientos de las autoridades de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa acerca de la naturaleza de las resoluciones expedidas por la mentada gobernaci\u00f3n, permitiendo, por su inactividad, que este argumento permanezca entre los pilares fundamentales de la providencia criticada. <\/p>\n
En este orden de ideas, por la asimetr\u00eda identificada entre la sentencia y el ataque, se sigue que \u00e9ste evidencia un desenfoque, materia en relaci\u00f3n con la cual cabe rememorar que la carga procesal atribuida al recurrente, cuando se trata de la causal primera de casaci\u00f3n, reclama que su \u201ccr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u201d(G. J., t. CCLVIII, pag.284, reiterada en la de 15 de diciembre de 2003, exp.#7565), que es lo que precisamente sucede en el cargo examinado, donde el ataque se apart\u00f3 del raciocinio cardinal de la providencia fustigada. <\/p>\n
b) Por otra parte, en lo que respecta al cargo tercero, ha de recordarse que acusador, tras presentar un listado de diversas normas, denuncia la comisi\u00f3n de supuestos errores de derecho, consistentes en que el ad-quem tuvo por demostrado, sin estarlo, que la Naci\u00f3n ostentaba un t\u00edtulo de dominio contenido en las resoluciones dictadas por la mencionada gobernaci\u00f3n y que las mismas cancelaban el dominio del actor, sin considerar que aqu\u00e9llas no fueron inscritas en el registro aeron\u00e1utico previsto en el art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Dentro de la misma l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, manifiesta tambi\u00e9n que se infringieron los art\u00edculos 256 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan los cuales, por un lado, la copia de un documento sujeto a registro p\u00fablico debe llevar la nota correspondiente y, por el otro, un instrumento p\u00fablico no puede ser suplido por otra prueba, e insiste, a t\u00e9rminos del mencionado art\u00edculo 1427 del Estatuto Mercantil, en que la ley exige ciertas solemnidades para la existencia de los contratos relativos a las aeronaves con matr\u00edcula colombiana, as\u00ed como dispone que la tradici\u00f3n se efectuar\u00e1 con la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Para concretar su cr\u00edtica, el casacionista se duele de que el fallador haya otorgado a las nombradas resoluciones una \u201cpertinencia que la ley sustancial no les concede\u201d, sin tener en cuenta que durante su tr\u00e1mite le fueron violados los derechos de defensa y propiedad, por lo que no le eran oponibles, a m\u00e1s de que no cumplieron con el modo de la tradici\u00f3n, ni se exigi\u00f3 la prueba de su debida inscripci\u00f3n en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional. <\/p>\n
Como puede verse, el planteamiento, a trav\u00e9s de la denuncia de un error de derecho, apunta a demostrar la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 256 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la medida en que las resoluciones de la gobernaci\u00f3n no fueron aportadas al proceso con la constancia de haberse inscrito en el Registro Aeron\u00e1utico previsto por el art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio, y, adem\u00e1s, por cuanto ellas no pod\u00edan sustituir la escritura p\u00fablica exigida por la misma norma, para efectos de la transferencia del dominio de aeronaves. <\/p>\n
Emerge de lo anterior que la argumentaci\u00f3n que sustenta el cargo se mueve en torno a la presunta inobservancia de los citados art\u00edculos 256 y 265, como normas de disciplina probatoria, y del art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio, precepto este que, ha de decir la Corte, no ostenta naturaleza sustancial, puesto que s\u00f3lo consagra el car\u00e1cter solemne de los actos o contratos que afecten el dominio o que tengan por objeto la constituci\u00f3n de derechos reales sobre aeronaves, as\u00ed como establece la forma como ha de efectuarse la tradici\u00f3n de los mismos bienes, sin declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas, que es lo que identifica las disposiciones de este linaje, las que, a su turno, han de constituir el eje central de cualquier reproche montado sobre la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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Esta circunstancia -per se- deja al cargo desprovisto de un elemento fundamental que habr\u00eda de ser considerado en orden a establecer si la causal alegada se configur\u00f3, pues, al no haber una disposici\u00f3n sustancial hacia la cual la Corte pueda enfocar un juicio de valor, viene a quedar solamente una queja general y sin contenido, por lo menos, para los efectos del recurso, lo que se corrobora con el hecho de que las restantes normas enlistadas al inicio de la censura no pasaron de ser un simple y escueto enunciado, pues el recurrente jam\u00e1s volvi\u00f3 sobre ellas, ni procur\u00f3 elaborar argumentos claros y precisos que tendieran a comprobar su infracci\u00f3n, la manera c\u00f3mo se habr\u00eda producido y la trascendencia de tal conducta. <\/p>\n
Adicionalmente, no puede perderse de vista que para sustentar la acusaci\u00f3n el censor enumer\u00f3 las distintas pruebas documentales sobre las que presuntamente habr\u00edan reca\u00eddo los errores de derecho, sin que se propusiera una cr\u00edtica concreta frente a cada una de ellas, salvo en lo que tiene que ver con las mentadas resoluciones, aspecto que se abordar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Asimismo, es de notar que la censura tambi\u00e9n anot\u00f3 que si el juez de segundo grado hubiera observado los art\u00edculos 174 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, concernientes a la necesidad de la prueba y a su valoraci\u00f3n conjunta, respectivamente, habr\u00eda considerado que la ley exige ciertas formalidades para los actos relativos a las aeronaves; no obstante, es evidente la imprecisi\u00f3n y el alcance general de este comentario, pues no se lig\u00f3 a ning\u00fan medio demostrativo en particular, como tampoco se expusieron argumentos tendentes a demostrar que aqu\u00e9l desconoci\u00f3 la \u00faltima regla de valoraci\u00f3n probatoria integral, esto es, que no apreci\u00f3 conjuntamente las piezas demostrativas, as\u00ed como las concordancias, conexiones, contradicciones, etc, existentes entre ellas, que es, en realidad, a lo que se refiere el mencionado art\u00edculo 187. <\/p>\n
Como si fuera poco, el impugnador aludi\u00f3 tambi\u00e9n a que el juzgador observ\u00f3 materialmente las pruebas, pero \u201cno reconoci\u00f3 eficacia o valoraci\u00f3n probatoria de conformidad a los postulados de la ley sustancial\u201d a \u201clas que demostraban la titulaci\u00f3n leg\u00edtima\u201d y \u201cla tradici\u00f3n cumplida a favor de … Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez sobre la avioneta\u201d, apreciaci\u00f3n esta que sigue la misma l\u00ednea del reproche anterior, en la medida en que no intenta siquiera precisar cu\u00e1l fue la prueba afectada con el supuesto yerro, ni explica en qu\u00e9 pudo consistir \u00e9ste, al punto que resulta imposible establecer si est\u00e1 haciendo referencia a una preterici\u00f3n de la prueba, que configurar\u00eda un error de hecho, o a un defecto de disciplina probatoria, pues, adem\u00e1s, no menciona concretamente la norma de este linaje que el sentenciador pudo haber infringido. <\/p>\n
Paralelamente a este reparo, el recurrente trajo a colaci\u00f3n las pretensas irregularidades originadas en el tr\u00e1mite que antecedi\u00f3 la emisi\u00f3n de la resoluciones comentadas, donde, en su opini\u00f3n, le fueron violados los derechos de defensa y propiedad previstos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Sobre este particular, una vez m\u00e1s se observa un reproche general sin conexi\u00f3n con los errores de derecho anunciados en el encabezamiento del cargo tercero, toda vez que no se enfoca a demostrar la falta de regularidad jur\u00eddica de las pruebas, sino que invoca otro tipo de circunstancias, que, incluso, de haber ocurrido, tuvieron lugar en un escenario diverso al proceso en el que dict\u00f3 la sentencia objeto de este recurso. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como se anticip\u00f3, la \u00fanica censura que se plantea con relativa sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros propios del error de derecho aparece cuando el acusador sostiene que se infringieron los art\u00edculos 256 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 1427 del C\u00f3digo de Comercio, dado que las resoluciones expedidas por la gobernaci\u00f3n no pod\u00edan asimilarse a escrituras p\u00fablicas, ni fueron aportadas al proceso con la constancia de su inscripci\u00f3n en el registro aeron\u00e1utico, como lo impone la primera norma citada, de modo que no pod\u00edan tenerse como prueba, ni perfeccionaron la tradici\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, advierte la Corte que la suerte de este reparo es id\u00e9ntica a la de los dem\u00e1s, si se tiene en cuenta que, a estas alturas, aparece de modo novedoso y sorpresivo un cuestionamiento al aspecto formal respecto de esa precisa prueba, en particular, a la manera como el documento fue aportado al proceso, circunstancia que el demandante no insinu\u00f3 siquiera en las instancias y sobre la cual, por razones obvias, no pudieron pronunciarse los demandados. En este punto, ha de considerarse, sin m\u00e1s anotaciones, como de antiguo lo tiene dicho la jurisprudencia, que \u201ctoda alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n conducente a demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de algunas pruebas por motivos de derecho o de hecho que no fueron planteados en las instancias, configura un medio nuevo, que no es de recibo en el recurso extraordinario\u201d(G. J., t. CLXV, pag.170). <\/p>\n
4. Desde otra perspectiva, como en lo fundamental la acusaci\u00f3n predica violaci\u00f3n de los derechos de defensa y al debido proceso del demandante en la se\u00f1alada actuaci\u00f3n de contravenci\u00f3n penal, en este punto de la argumentaci\u00f3n se impone relievar que si el t\u00edtulo de aqu\u00e9l fue inscrito en el registro del Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil el 27 de septiembre de 1985, como \u00e9l lo admiti\u00f3 en el hecho segundo de la demanda(fl.41, cd.1) y se constata con la copia que corre a folio 5 del cuaderno 8, resulta claro, en consecuencia, que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1427 del C\u00f3digo de Comercio no puede decirse que la gobernaci\u00f3n le cercen\u00f3 alguno de tales derechos por no haberlo vinculado al procedimiento que adelant\u00f3, y donde se produjeron aquellas resoluciones, por cuanto las mismas, en todo caso, se dictaron con anterioridad a tal fecha, al punto de la \u00faltima de las citadas decisiones se expidi\u00f3 el 3 de mayo de 1985, esto es, mucho antes de sentada la susodicha inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, frente a este aspecto, de mayor novedad resulta la informaci\u00f3n que emerge del oficio de 23 de agosto de 1990, expedido por el Departamento Administrativo de la Aeron\u00e1utica Civil, que corre a folio 53 del cuaderno 1, toda vez que all\u00ed, con referencia a la aeronave de que tratan estos autos, esa autoridad, encargada de sentar y llevar el registro p\u00fablico de los actos a trav\u00e9s de los cuales se constituye, modifica o grava el dominio de bienes de la se\u00f1alada especie, como el mismo casacionista lo admite, certific\u00f3 que la cosa en cuesti\u00f3n fue adquirida por el actor mediante escritura p\u00fablica 05655 de 4 de septiembre de 1985 de la notar\u00eda segunda de Bogot\u00e1, es decir, por acto diferente al aqu\u00ed aducido, y que el mismo fue registrado el 20 siguiente, vale decir, en fecha distinta a la ya conocida y, en todo caso, con posterioridad a aquella en que se produjo la \u00faltima de las dos mentadas decisiones dictadas por la gobernaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3. En este orden de ideas es palmario que, fundadamente, no podr\u00eda pregonarse violaci\u00f3n de alguno de los citados derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n
5. Con todo, al margen de las consideraciones precedentes, ha de reiterarse c\u00f3mo el ad-quem encontr\u00f3 que la aeronave ingres\u00f3 al patrimonio del Estado, como efecto de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n 250 de 2 de abril de 1985, por cuyo conducto la gobernaci\u00f3n del Huila dispuso su decomiso definitivo, determinaci\u00f3n esta que, por lo dem\u00e1s, gozaba de la presunci\u00f3n de legalidad mientras judicialmente no se declarara lo contrario; recalc\u00f3, asimismo, que como dicha decisi\u00f3n conllev\u00f3 como consecuencia jur\u00eddica la p\u00e9rdida de la cosa en cabeza de su anterior titular, al juez civil no le era viable quebrar aquella presunci\u00f3n, como tampoco calificar ese acto \u201cpara deducir de \u00e9l, por ejemplo, una arbitrariedad, de llegar a contenerla, y proceder a corregirla ordenando contra esa decisi\u00f3n una devoluci\u00f3n de la cosa y\/o el pago del perjuicio\u201d. Hizo ver el fallador, adicionalmente, c\u00f3mo la citada resoluci\u00f3n \u201cgener\u00f3 un desplazamiento del t\u00edtulo fundamento del dominio sobre la aeronave hacia la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y, por supuesto, de la posesi\u00f3n\u201d, en tanto \u201cqued\u00f3 demostrado que les fue entregada la avioneta\u201d; insisti\u00f3 en que habiendo perdido el demandante de esa manera la calidad de due\u00f1o sobre el aludido bien, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para ejercer acci\u00f3n de dominio en orden a \u201crecuperar la posesi\u00f3n de la aeronave\u201d, pues no se cumpl\u00edan las reglas de los art\u00edculos 946 y 950 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Frente a esa puntual apreciaci\u00f3n del fallador, a vuelta de relacionar los presupuestos de la acci\u00f3n de dominio, tocante con la posesi\u00f3n de la opositora sobre la cosa, manifiesta el acusador que el tribunal olvid\u00f3 que cuando se presenta confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos deb\u00eda establecer su prevalencia, \u201cla legalidad de los mismos, la oponibilidad o no de tales instrumentos entre las partes\u201d, para as\u00ed concluir si el allegado por el actor ten\u00eda \u201cmayor entidad jur\u00eddica que el aducido por el demandado\u201d o si el que prevalec\u00eda era \u201cel del extremo pasivo\u201d; a\u00f1ade que \u201csin efectuar la menor confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos\u201d aportados por las partes, aqu\u00e9l se limit\u00f3 a se\u00f1alar que a ra\u00edz del esgrimido por la Naci\u00f3n, consistente en la resoluci\u00f3n 250 de 1985, el demandante hab\u00eda perdido el dominio sobre la aeronave, como si por esa circunstancia no pudiera \u201csopesar los t\u00edtulos esgrimidos, confrontarlos, para decidir cu\u00e1l\u201d prevalec\u00eda; comenta que aunque el tribunal apreci\u00f3 correctamente los t\u00edtulos aportados por los litigantes, reconoci\u00f3 que las resoluciones allegadas por la contraparte eran actos administrativos legales, constitutivos del t\u00edtulo de dominio a favor de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, determinantes del ingreso del bien al patrimonio de la Naci\u00f3n y de la posesi\u00f3n que tom\u00f3 del mismo, pero que de haber realizado la dicha confrontaci\u00f3n habr\u00eda concluido que prevalec\u00eda la titulaci\u00f3n del actor, por su antig\u00fcedad y ser la \u00fanica inscrita en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional, ya que aquellas resoluciones no lo fueron. <\/p>\n
Y en el cargo tercero sostiene que el sentenciador observ\u00f3 las pruebas determinadas en esa acusaci\u00f3n pero no le reconoci\u00f3 eficiencia probatoria a las que de all\u00ed demostraban el dominio en cabeza del actor y en cambio s\u00ed se la dio a las mentadas resoluciones, no obstante que la ley sustancial no se la concede; al considerar, pues, cumplida la tradici\u00f3n sin haber exigido la prueba de la inscripci\u00f3n de tales actos en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional, le otorg\u00f3 unos efectos jur\u00eddicos no contemplados en ninguna disposici\u00f3n sustancial. De no haber cometido tales desatinos, el tribunal habr\u00eda concluido que los t\u00edtulos del demandante prevalec\u00edan sobre las resoluciones en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Dej\u00f3 de advertir, en fin, que como en dicho tr\u00e1mite administrativo el actor no intervino, se le vulneraron los derechos de defensa y propiedad privada, por cuanto las resoluciones se profirieron en una actuaci\u00f3n policiva de car\u00e1cter penal contravencional, sin su citaci\u00f3n ni intervenci\u00f3n, por lo que no le eran oponibles. <\/p>\n
De una y otra posici\u00f3n se aprecia, sin dubitaci\u00f3n alguna, que mientras el tribunal consider\u00f3 que a ra\u00edz de la ejecutoria de la aludida resoluci\u00f3n el avi\u00f3n ingres\u00f3 al patrimonio estatal, dado el decomiso definitivo que del mismo se dispuso, lo cual conllev\u00f3 la p\u00e9rdida de esa cosa en cabeza del demandante, pues de la manera se\u00f1alada se desplaz\u00f3 no s\u00f3lo el t\u00edtulo del dominio de la aeronave hacia la Fuerza A\u00e9rea Colombiana sino la posesi\u00f3n sobre la misma, por lo que al haber perdido aqu\u00e9l de ese modo \u201cla calidad de due\u00f1o\u201d, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para \u201crecuperar la posesi\u00f3n de la aeronave\u201d mediante la acci\u00f3n reivindicatoria, el recurrente se limita a cuestionarlo por no haber efectuado la confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos arrimados de uno y otro lado, pues s\u00f3lo mediante ese ejercicio pod\u00eda establecer que el allegado por el actor ten\u00eda \u201cmayor entidad jur\u00eddica que el aducido por el demandado\u201d, y que por circunscribirse a se\u00f1alar que ante el esgrimido por la Naci\u00f3n, el demandante hab\u00eda perdido el dominio, desconoci\u00f3 que la titulaci\u00f3n de \u00e9ste, por ser la m\u00e1s antig\u00fcedad y la \u00fanica inscrita en el Registro Aeron\u00e1utico Nacional, prevalec\u00eda. <\/p>\n
Tomando como punto de reflexi\u00f3n el marco que muestra el contraste expuesto, a efecto de establecer el m\u00e9rito de las acusaciones, necesario resulta indagar c\u00f3mo fue que la mencionada gobernaci\u00f3n adquiri\u00f3 la potestad de decidir sobre la disposici\u00f3n f\u00edsica del aeroplano involucrado en este proceso y de resolver finalmente sobre lo atinente al dominio del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades que le confer\u00eda el art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la saz\u00f3n vigente, expidi\u00f3 el decreto n\u00famero 1038 de 1984, por el cual declar\u00f3 \u201cturbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio todo el territorio de la Rep\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Desarrollando los efectos de ese decreto de estado de sitio, el Presidente de la Rep\u00fablica mediante el decreto 1061 de 5 de mayo de 1984 dict\u00f3 \u201cmedidas conducentes al restablecimiento del orden p\u00fablico\u201d. Con ese prop\u00f3sito dispuso que, adem\u00e1s de las sanciones penales a que hubiere lugar, entre otras, incurrir\u00edan en contravenciones de car\u00e1cter penal y, por consiguiente, ser\u00edan responsables la tripulaci\u00f3n, el due\u00f1o, tenedor o explotador de aeronave que aterrizara en aeropuerto o pistas no autorizadas por el Departamento Administrativo de la Aeron\u00e1utica Civil, operara aeronave sin llevar a bordo la autorizaci\u00f3n del plan de vuelo correspondiente o emprendiera vuelo o lo variara sin autorizaci\u00f3n o sin el plan de vuelo respectivo, sin notificar tal decisi\u00f3n a una torre de control. <\/p>\n
Asimismo determin\u00f3, seg\u00fan lo prescrib\u00eda el inciso segundo de su art\u00edculo 4\u00ba, que \u201clas autoridades civiles, militares o de polic\u00eda que de cualquier forma\u201d tuvieren \u201cconocimiento de hechos establecidos como contravenci\u00f3n\u201d en ese decreto, deb\u00edan proceder \u201ca inmovilizar los medios de transporte\u201d, y, conforme al inciso final del art\u00edculo 5\u00ba, que \u201clos medios de transporte\u201d aprehendidos en las circunstancias previstas en ese estatuto legal ser\u00edan \u201cpuestos \u201cen dep\u00f3sito\u201d por el gobernador o el funcionario competente \u201cen el Comando de la Brigada, de la Fuerza A\u00e9rea, de la Fuerza Naval o de la Polic\u00eda que estime conveniente, para lo cual\u201d pod\u00eda tener \u201cen cuenta la naturaleza y seguridad de tales medios\u201d(subrayas fuera de texto). Dispuso igualmente, como lo preve\u00eda su art\u00edculo 3\u00ba, que las contravenciones a que alud\u00eda el art\u00edculo 1\u00ba, dentro de las cuales se hallaban las que atr\u00e1s quedaron referidas, dar\u00edan lugar, entre otro tipo de sanciones, al \u201cdecomiso de la aeronave, embarcaci\u00f3n o veh\u00edculo utilizado para realizarlas\u201d, cual lo ense\u00f1aba su literal b). <\/p>\n
Del mismo modo se\u00f1al\u00f3 que las contravenciones all\u00ed establecidas ser\u00edan investigadas y juzgadas por el \u201cGobernador, Intendente o comisario, o el Alcalde Mayor de Bogot\u00e1\u201d, mediante la aplicaci\u00f3n del procedimiento determinado en ese precepto legal. Concretamente dispuso, como lo indicaba su literal c), que transcurridos los t\u00e9rminos all\u00ed previstos, el funcionario competente, deb\u00eda dictar \u201cla correspondiente resoluci\u00f3n motivada, en la que\u201d, entre otros aspectos, \u201cse determinar\u00e1 el decomiso definitivo de los medios de transporte indicando su destinaci\u00f3n as\u00ed: las aeronaves al servicio de la Fuerza A\u00e9rea\u201d. <\/p>\n
Estando vigente la normatividad de que se ha hecho memoria, la cual, por lo dem\u00e1s, fue declarada exequible por esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 27 de junio de 1984 (G. J., t. CLXXIX, pags.504 a 511), aconteci\u00f3 que el 20 de marzo de 1985, el Departamento de Polic\u00eda del Huila puso a disposici\u00f3n de la gobernaci\u00f3n la aeronave ya identificada, as\u00ed como a Oscar Rafael Pineda Monta\u00f1ez, su piloto, atribuy\u00e9ndole precisamente la comisi\u00f3n de las contravenciones de que trataban los numerales 1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba del literal a) del art\u00edculo 1\u00ba del mencionado decreto 1061, esto es, las referidas enantes. <\/p>\n
Pues bien, fue con base en lo anterior y en las disposiciones legales que vienen de comentarse, como el gobernador del Huila, siguiendo el procedimiento establecido en el mencionado art\u00edculo 7\u00ba, adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n y juzgamiento que lo condujo a proferir las resoluciones 250 de 2 de abril y 323 de 3 de mayo de 1985, por medio de las cuales declar\u00f3 incurso y culpable de aquellas contravenciones -a las que aluden los numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 4\u00ba del literal a) del art\u00edculo 1\u00ba del citado decreto- al mentado Pineda Monta\u00f1ez en su condici\u00f3n de piloto de la aeronave de matr\u00edcula HK 1743, marca Cessna, modelo TU-206F, y determin\u00f3, como consecuencia de esa declaraci\u00f3n, \u201cdecomisar, de manera definitiva\u201d, dicho aeroplano, del cual dijo \u201cse destinar\u00e1 al servicio de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u201d. <\/p>\n
Lo expuesto en precedencia indica, sin duda, varias cosas: por una parte, que cuando, como consecuencia del conocimiento de los hechos en cuesti\u00f3n, las autoridades de polic\u00eda inmovilizaron el susodicho elemento de transporte, no lo hicieron con la intenci\u00f3n de asumir la condici\u00f3n de due\u00f1os y se\u00f1ores de la misma, despojando as\u00ed de esa calidad a quienes para entonces la tuvieran, sino que simplemente actuaron con el decidido prop\u00f3sito de acatar aquella normatividad jur\u00eddica que le impon\u00eda, en eventos como el que involucr\u00f3 ese tr\u00e1mite administrativo, el deber de aprehender tanto a los contraventores como las cosas con las que se realizaran los hechos respectivos, cual lo prescrib\u00eda el art\u00edculo 4\u00ba del se\u00f1alado decreto, es decir, que desplegaron una actuaci\u00f3n de tipo meramente policivo. Por esa misma circunstancia, cuando en cumplimiento del mandato contenido en el art\u00edculo 5\u00ba del mismo ordenamiento jur\u00eddico, aquellas autoridades pusieron a \u00f3rdenes del gobernador el descrito aeroplano, no le entregaron ni le transfirieron posesi\u00f3n o propiedad alguna sobre la misma, pues que, ins\u00edstese, hasta all\u00ed aquellos eran unos meros aprehensores de bienes ajenos. Precisamente por la condici\u00f3n que en tales circunstancias adquir\u00eda frente a la mentada especie mueble, el aludido funcionario p\u00fablico, al asumir el adelantamiento de la pertinente investigaci\u00f3n, acorde con lo que preceptuaba el inciso final del citado art\u00edculo 5\u00ba, deb\u00eda poner los medios de transporte aprehendidos \u201cen dep\u00f3sito\u201d de algunas de las instituciones all\u00ed espec\u00edficamente determinadas. <\/p>\n
Es palmario, entonces, que la aprehensi\u00f3n efectuada por el Departamento del Huila, por medio de su gobernador, de la susodicha aeronave no fue producto de una actuaci\u00f3n de facto sino el cumplimiento de unos mandatos legales que le impon\u00edan el deber no s\u00f3lo de capturar los infractores de tales disposiciones sino de aprehender los elementos con los cuales se produjeran los hechos atinentes a las mismas; desde luego que el ejercicio de esa funci\u00f3n p\u00fablica no convirti\u00f3, y no la pod\u00eda convertir, a la administraci\u00f3n enjuiciada en poseedora ni en titular del dominio, pues, por expreso mandato legal, las funciones que asumi\u00f3 en relaci\u00f3n con la cosa fueron las de simple tenedor, la cual, como qued\u00f3 dicho, pod\u00eda entregar \u201cen dep\u00f3sito\u201d provisional a cualquiera de los estamentos oficiales all\u00ed expresamente determinados. Esa condici\u00f3n, de tenedor, de depositario, de administrador de lo ajeno, el Estado la conserv\u00f3 invariablemente hasta cuando produjo las dos resoluciones a trav\u00e9s de la cual juzg\u00f3 las contravenciones investigadas, pues justamente en esos actos la administraci\u00f3n resolvi\u00f3 sobre la suerte definitiva de los derechos atinentes al dominio y la posesi\u00f3n de la cosa. Y es que no pod\u00eda ser antes y de ning\u00fan otro modo, por cuanto, a voces del preanotado literal e) del art\u00edculo 7\u00ba, en la providencia que resolviera la controversia el funcionario respectivo deb\u00eda decretar el \u201cdecomiso definitivo\u201d de los medios de transporte, si el contraventor resultaba culpable, y si decid\u00eda, en cambio, que \u00e9ste no lo era, entonces tendr\u00eda que ordenar su \u201clibertad inmediata\u2026 y la devoluci\u00f3n de los elementos que le hayan sido incautados\u201d, seg\u00fan lo prescrib\u00eda el inciso primero del art\u00edculo 8\u00ba. <\/p>\n
Como es evidente que apenas a trav\u00e9s de las mentadas resoluciones se dispuso el \u201cdecomiso definitivo\u201d de la citada aeronave, fue, por consiguiente, a partir de la ejecutoria de las mismas como la Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional pudo adquirir el dominio y la posesi\u00f3n sobre la misma, pues antes de ese preciso momento el Estado, en ninguna de sus diversas manifestaciones, obtuvo una u otra condici\u00f3n, por cuanto hasta all\u00ed, it\u00e9rase, asumi\u00f3 el rol de un mero tenedor, al punto que, como qued\u00f3 visto, si la gobernaci\u00f3n del Huila hubiera encontrado que el contraventor no era culpable de la comisi\u00f3n de los hechos investigados, habr\u00eda tenido que absolverlo de los cargos y, por contera, devolver el aludido veh\u00edculo. <\/p>\n
Con los cargos que se analizan, por las razones que arriba quedaron compendiadas, mediante la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos que predica, realizada entre la escritura y el certificado de tradici\u00f3n que esgrime, que dice acreditan su dominio, y las mencionadas resoluciones, en que la opositora pregona ser la propietaria, pretende el casacionista hacer ver el error en que incurri\u00f3 el fallador, pues de ese ejercicio, asegura, surge indefectiblemente la prevalencia de su titulaci\u00f3n frente a la aducida por la demandada, de suerte que al ser de mayor entidad los suyos debi\u00f3 accederse a la reivindicaci\u00f3n suplicada, m\u00e1s cuando, seg\u00fan arguye, tales decisiones de la administraci\u00f3n p\u00fablica no le son oponibles habida consideraci\u00f3n que \u00e9l no fue parte en el tr\u00e1mite donde se produjeron. Pretende as\u00ed el impugnador, en suma, que se desconozcan los efectos de los mencionados actos de la administraci\u00f3n, ya porque no se le pueden oponer al no haber sido parte en ese proceso ora en raz\u00f3n a que \u00e9l no ha dejado de ser propietario en la medida en que su t\u00edtulo, debidamente registrado, siguen vigente, al paso que las mentadas resoluciones no fueron inscritas en Registro Aeron\u00e1utico Nacional, como correspond\u00eda para que se produjera la tradici\u00f3n de la cosa. <\/p>\n
Como el mismo censor lo reconoci\u00f3 al introducirse en el desarrollo del cargo segundo, uno de los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria es, precisamente, el hecho de que la cosa pretendida se encuentra en posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Pues bien, si se aceptara el planteamiento que propone el recurrente en las acusaciones que se analizan, si se le restaran los m\u00e9ritos que emanan de las se\u00f1aladas resoluciones, como \u00e9l lo propone, si se dijera que la titulaci\u00f3n invocada por la actora prevalece frente a la esgrimida por la opositora, si se admitiera que esas decisiones de la administraci\u00f3n p\u00fablica, por la raz\u00f3n que fuera, no le son oponibles al demandante y que, por tanto, en relaci\u00f3n con sus derechos son ineficaces, tendr\u00eda la Corte que decir que, ante cualquiera de la puntualizadas eventualidades, la acci\u00f3n de dominio no saldr\u00eda a flote, pues en presencia de una cualquiera de dichas hip\u00f3tesis, resultar\u00eda entonces que la parte demandada, ya el Departamento del Huila ora La Naci\u00f3n-Ministerio de Defensa Nacional, no tendr\u00eda aquella condici\u00f3n de poseedora que se exige para el \u00e9xito de la socorrida acci\u00f3n, por cuanto al restarle todo efecto jur\u00eddico, cual lo pretende el acusador, implicar\u00eda, por consiguiente, que el Estado no alcanz\u00f3 a obtener la condici\u00f3n de propietario ni poseedor, como quiera que tales condiciones, como viene de verse, las pudo adquirir all\u00ed, y no antes, toda vez que con antelaci\u00f3n al momento en que se produjeron dichas determinaciones la administraci\u00f3n p\u00fablica no era m\u00e1s que tenedora de la cosa, calidad esta que, como se sabe, es diferente de la de poseedor y que, por ende, no abre la puerta para entrar con \u00e9xito a pretender la restituci\u00f3n de la cosa. <\/p>\n
6. En adici\u00f3n a los planteamientos precedentes, de por s\u00ed suficientes para dar al traste con las s\u00faplicas demandadas, relacionado con el aspecto que se deja comentado, no ha de perderse de vista c\u00f3mo el demandante, en todo caso, equivoc\u00f3 la v\u00eda tendiente a obtener el restablecimiento de sus derechos que juzg\u00f3 perturbados por el proceder desarrollado por la administraci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Ciertamente, como hechos sustentantes de las pretensiones invocadas, el actor, tras aducir que hab\u00eda adquirido el aeroplano mediante escritura 165 de 9 de febrero de 1985, sostuvo que como Pineda Monta\u00f1ez, piloto al servicio suyo, viol\u00f3 el espacio a\u00e9reo del Departamento del Huila, la gobernaci\u00f3n, en las resoluciones ya identificadas lo declar\u00f3 culpable de las contravenciones previstas en los numerales 1\u00b0, 2\u00b0 y 4\u00b0, literal a), del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1061 de 1984, le impuso una sanci\u00f3n por $800.000, y, adicionalmente, orden\u00f3, sin autorizaci\u00f3n legal, el decomiso definitivo de la nave, la cual, por lo dem\u00e1s, fue puesta a disposici\u00f3n de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, sin considerar que la multa hab\u00eda sido pagada, como tampoco que estaba acreditada su propiedad privada en cabeza del actor; de ese modo, prosigui\u00f3, se desconoci\u00f3 que la sanci\u00f3n obedeci\u00f3 a la violaci\u00f3n del espacio a\u00e9reo, mas no al transporte de ning\u00fan tipo de carga il\u00edcita; desde entonces los demandados han mantenido la posesi\u00f3n ilegal, arbitraria y de mala fe del bien, sin que haya sido posible su restituci\u00f3n, con lo que se le ha perjudicado, pese a que a \u00e9l no le consta la conducta del piloto en cuanto a que no portaba el plan de vuelo, pues esos sucesos ocurrieron sin el consentimiento de aqu\u00e9l, lo cual imped\u00eda el decomiso de la avioneta, a m\u00e1s de que se le viol\u00f3 el derecho de defensa, al no hab\u00e9rsele vinculado a la actuaci\u00f3n, a sabiendas de que el bien era de su propiedad. <\/p>\n
Como se advierte, dicha causa est\u00e1 referida, con exclusividad, a la forma como se dieron los hechos que condujeron a la aprehensi\u00f3n de la cosa, a la manera como aquella gobernaci\u00f3n, en ejercicio de sus potestades legales, adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de la correspondiente contravenci\u00f3n policiva, al contenido de las mentadas resoluciones con las cuales se finiquit\u00f3 ese proceso administrativo, y a la circunstancia de que, pese a ser el propietario de la aeronave, el actor no fue vinculado a esa tramitaci\u00f3n y, por tanto, que all\u00ed no se le ofreci\u00f3 la ocasi\u00f3n para ejercer su derecho de defensa. Es palmario, entonces, que el demandante tom\u00f3 como soporte f\u00e1ctico de sus pretensiones la actuaci\u00f3n que el funcionario investigador de las aludidas contravenciones penales desarroll\u00f3 en el interior del proceso que al efecto instrument\u00f3. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 82 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa est\u00e1 instituida por la Constituci\u00f3n para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades p\u00fablicas y de las personas privadas que desempe\u00f1en funciones administrativas. <\/p>\n
Dentro de las diferentes acciones previstas por el citado ordenamiento jur\u00eddico se encuentra la llamada acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, la cual est\u00e1 prevista, al tenor de su art\u00edculo 86, para \u201cdemandar directamente la reparaci\u00f3n del da\u00f1o cuando la causa sea un hecho, una omisi\u00f3n, una operaci\u00f3n administrativa o la ocupaci\u00f3n temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa\u201d. Como lo sostiene la doctrina del derecho administrativo, la que se comenta es una acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual que podr\u00e1 tener lugar por hechos, omisiones u operaciones de la administraci\u00f3n p\u00fablica, entendi\u00e9ndose por esta \u00faltima las situaciones f\u00e1cticas o actos materiales de ejecuci\u00f3n de una decisi\u00f3n o acto producido por las entidades estatales o quienes ejercen funciones de naturaleza p\u00fablica. <\/p>\n
Como los hechos fundamentales expuestos en el acto introductorio del proceso traducen una operaci\u00f3n administrativa, por cuanto en ellos se cuestiona no solamente la actuaci\u00f3n de la gobernaci\u00f3n plasmada en las resoluciones memoradas y a la ejecuci\u00f3n de las mismas sino tambi\u00e9n las circunstancias atinentes a la aprehensi\u00f3n de la avioneta y a que el demandante no fue vinculado a esa procedimiento policivo, resulta claro, por un lado, que toda reclamaci\u00f3n dirigida a obtener la reparaci\u00f3n por parte del Estado con base en esa espec\u00edfica causa petendi debi\u00f3 intentarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n judicial en referencia y, por el otro, que para conocer de ella la competente era la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues, ins\u00edstese, al tener por base la reparaci\u00f3n buscada el aludido fundamento f\u00e1ctico, la proposici\u00f3n de las pretensiones y la selecci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n llamada a conocer de esos espec\u00edficos hechos no quedaba, y no pod\u00eda quedar, a la libre escogencia o selecci\u00f3n que hiciera el interesado sino que se encontraba forzosamente obligado a ejercer la acci\u00f3n que al efecto legalmente correspond\u00eda, a proponer las pretensiones que fueran del caso acorde con la misma y a plantear la controversia ante el juez natural: el contencioso administrativo. De no ser as\u00ed, significar\u00eda entonces que el usuario de la administraci\u00f3n de justicia podr\u00eda acudir, motu proprio, a la jurisdicci\u00f3n ordinaria o a la contenciosa administrativa con tal que planteara, simplemente, pretensiones que correspondieran a cualquiera de las acciones inherentes la jurisdicci\u00f3n que caprichosamente hubiera seleccionado, sin importar la naturaleza de los hechos sustentantes de las s\u00faplicas. <\/p>\n
Es palmario, por supuesto, que como de lo que se trata, al fin de cuentas, es de que el actor pretende que se le reparen los da\u00f1os que, en su sentir, ha padecido a ra\u00edz de que, por aquellos hechos, omisiones y actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica, fue despojado del aludido bien mueble, la acci\u00f3n debi\u00f3 adelantarse por los cauces correspondientes y ante el juez natural al efecto. <\/p>\n
En este orden de ideas, finalmente, sea que se tenga a la parte demandada como mera tenedora o que se persiste en que la misma es propietaria y poseedora de la cosa, aunque prevaleciera la titulaci\u00f3n esgrimida por la actora por hallarse inscrita en el registro, lo cierto es que el camino escogido para obtener el reconocimiento de perjuicios demandado, no fue el correcto, ni tampoco el juez seleccionado. <\/p>\n
7. Los cargos, por tanto, no se abren paso. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de abril de 1999, pronunciada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-363-2005 [7864] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7864. Se decide el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83186","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83186"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83186\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}