SC-374-2005 [1100131030041998-00027-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref.: Exp. 11001-3103-004-1998-00027-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los se\u00f1ores GEMMA ROJAS DE PRIETO y RICARDO PRIETO ROJAS, respecto de la sentencia de fecha 8 de octubre de 2002 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario por ellos promovido contra LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 los demandantes solicitaron se declarara que la demandada estaba obligada a pagar la prestaci\u00f3n asegurada correspondiente al siniestro que afect\u00f3 la p\u00f3liza de seguro de vida grupo n\u00famero 19091 por ella expedida junto con su correspondiente certificado individual; consecuentemente, que se le condenase a pagar la suma de $ 41.454.000 con su respectiva correcci\u00f3n monetaria desde el 21 de octubre de 1994 hasta que se verificara el pago junto con los intereses comerciales causados entre las mismas fechas. <\/p>\n
2. La causa petendi se resume as\u00ed: <\/p>\n
A. Con la expedici\u00f3n de la ley 16 de 1988 se estableci\u00f3 un seguro de vida para los funcionarios de la rama jurisdiccional que por causa o con ocasi\u00f3n del ejercicio de sus funciones perdiesen la vida en hechos violentos, autorizando el Ministerio de Justicia para contratar este seguro con la entidad demandada. <\/p>\n
B. En desarrollo de esa obligaci\u00f3n legal, el Consejo Superior de la Judicatura suscribi\u00f3 la p\u00f3liza vida grupo VG-19091 con vigencia indefinida, estableci\u00e9ndose un l\u00edmite de responsabilidad equivalente a 400 salarios m\u00ednimos mensuales vigente respecto del amparo de muerte y de 20 salarios m\u00ednimos legales para el de gastos funerarios. <\/p>\n
C. Mediante decreto 126 del 18 de enero de 1993, el Juez 31 Penal Municipal de Bogot\u00e1, en uso sus facultades nombr\u00f3 y posesion\u00f3 a Vladimir Prieto Rojas como oficial mayor de ese juzgado, con lo cual qued\u00f3 amparado bajo la citada p\u00f3liza. <\/p>\n
D. El 21 de octubre de 1994 Vladimir Prieto falleci\u00f3 en forma violenta encontr\u00e1ndose en ejercicio de sus funciones, debido a una laceraci\u00f3n cerebral producida con arma de fuego de conformidad con el certificado civil de defunci\u00f3n y el acta de necropsia, desconociendose los autores intelectuales y materiales del homicidio. <\/p>\n
E. El occiso hab\u00eda designado como beneficiarios de seguro aludido a los demandantes, de acuerdo con el formulario de designaci\u00f3n de beneficiarios n\u00famero 1547, aportado con la reclamaci\u00f3n hecha a la demandada el d\u00eda 5 de diciembre de 1994. <\/p>\n
F. El 5 de diciembre de 1994 la se\u00f1ora Gemma Rojas de prieto formaliz\u00f3 la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora allegando los documentos demostrativos de la ocurrencia del siniestro. <\/p>\n
G. La demandada, alegando que en ese momento la investigaci\u00f3n del homicidio se encontraba en etapa instructiva y no pod\u00edan establecerse los m\u00f3viles del hecho, solicit\u00f3 a la se\u00f1ora Rojas de Prieto que la tuviese informada acerca del desarrollo de esas investigaciones. <\/p>\n
H. Asimismo, solicit\u00f3 igual informaci\u00f3n al fiscal encargado de la investigaci\u00f3n, quien mediante certificaci\u00f3n recibida por la demandada el 10 de marzo de 1995, hizo constar que \u00ab\u2026del estudio pormenorizado de las diligencias as\u00ed como de las pruebas especialmente las testimoniales se advierte que la causa o m\u00f3vil del homicidio del doctor Vladimir Rojas Prieto, era la calidad de empleado de la rama jurisdiccional que ostentaba al momento del fallecimiento, hecho \u00e9ste que no ha sido desvirtuado y que a su vez cumple con los requisitos de la ley 16 de 1988 para el pago de la prestaci\u00f3n asegurada\u00bb. <\/p>\n
I. Mediante comunicaci\u00f3n n\u00famero 04497 del 3 de marzo de 1998, La Previsora S.A. objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n, por estimar que era improcedente de conformidad con los par\u00e1metros de la ley 16 de 1988, en concordancia con las condiciones generales de la p\u00f3liza vida grupo ya mencionada. <\/p>\n
3. Notificada la demandada y surtido el traslado de rigor, contest\u00f3 el libelo con oposici\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones; en cuanto a los hechos, admiti\u00f3 como ciertos algunos, pero en lo fundamental aleg\u00f3 que el se\u00f1or Vladimir Prieto Rojas no se encontraba en ejercicio de sus funciones a la fecha del fallecimiento. Propuso como defensa la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de los demandantes. <\/p>\n
5. El Tribunal de Bogot\u00e1, al resolver recurso de apelaci\u00f3n formulado por estos, revoc\u00f3 el fallo apelado en la parte que declar\u00f3 probado el referido medio exceptivo, y la confirm\u00f3 en cuanto tiene que ver con la denegaci\u00f3n de las s\u00faplicas de la parte demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de realizar la s\u00edntesis del proceso y no encontrar impedimento para fallar de fondo, el Tribunal resumi\u00f3 las consideraciones del a quo y los motivos de inconformidad del apelante, resaltando que estos giraban exclusivamente en torno a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que se declar\u00f3 probada en la sentencia apelada. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda discusi\u00f3n alguna en cuanto a la existencia del contrato de seguro, a su vigencia para la fecha del siniestro as\u00ed como la condici\u00f3n de empleado de la rama judicial del asegurado Vladimir Prieto y su deceso en las circunstancias expresadas en la demanda. <\/p>\n
Ocup\u00e1ndose de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, advirti\u00f3 que el an\u00e1lisis de tal fen\u00f3meno estaba comprometido con la ocurrencia del siniestro, por lo que no obstante el respeto al principio de la no reformatio in pejus, \u201cno existe la manera de sustraer de la discusi\u00f3n ese punto, menos cuando se est\u00e1 frente a la salvedad expresada en la norma que lo consagra\u00bb (fl. 24). <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que el riesgo asegurado previsto en el art\u00edculo primero de la citada ley hace relaci\u00f3n a los hechos en que los funcionarios y empleados asegurados, por causa o con ocasi\u00f3n del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos. Precis\u00f3 entonces que desde esa \u00f3ptica el siniestro debe reflejar esos supuestos, los cuales no se configuraron en el caso sometido a su estudio, por varias razones: <\/p>\n
En primer lugar, aludi\u00f3 a la carga de los actores de demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellos persiguen, y que, en el caso del seguro, de conformidad con el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, significaba que deb\u00edan demostrar la ocurrencia de siniestro, esto es, que la muerte violenta del se\u00f1or Vladimir sucedi\u00f3 por causa o con ocasi\u00f3n de las funciones que ejerc\u00eda como oficial mayor del Juzgado 31 Penal Municipal de Bogot\u00e1, pues la indemnizaci\u00f3n que reclaman en su condici\u00f3n de beneficiarios alude al riesgo asegurado en esos t\u00e9rminos. <\/p>\n
Acot\u00f3 enseguida que los actores no hicieron ning\u00fan esfuerzo, porque al limitarse a repetir que la fiscal\u00eda hab\u00eda se\u00f1alado como m\u00f3vil de la muerte de Prieto Rojas la calidad de empleado de la rama judicial, ni por asomo insinuaron que contra el referido asegurado existieran amenazas o que por colaborar en la definici\u00f3n de alg\u00fan proceso estuviese amenazado, o en fin, que con algunas de sus actuaciones, comprometiera su seguridad personal. Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que la Fiscal\u00eda expidi\u00f3 certificaciones que desmintieron la afirmaci\u00f3n que la misma hab\u00eda hecho antes sobre el m\u00f3vil del homicidio. <\/p>\n
En segundo lugar, indic\u00f3 el Tribunal que la parte actora, \u00abal desde\u00f1ar la obligaci\u00f3n de acreditar el siniestro al punto que omiti\u00f3 indicar el m\u00e1s m\u00ednimo motivo que induce a pensar que la vida del empleado estuviera corriendo peligros dada esta condici\u00f3n, por este sendero dej\u00f3 sin cabida la presunci\u00f3n a que alude el fallo, porque aun dando por aceptada esa controvertida manera de apreciar las pruebas, los hechos que le podr\u00edan servir de apoyo para reducirla, verbi gratia, las amenazas, por ning\u00fan lado se mencionaron y menos se probaron cuando para hacer valer una presunci\u00f3n se exige ‘que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente aprobados'\u00bb. <\/p>\n
Y en tercer lugar, aludi\u00f3 el ad quem a la respuesta de la aseguradora en el sentido de que no hab\u00edan sido aportadas a la reclamaci\u00f3n nuevos elementos de juicio que permitiesen deducir el nexo causal entre el ejercicio de las funciones y la muerte, para se\u00f1alar que dicho argumento implicaba que no se hab\u00eda acreditado el siniestro, \u00abmotivo que la releva de aducir pruebas de las exclusiones pactadas en forma en extremo general dentro de la p\u00f3liza, dado que la cl\u00e1usula que las consagra es sin m\u00e1s el siniestro redactado en forma negativa\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la sentencia ya resumida se formularon cuatro cargos, de los cuales la Corte inadmiti\u00f3 el tercero y cuarto, por lo cual en esta ocasi\u00f3n estudiar\u00e1 los dos primeros en el orden en que fueron propuestos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal cuarta de casaci\u00f3n prevista en el art. 368 del C. de P.C. se acusa la sentencia de contener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte apelante. <\/p>\n
Con miras a su desarrollo, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que la sentencia de primera instancia s\u00f3lo fue apelada por la parte demandante, al paso que la demandada, ni apel\u00f3, ni adhiri\u00f3 a la apelaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que la limitaci\u00f3n impuesta por la ley relacionada con la reforma en perjuicio, consiste en no hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n para el apelante \u00fanico como es el caso en estudio. <\/p>\n
Sin embargo -prosigui\u00f3 la censura- el Tribunal viol\u00f3 la prohibici\u00f3n a \u00e9l impuesta al haber estudiado una excepci\u00f3n previamente analizada por el fallador de instancia cambiando \u201cabruptamente la materia de la alzada\u2026 imponi\u00e9ndole una carga de la prueba al apelante \u00fanico, la cual ya hab\u00eda decidido a su favor\u201d, m\u00e1xime cuando \u201cno aborda realmente la materia de la apelaci\u00f3n incoada\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El principio de la no reformatio in pejus, consiste esencialmente en que el superior que conoce de una decisi\u00f3n judicial por apelaci\u00f3n, tiene limitada su actividad de manera tal que lo resuelto por el inferior en beneficio del apelante debe ser respetado, en la medida en que no puede hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de este, cuando la contraparte no ha apelado, ni adherido a dicho recurso. <\/p>\n
De modo que la competencia funcional del superior no puede entenderse siempre como panor\u00e1mica o amplia, esto es, una competencia que le permita la revisi\u00f3n total de lo decidido por el inferior, porque ella est\u00e1 limitada, al menos en lo concerniente a las necesidades del recurrente, por el principio ya enunciado, cuya consagraci\u00f3n legal se encuentra en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que, con todo, permite que el superior enmiende la providencia recurrida por v\u00eda de excepci\u00f3n, a\u00fan en la parte que no fue objeto de recurso, cuando \u00aben raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con ella\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso. Y se ha se\u00f1alado tambi\u00e9n, que \u00abninguna restricci\u00f3n habr\u00eda tampoco para el superior si, al resolver la alzada, encuentra que el apelante \u00fanico combate inclusive las soluciones del fallo que lo favorecen, por razones de ilegalidad\u00bb (CCXXVIII, Vol. I, 14). <\/p>\n
El referido principio, varias veces se ha se\u00f1alado, tiende a garantizarte al apelante que su situaci\u00f3n no va a ser desmejorada, lo cual supone un vencimiento parcial del litigante, \u00fanico apelante, as\u00ed como un empeoramiento del fallo para este recurrente \u00fanico, reforma que hace el Tribunal y que no obedece a un ligamen \u00edntimo de la decisi\u00f3n que se impugna en apelaci\u00f3n, conforme lo establece el precitado art\u00edculo 357, en lo pertinente. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha precisado que para que se configura la reforma en perjuicio es indispensable \u201ca) que haya un litigante vencido, excluy\u00e9ndose por ende los fallos meramente formales; b) que s\u00f3lo dicho litigante apele, puesto que la restricci\u00f3n cede cuando la parte contraria f\u00f3rmula tambi\u00e9n recurso o adhiere al inicialmente promovido; c) que con su decisi\u00f3n, el ad quem haya modificado, desmejor\u00e1ndola, la posici\u00f3n procesal que para el apelante cre\u00f3 el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n; y d) que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico o jur\u00eddico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional. No obstante lo anterior, el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es de car\u00e1cter absoluto, pues con \u00e9l no se trata de evitar que se introduzcan enmiendas o correcciones a la sentencia del primer grado orientadas a subsanar yerros en que aquella incurri\u00f3, por lo que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se admite que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisi\u00f3n \u00abcomo acontece cuando con motivo de la reforma de la resoluci\u00f3n recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aquella reforma; o cuando de una materia que siempre requiere examen previo por el superior, se impone por \u00e9ste la declaraci\u00f3n de que la relaci\u00f3n procesal no se ha trabado regularmente por ausencia de uno los presupuestos procesales, esto es, por falta de demanda en forma, de competencia, de capacidad para comparecer en la litis o de capacidad para ser parte\u00bb (CCXXV, 547). <\/p>\n
En el presente asunto, la sentencia del juez de primera instancia fue totalmente desestimatoria de las pretensiones de los actores, lo que, en otras palabras significa que los actores no ten\u00edan una situaci\u00f3n m\u00ednimamente favorable que hubiese tenido que ser respetada por el Tribunal, esto es, no fueron parcialmente vencidos. <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado, conviene memorarlo, hizo la salvedad de que el estudio de la procedencia o improcedencia de la prescripci\u00f3n declarada por el a quo, estaba \u00edntimamente ligado con la ocurrencia del siniestro, por lo que no exist\u00eda manera de sustraer tal aspecto del objeto de la apelaci\u00f3n, luego si bien es cierto que el Tribunal ten\u00eda limitada su atribuci\u00f3n por cuanto la demandada no hab\u00eda apelado, ni adherido a la apelaci\u00f3n de los actores, no lo es menos que al resolver el recurso estim\u00f3 de cara a las probanzas obrantes en el plenario, que el siniestro no hab\u00eda sido demostrado, lo que imped\u00eda abrirle paso a las s\u00faplicas de la demanda y lo relevaba de analizar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sentencia apelada ning\u00fan agravio caus\u00f3 a los recurrentes, pues ella \u2013al igual que la del a quo- tambi\u00e9n deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda s\u00f3lo que por falta de la demostraci\u00f3n del siniestro, perspectiva desde la cual no contiene o entra\u00f1a ninguna espec\u00edfica desmejora. <\/p>\n
En consecuencia, no prospera el cargo, <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera se acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria del art\u00edculo primero de la Ley 16 de 1988 y art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, otorg\u00e1ndoles alcances y efectos de los cuales carecen, pues, en sentir el recurrente, el art\u00edculo primero de la Ley 16 mencionada, guarda innegable relaci\u00f3n con las condiciones generales de la p\u00f3liza vida grupo y espec\u00edficamente con la condici\u00f3n s\u00e9ptima. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal se apart\u00f3 del contenido e interpretaci\u00f3n que la misma corporaci\u00f3n ha dado a casos ya debatidos y que no se pod\u00eda ignorar la sentencia de la Corte Constitucional 189 de 1993, y \u00abdeja entrever que desde el momento en que un funcionario de la rama deja su lugar de trabajo, deja de ser funcionario o empleado y que igualmente se rompe el v\u00ednculo de causalidad que existe entre las funciones que desempe\u00f1a y la persona en s\u00ed misma, cuando lo cierto es que la investidura del funcionario le acompa\u00f1a durante todo el lapso en que dur\u00f3 su vinculaci\u00f3n, sin que exista un horario espec\u00edfico para mantener la investidura de funcionario empleado de la rama jurisdiccional\u00bb (fl. 10). <\/p>\n
Indic\u00f3 el recurrente que el Tribunal traslad\u00f3 la carga de la prueba a los actores e interpret\u00f3 gravemente la norma, cuando en realidad a los beneficiarios s\u00f3lo les compet\u00eda comunicar a la compa\u00f1\u00eda todo hecho violento que afectase los amparos y que para el pago de la indemnizaci\u00f3n, en caso de muerte violenta los beneficiarios entregaran el informe sobre el hecho violento que ocasion\u00f3 la muerte, el registro de defunci\u00f3n y el acta de levantamiento del cad\u00e1ver, pero en ninguna parte se dice que deban ellos probar el nexo causal. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio indic\u00f3 el recurrente que el Tribunal se equivoc\u00f3 en su interpretaci\u00f3n, pues los demandantes demostraron a cabalidad la ocurrencia de siniestro, en las circunstancias tenidas en la p\u00f3liza, de suerte que el Tribunal, \u00abdebi\u00f3 eso s\u00ed, establecer que era la demandada la que no demostr\u00f3 ni prob\u00f3 su dicho excluyente de responsabilidad y no invertir el contenido de la norma en contra de los apelantes \u00fanicos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Prestamente advierte la Corte que ninguna de las normas denunciadas por los recurrentes, stricto sensu, es de car\u00e1cter sustancial, vale decir, de aquellas que \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u201d, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se \u201climitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (CLI, 241). <\/p>\n
En efecto, el art. 1\u00b0 de la ley 16 de 1988 dispone en su inciso primero: \u201cEstabl\u00e9cese el seguro de vida para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio P\u00fablico y para las personas que transitoriamente desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, que por causa o con ocasi\u00f3n del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos\u201d y el segundo inciso, expresa que \u201cEl seguro de que trata el presente art\u00edculo comprende los gastos funerarios\u201d, precepto que consagra in abstracto, el seguro de vida para las personas all\u00ed beneficiadas, y que tiene car\u00e1cter meramente descriptivo e incorporativo y no sustancial, propiamente dicho, pues en su art\u00edculo 8\u00ba se autoriz\u00f3 al Ministerio de Justicia \u201cpara contratar con la Compa\u00f1\u00eda de Seguros \u201cLa Previsora S.A.\u201d, el seguro a que se refiere la presente ley, que es, in concreto, el negocio jur\u00eddico del que surgen o surgir\u00edan los derechos y obligaciones para las partes contratantes y los beneficiarios. <\/p>\n
Dicho de otra manera, el art\u00edculo 1\u00b0 no es una arquet\u00edpica norma atributiva de derechos sino un precepto que se limita a crear, habilitar o reconocer en el tr\u00e1fico jur\u00eddico patrio un seguro especial, cuya implementaci\u00f3n estaba sujeta a la celebraci\u00f3n ulterior de un contrato entre el Ministerio de Justicia y la Previsora S.A., por lo que, en rigor, no es un precepto que por s\u00ed solo permita fundar con \u00e9xito un cargo en casaci\u00f3n, como sucede en el presente asunto, en el que era indispensable denunciar cualquiera otra norma de tal raigambre, relativa al contrato de seguro, por v\u00eda de ejemplo, el 1054 o el 1080,esos s\u00ed del abolengo en referencia, habida cuenta que las relaciones jur\u00eddicas surgidas a ra\u00edz de la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico con la entidad demandada, inexorablemente se reg\u00edan y rigen por la normatividad propia de tal contrato prevista en el C\u00f3digo de Comercio, las que est\u00e1n llamadas a gobernarlo, una vez incorporado el referido negocio a la praxis negocial. <\/p>\n
El art. 1077 del C\u00f3digo de Comercio, a su turno, disciplina la carga probatoria en materia de seguros, norma respecto de la cual, recientemente tuvo oportunidad la Sala de precisar que \u201cemplazada hoy directa y frontalmente a examinar si este art\u00edculo espec\u00edficamente tiene raigambre sustancial, entiende que no lo tiene, por cuanto es una norma especial para el contrato de seguro que se limita a distribuir la carga probatoria entre las partes, imponiendo al asegurado la incumbencia de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida y, a la aseguradora, a su turno, los hechos excluyentes de su responsabilidad, perspectiva desde la cual es dable concluir que, no obstante encontrase ubicada en el C\u00f3digo de Comercio, es de naturaleza probatoria y con un contenido similar al del art. 177 del C. de P.C., lo cual acontece con otras normas de esta estirpe incardinadas en la codificaci\u00f3n mercantil\u201d (auto 23 de noviembre de 2005, Exp. 03531). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de fecha 8 de octubre de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso que contra LA PREVISORA S.A. adelantaron GEMMA ROJAS DE PRIETO y RICARDO PRIETO ROJAS. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas a los recurrentes. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00famplase y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-374-2005 [1100131030041998-00027-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MAGISTRADO PONENTE CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005) Ref.: Exp. 11001-3103-004-1998-00027-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los se\u00f1ores GEMMA ROJAS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83197","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83197\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}