SC-369-2005 [6600131100031999-0242-01]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco <\/p>\n
(2005). <\/p>\n
Ref. Expediente No. 66001-3110-003-1999-0242-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los se\u00f1ores HUGO L\u00d3PEZ QUICENO y MARLENY L\u00d3PEZ TABARES, respecto de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes contra la se\u00f1ora GILMA IN\u00c9S R\u00daA DE L\u00d3PEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Tercero de Familia de Pereira los demandantes solicitaron que con citaci\u00f3n de la demandada, se declararan absolutamente nulas la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que aparecen contenidas en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2108 del 7 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Sexta de Pereira, suscrita por Miguel Angel L\u00f3pez Giraldo y Gilma In\u00e9s R\u00faa de L\u00f3pez y, consecuencialmente, que la referida sociedad conyugal se encuentra disuelta e i\u00edl\u00ediquida no por el acuerdo contenido en la escritura antes citada, sino por la muerte del se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo; adem\u00e1s, que se ordenara la cancelaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico en menci\u00f3n y su inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira. <\/p>\n
Subsidiariamente, reclamaron que se declarara que los bienes que aparecen inventariados en la partidas 6 y 13 de la escritura p\u00fablica n\u00famero 2108 de 7 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Sexta de Pereira, son de propiedad exclusiva del se\u00f1or Miguel Angel L\u00f3pez Giraldo; que el bien que se inventari\u00f3 en la partida 14 de tal instrumento, no hace parte de la sociedad conyugal y pertenece de manera exclusiva a la demandada y que se ordenara rehacer la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Y en el evento de no prosperar ninguna de las pretensiones anteriores, solicitaron los demandantes se declarara la rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal de los c\u00f3nyuges, se comunicara al notario y al registrador de instrumentos p\u00fablicos para que el primero hiciera la anotaci\u00f3n al margen de tal instrumento y, el segundo, cancelara la inscripci\u00f3n de propietarios respecto de los inmuebles a los cuales se contrae la escritura y, consecuencialmente, se declarara que los bienes objeto de la partici\u00f3n rescindida vuelvanen a ser de dicha sociedad, para que los interesados hagan la partici\u00f3n conforme a la ley. <\/p>\n
2. Los hechos constitutivos de la causa petendi pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
A. El 15 de enero de 1999, falleci\u00f3 en Pereira, lugar que fue su \u00faltimo domicilio y a la vez asiento principal de sus negocios, el se\u00f1or Miguel Angel L\u00f3pez Giraldo. <\/p>\n
B. El causante hab\u00eda contra\u00eddo matrimonio cat\u00f3lico, el 23 de enero de 1974, en la Iglesia Catedral de la ciudad antes citada, con la se\u00f1ora Gilma In\u00e9s R\u00faa Mart\u00ednez. <\/p>\n
C. El se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo reconoci\u00f3 como hijo suyo al se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Quiceno, nacido el 14 de julio de 1947, como fruto de sus relaciones extramatrimoniales con la se\u00f1ora Olivia Quiceno. El reconocimiento se efectu\u00f3 por medio de la escritura p\u00fablica n\u00famero 556 del 21 de febrero de 1973, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Pereira. <\/p>\n
D. De igual manera, el se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo reconoci\u00f3 como hija suya a la se\u00f1ora Marleny L\u00f3pez Tabares, nacida el 8 de febrero de 1954, como resultado de las relaciones extramatrimoniales sostenidas con la se\u00f1ora Aurora Tabares. <\/p>\n
E. Por el hecho del matrimonio se form\u00f3 una sociedad conyugal entre los contrayentes Miguel Angel L\u00f3pez Giraldo y Gilma In\u00e9s R\u00faa Mart\u00ednez, la cual se disolvi\u00f3 y liquid\u00f3, supuestamente, por mutuo acuerdo, elevado a la escritura p\u00fablica n\u00famero 2108 de diciembre 7 de 1998, de la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Pereira. <\/p>\n
F. El consentimiento del se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo para disolver y liquidar la sociedad conyugal que form\u00f3 con la se\u00f1ora R\u00faa de L\u00f3pez se encontraba viciado. No estaba en capacidad mental para suscribir la escritura p\u00fablica y dar su consentimiento para los actos de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, que aparecen reflejados en la escritura p\u00fablica antes citada. <\/p>\n
G. Como circunstancias que permiten concluir el estado de anormalidad mental del causante, por la fecha en que se perfeccion\u00f3 la escritura de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, se tienen: a) Para el 15 de febrero de 1998 se encontraba en muy mal estado de salud y tuvo que recurrir a la ayuda de un tercero para su desplazamiento a una agencia de arrendamientos de la que era copropietario; b) la \u00faltima firma que pudo estampar de su pu\u00f1o y letra, medianamente legible, fue el 4 de diciembre de 1998, en presencia de un tercero a quien le manifest\u00f3 que la hinchaz\u00f3n que presentaba en sus brazos y manos le imped\u00eda firmarle todos los recibos que llevaba; c) entre el 6 y el 15 de diciembre de 1998, el se\u00f1or L\u00f3pez Girado, permaneci\u00f3 recluido ininterrumpidamente en la Cl\u00ednica Cruz Verde. D) Pese a lo anterior, el 7 de diciembre de 1998, fecha que se ubica en el periodo de empeoramiento de su salud, el se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo aparece firmando ante el Notario Sexto de Pereira, la escritura p\u00fablica n\u00famero 2018. <\/p>\n
H. La aludida liquidaci\u00f3n se hizo, por tanto, sin la presencia, sin el consentimiento y sin la voluntad del se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo, toda vez que en la fecha de la escritura \u00e9l no ten\u00eda capacidad de administrar y disponer de sus bienes, estaba imposibilitado para estampar cualquier firma y su consentimiento era completamente inv\u00e1lido. <\/p>\n
I. La demandada realiz\u00f3 y dispuso a su ama\u00f1o la partici\u00f3n de bienes con su c\u00f3nyuge. Ella ide\u00f3 la manera de hacer aparecer al se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo suscribiendo la escritura 2108, con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacerse adjudicar los bienes m\u00e1s valiosos, m\u00e1s productivos y mejor ubicados y as\u00ed dejar sin herencia equitativa a los herederos extramatrimoniales. <\/p>\n
J. Adem\u00e1s del vicio del consentimiento, la escritura 2108 adolece de otras irregularidades que acarrean su nulidad absoluta, entre otras, que el se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo, jam\u00e1s estuvo en la notar\u00eda para su suscripci\u00f3n. <\/p>\n
3. En su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, la demandada se pronunci\u00f3 sobre los hechos y se opuso a las pretensiones en ella contenidas. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia que despach\u00f3 favorablemente las pretensiones principales y conden\u00f3 en costas a la demandada, fue confirmada, en v\u00eda de apelaci\u00f3n, por el Tribunal de Pereira mediante providencia de fecha 12 de septiembre de 2001. Contra \u00e9sta, como antes se dijo, la misma parte interpuso el recurso de casaci\u00f3n, que en la fecha decide la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de referirse a los antecedentes y a las posiciones adoptadas por las partes intervinientes en el proceso, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que ning\u00fan reparo ofrec\u00edan los presupuestos procesales, indispensables para proferir sentencia de m\u00e9rito, no advirtiendo tampoco la existencia de alg\u00fan vicio de nulidad que invalidara la actuaci\u00f3n surtida hasta ese momento. <\/p>\n
Afirm\u00f3, entonces, que para decidir el litigio planteado deb\u00edan analizarse las pruebas practicadas con el fin de determinar si lo alegado hab\u00eda quedado debidamente probado, para lo cual se refiri\u00f3 a las pruebas de la demandante, de la demandada y a las decretadas de oficio. <\/p>\n
Expres\u00f3 que eran dos las razones fundamentales para impugnar el acto notarial: una, las circunstancias de validez del acto mismo por vicios del consentimiento y, otra, si en la confecci\u00f3n de la escritura se cumplieron los requisitos formales que para ello exige la ley. <\/p>\n
Empezando con el an\u00e1lisis de este \u00faltimo aspecto, manifest\u00f3 el sentenciador que desde el punto de vista formal son nulas las escrituras en las que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales, entre ellos, el se\u00f1alado en el ordinal 2\u00b0 del art. 99 del Decreto 960 de 1970, esto es, cuando faltare la comparecencia ante el notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representaci\u00f3n. <\/p>\n
Ocup\u00e1ndose del caso concreto, manifest\u00f3 que era \u201cevidente\u201d que el se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo no compareci\u00f3 a la Notar\u00eda Sexta de Pereira, pues para los d\u00edas 3 y 4 de diciembre de 1998 se encontraba gravemente enfermo y adem\u00e1s que no hubo entre \u00e9l y el Notario \u201cninguna comunicaci\u00f3n o entrevista\u201d, como lo declar\u00f3 el funcionario notarial. Expres\u00f3 que todas las pruebas sobre este aspecto, apuntaban a demostrar que confeccionada la escritura 208, el Notario autoriz\u00f3 a su empleado Jos\u00e9 Fernando Gonz\u00e1lez para que se trasladara al domicilio del otorgante y recogiera su firma en la mencionada escritura, al igual que la de su esposa Gilma In\u00e9s R\u00faa, hecho que fue corroborado con la versi\u00f3n que dio el se\u00f1or Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Precis\u00f3, entonces, que si el se\u00f1or L\u00f3pez nunca compareci\u00f3 ante el Notario, o este al domicilio de aquel, ello imped\u00eda al funcionario dar fe y constatar la veracidad de las declaraciones del otorgante, de cu\u00e1l era su estado de salud, y cu\u00e1l su asentimiento expreso para llevar a cabo los actos de disposici\u00f3n de sus bienes como lo exige los art\u00edculos 13 y 14 del Decreto 960 de 1970, agregando que no era cierto que el estatuto de notariado autorizara a los notarios para delegar sus funciones, en especial, de autorizar a sus empleados para que se trasladaran al domicilio de los otorgantes, \u201cporque se pondr\u00eda en peligro la fe p\u00fablica y la autenticidad de los actos notariales\u201d (fl. 25). <\/p>\n
Concluy\u00f3 el sentenciador, despu\u00e9s de transcribir una sentencia de esta Corporaci\u00f3n, que \u201cse incurri\u00f3 en la causal 2 del art. 99 del Decreto 960 de 1970\u201d por cuanto los otorgantes de la escritura cuestionada no comparecieron ante el Notario, sino que este comision\u00f3 a uno de sus empleados para que en la casa de los interesados recogiera las firmas de los otorgantes, lo cual constitu\u00eda \u201cuna clara violaci\u00f3n al estatuto notarial\u201d, habida cuenta que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 13 y 14 del Decreto 960 de 1970, lo cual conduc\u00eda a prohijar la invalidez del acto notarial decretada por el juez a-quo. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos han sido formulados, uno, con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, el otro, dentro de la \u00f3rbita de la segunda. La Corte los despachar\u00e1 en orden inverso al que vienen propuestos, por denunciar el \u00faltimo de ellos un yerro in procedendo que amerita, como es sabido, un pronunciamiento preferencial. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Seg\u00fan el casacionista la sentencia proferida por el Tribunal no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones instauradas en la demanda en relaci\u00f3n con los hechos de la misma. Con miras a su demostraci\u00f3n, transcribi\u00f3 las pretensiones principales de la demanda y los hechos que conforman su causa petendi, hecho lo cual afirm\u00f3 que \u201cComo se desprende de la sentencias (sic) proferidas (sic) por el Juzgado 3\u00b0 de Familia de Pereira\u2026.dicha providencia se fundamenta solo en la violaci\u00f3n del principio de la inmediaci\u00f3n, que supuestamente se produce porque las firmas impuestas en la escritura, se hicieron en presencia de un delegado del Notario y no de este mismo, pero tal argumento no tiene nada que ver con las peticiones de la demanda y los hechos en que ellos se fundamentan que me he permitido transcribir\u2026\u201d y, en consecuencia, viol\u00f3 lo dispuesto por el inciso 1\u00b0 del art. 305 del C. de P.C. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que de la simple comparaci\u00f3n del contenido de las pretensiones y hechos de la demanda con el contenido en la parte considerativa y resolutiva del fallo o sentencia proferida por el Juzgado 3\u00b0 de Familia de Pereira el 9 de mayo del 2001 \u201c\u2026y contenido en la parte considerativa y resolutiva de la sentencia proferida por el Sala de Familia del H. Tribunal\u2026 se deduce que en ambas providencias se resolvieron asuntos no pedidos en la demanda, por no corresponder tampoco a los hechos en que se fundamentan las peticiones, resultando de ello un error in procedendo\u2026\u201d ( fl. 31). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En suma, la inconformidad de los recurrentes se hace consistir en que la parte demandante no solicit\u00f3 como pretensi\u00f3n, ni afirm\u00f3 como hecho constitutivo de la causa petendi, la nulidad de la escritura por no cumplirse con los requisitos previstos en el Art. 99 del Decreto 960 de 1970, pero a\u00fan as\u00ed el Tribunal la declar\u00f3 nula, motivo por el que se acusa de ser incongruente el fallo. <\/p>\n
Para decidir el cargo as\u00ed formulado, conviene recordar que la causal prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 368 del C. de P. C., en el que se fundamenta el cargo sub examine, \u201c \u2026 ata\u00f1e a un vicio de procedimiento, que se presenta cuando el Juez, al proferir su sentencia, se pronuncia sobre objeto distinto del pretendido (extra petita), o desborda las fronteras cuantitativas de lo que fue suplicado (ultra petita), o deja de resolver aspectos que le fueron demandados (citra petita), siendo claro que la congruencia no s\u00f3lo exige simetr\u00eda entre el fallo y los pedimentos de las partes: pretensiones y excepciones, sino tambi\u00e9n con los hechos en que unas y otras se soportan, \u201cpor ser la causa petendi uno de los l\u00edmites que se establecen en la litis contestaci\u00f3n\u201d (XXVI, p\u00e1g. 93. Vid: cas. civ. de 19 de febrero de 1999, Exp. 5099). <\/p>\n
Es que en virtud del principio dispositivo que, como regla general, rige en el proceso civil, son las partes quienes limitan con sus escritos iniciales la ulterior actividad del juez y por ello, salvo aquellas decisiones que \u00e9ste puede adoptar oficiosamente, la sentencia no puede desbordar o rebasar los l\u00edmites fijados en la demanda o en su contestaci\u00f3n, so pena de que se considere inconsonante. <\/p>\n
En el presente asunto, la parte demandante solicit\u00f3 como pretensi\u00f3n principal que se declararan \u201cabsolutamente nulas la disoluci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, que aparecen contenidas en la escritura p\u00fablica\u20262108 de fecha 7 de diciembre de 1998\u201d, afirmando como hechos constitutivos de tal petici\u00f3n, adem\u00e1s de un vicio del consentimiento (hecho sexto), otras \u201cirregularidades\u201d mencionadas en el hecho noveno, entre las que destac\u00f3 que \u201cel se\u00f1or MIGUEL ANGEL LOPEZ GIRALDO jam\u00e1s estuvo en la Notar\u00eda para la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u201d, que este \u201cse encontraba imposibilitado f\u00edsicamente para movilizarse hasta las oficinas de la Notar\u00eda\u201d, hechos que fueron respondidos por la parte demandada a trav\u00e9s de su apoderado judicial quien manifest\u00f3 que \u201cla escritura referida fue firmada en la residencia del se\u00f1or MIGUEL ANGEL LOPEZ, el d\u00eda 3 de diciembre de 1998\u201d (fl. 142 cdno 1), lo que deja ver que en virtud de la demanda y su contestaci\u00f3n, uno de los aspectos que fue sometido a consideraci\u00f3n del se\u00f1or Juez, consisti\u00f3 precisamente en determinar en qu\u00e9 circunstancias fue firmado el referido instrumento publico, pues el actor sostuvo que el se\u00f1or L\u00f3pez, contrariamente a lo se\u00f1alado en tal documento, no compareci\u00f3 al despacho notarial, y el demandado, a su turno, que la firma fue realizada en el domicilio del otorgante, luego ello obligaba a los jueces de instancia a determinar la validez que pod\u00eda tener la firma de un instrumento p\u00fablico as\u00ed suscrito frente a lo dispuesto en el Art. 99 del Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
Desde esta perspectiva no puede acusarse el fallo de ser incongruente, toda vez que en la demanda s\u00ed existi\u00f3 una petici\u00f3n concreta para que se declarara la nulidad de la escritura p\u00fablica, para lo cual expuso el actor, entre otros hechos, que el se\u00f1or Miguel Angel L\u00f3pez no compareci\u00f3 a la Notar\u00eda a suscribirla por encontrarse imposibilitado para hacerlo. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se acus\u00f3 la sentencia de violar los Arts. 8\u00b0 y 99 ordinal 2\u00b0 del Decreto 960 de 1970 como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En desarrollo del cargo, se afirm\u00f3aron los recurrentes que el error denunciado \u201cse fundamenta en concederles a las pruebas un alcance que no tienen\u201d, por no aplicarse el art\u00edculo 187 del C. de P. C. que establece que estas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y, agregando que, el Tribunal debi\u00f3 apreciar de tal manera \u201ctodas las pruebas allegadas al proceso\u201d, y al no haber procedido de tal manera, se adopt\u00f3 \u201cuna decisi\u00f3n alejada de la equidad\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n procedi\u00f3 la censura a analizar cada una de las probanzas, empezando con la declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Gilma In\u00e9s R\u00faa Mart\u00ednez, de la cual transcribi\u00f3 algunos pasajes, se\u00f1alando que la testigoesta declar\u00f3 que vio a su esposo firmar la escritura, hecho que sucedi\u00f3 el 3 de diciembre, luego no pod\u00eda afirmarse que estal pluricitado instrumento p\u00fablico no hubiere sido firmadao por el se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo. <\/p>\n
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Se ocup\u00f3 luego de la declaraci\u00f3n rendida por el se\u00f1or Notario Sexto del C\u00edrculo de Pereira, probanza de la que cit\u00f3 tambi\u00e9n algunos apartes, expresando que fue err\u00f3neamente apreciada \u201cen consideraci\u00f3n a que ignor\u00f3 la anotaci\u00f3n y afirmaci\u00f3n que hizo el se\u00f1or Notario de su facultad de delegar en funcionarios de su entera confianza, el acto de presenciar la firma de escrituras, cuando dicho servicio se solicita a domicilio\u201d, y despu\u00e9s de citar un concepto de la oficina jur\u00eddica de la Superintendencia de notariado y registro, manifest\u00f3 que s\u00ed pod\u00eda el Notario bajo su responsabilidad autorizar a un funcionario de la notar\u00eda para que \u201cdiera lectura y presenciara la firma de los otorgantes de la escritura 2.108\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el testimonio de Jos\u00e9 Fernando Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez fue igualmente \u201cevaluado err\u00f3neamente\u201d, pues el declarante explic\u00f3 la circunstancia por la cual la escritura p\u00fablica aparec\u00eda datada el 7 de diciembre de 1998 a pesar de haber sido suscrita por sus otorgantes el d\u00eda 4 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en el expediente obraba copia del auto proferido el 28 de septiembre de 1999 por la Superintendente delegada para el Notariado, en cuya virtud se consider\u00f3 que no hab\u00eda m\u00e9rito para iniciar una investigaci\u00f3n en contra del Notario Sexto de Cali, en relaci\u00f3n con el diligenciamiento de la escritura 2106, lo que evidencia que el referido funcionario no viol\u00f3 el principio de inmediaci\u00f3n de que trata el art. 99 del Decreto 960 de 1970, como en forma errada lo consideraron los jueces de instancia. <\/p>\n
Tales errores en la apreciaci\u00f3n de las referidas probanzas llevaron al Tribunal a declarar la nulidad del instrumento p\u00fablico antes referido. <\/p>\n
En cuanto a la salud mental del se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo, finaliz\u00f3 expresandolicaron que no se tuvieron en cuenta los testimonios rendidos bajo juramento por Olga Ramos Mej\u00eda, Luz Mery Salazar Mej\u00eda, Electri\u00f3n Giraldo Casta\u00f1o, Polibio Giraldo Casta\u00f1o, Sandra Milena Rinc\u00f3n Ochoa \u201cy otras que no enumero en guarda de la brevedad, pero que si hubieren sido evaluadas necesariamente habr\u00e1n influ\u00edido en la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente observa la Sala que la indirecta, que es la \u00fanica v\u00eda sin duda elegida aqu\u00ed por el recurrente para atacar la sentencia en vista de los argumentos expuestos para sustentar el cargo no resulta ser, seg\u00fan la t\u00e9cnica que estereotipa al recurso extraordinario, la apropiada. <\/p>\n
Ahora cuando era de esperar que la censura combatiera directa y frontalmente tal razonamiento en el campo o terreno jur\u00eddico, termin\u00f3 emplazando al sentenciador por presuntos yerros en la apreciaci\u00f3n probatoria, poniendo en evidencia, con tal proceder, una disconformidad de criterios entre el Tribunal y el recurrente que no deja ver la simetr\u00eda que debe existir entre la sentencia y la demanda de casaci\u00f3n, cuando esta viene fundada en la causal primera, pasando por alto, como varias veces lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que \u201csi el sentenciador form\u00f3 su juicio, exclusivamente, en razones eminentemente jur\u00eddicas, la acusaci\u00f3n debe combatir el fallo en el mismo terreno o plano argumental, pero si la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en los medios probatorios recaudados en el proceso, su labor, entonces, debe realizarse teniendo siempre, en la mira, tales probanzas; y por \u00faltimo, si la providencia fue construida tanto con argumentos jur\u00eddicos como probatorios, de igual manera, debe plantearse su ataque en sede casacional\u201d (cas. civ. 16 de septiembre de 2003, Exp. 6704). <\/p>\n
En el presente caso, es incontrovertiblepatente que el Tribunal tuvo en cuenta las circunstancias relatadas por los testigos en relaci\u00f3n con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la suscripci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, tanto as\u00ed que en su fallo expres\u00f3 que \u201cLas pruebas sobre el particular todas ellas apuntan en demostrar que confeccionada la escritura 1208, el se\u00f1or Notario autoriz\u00f3 a su empleado Jos\u00e9 Fernando Gonz\u00e1lez para que se trasladara al domicilio del otorgante L\u00f3pez Giraldo y que recogiera su firma en la mencionada escritura, al igual que la de su esposa Gilma In\u00e9s Rua\u201d (fl. 24). Y tampoco pretiri\u00f3 la versi\u00f3n dada por el notario que autoriz\u00f3 la escritura p\u00fablica, habida cuenta que expres\u00f3, con claridad, que \u201cno es cierto como lo afirm\u00f3 el se\u00f1or Notario Sexto que \u00e9ste estatuto lo faculte para delegar sus funciones en especial la de autorizar a sus empleados para que se trasladen al domicilio de los otorgantes, y ello no puede ser as\u00ed por que se pondr\u00eda en peligro la fe p\u00fablica y la autenticidad de los actos notariales\u201d (fl.25) que \u201cno existe ninguna norma que autorice al Notario a enviar a sus empleados subalternos para que a domicilio y reemplazando a este, hagan firmar esta clase de instrumentos p\u00fablicos como equivocadamente lo sostiene el se\u00f1or notario sexto Dr. Guillermo Enrique Vallejo Angel en su declaraci\u00f3n\u201d (Se subraya; fl. 27). <\/p>\n
Luego, si en el fondo, no existe desacuerdo de la censura con la deducci\u00f3n del Tribunal en el campo f\u00e1ctico, hecha con apoyo en la prueba producida, y ello puede concluirse examinando los fundamentos tanto de la sentencia como del cargo, este \u00faltimo necesariamente ten\u00eda que formularse por la v\u00eda directa pues la real discrepancia entre el censor y y el ad quem recaer\u00eda sobre un aspecto crucial cuya sustantividad jur\u00eddica y no f\u00e1ctica es incuestionable, a saber: si es legalmente posible que un Notario delegue en un subalterno suyo las funciones de perfeccionamiento de las escrituras que le han sido encomendadas por el Decreto 960 de 1970 y espec\u00edficamente la de recibir las firmas de las personas que acuden con el fin de otorgar una escritura p\u00fablica, t\u00f3pico respecto del cual el sentenciador de segundo grado considera que no es posible, mientras el recurrente, de modo muy general, entiende sostienees de lola opini\u00f3nlo contrarioa. <\/p>\n
. <\/p>\n
Con tal prop\u00f3sito ha debido demostrarse \u2013que no enunciarse o esbozarse- con total y absoluta prescindencia del aspecto probatorio bien que la interpretaci\u00f3n hermenutica del art. 99 del Decreto 960 de 1970 realizada por el Tribunal era abiertamente equivocada o que esa no era la norma llamada a gobernar la cuesti\u00f3n litigiosa, \u00fanica manera de socavar, con \u00e9xito, el fundamento medular en el que descansa la sentencia impugnada, pero nada de ello fue hecho por el recurrente, quien se dio a la tarea de transcribir pasajes de la declaraci\u00f3n del notario en los que el referido funcionario expresaba que s\u00ed era posible para \u00e9l delegar sus funciones, y a partir de all\u00ed enrostrar yerro f\u00e1ctico al Tribunal por no haberle cre\u00eddo al testigo.. <\/p>\n
Para corroborar lo anteriormente dicho, se observa que en la demanda de casaci\u00f3n se afirm\u00f3 que \u201cla parte transcrita de la declaraci\u00f3n del abogado GUILLERMO ENRIQUE VALLEJO ANGEL \u2026es m\u00e1s que suficiente para demostrar que la citada declaraci\u00f3n fue erradamente apreciada\u2026.en consideraci\u00f3n a que ignor\u00f3 la anotaci\u00f3n y afirmaci\u00f3n que hizo el se\u00f1or Notario de su facultad de delegar en funcionarios de la Notaria, de su entera confianza el acto de presenciar la firma de escrituras\u201d (fl. 19 cdno Corte). <\/p>\n
Tal forma de combatir, empero, no tiene eficacia para lograr la casaci\u00f3n del fallo, por cuanto se itera, el Tribunal no desconoci\u00f3 o ignor\u00f3 lo manifestado por el Notario, desde luego que se refiri\u00f3 con amplitud a su dicho, s\u00f3lo que no le dio credibilidad por cuanto estim\u00f3, en la esfera jur\u00eddica, que se hab\u00eda infringido el art. 99 del Decreto 960 de 1970 \u201cque sanciona con nulidad las escrituras por omitir el cumplimiento de los requisitos que le son esenciales en la elaboraci\u00f3n de tales documentos, como es la comparecencia de los otorgantes ante el Notario, lo cual evidentemente en el caso sub judice no se cumpli\u00f3, como ha quedado ampliamente explicado\u201d (fl. 24). <\/p>\n
Rep\u00e1rese incluso que el Tribunal admiti\u00f3 que la ley en casos espec\u00edificos, permite que el Notario delegue en funcionarios de su despacho ciertas funciones a \u00e9l atribuidas, lo que lo llev\u00f3 a manifestar \u201cque ninguna otra persona puede actuar en su nombre, salvo se\u00f1aladas excepciones, contendidas en el art. 3\u00b0 del Decreto 1873 de 1991 sobre elaboraci\u00f3n de registros civiles de nacimiento y las autorizaciones dadas a los secretarios de las notarias contenidas en el Decreto 1534 de 1989, sobre la expedici\u00f3n de registros ciuviles de nacimiento que existan en la misma notar\u00eda\u201d, afirmaciones que no fueron cuetionadas o reprochadas combatidas por la censura. <\/p>\n
Finalmente no se diga tampoco que, como en el desarrollo del cargo, espec\u00edficamente cuando el recurrente se ocup\u00f3 de analizar el testimonio rendido por el Notario que autoriz\u00f3 la escritura p\u00fablica cuya nulidad fue pedida en el presente juicio, aludi\u00f3 a un concepto rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro, combati\u00f3 desde el punto de vista jur\u00eddico el razonamiento del Tribunal, pues la cr\u00edtica se hizo consistir en que la referida declaraci\u00f3n fue erradamente evaluada habida cuenta que \u201ccomo \u00e9l mismo lo manifest\u00f3 [el Notario, se aclara] \u2026pod\u00eda bajo su responsabilidad autorizar a un funcionario de la Notar\u00eda a su cargo, para que diera lectura y presenciara la firma de lo otorgantes (fl. 21). <\/p>\n
es adecuada por cuanto el ataque por la v\u00eda directa, como es sabido, supone que \u201cla censura est\u00e9 en un todo de acuerdo con la valoraci\u00f3n que de las pruebas haya hecho el juzgador, esto es, que su reproche solamente puede circunscribirse al aspecto estrictamente jur\u00eddico, haciendo tabla rasa de cualquier consideraci\u00f3n de orden probatorio\u201d (cas. civ. 25 de mayo de 2000, Exp. 5489), lo que significa que, \u201cen la demostraci\u00f3n de un cargo por la v\u00eda directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el tribunal\u201d, debiendo circunscribir su alegato \u201ca los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (CXLVI, 50). <\/p>\n
Si se examina el fundamento sobre el que descansa el fallo acusado y el ataque formulado, prestamente se advierte que \u00e9ste no se ci\u00f1e a los c\u00e1nones que estereotipan la formulaci\u00f3n adecuada de una acusaci\u00f3n, toda vez que cuando esta viene enfilada con soporte en la causal primera de casaci\u00f3n, debe estar en estricta consonancia con la sentencia impugnada, de manera tal que \u201csi el sentenciador form\u00f3 su juicio, exclusivamente, en razones eminentemente jur\u00eddicas, la acusaci\u00f3n debe combatir el fallo en el mismo terreno o plano argumental, pero si la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en los medios probatorios recaudados en el proceso, su labor, entonces, debe realizarse teniendo siempre, en la mira, tales probanzas; y por \u00faltimo, si la providencia fue construida tanto con argumentos jur\u00eddicos como probatorios, de igual manera, debe plantearse su ataque en sede casacional\u201d (cas. civ. 16 de septiembre de 2003, Exp. 6704). <\/p>\n
Desde esta perspectiva, memorase que el Tribunal consider\u00f3 que la escritura p\u00fablica 2108 de 1998 era invalida por contrariar el ordinal 2\u00b0 del art. 99 del Decreto 960 de 1970, que establece que desde el punto de vista formal, son nulas las escrituras en que se omita \u201cla comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representaci\u00f3n\u201d, por cuanto el se\u00f1or L\u00f3pez no hab\u00eda comparecido ante el Notario a suscribir la escritura p\u00fablica y tal comparecencia no pod\u00eda entenderse surtida ante un funcionario distinto y dependiente de este. <\/p>\n
Sin embargo, el yerro alegado es inexistente, habida cuenta que el Tribunal s\u00ed tuvo en cuenta las circunstancias relatadas por los testigos en relaci\u00f3n con la forma en que se produjo la suscripci\u00f3n del pluricitado documento, tanto as\u00ed que en su fallo expres\u00f3 que \u201cLas pruebas sobre el particular todas ellas apuntan en demostrar que confeccionada la escritura 1208, el se\u00f1or Notario autoriz\u00f3 a su empleado Jos\u00e9 Fernando Gonz\u00e1lez para que se trasladara al domicilio del otorgante L\u00f3pez Giraldo y que recogiera su firma en la mencionada escritura, al igual que la de su esposa Gilma In\u00e9s Rua\u201d (fl. 24), s\u00f3lo que estim\u00f3, como se acot\u00f3, que se hab\u00eda infringido el Art. 99 de Decreto 960 de 1970 \u201cque sanciona con nulidad las escrituras por omitir el cumplimiento de los requisitos que le son esenciales en la elaboraci\u00f3n de tales documentos, como es la comparecencia de los otorgantes ante el Notario, lo cual evidentemente en el caso sub judice no se cumpli\u00f3, como ha quedado ampliamente explicado\u201d (fl. 24). <\/p>\n
De lo anteriormente transcrito puede apreciarse que existe una diferencia sustancial entre la sentencia del Tribunal y el cargo sub examine, pues mientras \u00e9ste se encuentra apoyado en presuntos yerros de apreciaci\u00f3n probatoria, aquella est\u00e1 edificada en un argumento netamente jur\u00eddico, lo que obligaba al recurrente a combatirla en este mismo terreno, desde luego que la carga procesal que gravita sobre el impugnante, en trat\u00e1ndose de la causal primera de casaci\u00f3n, le impone como se se\u00f1al\u00f3 precedentemente, que su \u00abcr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u00bb (cas. civ. 26 de marzo de 1999, Exp. 5149). <\/p>\n
Y no se diga tampoco que como el censor en el desarrollo del cargo, espec\u00edficamente cuando se ocup\u00f3 de analizar el testimonio rendido por el Notario que autoriz\u00f3 la escritura p\u00fablica cuya nulidad fue pedida en el presente juicio, aludi\u00f3 a un concepto rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro, combati\u00f3 desde el punto de vista jur\u00eddico el razonamiento del Tribunal, pues la cr\u00edtica se hizo consistir en que el referido testimonio fue erradamente apreciado \u201c\u2026en consideraci\u00f3n a que ignor\u00f3 la anotaci\u00f3n y afirmaci\u00f3n que hizo el se\u00f1or Notario de su facultad de delegar en funcionarios de la Notar\u00eda, de su entera confianza, el acto de presenciar la firma de escrituras, cuando dicho servicio se solicita a domicilio, especialmente cuando manifest\u00f3 que estaba dispuesto a mostrarle y acompa\u00f1ar instructivas de la Superintendencia de Notariado y Registro por las cuales se autorizaba su actuaci\u00f3n\u201d (fl. 19), lo que evidencia que los casacionistas pretenden obtener el quiebre de la sentencia del Tribunal a trav\u00e9s de la \u00f3ptica probatoria. <\/p>\n
Ahora bien, para la Sala es patente que el sentenciador de segundo grado no pretiri\u00f3 la versi\u00f3n dada por el funcionario notarial, habida cuenta que en la sentencia expres\u00f3, con meridiana claridad, que \u201cno es cierto como lo afirm\u00f3 el se\u00f1or Notario Sexto que \u00e9ste estatuto lo faculte para delegar sus funciones en especial la de autorizar a sus empleados para que se trasladen al domicilio de los otorgantes, y ello no puede ser as\u00ed por que se pondr\u00eda en peligro la fe p\u00fablica y la autenticidad de los actos notariales\u201d (fl.25) que \u201cno existe ninguna norma que autorice al Notario a enviar a sus empleados subalternos para que a domicilio y reemplazando a este, hagan firmar esta clase de instrumentos p\u00fablicos como equivocadamente lo sostiene el se\u00f1or notario sexto Dr. Guillermo Enrique Vallejo Angel en su declaraci\u00f3n\u201d (Se subraya; fl. 27), p\u00e1rrafos que permiten apreciar que el Tribunal no ignor\u00f3 el referido testimonio y no desconoci\u00f3 lo afirmado por el declarante en el sentido de que autoriz\u00f3 a una persona para que obtuviera las firmas de los otorgantes de la pluricitada escritura p\u00fablica. <\/p>\n
Cosa distinta es que teniendo en cuenta la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relatada por el Notario y los dem\u00e1s declarantes, hubiera concluido que no existi\u00f3 comparecencia del se\u00f1or L\u00f3pez ante el Se\u00f1or Notario y este no pod\u00eda jur\u00eddicamente delegar las funciones a \u00e9l conferidas, argumentos que al no haber sido derechamente combatidos permanecen inc\u00f3lumes y, por lo mismo, se sella la suerte adversa para los recurrentes, pues tienen plena virtualidad para sostener el fallo impugnado. <\/p>\n
En todo caso y al margen de la problem\u00e1tica se\u00f1alada, la Sala observa que el concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro que se cita en el cargo con el prop\u00f3sito de demostrar que los Notarios s\u00ed pueden delegar sus funciones no resulta plenamente aplicable al presente asunto, toda vez que all\u00ed se expresa que \u201cEn estas condiciones y bajo los supuestos de la autonom\u00eda en el ejercicio de sus funciones y de responsabilidad conforme a la ley que regula la actividad del notario, es dable responder afirmativamente la consulta en cuanto se refiere con la diligencia de reconocimiento de documentos privados\u201d, hip\u00f3tesis ciertamente diversa a la que se plantea en este juicio, esto es, la validez de una escritura p\u00fablica que no fue suscrita ante el notario. <\/p>\n
En consecuencia, no prospera el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
En todo caso,Finalmente, y al margen de lo se\u00f1alado precedentemente, la Sala observa que el concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro que se cita en el cargo con el prop\u00f3sito de demostrar que los Notarios s\u00ed pueden delegar sus funciones no resulta plenamente aplicable al presente asunto, toda vez que all\u00ed se expresa que \u201cEn estas condiciones y bajo los supuestos de la autonom\u00eda en el ejercicio de sus funciones y de responsabilidad conforme a la ley que regula la actividad del notario, es dable responder afirmativamente la consulta en cuanto se refiere con la diligencia de reconocimiento de documentos privados\u201d, hip\u00f3tesis ciertamente diversa a la que se plantea en este juicio, esto es, la validez de una escritura p\u00fablica que no fue suscrita ante el notario. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el 14 de diciembre de 2001 profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario en referencia. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y, oportunamente, devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE(firmas) <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-369-2005 [6600131100031999-0242-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente No. 66001-3110-003-1999-0242-01 Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los se\u00f1ores HUGO L\u00d3PEZ […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}