SC-365-2005 [4100131030021993-7518-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
41001-31-03-002-1993-7518-01. <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de 10 de julio de 2001, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por Sof\u00eda Perdomo de Vidal frente a Teresa Perdomo de Polan\u00eda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 declarar relativamente simulado el contrato de compraventa celebrado entre Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz de Perdomo, como vendedora, y la demandada, como compradora, contenido en la escritura n\u00famero 802 de 24 de abril de 1973, de la notar\u00eda segunda de Neiva; declarar que la real intenci\u00f3n de las contratantes fue la de donarle la primera a la segunda el inmueble objeto de ese negocio; declarar la nulidad absoluta de dicha donaci\u00f3n; condenar a Teresa Perdomo a restituirle a la actora, quien act\u00faa en nombre de la sucesi\u00f3n de la mencionada Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz, el predio comprometido en dicha negociaci\u00f3n, as\u00ed como a pagarle los frutos percibidos como los que hubiese podido recibir. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los supuestos f\u00e1cticos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Demandante y demandada son hijas de Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz de Perdomo, quien falleci\u00f3 el 12 de mayo de 1989. <\/p>\n
b) Mediante el instrumento p\u00fablico enantes identificado la mencionada Mar\u00eda Vicenta simul\u00f3 venderle a Teresa Perdomo el inmueble ubicado en la carrera 4 n\u00famero 5-23 de la citada localidad, cuyos linderos y dem\u00e1s caracter\u00edsticas constan en el libelo. <\/p>\n
c) La intenci\u00f3n real de esas contratantes al ajustar el se\u00f1alado convenio era la donaci\u00f3n que de dicha propiedad pretend\u00eda hacer D\u00edaz de Perdomo a favor de su hija Teresa. <\/p>\n
d) La donaci\u00f3n que as\u00ed se quiso realizar, se verific\u00f3 sin la insinuaci\u00f3n judicial y dem\u00e1s formalidades exigidas por la ley para su validez. <\/p>\n
3. Notificada del auto admisorio de la demanda, como aparece a folio 52 del cuaderno 1, dentro del t\u00e9rmino de traslado la opositora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. Por sentencia de 18 de marzo de 1998 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva culmin\u00f3 la primera instancia, en la que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n; orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la compraventa; declar\u00f3 la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n como acto verdadero; neg\u00f3 la entrega del bien y la condena al pago de frutos. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva le puso fin a la alzada mediante fallo de 10 de julio de 2001, en el que confirm\u00f3 el del a-quo, aunque lo modific\u00f3 en cuanto precis\u00f3, por un lado, que \u00abla nulidad de la donaci\u00f3n como acto verdadero resultante de la simulaci\u00f3n\u201d, se refer\u00eda a aquella parte que superara la suma de $2.000, y, por el otro, que la opositora deb\u00eda \u00abrestituir para la masa herencial el bien inmueble ubicado en la carrera 4 No. 5-23 y los frutos producidos por el mismo que ascend\u00edan a un total de $313.349.759 desde el fallecimiento\u201d de la causante. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de relacionar los diferentes indicios en que se apoy\u00f3 el a-quo para declarar la simulaci\u00f3n del contrato, de precisar que de ellos en el recurso de apelaci\u00f3n la opositora manifest\u00f3 inconformidad \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los de \u201cla posesi\u00f3n en el inmueble de la compradora\u201d y de \u201cla falta de prueba sobre el dinero entregado por la demandada\u201d, y de exponer las razones por las cuales juzg\u00f3 por qu\u00e9 no pod\u00eda valorar como prueba el documento consistente en la grabaci\u00f3n de una conversaci\u00f3n habida entre las partes, acometi\u00f3 el tribunal el an\u00e1lisis de los indicios atacados por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2. Puntualiz\u00f3, en efecto, que del interrogatorio de parte absuelto por la demandada el 23 de julio de 1996 se establec\u00eda que ella llevaba cincuenta y nueve a\u00f1os viviendo en el predio a que se refer\u00eda el contrato aqu\u00ed involucrado, es decir, la edad que ten\u00eda, y que la misma no prob\u00f3, estando obligada a hacerlo, que hubiese cancelado el dinero correspondiente al precio del negocio; a\u00f1adi\u00f3 el sentenciador c\u00f3mo igualmente acept\u00f3 que Mar\u00eda Vicenta \u00abvivi\u00f3 en esa casa hasta el d\u00eda de su muerte\u00bb y que \u00e9sta le transfiri\u00f3 esa propiedad \u00abpor una suma de dinero, pero agrega que desgraciadamente la testigo de la negociaci\u00f3n falleci\u00f3\u00bb(fl.35). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el ad-quem que la enajenaci\u00f3n del bien por la misma suma que tuvo cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, cuando esa heredad le fue adjudicada a D\u00edaz de Perdomo, reflejaba \u201cel querer de encubrirse una donaci\u00f3n con la compraventa y la idea de hacer veros\u00edmil la transacci\u00f3n realizada\u201d; a\u00f1adi\u00f3 c\u00f3mo la permanencia de aqu\u00e9lla en el predio que dijo venderle a su hija, era indicador de no haberle sido entregada materialmente dicha cosa a la compradora, hecho que encontr\u00f3 corroborado con lo declarado por el testigo Hernando Quintero Rojas, quien sostuvo que Mar\u00eda Vicenta continu\u00f3 viviendo all\u00ed hasta su fallecimiento. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el fallador que no se acredit\u00f3 la inversi\u00f3n que hubiese hecho la supuesta vendedora del dinero producto de la enajenaci\u00f3n, ni la necesidad que la misma tuviera de vender, habida consideraci\u00f3n de que ella, al decir de los testigos y de las mismas litigantes, era titular de terrenos rurales dejados por su esposo; tampoco se demostr\u00f3 que el patrimonio de la misma se hubiese incrementado o modificado, aserto con base en el cual asegur\u00f3 el juez de segundo grado que los $250.000, supuestamente pagados, que la opositora dijo haber entregado como precio, no ingresaron a las arcas de aqu\u00e9lla, \u201co por lo menos ello no se prob\u00f3, ni ello ocurri\u00f3 en caso de su erogaci\u00f3n para atender otras obligaciones\u201d(fl.36). <\/p>\n
3. A vuelta de citar algunas de las respuestas ofrecidas por los testigos Hernando y Alfredo Quintero Rojas, recalc\u00f3 el juzgador que un motivo suficiente para impulsar la conducta de D\u00edaz de Perdomo, madre de la demandada, fue \u201cel parentesco que las un\u00eda, adem\u00e1s de haber permanecido juntas toda la vida de Teresa, como quiera que \u00e9sta manifest\u00f3\u201d llevar viviendo en el inmueble objeto del contrato cincuenta y nueve a\u00f1os, esto es, su edad; \u201cesa prolongaci\u00f3n en la convivencia crea lazos indisolubles adem\u00e1s de los sangu\u00edneos, que por obvias razones llevan a sentimientos de gratitud\u201d, que pod\u00edan compensarse econ\u00f3micamente. <\/p>\n
4. Los reparos formulados por la opositora a los indicios de permanencia de Mar\u00eda Vicenta en el fundo objeto del negocio por tiempo superior a diez a\u00f1os desde la fecha de la escritura, as\u00ed como la no demostraci\u00f3n del pago, de la inversi\u00f3n que aqu\u00e9lla pudo hacer de lo recibido, el \u00e1nimo de abandonar la posesi\u00f3n de la propiedad ra\u00edz, la necesidad de vender, el hecho de no haber contestado Teresa Perdomo la demanda, entre otros, eran indicativos de que el juez de primera instancia no se equivoc\u00f3 en sus apreciaciones, pues el caudal probatorio ofrec\u00eda, a ojos del fallador, \u201cla realidad de lo acontecido\u201d, como que \u201cexaminados en conjunto los indicios rese\u00f1ados\u201d arrojaban \u201cla conclusi\u00f3n de la simulaci\u00f3n relativa demandada\u201d; y \u201ccomo lo dedujo la primera instancia, aquellos tienen la connotaci\u00f3n de ser graves, precisos y concordantes\u201d. <\/p>\n
5. Precis\u00f3, finalmente, que la simulaci\u00f3n detectada acarreaba la restituci\u00f3n de la cosa a favor de la sucesi\u00f3n, en nombre de quien actu\u00f3 la demandante, y de los frutos civiles producidos por el mismo. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un cargo propone la recurrente, en el que acusa la sentencia combatida de infringir, en forma indirecta, los art\u00edculos 1443, 1458, modificado por el 1\u00ba del decreto 1712 de 1989, 1494, 1495, 1497, 1626, 1627, 1740, 1757, 1766 del C\u00f3digo Civil y 2\u00ba ley 50 de 1936, por indebida aplicaci\u00f3n; con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 175, 177, 178, 187, 194, 195, 201, 213, 233, 238, 240, 241, 248, 249, 250, 251 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 8\u00b0 de la ley 153 de 1887, tambi\u00e9n por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
<\/p>\n
La infracci\u00f3n de tales preceptos tuvo lugar, dice, como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el tribunal en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas 802 de 24 de abril de 1973 y 490 de 2 de abril de 1969, de la copia del interrogatorio de parte absuelto por la demandada, la \u00abinspecci\u00f3n judicial de aval\u00fao del inmueble\u201d de 7 de marzo de 1995, de los testimonios rendidos por Hernando y Alfredo Quintero Rojas y del interrogatorio de parte absuelto por la actora el 23 de julio de 1996. <\/p>\n
Indica la censura que para el fallador esta presunta desigualdad constituy\u00f3 un indicio grave de la simulaci\u00f3n, por considerar que D\u00edaz de Perdomo ten\u00eda el \u00e1nimo de reparar esa injusticia, mas resulta que la \u00fanica prueba que se relaciona con ese tema contradice tal conclusi\u00f3n, por cuanto el testigo Hernando Quintero Rojas (fls. 9 y 10, cd.2), quien durante doce a\u00f1os residi\u00f3 en el mismo inmueble, declar\u00f3 que Mar\u00eda Vicenta nunca le coment\u00f3 que tuviera el deseo de beneficiar a la opositora con los bienes que a ella le hab\u00edan correspondido, ya que dicha se\u00f1ora no ten\u00eda ninguna preocupaci\u00f3n en eso, situaci\u00f3n que, seg\u00fan la acusadora, la confirm\u00f3 la demandada en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 (fl. 64 y 65, cd.2), cuando declar\u00f3 que no era cierto que su mam\u00e1 le hubiera regalado el fundo subsanando as\u00ed esa supuesta injusticia. <\/p>\n
Estas pruebas, prosigue la impugnadora, \u201cy las dem\u00e1s que v\u00e1lidamente hacen parte del plenario, fueron err\u00f3neamente apreciadas\u201d; y, de haberlas valorado debidamente, el juez de segundo grado habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n en el sentido de que no exist\u00eda indicio alguno acerca de la intenci\u00f3n de aqu\u00e9lla de reparar la presunta inequidad testamentaria de la herencia dejada por Juli\u00e1n Perdomo. <\/p>\n
2. Otro desatino cometido por el juzgador consisti\u00f3 en que tuvo por establecido que la permanencia, hasta su muerte, de D\u00edaz de Perdomo en el predio, era indicio grave de simulaci\u00f3n del se\u00f1alado negocio. Esta censura, dice, est\u00e1 referida concretamente al alcance que aqu\u00e9l le dio a esa circunstancia, al denominarla como un hecho indiciario del acto simulado, ya que con ese raciocinio signific\u00f3 que, para demostrar que la heredad realmente fue vendida, la opositora ha debido despedir de all\u00ed a su progenitora, sin importar que sus sentimientos estaban arraigados a esa propiedad, que hab\u00eda habitado toda su vida y donde encontraba el afecto y cuidado de su hija y nietos. <\/p>\n
Manifiesta la recurrente que el sentenciador reproch\u00f3 que la opositora hubiera continuado brind\u00e1ndole amor y cuidado a su madre, la vendedora, permitiendo que siguiera viviendo en la casa que siempre fue suya. La equivocada valoraci\u00f3n de esta circunstancia rompi\u00f3 lo que se denominan hechos indiciarios de la simulaci\u00f3n de una compraventa, pues para que se consideren como tales, ellos deb\u00edan \u201cser reveladores de la verdad real sobre la aparente, por resultar inusuales o sospechosos frente al hecho que se quiere divulgar\u00bb. En este caso la permanencia de Mar\u00eda Vicenta debe valorarse como una conducta acorde con los deberes de los hijos sobre sus padres, cuando \u00e9stos necesitan de cuidado y atenci\u00f3n. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el tribunal al tener por establecido, sin que estuviera acreditado, que el afecto entre la vendedora y la compradora, medre e hija, respectivamente, era indicio grave para determinar que la compraventa era simulada, toda vez que en este caso dicha condici\u00f3n no se predicaba con preferencia hacia la demandada y en detrimento de la actora, la otra hija de Mar\u00eda Vicenta, lo que podr\u00eda dar lugar a que se pensara que hab\u00eda intenci\u00f3n de beneficiar a una sobre la otra. <\/p>\n
Si el ad-quem hubiera apreciado debidamente el testimonio de Alfredo Quintero Rojas (fls.10 a 12, cd.2), habr\u00eda advertido que exist\u00eda prueba de que esa relaci\u00f3n de la madre con sus dos hijas era muy buena. <\/p>\n
4. Destaca la acusadora que otro dislate cometido por el juez de segundo grado radic\u00f3 en tener por establecido, sin estarlo, que por los 77 a\u00f1os de edad que contaba, D\u00edaz de Perdomo no ten\u00eda necesidad ni intenci\u00f3n de vender, de suerte que a ra\u00edz de esta equivocada conclusi\u00f3n omiti\u00f3 ponderar adecuadamente los testimonios de Hernando y Alfredo Quintero Rojas, de los cuales se revelaba que ella quer\u00eda vender la casa porque necesitaba el dinero para ponerlo a rentar, dado que ten\u00eda algunas dificultades econ\u00f3micas, afirmaci\u00f3n alrededor de la cual transcribe algunas de las respuestas ofrecidas por dichos deponentes, para aducir c\u00f3mo de all\u00ed se deduc\u00eda que la intenci\u00f3n de aqu\u00e9lla era vender y no donar, y que la raz\u00f3n que ten\u00eda para ello era conseguir un dinero que le produjera rendimientos. <\/p>\n
5. Del mismo modo incurri\u00f3 en yerro al no dar por establecido, est\u00e1ndolo, que la demandada obtuvo los recursos de un pr\u00e9stamo concedido por Julio Monsalve. La primera equivocaci\u00f3n cometida por el tribunal sobre este particular fue invertir la carga de la prueba, exigiendo que ella acreditara el origen de los recursos con los cuales pag\u00f3 el inmueble, contrariando el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al cual era a la actora a quien le correspond\u00eda acreditar los supuestos de hecho. Pese a que no le compet\u00eda, en el expediente qued\u00f3 establecido que la opositora pag\u00f3 el precio con un pr\u00e9stamo que le hizo aquella persona. En la escritura Mar\u00eda Vicenta declar\u00f3 que el precio de $250.000 lo ten\u00eda recibido a su entera satisfacci\u00f3n de manos de la compradora, y esa declaraci\u00f3n no fue contradicha, por el contrario, se reafirm\u00f3 con el testimonio de Hernando Quintero Rojas, cuando expres\u00f3 que hab\u00eda vendido la casa y que el dinero lo iba a poner a Inter\u00e9s, y de asegurar que Alfredo Quintero Rojas depuso tener entendido que Julio Monsalve le prest\u00f3 un dinero a la demandada para esa transacci\u00f3n. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Al efectuar la confrontaci\u00f3n entre los fundamentos que incorpora la acusaci\u00f3n con los argumentos y los medios de certeza con base en los cuales el tribunal adopt\u00f3 la decisi\u00f3n combatida, surge evidente que aqu\u00e9lla no s\u00f3lo omite realizar el parang\u00f3n necesario entre lo que dijo el ad-quem y lo que emana de las pruebas que identifica como mal apreciadas sino que se muestra desenfocada, a m\u00e1s de incompleta; deficiencias de orden t\u00e9cnico que, como pasa a verse, condenan la censura al fracaso. <\/p>\n
2. Advi\u00e9rtese, por adelantado, c\u00f3mo el cargo no se acopla a las exigencias que se tienen definidas para las acusaciones que, al amparo de la causal primera, se propongan denunciando manifiestos errores de hecho, en la medida en que la censora desacata el deber de cotejar el significado objetivo de las pruebas con lo que de ellas extrajo o debi\u00f3 sacar el fallador. <\/p>\n
Ciertamente, est\u00e1 suficientemente definido por la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n que como es el casacionista quien tiene la carga de evidenciar, en el caso concreto de la causal primera, por yerros de facto o de jure, el desatino cometido por el fallador en la ponderaci\u00f3n de las probanzas, le compete adelantar la tarea de confrontar lo que surge de los elementos de convicci\u00f3n con la conclusi\u00f3n que de ellos aqu\u00e9l sac\u00f3, pues as\u00ed, y s\u00f3lo as\u00ed, podr\u00e1 la Sala, dentro del contexto de la acusaci\u00f3n, establecer si se present\u00f3 el desacierto con caracter\u00edsticas de protuberante, tal cual se exige, toda vez que, en trat\u00e1ndose de un ataque por errores de esta especie, el recurrente, \u201cen su gesti\u00f3n de demostrar los yerros del juzgador, no puede quedarse apenas en su enunciaci\u00f3n sino que debe se\u00f1alarlos en forma concreta y espec\u00edfica, en orden a lo cual tendr\u00e1 que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoraci\u00f3n probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por m\u00e1s razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debi\u00f3 ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una cr\u00edtica al fallo sino apenas un alegato de instancia\u201d(sentencia n\u00famero 056 de 8 de abril de 2005, exp.#7730). <\/p>\n
Lo dicho pone de manifiesto que la impugnadora debi\u00f3 desarrollar la necesaria confrontaci\u00f3n entre lo que aqu\u00e9l dijo alrededor de cada una de los aludidos elementos de certeza y aquello que emanaba directamente de ellos, lo que no hizo por cuanto se contrajo a presentar su propia versi\u00f3n alrededor del aparente contenido material de esas pruebas, como si la casaci\u00f3n se tratara de una tercera instancia en la que se le ofreciera otro momento procesal para volver a presentar alegatos propios de \u00e9sta. <\/p>\n
Es as\u00ed como en lo concerniente a las declaraciones de Hernando y Alfredo Quintero Rojas, escasamente asevera que el tribunal no las ponder\u00f3 adecuadamente, porque, en su sentir, ellas revelaban que Mar\u00eda Vicenta quer\u00eda vender la cosa al requerir el dinero para ponerlo a rentar, \u201cdado que ten\u00eda algunas dificultades econ\u00f3micas\u00bb, de donde deduce que la intenci\u00f3n de aqu\u00e9lla era vender y no donar; como se aprecia, el aludido contraste brilla por su ausencia en tanto la impugnadora se dedica a citar fragmentos de lo que cada uno de esos deponentes dijo y a relatar lo que a su juicio deb\u00eda comprenderse de all\u00ed, dejando de elaborar el parang\u00f3n necesario entre lo que dedujo el ad-quem con fundamento en esos espec\u00edficos medios de certeza con la realidad objetiva que en verdad aflorara de ellos. <\/p>\n
Ahora, respecto a que el tribunal omiti\u00f3 ver la fuente de donde la demandada obtuvo los recursos para pagar el precio del contrato, la casacionista apenas manifiesta que Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz, en la escritura contentiva del mismo, declar\u00f3 que los $250.000 all\u00ed pactados los recibi\u00f3 a su entera satisfacci\u00f3n, hecho corroborado con los testimonios de Hernando Quintero, cuando afirm\u00f3 que aqu\u00e9lla hab\u00eda vendido la heredad porque iba a poner el dinero a inter\u00e9s, y de Alfredo Quintero, quien depuso \u201ctener entendido\u201d que Julio Monsalve le prest\u00f3 un dinero a la demandada; pero acontece que en esas manifestaciones no reside m\u00e1s que el propio juicio de la acusadora y no la comparaci\u00f3n entre aquello que dijo el sentenciador con relaci\u00f3n al pago del precio pactado y lo que sobre ese mismo t\u00f3pico objetivamente dimanaba de cada uno de los elementos probatorios relacionados; se trata, como es obvio entenderlo, de meras conjeturas suyas que, per se, no dibujan el yerro f\u00e1ctico atribuido a aqu\u00e9l. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en fin, c\u00f3mo la acusadora afirma que la infracci\u00f3n de los preceptos indicados en el cargo tuvo lugar como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el tribunal en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas 802 de 24 de abril de 1973 y 490 de 2 de abril de 1969, de la copia del interrogatorio de parte absuelto por la demandada, la \u00abinspecci\u00f3n judicial de aval\u00fao del inmueble\u201d de 7 de marzo de 1995, del testimonio rendido por Hernando y Alfredo Quintero Rojas y del interrogatorio de parte absuelto por la actora el 23 de julio de 1996, pero por ninguna parte se encuentra que hubiera efectuado el contraste obligado entre lo que las pruebas dejadas de ponderar o indebidamente apreciadas dicen y lo que de ellas aqu\u00e9l consign\u00f3 en la sentencia combatida. Ha de repetirse que con este proceder la impugnadora se limit\u00f3 a plasmar su personal punto de vista sobre el significado de esas pruebas y lo que de las mismas deb\u00eda colegirse, posici\u00f3n que choca abiertamente con las exigencias propias del recurso de extraordinario. \u201cAtr\u00e1s qued\u00f3 explicado que el error no se demuestra en aquellas hip\u00f3tesis en que el recurrente se limita a oponer las conclusiones propias a las del tribunal, toda vez que en tales eventos el esfuerzo dial\u00e9ctico estar\u00eda encaminado a combatir la estimaci\u00f3n de esos medios con una distinta interpretaci\u00f3n y no, como exige la ley, a explicar en qu\u00e9 consiste el yerro\u201d(sentencia n\u00famero 202 de 5 de agosto de 2005, exp.#85002-02, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
Entonces, es palmario que la censura omite la demostraci\u00f3n de los errores de hecho denunciados, pues si bien enuncia las pruebas que aduce incorrectamente apreciadas, es lo cierto que no concreta, con la claridad y precisi\u00f3n necesarias, cu\u00e1l fue el sentido que a ellas le dio el ad-quem y lo que de las mismas objetivamente surg\u00eda, toda vez que los argumentos en que se apoya la cr\u00edtica son propios de un alegato de instancia y no los id\u00f3neos para fundamentar un ataque en casaci\u00f3n, como quiera que se reducen a contener las razones por las que disiente del fallo atacado y no a establecer que con el mismo el tribunal vulner\u00f3 la ley sustancial. <\/p>\n
Como se advierte, ese razonamiento del tribunal no es arbitrario ni desproporcionado y tampoco carece de l\u00f3gica, pues, antes bien, se aviene a la naturaleza del hecho indicador, independientemente de que frente al mismo se tengan apreciaciones diferentes, como la que exhibe la impugnadora, quien estima que ese aspecto ha debido valorarlo como una conducta acorde con los deberes que la demandada, en su condici\u00f3n de hija, deb\u00eda tener para con su progenitora, la vendedora, y con los sentimientos que \u00e9sta ten\u00eda sobre el inmueble donde vivi\u00f3 toda su vida. Es palmario que la circunstancia de que la acusadora tenga una perspectiva diferente de la expuesta por el ad-quem en torno a la permanencia de la vendedora en el predio despu\u00e9s de celebrado el negocio, no constituye motivo bastante que invite a considerar que, por ella sola, el razonamiento edificado por \u00e9ste engendre error capaz de conducir al quiebre del fallo, pues, como desde antiguo lo tiene sentado la doctrina jurisprudencial, \u201cla presencia de un criterio de ponderaci\u00f3n probatoria en el recurrente, diferente del expuesto por el fallador, no se edifica en causa suficiente para pregonar el dislate f\u00e1ctico \u00b4mientras \u00e9ste no degenere ostensiblemente en arbitrariedad\u00b4, como as\u00ed lo indic\u00f3 la Corporaci\u00f3n en sentencia de 29 de octubre de 1973 (G. J., t. CXLVII, pag.102), toda vez que no es la disparidad de opiniones alrededor de la interpretaci\u00f3n de la prueba, sino la franca desconexi\u00f3n con lo que ella muestra, lo que comporta el vicio se\u00f1alado\u201d(sentencia 115 de 23 de septiembre de 2004, exp.#0329). <\/p>\n
4. Al margen de la deficiencia t\u00e9cnica arriba expuesta ha de verse, adicionalmente, c\u00f3mo la acusaci\u00f3n en los argumentos restantes incurre en notorio y evidente desenfoque. <\/p>\n
En efecto, en esos otros planteamientos que contiene, sostiene la impugnadora que el tribunal tuvo por demostrado que como existi\u00f3 desequilibrio econ\u00f3mico entre las partes en la distribuci\u00f3n de la herencia del causante Juli\u00e1n Perdomo, su padre, por parte de Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz, madre de las mismas, existi\u00f3 el \u00e1nimo de repararle a la demandada el da\u00f1o que se le hab\u00eda causado en esa adjudicaci\u00f3n; agreg\u00f3 que aqu\u00e9l no pod\u00eda incurrir en la equivocaci\u00f3n de considerar que la cuarta de libre disposici\u00f3n en la aludida causa mortuoria le fue adjudicada a la actora, cre\u00e1ndose as\u00ed un desequilibrio frente a su hermana la demandada ya que de la escritura 490 citada se apreciaba que fueron los menores Rodrigo, Luis Fernando, Olga Luc\u00eda y Carlos Andr\u00e9s Vidal Perdomo los beneficiados con esa asignaci\u00f3n, y no aqu\u00e9lla, sin que se pudiera decir que ellos eran hijos de \u00e9sta, pues tal hecho no se prob\u00f3. <\/p>\n
A\u00f1ade, asimismo, que para el juez de segundo grado la susodicha presunta desigualdad constituy\u00f3 un indicio grave de la simulaci\u00f3n, porque consider\u00f3 que Mar\u00eda Vicenta ten\u00eda el \u00e1nimo de reparar esa injusticia, auncuando el testigo Hernando Quintero Rojas contradijo esa conclusi\u00f3n al deponer que D\u00edaz de Perdomo nunca le coment\u00f3 que tuviera el deseo de beneficiar a la opositora con los bienes que a ella le hab\u00edan correspondido, situaci\u00f3n que, seg\u00fan la acusadora, la confirm\u00f3 la demandada en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, cuando declar\u00f3 que no era cierto que su mam\u00e1 le hubiera regalado aquel fundo solucionando as\u00ed la mentada supuesta injusticia. Con relaci\u00f3n a esas afirmaciones que le atribuye al fallador, la recurrente dice que las pruebas referidas \u201cfueron err\u00f3neamente apreciadas\u201d, pues de haberlas valorado adecuadamente habr\u00eda concluido c\u00f3mo no exist\u00eda indicio sobre la intenci\u00f3n de Mar\u00eda Vicenta de restaurar la presunta inequidad herencial. <\/p>\n
De lo expuesto en precedencia se observa c\u00f3mo la acusadora le fustiga al tribunal haber establecido la existencia del indicio sobre la intenci\u00f3n que tuvo D\u00edaz de Perdomo, con el contrato objeto de este proceso, de remediar la presunta inequidad que se present\u00f3 contra la demandada en la distribuci\u00f3n del acervo herencial de la sucesi\u00f3n de Juli\u00e1n Perdomo, su padre, mas sucede que, como se constata del contexto de la sentencia combatida, tal cual qued\u00f3 compendiada, el ad-quem, en puridad de verdad, para nada de refiri\u00f3 a un indicio de esa \u00edndole, ni siquiera tangencialmente. <\/p>\n
Manifiesta la recurrente, adicionalmente, que el sentenciador reproch\u00f3 que la opositora hubiera continuado brind\u00e1ndole amor y cuidado a la vendedora, su progenitora; que igualmente se equivoc\u00f3 al tener por establecido que el afecto entre las partes del contrato era indicio determinante que el mismo fue simulado, pues dicha condici\u00f3n no se predicaba con preferencia de la demandada y en detrimento de la actora; que si hubiera apreciado debidamente el testimonio de Alfredo Quintero Rojas, habr\u00eda advertido que la relaci\u00f3n de la vendedora con las partes del proceso, sus dos hijas, era muy buena; y que adem\u00e1s tuvo por probado que por los 77 a\u00f1os de edad que ten\u00eda, Mar\u00eda Vicenta carec\u00eda de necesidad y de intenci\u00f3n para vender. <\/p>\n
Sin embargo, como sin mayores dificultades se constata al volver la mirada al fallo recurrido, el juzgador lejos estuvo de reprochar el amor y aprecio que la demandada pudo expresarle a su progenitora, o que censurara los cuidados que la misma tuvo para con \u00e9sta, y menos que hubiera afirmado que la relaci\u00f3n de D\u00edaz de Perdomo con alguna de las partes del proceso, sus dos hijas, no fuera buena o, en fin, que los 77 a\u00f1os de edad que se dice ten\u00eda para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del acuerdo tradujera falta de necesidad o de intenci\u00f3n de la misma para vender, como que las conclusiones a que lleg\u00f3 no las extrajo con apoyo en ninguno de tales asertos, pues lo que arguy\u00f3 el ad-quem en torno a esos precisos aspectos, para predicar as\u00ed el inter\u00e9s que tuvo Mar\u00eda Vicenta para donarle a la opositora el predio, encubri\u00e9ndola con la compraventa, fue el sentimiento de gratitud de aqu\u00e9lla para con \u00e9sta derivado del hecho de haber vivido siempre juntas y de que hubiese sido la demandada quien le brindaba compa\u00f1\u00eda y, adem\u00e1s, que al ser aqu\u00e9lla titular del dominio de otros bienes que le correspondieron en la sucesi\u00f3n de su esposo, no se establec\u00eda la raz\u00f3n que la motiv\u00f3 a transferir la propiedad del inmueble. <\/p>\n
Ning\u00fan sentido tiene, desde luego, que la recurrente afirme que err\u00f3 de hecho el tribunal al reconocer el aludido desequilibrio econ\u00f3mico en la referida adjudicaci\u00f3n sucesoral, o al confundir a Teresa Perdomo con sus hijos, que fueron los reales beneficiarios de la cuarta de libre disposici\u00f3n en la mentada causa mortuoria, o al inferir la causa de la enajenaci\u00f3n de la edad de la vendedora, pues, it\u00e9rase, no fueron esas las apreciaciones que fundaron los comentados asertos del juzgador, de donde aflora la desorientaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en cuanto toca esa espec\u00edfica argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto permite ver como el cargo, en la tem\u00e1tica que se deja referenciada, apunta en direcci\u00f3n equivocada, toda vez que pretende hacer creer que la decisi\u00f3n de simulaci\u00f3n el tribunal igualmente la fund\u00f3 en los se\u00f1alados fundamentos, cuando no fue as\u00ed, seg\u00fan se acaba de observar. Resulta palmario, entonces, que en los aludidos aspectos el ataque se muestra descaminado, por cuanto con ellos no se combaten las verdaderas razones en que aqu\u00e9l se fund\u00f3. A este respecto tiene dicho la Corte que la cr\u00edtica que le formule el casacionista al fallo debe guardar adecuada \u201cconsonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u201d(G. J., t. CCLVIII, pag.294). <\/p>\n
5. En adici\u00f3n a los que se dejan evidenciados, el cargo alberga otra deficiencia t\u00e9cnica, consistente en que presente un ataque incompleto, en la medida en que no abraza toda la argumentaci\u00f3n con base en la cual el juez de segundo grado adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de la que se duele la impugnadora. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, el sentenciador encontr\u00f3 que la demandada no s\u00f3lo dej\u00f3 de demostrar el pago del precio pactado sino que vivi\u00f3 en el inmueble desde siempre; que D\u00edaz de Perdomo, pese a haberlo vendido, continu\u00f3 viviendo all\u00ed aun despu\u00e9s de ajustado ese negocio hasta su fallecimiento, lo cual indicaba que el bien no le fue entregada materialmente a la compradora; que el precio fijado en dicho negocio era igual a aquel por el cual, cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, esa heredad le fue adjudicada a Mar\u00eda Vicenta D\u00edaz en la sucesi\u00f3n de Juli\u00e1n Perdomo; as\u00ed mismo, que no se acredit\u00f3 el ingreso de ese dinero al patrimonio de la nombrada ni, por ende, la inversi\u00f3n que hubiese hecho del mismo y tampoco la forma como pudo haberlo gastado; que no se evidenci\u00f3 la necesidad que ella tuviera de vender y en cambio s\u00ed la ausencia de la misma por cuanto era titular de otros predios; igualmente que el afecto existente entre las contratantes, derivado no s\u00f3lo de su parentesco, madre e hija, sino, especialmente, del hecho de haber vivido juntas hasta el fallecimiento de Mar\u00eda Vicenta, creaba \u201csentimientos de gratitud\u201d que pod\u00edan \u201ccompensarse econ\u00f3micamente\u00bb; a lo cual le agreg\u00f3 el hecho de no haberse dado contestaci\u00f3n a la demanda. <\/p>\n
La recurrente, por su parte, le endilga al fallador haber cometido errores de hecho en la ponderaci\u00f3n de las pruebas pero circunscribiendo su ataque \u00fanicamente a los indicios relacionados con la demostraci\u00f3n del pago del precio del contrato, la permanencia de la vendedora en el predio objeto del mismo y con la necesidad de Mar\u00eda Vicenta de enajenar dicha heredad. <\/p>\n
<\/p>\n
Como se advierte, los indicios consistentes en el precio convenido por las contratantes en la misma cuant\u00eda de la adjudicaci\u00f3n que del bien se hizo a D\u00edaz de Perdomo cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, circunstancia de la que el tribunal infiri\u00f3 \u00abel querer de encubrirse una donaci\u00f3n con la compraventa y la idea de hacer veros\u00edmil la transacci\u00f3n realizada\u00bb; la falta de prueba de que la vendedora hubiese invertido el dinero del precio ni, \u00aben el supuesto de su erogaci\u00f3n para atender otras obligaciones\u00bb, que el mismo hubiese siquiera ingresado \u00aba sus arcas\u00bb; el afecto existente entre las contratantes, derivado especialmente de su convivencia por toda la vida de la compradora y hasta la muerte de la vendedora, el cual era \u00abmotivo suficiente para impulsar la conducta de la madre\u00bb, pues tal estado de cosas creaba \u00ablazos indisolubles, adem\u00e1s de los sangu\u00edneos, que por obvias razones llevan a sentimientos de gratitud, que se piensa pueden compensarse econ\u00f3micamente\u00bb; y el tocante con el hecho de que la demandada no dio oportuna contestaci\u00f3n a la demanda, la acusadora no los combate, pues para nada se refiri\u00f3 a ninguno de ellos, puesto que, como se acaba de ver, todas sus fuerzas las dirigi\u00f3 a pretender desvirtuar la gestaci\u00f3n de aquellos otros. <\/p>\n
En la medida en que la censura no involucra cr\u00edtica alguna frente a esos otros indicios en que el sentenciador del mismo modo fund\u00f3 aquel aserto, deviene el ataque incompleto del cargo, toda vez que, de admitirse la comisi\u00f3n de los yerros denunciados, ello resultar\u00eda intrascendente si se toma en cuenta que, ante tal hip\u00f3tesis, la decisi\u00f3n recurrida se mantendr\u00eda inc\u00f3lume apoyada en esos razonamientos no cuestionados. <\/p>\n
<\/p>\n
Para aniquilar la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a la Corporaci\u00f3n la sentencia, la recurrente deb\u00eda combatir esos otros argumentos a cuyo amparo el juzgador igualmente opt\u00f3 por la decisi\u00f3n objeto de inconformidad, lo que no hizo, situaci\u00f3n que lleva la acusaci\u00f3n al fracaso, pues, como con insistencia lo viene expresando la Sala, el \u201cquiebre de un fallo en casaci\u00f3n exige, merced a lo excepcional del recurso y al principio dispositivo que lo inspira, el rompimiento de la presunci\u00f3n de verdad y acierto que arropa a la sentencia enjuiciada, as\u00ed como, en trat\u00e1ndose de acusaci\u00f3n consistente en violaci\u00f3n de ley sustancial por el sendero indirecto, la demostraci\u00f3n palmar de una equivocaci\u00f3n evidente y trascendente cometida por el fallador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas obrantes en el expediente, cual lo ha reiterado la Corte en m\u00faltiples ocasiones, pues `\u2026por v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas…, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo imputado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura`\u201d(sentencia n\u00famero 035 de 12 de abril de 2004, exp.7077). <\/p>\n
7. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de julio de 2001, pronunciada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-365-2005 [4100131030021993-7518-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 41001-31-03-002-1993-7518-01. Se decide […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}