SC-364-2005 [0500131030021995-8010-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente n\u00famero <\/p>\n
05001-31-03-002-1995-8010-02. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Henry Alberto Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, Ludy Adela Gonz\u00e1lez Bernal y Oliberto Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, herederos de Oliverto Gonz\u00e1lez, contra la sentencia de 11 de agosto de 2000, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario promovido por aqu\u00e9l, quien dijo actuar para la sucesi\u00f3n aludida, frente a Adela Gonz\u00e1lez Herrera, Julia In\u00e9s Gonz\u00e1lez de Rodr\u00edguez, Mary del Carmen Ruiz Gonz\u00e1lez, Rosa Mar\u00eda Gonz\u00e1lez de Sabogal, Rudy Humberto Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez y Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 el demandante, principalmente, declarar que eran absolutamente simulados los negocios jur\u00eddicos contenidos en las escrituras n\u00fameros 372 de 3 de abril de 1976 y 1449 de 19 de julio de 1983, otorgadas en las notar\u00edas segunda y primera de Tunja, respectivamente, en los que Oliverto Gonz\u00e1lez dijo venderle a Adela Gonz\u00e1lez Herrera los predios all\u00ed descritos; declarar inoponibles a la mentada sucesi\u00f3n los actos incorporados en los instrumentos p\u00fablicos 815 y 816 de 5 de abril de 1995, de la misma notar\u00eda segunda, que contienen las enajenaciones efectuadas por Adela Gonz\u00e1lez a Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, Julia In\u00e9s Gonz\u00e1lez de Rodr\u00edguez, Rudy Humberto Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, Mary del Carmen Ruiz Gonz\u00e1lez y Rosa Mar\u00eda Gonz\u00e1lez de Sabogal, por tratarse de ventas de cosa ajena; y, en subsidio de la s\u00faplica inmediatamente anterior, declarar que los contratos contenidos en las escrituras 815 y 816 aludidas eran relativamente simulados, por tratarse en realidad de donaciones, las cuales eran v\u00e1lidas \u201chasta el valor de 50 salarios m\u00ednimos mensuales\u201d y nulas \u201cen el exceso por falta de insinuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para el evento de que se accediera a las s\u00faplicas principales o a las subsidiarias, solicit\u00f3 que se condenara a los demandados a restituirle a la referida sucesi\u00f3n los inmuebles involucrados en esos negocios, junto con los frutos producidos por ellos desde el 3 de marzo de 1995, y que se dispusiera la inscripci\u00f3n del fallo respectivo. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
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a) Mediante la se\u00f1alada escritura 372 de 3 de abril de 1976, Oliverto Gonz\u00e1lez dijo venderle a su progenitora Adela Gonz\u00e1lez Herrera el inmueble situado calle l8 n\u00famero 4-65 de Tunja, el cual, a su vez, ella transfiri\u00f3 a sus parientes Julia In\u00e9s Gonz\u00e1lez de Rodr\u00edguez, Rudy Humberto Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, Mary del Carmen Ruiz Gonz\u00e1lez y Rosa Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Sabogal, seg\u00fan el instrumento p\u00fablico 816 de 5 de abril de 1995; uno y otro acto fueron inscritos en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-0093802. <\/p>\n
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b) Seg\u00fan la escritura 1449 de 19 de julio de 1983, Oliverto le vendi\u00f3 a la misma Adela Gonz\u00e1lez el predio denominado \u201cLa Aurora\u201d, ubicado en la vereda \u201cResguardo\u201d del municipio de Tuta, el que tambi\u00e9n fue enajenado por aqu\u00e9lla a Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez por medio del instrumento p\u00fablico 815 de 5 de abril de 1995; esos actos se inscribieron en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 070-0033023. <\/p>\n
c) El causante quien, era hijo \u00fanico de Adela Gonz\u00e1lez y primo de los dem\u00e1s demandados, muri\u00f3 el 3 de marzo de 1995, sin haber contra\u00eddo matrimonio, dejando como hijos a Henry Alberto Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, Oliverto Gonz\u00e1lez, Adriana Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n, Eliana Consuelo Gonz\u00e1lez Vega y Ludy Adela Gonz\u00e1lez Bernal, los que para ser reconocidos como tales tuvieron que acudir a la justicia. <\/p>\n
d) Para eludir la obligaci\u00f3n de dar alimentos Oliverto Gonz\u00e1lez frecuentemente le traspasaba los bienes suyos a su progenitora, \u00fanica persona en quien confiaba; en alguna ocasi\u00f3n, con ese prop\u00f3sito, le transfiri\u00f3 a Isabel S\u00e1nchez Am\u00e9zquita el predio \u201cEl Planetario\u201d, y para recuperarlo adelant\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja una acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
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e) \u00c9l mantuvo la posesi\u00f3n de esos predios hasta que falleci\u00f3, fecha en que su madre y primos se apoderaron de todos los bienes. <\/p>\n
f) Oliverto nunca tuvo necesidad de transferir sus bienes y \u00e9stos los destin\u00f3 a la explotaci\u00f3n pecuaria; a esos indicios de simulaci\u00f3n se agrega el de la falta de capacidad econ\u00f3mica de la compradora, lo cual permit\u00eda afirmar que eran absolutamente simuladas las compraventas contenidas en las citadas escrituras 372 y 1449. <\/p>\n
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g) Por lo anterior, Adela Gonz\u00e1lez no fue propietaria de aquellos bienes, de donde al transferirlos a sus parientes a trav\u00e9s de las escrituras 815 y 816 vendi\u00f3 cosa ajena, motivo por el cual tales actos devienen inoponibles para los herederos de Oliverto Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
h) Parece que Adela Gonz\u00e1lez, a trav\u00e9s de los contratos \u00faltimos referidos, lo que quiso fue ocultar la donaci\u00f3n que por medio de los mismos pretendi\u00f3 verificar, pues no de otra forma se explica que hubiese dispuesto de todo su patrimonio apenas en cuatro d\u00edas, \u201creserv\u00e1ndose los usufructos de por vida\u201d en perjuicio de los compradores, quienes \u201cpagaron en efectivo a la vendedora su precio total, por una suma de $72\u2019000.000\u201d; lo que ella quiso hacer a trav\u00e9s de los mentados contratos fue donarle los bienes a sus parientes para evitar que sus nietos, los hijos de Oliverto, los persiguieran y llegaran a heredar, pues no ten\u00eda necesidad de vender. <\/p>\n
3. Notificados los demandados, contestaron el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, dijeron que eran ciertos los relativos a la celebraci\u00f3n de los negocios incorporados en las susodichas escrituras y negaron los otros, particularmente aquellos donde se afirma la simulaci\u00f3n deprecada, alrededor de los cuales recalcaron que deb\u00edan probarse. <\/p>\n
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4. Por sentencia de 13 de noviembre de 1998 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja culmin\u00f3 la primera instancia, en la que accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del demandante. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada, el tribunal le puso fin a la alzada mediante fallo de 11 de agosto de 2000, en el que revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. A vuelta de recalcar que \u201clas dos partes\u201d apelaron la sentencia de primera instancia, advertir que la simulaci\u00f3n era diferente de la inoponibilidad y de recordar la clasificaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, pas\u00f3 el ad-quem a analizar la demanda, tarea en cuyo desarrollo la descalific\u00f3 por expresar que los convenios en ella involucrados eran absolutamente simulados en raz\u00f3n a que ninguno de los contratantes quiso en verdad celebrarlos, pues, seg\u00fan dijo, de ese solo hecho no surg\u00eda simulaci\u00f3n absoluta, por cuanto pudo suceder que Oliverto Gonz\u00e1lez hubiera querido, por ejemplo, donarle los predios a su progenitora o transfer\u00edrselos \u201cen daci\u00f3n de pago, o en fin a t\u00edtulo de permuta o en aporte en sociedad\u201d, quedando, por tanto, \u201cen duda si en realidad no quisieron celebrar negocio alguno\u201d, lo que podr\u00eda llevar a una simulaci\u00f3n absoluta \u201co si m\u00e1s bien\u201d se propusieron alcanzar un convenio \u201cdiferente a la venta pero en todo caso a t\u00edtulo traslaticio del dominio\u201d, lo que conducir\u00eda a la simulaci\u00f3n relativa. <\/p>\n
2. Asegur\u00f3 el fallador que era carga del actor determinar y probar no s\u00f3lo el m\u00f3vil que hubiera llevado al causante a aparentar aquellos contratos sino la existencia del concierto simulandi entre los contratantes, y como al respecto en el libelo se afirm\u00f3 simplemente que Oliverto, para evitar los procesos de alimentos que se le pudieran adelantar, acud\u00eda a la insolvencia, traspas\u00e1ndole los bienes a su progenitora, por ser la \u00fanica persona en quien confiaba, a aqu\u00e9l le correspond\u00eda demostrar el acuerdo secreto, pero no lo hizo. <\/p>\n
3. Con fundamento en la prueba testimonial expres\u00f3 el juez de segundo grado que Adela Gonz\u00e1lez y el causante, su \u00fanico hijo, estuvieron unidos por lazos de afecto dado que eran los miembros de una familia cuyos integrantes realizaban actividades conjuntas, al punto que algunos bienes estaban en cabeza de uno para despu\u00e9s estarlo en la del otro y as\u00ed sucesivamente, es decir, ambos ejerc\u00edan posesi\u00f3n sobre los bienes que ten\u00edan, solo que el causante, por su experiencia, era el llamado a cuidarlos, administrarlos y venderlos, pero lo hac\u00eda para \u00e9l y su madre, pues los dos estaban unidos en el amor materno filial y en los negocios, ya que se ocupaba de sus propios asuntos como de los de su madre. <\/p>\n
4. Frente a las pretensiones relacionadas con los contratos ajustados entre Adela y los otros demandados, dijo el juzgador que el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa, pues la acci\u00f3n la ten\u00edan \u00fanicamente quienes hab\u00edan sido parte en esos negocios o sus causahabientes o quienes demostraran alg\u00fan inter\u00e9s en ellos, y en ninguna de tales circunstancias se encontraba el actor, pues Adela no hab\u00eda fallecido, los adquirentes a\u00fan viv\u00edan, a m\u00e1s de que aqu\u00e9l ni la sucesi\u00f3n de Oliverto eran acreedores de ninguno de los demandados. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el sentenciador que el inter\u00e9s de los descendientes de Oliverto qued\u00f3 limitado a los negocios celebrados por \u00e9l, por lo que nada ten\u00edan que reclamar sobre los ajustados por su abuela, al menos mientras ella viviera; agreg\u00f3 que si se supusiera que las ventas que \u00e9sta hizo a favor de sus sobrinos eran simuladas, ello de nada le servir\u00eda al demandante, pues, en ese supuesto, los efectos del fallo que as\u00ed lo declarara har\u00edan regresar los bienes al patrimonio de ella y no al del causante, con mayor raz\u00f3n si se ten\u00eda en cuenta que los contratos celebrados entre el de cujus y Adela fueron serios y reales; distinto hubiera sido, prosigui\u00f3, de haber prosperado la simulaci\u00f3n suplicada en relaci\u00f3n con las enajenaciones efectuadas por el causante, ya que en ese caso tendr\u00eda inter\u00e9s en que no se le aplicaran los efectos de la inoponibilidad a los terceros. En fin, expuso el tribunal que al no triunfar la simulaci\u00f3n absoluta carec\u00eda el promotor de este proceso de inter\u00e9s jur\u00eddico para deprecar la simulaci\u00f3n relativa de las otras negociaciones. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal quinta prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los recurrentes proponen un cargo contra la sentencia combatida. <\/p>\n
Sostienen, por un lado, que el ad-quem tramit\u00f3 la segunda instancia careciendo de competencia dado que la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada no fue \u201cdeclarada\u201d admisible, con lo cual se configur\u00f3 la causal de nulidad prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 140 ib\u00eddem; por el otro, que como ese espec\u00edfico recurso no pod\u00eda admitirse por cuanto estaba desierto, el fallo objeto de casaci\u00f3n se emiti\u00f3 en un proceso legalmente terminado que el fallador revivi\u00f3, incurriendo as\u00ed en el motivo de invalidaci\u00f3n contemplado en el numeral 3\u00ba del precepto \u00faltimo citado; y, adicionalmente, que si se dijera que la sentencia acusada se dict\u00f3 previa la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y que la misma era legalmente viable, entonces se tipific\u00f3 la nulidad originada en la sentencia de que trata el art\u00edculo 142 del citado c\u00f3digo, debido a que el magistrado ponente obr\u00f3 contra la opini\u00f3n de los dos que salvaron el voto, tergiversando el concepto de \u00e9stos. <\/p>\n
1. Al desarrollar la primera de las nulidades que pregonan, empiezan los recurrentes por manifestar que aunque en su momento ambas partes apelaron de la sentencia y posteriormente el demandante desisti\u00f3 de la suya, el juzgado, sin atender ese desistimiento, declar\u00f3 desierto el recurso de \u00e9ste y concedi\u00f3 \u00fanicamente el interpuesto por la parte demandada. Pese a ello, por auto de 9 de marzo de 1999 el juez de segundo grado dijo admitir la alzada de \u201cla parte actora\u201d; esta particular circunstancia, aduce la censura, no es un lapsus que conduzca a entender que donde \u201cdice demandante\u201d deba leerse demandado, ya que ese juzgador us\u00f3 una expresi\u00f3n que no se prestaba a equ\u00edvocos; infieren as\u00ed que el recurso de apelaci\u00f3n de la parte demandada no fue admitido en el se\u00f1alado prove\u00eddo ni en ninguno otro. <\/p>\n
Esa admisi\u00f3n, prosiguen los recurrentes, era fundamental por cuanto permit\u00eda establecer entre otras situaciones, que el funcionario consider\u00f3 que la providencia apelada era susceptible de ese recurso, que fue suscrita por el inferior, que se interpuso en tiempo por quien la ley le otorga ese derecho, que no hab\u00eda lugar a declararla desierta, que era competente para conocer de la apelaci\u00f3n, como lo dice el art\u00edculo 358 ejusdem; de modo que si en este asunto ella no se produjo, los se\u00f1alados aspectos quedaron sin pronunciamiento, por lo que el recurso no se pod\u00eda decidir. <\/p>\n
Como la formalidad en cuesti\u00f3n era la que determinaba la competencia del tribunal y como ella en este asunto no se cumpli\u00f3, conforme al numeral 2\u00ba del art\u00edculo 140 del estatuto procesal civil el tr\u00e1mite de la segunda instancia es nulo, por falta de competencia de aqu\u00e9l, quien, por no haber declarado admisible el recurso de la parte demandada, carec\u00eda de competencia para conocer de esa apelaci\u00f3n hasta que no quedara en firme el auto echado de menos. <\/p>\n
Luego de sostener que dicha nulidad es insaneable porque convalidarla depend\u00eda de que el sentenciador tomara ciertas determinaciones, afirman los recurrentes que la Corte debe casar la sentencia, anular todo el tr\u00e1mite de la segunda instancia y ordenar devolver el expediente a aqu\u00e9l para que reponga la actuaci\u00f3n, empezando por admitir, si ello fuere posible, la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada. <\/p>\n
2. Alrededor del segundo aspecto comentan que la actora, con arreglo al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 690 del estatuto procesal civil, le solicit\u00f3 al juzgado ordenar el secuestro de los bienes sobre los cuales recay\u00f3 el fallo y que en el auto que concediera la apelaci\u00f3n contra el mismo ordenara dejar copia, \u201ca su costa\u201d, de las piezas necesarias, pese a que tal carga le correspond\u00eda asumirla el apelante, seg\u00fan el art\u00edculo 356 ib\u00eddem. Con desconocimiento de este precepto, el a-quo, en auto de 2 de diciembre de 1998, dispuso que las mentadas copias las pagara \u201cla parte actora\u201d. <\/p>\n
Expone la censura que el ad-quem, al aceptar el recurso de apelaci\u00f3n, debi\u00f3 examinar oficiosamente aquel auto, pero no lo hizo en raz\u00f3n a que no lo admiti\u00f3; a m\u00e1s que adujo, para negar la reposici\u00f3n que el actor interpuso contra ese auto, que fue esa parte quien solicit\u00f3 que las copias se ordenaran expedir a su costa y que lo pretendido por ese inconforme era hacer v\u00e1lida la tesis seg\u00fan la cual la palabra apelante, utilizada por el legislador para referirse a la parte que deb\u00eda pagar las copias, habr\u00eda de entenderse por encima de cualquier acuerdo entre las partes. Esa interpretaci\u00f3n, dicen los acusadores, es contraria a la naturaleza de los actos de disposici\u00f3n que las partes tienen en el proceso y a la finalidad de la norma en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Rematan este apartado de la acusaci\u00f3n sosteniendo que aquel acuerdo referido por el fallador nunca existi\u00f3 y que el mismo, en torno a la particularizada carga procesal, no era viable por cuanto ella constitu\u00eda un imperativo impuesto por la ley en inter\u00e9s de la parte a quien se impon\u00eda, lo que indica que es una relaci\u00f3n exclusiva entre la norma y uno de los extremos del proceso. Como el susodicho recurso qued\u00f3 desierto, la sentencia de segunda instancia fue proferida reviviendo un proceso concluido desde cuando el demandado \u201cno cumpli\u00f3 su carga procesal de pagar el valor de la expedici\u00f3n de las copias con el objeto de realizar el secuestro de los bienes\u201d. <\/p>\n
3. Manifiestan los impugnadores que el tercer error in procedendo que le atribuye al juez de segundo grado hace referencia a la discrepancia que hubo entre los integrantes de la Sala en lo atinente a si el actor ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para pedir, pues sobre dicho aspecto el ponente manifest\u00f3 que no y los dos restantes magistrados lo contrario; ante ese suceso el primero de los aludidos perdi\u00f3 la facultad que tuvo para redactar el fallo y la adquiri\u00f3 uno de los disidentes. <\/p>\n
Se produjo as\u00ed una nulidad originada en la sentencia que le puso fin a la segunda instancia, acusable como tal en casaci\u00f3n. Ese vicio debe conducir a que se ordene el cambio del ponente para que uno de quienes salvaron el voto proyecte la nueva decisi\u00f3n, en caso de no prosperar las causales antes invocadas. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como se sabe, uno de los motivos que el legislador tiene establecido para acudir en casaci\u00f3n en b\u00fasqueda del aniquilamiento de la sentencia combatida, conforme a la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estriba en que al asunto le aqueje cuando menos una irregularidad tal que con arreglo a la misma normatividad procesal determine alguna de las causales de nulidad taxativamente establecidas, siempre y cuando se cumplan las condiciones all\u00ed previstas. <\/p>\n
Al respecto ha de resaltarse que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil destina todo el cap\u00edtulo II del t\u00edtulo XI de su libro segundo a regular la materia de las nulidades procesales, el que est\u00e1 compuesto por normas que determinan las causas generadoras de invalidez en todos los procesos y en algunos especiales, as\u00ed como las que establecen las oportunidades para alegarlas, la forma de declararse y sus consecuencias, lo mismo que las eventualidades a trav\u00e9s de las cuales deviene su saneamiento. Es con apoyo en ese concreto contenido normativo como la doctrina jurisprudencial tiene decantado que son la taxatividad, la protecci\u00f3n y la convalidaci\u00f3n, entre otros, los principios rectores que gobiernan tal materia. Se funda el primero, ha dicho la Corporaci\u00f3n, \u201cen la consagraci\u00f3n positiva del criterio taxativo, conforme al cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley espec\u00edfica que la establezca; consiste el segundo en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad; y radica el tercero en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o impl\u00edcito del litigante perjudicado con el vicio\u201d(G. J., t. CXLVIII, pag.316, 1\u00aa). <\/p>\n
Con arreglo a lo expuesto resulta forzoso afirmar la improcedencia de una arremetida contra la sentencia susceptible del recurso extraordinario fundada en la causal que se comenta, si, verbi gratia, las irregularidades de que adolece el proceso, y con mayor raz\u00f3n las que adujere el impugnador, no est\u00e1n contempladas dentro de los motivos de nulidad que taxativamente enumera el art\u00edculo 140 ib\u00eddem. <\/p>\n
2. Ahora bien, conforme al numeral 3\u00ba del precepto legal citado, que es la causal de que se valen los impugnadores en la segunda de las tres anomal\u00edas que esgrimen, el proceso es nulo, en todo o en parte, \u201ccuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u201d; como se advierte, se trata de un motivo de invalidaci\u00f3n procesal que se puede estructurar bajo una cualquiera de las tres modalidades que incorpora. <\/p>\n
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No se remite a duda alguna que la circunstancia intermedia, vale decir, revivir un asunto legalmente terminado -que es el \u00e1mbito al que con exclusividad los acusadores circunscribieron el aludido apartado de la censura-, hace referencia a las actuaciones que adelante el juez despu\u00e9s de que el respectivo proceso, desde la perspectiva del derecho procesal, ha concluido, de suerte que al adelantarlas, pese a ello, estar\u00eda reviviendo tramitaciones sobre cuestiones fenecidas; para expresarlo con otras palabras, la variable que se analiza puede tener suceso en aquellos eventos en los que con posterioridad a la terminaci\u00f3n legal de un determinado asunto, aquel funcionario prosigue su tr\u00e1mite, pues de esa manera estar\u00eda d\u00e1ndole vida a lo que ya concluy\u00f3. La especie de nulidad que se comenta, ha dicho la Corte, \u201cse estructura cuando, … habi\u00e9ndose iniciado y terminado un proceso …, por cualquier medio extintivo legal, sea normal o anormal…, se produce su fenecimiento definitivo, por agotamiento de la competencia con efectos de la cosa juzgada\u201d(G. J., t. CCXIX , pag.615). <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, prevalidos de la causal que viene de comentarse, en el segundo de los motivos de nulidad que aducen los recurrentes sostienen que como los demandados no pagaron la expensas para que el juzgado con las copias adelantara el tr\u00e1mite inherente a las medidas cautelares, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por ellos contra el fallo de primer grado qued\u00f3 desierto, de donde estiman que el tribunal profiri\u00f3 la sentencia ahora atacada reviviendo un proceso fenecido desde cuando los opositores no cumplieron \u201csu carga procesal de pagar el valor de la expedici\u00f3n de las copias con el objeto de realizar el secuestro de los bienes\u201d. <\/p>\n
Es palmario que la circunstancia de no haberse pagado tales expensas, no es, por s\u00ed misma e independiente de cualquiera otra consideraci\u00f3n, sin\u00f3nimo de terminaci\u00f3n del proceso ni conduce a sostener que, por esa omisi\u00f3n, la sentencia de primera instancia, de jure, qued\u00f3 ejecutoriada, para que se dijera que por ello el asunto hab\u00eda terminado y que, por tanto, desde su auto de 9 de marzo de 1999, por el cual admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto justamente contra el fallo, el ad-quem no hizo m\u00e1s que generar una actuaci\u00f3n con la que reviv\u00eda una tramitaci\u00f3n ya agotada. <\/p>\n
Se encuentra as\u00ed que la circunstancia de que se vale la censura para afirmar la gestaci\u00f3n del citado motivo de nulidad, en la vertiente escogida, no corresponde a aquella con la cual la misma legalmente se estructura, y que si bien se dict\u00f3 fallo de primer grado, el mismo, en todo caso, antes de llegar a instancias del tribunal, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no hab\u00eda alcanzado ni alcanz\u00f3 ejecutoria, precisamente porque contra \u00e9l se hab\u00eda interpuesto y concedido un recurso de apelaci\u00f3n, como para que v\u00e1lidamente se sostuviera que el proceso ya hab\u00eda terminado cuando aqu\u00e9l produjo su primera providencia o dict\u00f3 la decisi\u00f3n ahora impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, analizando en detalle el tr\u00e1mite que se le imprimi\u00f3 al proceso encuentra la Corte que, en su momento, las partes apelaron de la sentencia de primera instancia, d\u00edas despu\u00e9s el demandante solicit\u00f3 se decretara el secuestro de los bienes sobre los cuales aqu\u00e9lla hab\u00eda reca\u00eddo y ofreci\u00f3 pagar el valor de las copias necesarias para ese fin(fl.186, cd.1). El juzgado, por auto de 2 de diciembre de 1998 -que no fue repudiado por ninguno de los litigantes-, concedi\u00f3 el recurso interpuesto por \u00e9stos y decret\u00f3 la citada medida cautelar, disponiendo que las expensas necesarias para expedir las susodichas piezas ser\u00edan a cargo \u201cde la parte actora\u201d(fls.188 y 189, cd.1), como exactamente esta misma parte lo hab\u00eda solicitado. <\/p>\n
Como la referida parte no \u201ccancel\u00f3 el valor de las copias ordenadas\u201d, seg\u00fan as\u00ed lo inform\u00f3 la secretar\u00eda del juzgado el 18 de enero de 1999(fl.190), el citado despacho, en prove\u00eddo de 20 de los mismos mes y a\u00f1o declar\u00f3 desierta la alzada de \u201cla parte actora\u201d y dispuso remitir el expediente al superior para que se surtiera \u201cel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados\u201d(fl.192); contra esa decisi\u00f3n el demandante formul\u00f3 reposici\u00f3n a fin de que se revocara la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n planteada por la contraparte y en su lugar se la declarara desierta, justo porque ella tampoco las hab\u00eda pagado(fls.193 y 194). Ese recurso fue desatado mediante providencia de 10 de febrero de 1999 en la que el juzgado se abstuvo de reponer la as\u00ed censurada (fls.195 a 198). <\/p>\n
Por otra parte, estando de por medio esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n de primera instancia, el actor nuevamente plante\u00f3 id\u00e9ntica reposici\u00f3n, en esta oportunidad, contra el auto de 9 de marzo de 1999, por el cual el tribunal admiti\u00f3 \u201cel recurso de apelaci\u00f3n oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora\u201d(fl.4); ese pedimento lo desestim\u00f3 el juez de segundo grado como se advierte del prove\u00eddo de 18 de mayo de ese a\u00f1o(fls.13 y 14). <\/p>\n
<\/p>\n
Con apoyo en el tr\u00e1mite que se acaba de detallar puede afirmarse que cuando el juzgado se\u00f1al\u00f3 que las copias para efectos del secuestro de los bienes deb\u00eda cancelarlas \u201cla parte actora\u201d(fl.188, cd.1), porque ella misma as\u00ed lo pidi\u00f3, entendi\u00f3 que de esa manera las piezas se dejar\u00edan \u201ca costa del apelante\u201d, como lo ordenaba la ley, porque dicha parte ciertamente hab\u00eda propuesto tal recurso, como qued\u00f3 visto. Ahora bien, como esa determinaci\u00f3n fue aceptada silenciosamente por el promotor del proceso, resulta palmar que esa parte no pod\u00eda obtener de la deficiencia que de all\u00ed deduce beneficio alguno, pues, habida consideraci\u00f3n de que como en su momento nada reclam\u00f3 a trav\u00e9s de los recursos que la ley establec\u00eda, esa irregularidad -si es que dicho proceder realmente la constituy\u00f3-, qued\u00f3 subsanada, ya que, al decir del par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 citado, las \u201cdem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos\u201d que ese c\u00f3digo establece. <\/p>\n
Advi\u00e9rtese, por dem\u00e1s, que si en el auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por ambas partes se impuso el deber \u00fanicamente al demandante, tomando como base la fuerza de las determinaciones que al respecto se adoptaron en el proceso, no resultaba procedente que se les aplicara a los demandados la sanci\u00f3n de declarar desierto su recurso de apelaci\u00f3n, por considerarlos renuentes en el cumplimiento de la susodicha carga, por cuanto a esta parte no se le hab\u00eda exigido satisfacerla; desde luego que como esa situaci\u00f3n imped\u00eda que operara dicha consecuencia normativa en relaci\u00f3n con el recurso de los opositores, y, por contera, que quedara ejecutoriado el fallo de primera instancia, no se pod\u00eda arg\u00fcir, como equivocadamente lo hace la censura, que desde su primer auto, el admisorio del recurso (fl.4,cd.6), el tribunal revivi\u00f3 el proceso que legalmente hab\u00eda terminado. <\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s recordar que en el caso espec\u00edfico del recurso ordinario de apelaci\u00f3n el legislador no determin\u00f3 sanci\u00f3n para aquellos eventos en que el juez de primera instancia deje de ordenar la expedici\u00f3n de las copias para efectos de lo previsto en los art\u00edculos 690, numeral 5\u00ba, y 356, inciso 2\u00ba, ib\u00eddem, o no indique cu\u00e1l de las partes era la llamada a pagar las respectivas expensas o le imponga dicha carga a la parte que no le corresponda, de suerte que al no estar legalmente establecido el tipo de pena que pudiera caber frente a una hip\u00f3tesis tal, el juzgador no puede imponer ninguna y tampoco esperarse que lo haga, con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que en materia punitiva rige el principio de la taxatividad, seg\u00fan el cual son aplicables \u00fanicamente las sanciones legalmente establecidas y por los motivos expresamente contemplados. Sobre el particular, ha dicho la Corte que en \u201cmateria de sanciones civiles o penales el criterio es siempre restrictivo, porque toda sanci\u00f3n de cualquier naturaleza es taxativa y porque el criterio de analog\u00eda no existe en estas materias\u201d, lo cual implica que una \u201csanci\u00f3n civil o penal no puede imponerse sino cuando est\u00e1 expresamente en la ley y en la forma estricta en que \u00e9sta lo establece\u201d(G. J., t. XLVI, pag.231). <\/p>\n
3. En lo tocante con la primera deficiencia procesal expuesta, los impugnadores aducen como motivo el contenido en el numeral 2\u00ba del mentado art\u00edculo 140; a este respecto expresan que, habi\u00e9ndole llegado concedido \u00fanicamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, el tribunal no admiti\u00f3 dicha alzada sino la del demandante, que no hab\u00eda sido concedida, pues no otra cosa era lo que se extra\u00eda del citado auto de 9 de marzo de 1999 cuando dijo admitir la apelaci\u00f3n de \u201cla parte actora\u201d; por tal raz\u00f3n, dicen, el tr\u00e1mite de la segunda instancia era nulo, por falta de competencia de aqu\u00e9l, pues la misma estaba determinada por dicha admisi\u00f3n. Es decir, que la inconformidad de los recurrentes radica en que como por medio de dicho prove\u00eddo el ad-quem no admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n de los opositores, se gest\u00f3 la mencionada causal de nulidad, pues \u00e9l carec\u00eda de competencia para adelantar la actuaci\u00f3n que a partir de all\u00ed despleg\u00f3. <\/p>\n
Ha de verse, a este prop\u00f3sito, c\u00f3mo no es evidente que el recurso aceptado a tr\u00e1mite hubiera sido el propuesto por el demandante, justo el declarado desierto, ni que se omiti\u00f3 admitir la apelaci\u00f3n formulada por el demandado; desde luego que la circunstancia planteada por la censura bien puede calificarse de un simple \u201clapsus calami\u201d, el cual, por lo mismo, permite inferir lo que acaba de sostenerse, no s\u00f3lo porque en forma expresa el juzgado orden\u00f3 surtir precisamente el recurso \u201cinterpuesto por los demandados\u201d (fl.192, cd.1) sino en raz\u00f3n a que la actora as\u00ed lo entendi\u00f3 al pedir que la deserci\u00f3n se extendiera a \u201cla apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada\u201d, como lo expres\u00f3 en el escrito que corre a folios 193 y 194 del cuaderno 1, y al solicitarle al tribunal que revocara el auto que hab\u00eda admitido \u201cla apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado interpuesta por los demandados\u201d, como se constata a folio 6 del cuaderno 6. <\/p>\n
<\/p>\n
Es claro que el contexto dentro del cual se desenvolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n a partir del fallo de primera instancia, conduce a sostener, sin duda, que el recurso de apelaci\u00f3n realmente concedido y admitido fue el interpuesto por los opositores, no solamente porque el juzgado lo concedi\u00f3 expresamente por prove\u00eddo de 2 de diciembre de 1998 sino debido a que posteriormente, a trav\u00e9s de los autos de 20 de enero de 1999 y 10 de febrero de ese a\u00f1o, declar\u00f3 desierta la alzada de \u201cla parte actora\u201d y dispuso remitir el expediente al superior para que se surtiera \u201cel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados\u201d. Adem\u00e1s en segunda instancia el demandante siempre entendi\u00f3 que la impugnaci\u00f3n concedida y admitida hab\u00eda sido la de su contraparte, como as\u00ed se constata de los diferentes escritos que present\u00f3, donde se refiri\u00f3 a la apelaci\u00f3n de la parte contraria, y el sentenciador termin\u00f3 resolviendo justo dicho recurso, lo cual no pod\u00eda ser de manera diferente habida consideraci\u00f3n que ninguno otro ten\u00eda que desatar, seg\u00fan acaba de verse. <\/p>\n
Desde otra perspectiva, no ha de perderse de vista que la competencia, entendida como el poder que la normatividad jur\u00eddica le atribuye al funcionario investido de jurisdicci\u00f3n para conocer de determinados asuntos judiciales, es fijada directamente por la ley y, por tanto, de ella proviene, de suerte que viniendo ella propiamente de la ley no resulta indispensable la producci\u00f3n de un auto para que la adquiera, del mismo modo que tampoco basta una providencia para arg\u00fcir que se la tiene cuando la ley no la confiere. <\/p>\n
El auto admisorio del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia debe ser dictado, es cierto, no s\u00f3lo para acatar el art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil sino porque, de no hacerlo, podr\u00eda surgir la nulidad prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140, ib\u00eddem, en la medida que as\u00ed resultar\u00eda cercenada la oportunidad de solicitar pruebas que consagra el art\u00edculo 361 del mismo ordenamiento; mas es claro que su eventual omisi\u00f3n no constituye la causa de nulidad de falta de una competencia de quien por ley estaba facultado para ejercerla. <\/p>\n
Es evidente que si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con arreglo al art\u00edculos 26 del estatuto procesal civil, estaba asistido de competencia funcional para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra la sentencia dictada por el Juzgado segundo Civil del Circuito de esa localidad, no puede decirse, entonces, que la actuaci\u00f3n que en este asunto despleg\u00f3 la produjo careciendo particularmente de ella. <\/p>\n
Es palmario que si la ausencia del auto admisorio del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia no constituye motivo de nulidad por falta de competencia funcional del juez a quien la ley se la atribuye, la causal alegada no se estructur\u00f3. Alrededor de este espec\u00edfico aspecto no est\u00e1 dem\u00e1s rememorar, como enantes se dijo, que en materia de sanciones proceden \u00fanicamente las previstas en la norma, en orden a lo cual, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, el juez debe \u201cestarse m\u00e1s a la realidad procesal que al aparente significado de los vocablos, principalmente en materia de nulidades, que son de restricta interpretaci\u00f3n\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.395). <\/p>\n
Finalmente, ha de observarse que las fallas de procedimiento que no aparezcan expresamente enlistadas como causales de nulidad se consideran meras irregularidades que, como lo dispone el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140, ib\u00eddem, \u201cse tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos\u201d que el c\u00f3digo regula, lo cual conduce a sostener que como en este caso la circunstancia anotada constituy\u00f3 s\u00f3lo una simple equivocaci\u00f3n, si alg\u00fan reparo ten\u00eda frente a ella el demandante debi\u00f3 discutirla impugnando la providencia respectiva, y ya se vio que as\u00ed no procedi\u00f3 pues la reposici\u00f3n propuesta la fund\u00f3 en un acontecimiento por completo diferente y no en la circunstancia anotada. <\/p>\n
4. Las precedentes consideraciones conducen a predicar, en consecuencia, que no se estructur\u00f3 la causal quinta de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
5. Acerca del \u00faltimo de los se\u00f1alados motivos de invalidez de la actuaci\u00f3n, esto es, el consistente en la nulidad originada en la sentencia que le puso fin a la segunda instancia, porque el ponente de la Sala perdi\u00f3 la facultad que tuvo para redactar el fallo al manifestar que el actor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para pedir, por lo que la misma fue adquirida por uno cualquiera de los dos restantes magistrados que como disidentes dijeron que s\u00ed la ten\u00eda, es de verse que no se present\u00f3 dicho vicio, conforme pasa a observarse. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 expuesto en el compendio que se hizo de la providencia combatida, en lo tocante con las s\u00faplicas edificadas frente a los contratos ajustados entre Adela y los otros demandados, el juzgador indic\u00f3 que el actor no ten\u00eda inter\u00e9s, por cuanto el mismo correspond\u00eda \u00fanicamente a quienes hab\u00edan sido parte en esos negocios, a sus causahabientes o a los que demostraran alg\u00fan inter\u00e9s en ellos, y en ninguna de tales circunstancias se encontraba el actor a m\u00e1s que los sucesores de Oliverto no eran acreedores de los opositores; dijo, asimismo, que si se supusiera que las ventas que aqu\u00e9lla hizo a favor de sus sobrinos eran simuladas, ello, en todo caso, no beneficiar\u00eda al demandante, y que distinto hubiera sido de haber prosperado la simulaci\u00f3n suplicada en relaci\u00f3n con las enajenaciones efectuadas por el causante, pues en tal supuesto lo hubieran tenido. <\/p>\n
Los magistrados disidentes, por su lado, dijeron que como el demandante estaba en una situaci\u00f3n merecedora de tutela jur\u00eddica, la cual subsist\u00eda en tanto se mantuviera el aspecto aparente de las ventas impugnadas, a \u00e9l le asist\u00eda inter\u00e9s para probar la simulaci\u00f3n contra los demandados, aunque aclararon, inmediatamente, que \u201cfrente a la negativa de las pretensiones principales invocadas en la demanda\u201d, esto es, las relacionadas con los contratos celebrados por el causante, ese inter\u00e9s del actor se dilu\u00eda \u201ccomo l\u00f3gica consecuencia, lo que nos conlleva a compartir la decisi\u00f3n adoptada en tal sentido, al que se impone igualmente frente a este cuestionamiento\u201d (fls.229 a 232, cd.6). <\/p>\n
Resulta claro, por tanto, que la discrepancia que se present\u00f3 fue s\u00f3lo sobre la tesis jur\u00eddica expuesta en torno del inter\u00e9s del actor frente a los contratos celebrados entre Adela y los otros demandados, lo cual conduce a afirmar que la referida diferencia, ciertamente, no tuvo suceso en la resoluci\u00f3n finalmente adoptada al respecto, desde luego que los magistrados que aclararon el voto, aunque se apartaron de la aludida posici\u00f3n jur\u00eddica, en \u00faltimas compartieron las razones por las cuales en la sentencia criticada se afirm\u00f3 la falta de inter\u00e9s en el promotor del proceso para cuestionar la legalidad de los citados contratos. <\/p>\n
Es que el fundamento que se adujo en el fallo sobre el particular consisti\u00f3, precisamente, en que por el hecho de que la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta de los actos a trav\u00e9s de los cuales Oliverto Gonz\u00e1lez dijo vender los inmuebles resultaba impr\u00f3spera, sus asignatarios carec\u00edan de la susodicha legitimaci\u00f3n, al tiempo que se sostuvo, en v\u00eda de hip\u00f3tesis, y ello en la misma direcci\u00f3n que lo plantearon quienes aclararon el voto, que diferente habr\u00eda sido si tales acuerdos de voluntad hubieran sido declarados simulados, como se pretend\u00eda, pues en tal evento ese inter\u00e9s s\u00ed afloraba. <\/p>\n
No existe entonces raz\u00f3n para sostener que el fallo de segundo grado debi\u00f3 producirlo alguno de quienes aclararon el voto, y menos para que v\u00e1lidamente se diga que, por no haberse generado la decisi\u00f3n de esa manera, la providencia adoptada deven\u00eda nula, pues, it\u00e9rase, todos los integrantes de la sala de decisi\u00f3n compartieron, finalmente, no solamente la decisi\u00f3n sino la raz\u00f3n por la cual se predic\u00f3, tocante con esos espec\u00edficos contratos, la falta de inter\u00e9s de la parte actora. <\/p>\n
Ha de agregarse, desde otra perspectiva, que como la sentencia es una sola, y ha de mirarse en su integridad y no en sus partes aisladamente consideradas, ello conduce a sostener que por el hecho de que en este caso sobre ciertas apreciaciones de su parte motiva algunos de los magistrados hubieran considerado prudente aclarar su voto, no por esa circunstancia uno cualquiera de ellos ten\u00eda que asumir la redacci\u00f3n de la providencia, menos cuando, como se vio, frente a las resoluciones adoptadas al fin de cuentas ninguna discrepancia se produjo. A este respecto es de verse que, como en oportunidad reciente lo se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n, tocante con \u201cla forma como se aprueban los proyectos, aspecto que tambi\u00e9n interesa al caso, el art\u00edculo 54 de la ley 270 de 1996, exige el \u2018voto de la mayor\u00eda\u2019, de los miembros de la sala de decisi\u00f3n, igual a como lo establec\u00eda el art\u00edculo 11, in fine, del decreto 1265 de 1970, al decir que las \u2018providencias que profieran las salas requieren mayor\u00eda absoluta de votos\u2019\u201d, disposici\u00f3n que igualmente \u201cimpone la obligaci\u00f3n de suscribir las decisiones por la totalidad de los magistrados y conjueces que concurrieron a dictarlas, inclusive por quienes hayan disentido, sin perjuicio del correspondiente salvamento de voto\u201d(sentencia n\u00famero 100 de 25 de mayo de 2005), que fue precisamente lo que aconteci\u00f3 en este caso, donde la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 por la mayor\u00eda de los integrantes de la Sala, conforme viene de observarse. <\/p>\n
6. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-364-2005 [0500131030021995-8010-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente n\u00famero 05001-31-03-002-1995-8010-02. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83187\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}