SC-375-2005 [6867931030021998-0230]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Exp. 6867-9310-30-02-1998-0230 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por LA PARROQUIA DE BARICHARA, respecto de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2001 por el Tribunal Superior de San Gil, en el proceso ordinario adelantado por EL COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA DE BARICHARA contra la recurrente y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 la demandante ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, que con citaci\u00f3n de los demandados, se declarara que ella hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble ubicado en la carrera 6a No 3-98 de Barichara y, consecuencialmente, que se ordenara la inscripci\u00f3n de la sentencia en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos del referido municipio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causa petendi se resume as\u00ed: <\/p>\n
A. La actora entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble pretendido hace m\u00e1s de 35 a\u00f1os. <\/p>\n
B. La instituci\u00f3n acad\u00e9mica demandante ha tenido la posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida sobre el predio en disputa y sobre el mismo ha efectuado m\u00faltiples construcciones y mejoras, habilit\u00e1ndolo para el funcionamiento de un establecimiento de educaci\u00f3n media, cuyo origen se remonta al a\u00f1o 1939, cuando la Asamblea Departamental de Santander cre\u00f3 el Colegio \u00abLa Sagrada Familia\u00bb, que inici\u00f3 labores acad\u00e9micas en el a\u00f1o de 1942 bajo la direcci\u00f3n de las religiosas terciarias capuchinas y que fue nacionalizado con la ley 169 de 1961, habiendo subsistido, despu\u00e9s, gracias a aportes propios y otros, procedentes de la Naci\u00f3n, el Departamento y el Municipio. <\/p>\n
3. La Parroquia y el curador ad litem de los indeterminados contestaron el libelo, oponi\u00e9ndose a su prosperidad. La primera se defendi\u00f3 esgrimiendo una \u00abcarencia absoluta de causa\u201d y \u201cfalta de fundamento legal\u00bb para demandar, as\u00ed como formulando las excepciones previas de \u00abfalta de capacidad o indebida representaci\u00f3n de la actora\u00bb, que fueron declaradas no probadas por el Tribunal al resolver recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia, estimatoria de las s\u00faplicas de la demandante, fue confirmada por el ad quem, mediante el fallo atacado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de resaltar que en el asunto sometido a su estudio concurr\u00edan los presupuestos procesales, el sentenciador de segundo grado encontr\u00f3 acreditados los elementos requeridos para la prosperidad de la acci\u00f3n intentada, con soporte en las pruebas recaudadas por el juez de primera instancia. <\/p>\n
Ocup\u00e1ndose luego de los motivos de inconformidad del apelante y espec\u00edficamente el que se hac\u00eda consistir en la incapacidad e incompetencia que ten\u00edan las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico, como la demandante, para adquirir bienes a cualquier t\u00edtulo, asever\u00f3 el Tribunal que toda persona es capaz de adquirir derechos y obligaciones, y que la capacidad de goce de las personas jur\u00eddicas se rige por un principio diferente al que gobierna las personas naturales, consagrado en el art. 27 de la ley 57 de 1887 que establece que \u201clas personas jur\u00eddicas pueden adquirir bienes de todas clases, por cualquier t\u00edtulo con el car\u00e1cter de enajenables\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que las mejoras realizadas en el predio fueron demostradas con las declaraciones de Teresa Vasquez viuda de Amado, Adela D\u00edaz Meneses y Alicia Chac\u00f3n Plata y que el \u00fanico testigo que asever\u00f3 que fueron realizadas por cuenta de la Junta de Acci\u00f3n Comunal fue el presb\u00edtero Horacio Sarmiento que en su relato dej\u00f3 ver algunos visos de parcialidad en orden a favorecer a la demandada, testimonio este \u00faltimo que \u201cno se encuentra reforzado por medio probatorio alguno que de al traste con lo aseverado por las declarantes\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n precis\u00f3 que para la prosperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio se requiere que verse sobre una cosa susceptible de alcanzarse por ese modo, que sobre el bien se ejerza una posesi\u00f3n pac\u00edfica e ininterrumpida por un tiempo no inferior a 20 a\u00f1os, manifestando que del certificado de tradici\u00f3n del inmueble se infer\u00eda que la parroquia demandada era quien figuraba como titular del derecho de dominio sobre el mismo, raz\u00f3n por la cual se la vincul\u00f3 como demandada en el juicio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que si bien los linderos del predio materia de debate que se se\u00f1alaron en la demanda difer\u00edan un tanto de los indicados en el dictamen pericial dispuesto por el a quo, no subsist\u00eda duda alguna en torno a la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del referido predio, que corresponde al \u00abinmueble donde funcion\u00f3 el colegio la Sagrada Familia y que ahora es la sede de los colegios fusionados\u00bb (fl 38), lo cual reiter\u00f3 cuando sostuvo que en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial se \u00abconstat\u00f3 la identidad del bien examinado con el que se pretende usucapir, sus linderos, aunque con cierta variaci\u00f3n y que all\u00ed tiene su sede el ente educativo mencionado\u00bb (fl 45 ib). <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal que analizadas en conjunto y a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica las pruebas referenciadas, se llegaba a la convicci\u00f3n de que el Colegio de La Sagrada Familia hab\u00eda pose\u00eddo de manera ininterrumpida el inmueble que se pretende usucapir y que en este fueron llevadas a cabo una seria de mejoras realizadas sin el consentimiento de nadie, por lo que se impon\u00eda confirmar la sentencia apelada, la que adem\u00e1s era objeto del grado de consulta. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos se formularon contra la sentencia, uno por la causal segunda y el otro, con fundamento en la causal quinta de casaci\u00f3n, que ser\u00e1n resueltos en forma inversa a como han sido presentados, toda vez que el \u00faltimo endilga la existencia de un vicio que afectar\u00eda eventualmente la validez del proceso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acus\u00f3 el fallo de incurrir en la causal de nulidad procesal consagrada en el numeral 7\u00b0 del articulo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por indebida representaci\u00f3n de la parte actora. <\/p>\n
En desarrollo del cargo afirm\u00f3 el recurrente que la demandante es un establecimiento p\u00fablico del orden departamental, que su rectora es designada por el Gobernador y que, dentro de sus funciones -consagradas en el manual de administraci\u00f3n de establecimientos educativos- estaba la de \u00abrepresentar legalmente al plantel\u00bb, la cual se circunscrib\u00eda \u00ab\u00fanica y exclusivamente al campo administrativo y docente del plantel, de tal manera que respecto de los bienes no tiene sino su administraci\u00f3n que implica el cuidado de ellos (sic)… pero nunca la facultad de disposici\u00f3n\u00bb (fl 17, cdno 9). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Colegio la Sagrada Familia \u00abhace parte del patrimonio del Departamento de Santander y por lo tanto en esta materia patrimonial s\u00f3lo el Gobernador del Departamento es su legitimo representante …y \u00e9l y s\u00f3lo \u00e9l… tiene capacidad para comparecer al proceso…\u00bb, pues para \u00abpoder hacerlo, el representante legal del ente educativo requiere poder o autorizaci\u00f3n del Gobernador del Departamento\u00bb (fl. 17 antes citado). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que -como ninguna de estas circunstancias hizo presencia en el presente asunto- se incurri\u00f3 en la denunciada nulidad procesal, cuyos fundamentos, fueron esgrimidos oportunamente como excepci\u00f3n previa, pero sin \u00e9xito, dado que el Tribunal revoc\u00f3 el auto dictado por el juez de primer grado, que en su momento, la declar\u00f3 probada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, que quebrado el fallo del Tribunal la Corte \u00abordenara lo que en derecho corresponde\u00bb (fl 19). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia de esta Sala, ha sido constante en sostener que las nulidades procesales, es la regla, \u00fanicamente pueden ser alegadas por la persona afectada con ellas, habida cuenta que tal remedio fue consagrado con el inequ\u00edvoco y plausible fin de salvaguardar la garant\u00eda constitucional al debido proceso y el derecho de defensa (art. 29 C. Pol.), rectamente entendidos, por lo que s\u00f3lo el sujeto agraviado puede predicar la existencia del yerro procesal y, de contera, reclamar la aplicaci\u00f3n del correctivo legal pertinente. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que \u00abdentro de los principios que gobiernan el r\u00e9gimen de las nulidades procesales se enlista el de la protecci\u00f3n, por virtud del cual se han consagrado las nulidades dichas con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad…\u00bb, raz\u00f3n por la cual se ha sostenido que esa circunstancia, en l\u00ednea de principio, \u00abs\u00f3lo puede ser invocada en casaci\u00f3n, por el litigante afectado con ella\u201d (CLIX, p\u00e1g, 152, subrayado fuera de texto). As\u00ed, en trat\u00e1ndose de la causal consagrada en el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (que correspond\u00eda al mismo numeral del art\u00edculo 152 ib., hasta que entr\u00f3 a regir el Decreto 2282 de 1989), \u00abapunta hacia la persona indebidamente representada, notificada o emplazada como la \u00fanica a quien la ley le reconoce inter\u00e9s, serio y actual para proponer la nulidad\u201d(Se subraya; CLXXXIV, 37; Cfme: cas.civ. 25 de marzo de 2003, Exp. 7257). <\/p>\n
En efecto, ya se refiri\u00f3 al resumir la acusaci\u00f3n, que como contingencias atinentes a la causal de nulidad invocada por el impugnante, el recurrente expres\u00f3 que la representaci\u00f3n legal que sobre el ente demandante ostenta la rectora del Colegio \u00abLa Sagrada Familia\u00bb, no la habilitaba, per se, para promover esta actuaci\u00f3n judicial, sino que para ello requer\u00eda autorizaci\u00f3n del Gobernador de Santander, quien legalmente s\u00ed estaba facultado para acudir al proceso en nombre de la \u00abParroquia\u00bb, sin que en el sub judice se verificara ninguna de estas dos \u00faltimas hip\u00f3tesis. <\/p>\n
Aparece, entonces, de manera diamantina, que la denunciada irregularidad -a\u00fan suponiendo que hubiere tenido lugar, se itera-, resulta por completo ajena a la entidad demandada, quien por tanto, carec\u00eda \u2013y carece- de legitimidad para prevalerse de ella, raz\u00f3n por la cual el cargo no prospera, tal y como en repetidas y similares ocasiones lo ha enfatizado esta Corporaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En consecuencia, no prospera el cargo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con soporte en la causal segunda de casaci\u00f3n consagrada en el numeral 2a del articulo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acus\u00f3 la sentencia de ser incongruente por no estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el casacionista que \u00abal acoger en su integridad la sentencia de primera instancia\u00bb el Tribunal incurri\u00f3 en fallo extra petita, pues la declaraci\u00f3n de pertenencia vers\u00f3 sobre \u00abun inmueble distinto al pretendido por la parte demandante en sus peticiones y en los hechos de la demanda\u00bb (fl. 11. cdno 9). <\/p>\n
Despu\u00e9s de aludir a la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada en el proceso, expres\u00f3 que \u201cse trata del mismo bien inmueble cuya ubicaci\u00f3n y linderos corresponden con exactitud al bien descrito e identificado por la parte demandante en su escrito introductorio\u2026en sus peticiones y en el segundo hecho tra\u00eddo como fundamento f\u00e1ctico de la misma demanda\u201d, y que \u201cestos linderos contenidos en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial fueron aclarando con la actualizaci\u00f3n de los mismos, mediante el reconocimiento sobre el terreno por parte de quienes participamos en la diligencia sin que hubiera observaci\u00f3n u oposici\u00f3n de parte alguna\u201d (fl. 12), pero que pese a esta circunstancia, era evidente que la sentencia avalada por el Tribunal recay\u00f3 sobre un bien distinto del perseguido por la actora, que ni siquiera existe, dado que en el referido municipio no se encuentra \u00abun inmueble cuyos linderos est\u00e9n dos veces por el SUR y no tenga OCCIDENTE\u00bb, quedando establecido con meridiana claridad que \u00abel bien objeto de la sentencia de segundo grado es otro al trabado en este litigio\u00bb, con lo que se estar\u00eda \u00abfrente al indiscutible hecho de un posible despojo de la propiedad\u00bb, pues por ese conducto se afectar\u00edan los predios vecinos, entre ellos, algunos pertenecientes a la misma Parroquia, totalmente ajenos a la presente controversia judicial (fls. 14 y 15, ib.). <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, que casado el fallo atacado, la Corte procediera a denegar la demanda de pertenencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En repetidas oportunidades se ha precisado que la inconsonancia, como motivo de casaci\u00f3n, refiere a un error in procedendo y no a uno in judicando, puesto que involucra la infracci\u00f3n de una regla de procedimiento que, en desarrollo del principio dispositivo, que no es del todo ajeno al procedimiento civil, fija algunos l\u00edmites a la actividad del juez, por manera que la sentencia, como expresi\u00f3n concreta de la voluntad de la ley en un litigio en particular, no puede constituir o contener un pronunciamiento m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), ni fuera de lo pedido (extra petita), ni dejar de decidir sobre lo solicitado por las partes -o lo que, de oficio deba disponer el fallador, como perentoriamente lo ha previsto el ordenamiento jur\u00eddico patrio (art. 305 C. de P.C.). <\/p>\n
Sobre el particular ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n que la referida causal, \u201c \u2026ata\u00f1e a un vicio de procedimiento, que se presenta cuando el Juez, al proferir su sentencia, se pronuncia sobre objeto distinto del pretendido (extra petita), o desborda las fronteras cuantitativas de lo que fue suplicado (ultra petita), o deja de resolver aspectos que le fueron demandados (citra petita), siendo claro que la congruencia no s\u00f3lo exige simetr\u00eda entre el fallo y los pedimentos de las partes: pretensiones y excepciones, sino tambi\u00e9n con los hechos en que unas y otras se soportan, \u201cpor ser la causa petendi uno de los l\u00edmites que se establecen en la litis contestaci\u00f3n\u201d (XXVI, 93. Vid: cas. civ. 12 de agosto de 2003, Exp. 7325), raz\u00f3n por la cual no puede ser utilizada como pie de apoyo para reprochar al sentenciador por yerros en la apreciaci\u00f3n probatoria que deben ser enjuiciados bajo el amparo de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al estudio del cargo, mem\u00f3rase que seg\u00fan el censor, el fallo atacado es incongruente por cuanto al confirmarse en su integridad la sentencia de primera instancia, el Tribunal termin\u00f3 ratificando la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre un bien distinto del pretendido por la parte demandante, que no coincid\u00eda con el que fue identificado en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, afirmaci\u00f3n que envuelve, en opini\u00f3n de la Sala, una discrepancia con la conclusi\u00f3n probatoria del ad quem constitutiva no de un error de procedimiento, propio de la causal segunda, motivo por el cual resulta inadecuada la causal utilizada por el casacionista para combatir la sentencia. <\/p>\n
En efecto, la m\u00e9dula del cargo se hace consistir en que el bien inmueble mencionado en la sentencia \u201ces un bien distinto al reclamado en la demanda\u201d y al \u201cidentificado y alinderado con las debidas aclaraciones en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial… por cuanto no es posible que en el Municipio de Barichara se encuentre un inmueble cuyos linderos est\u00e9n dos veces por el SUR y no tenga OCCIDENTE\u201d (fl. 14), lo que evidencia que la disonancia que se endilga no proviene de que la sentencia se hubiere pronunciado sobre objeto distinto del pretendido, o desbordado las fronteras cuantitativas de lo que fue suplicado, o dejado de resolver aspectos que le fueron demandados, sino de haber alinderado el inmueble dos veces por el costado sur, omitiendo la menci\u00f3n del lindero correspondiente al occidente. <\/p>\n
Recientemente tuvo oportunidad de reiterar la Sala que \u201csi la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u201d (CCXLIX, Vol. II, 1468, reiterada en cas. civ. 19 de enero de 2005, Exp 7854). <\/p>\n
En suma, es patente que la censura troc\u00f3 la v\u00eda para impugnar la sentencia, toda vez que, se itera, el yerro que se endilga al Tribunal no implica la comisi\u00f3n de un error in procedendo con entidad suficiente para desquiciar el fallo, sino eventualmente uno de juicio proveniente de una equivocada apreciaci\u00f3n de la demanda, o de las pruebas practicadas que no puede combatirse con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, lo que evidencia su carencia de idoneidad. <\/p>\n
Es que como varias veces se ha se\u00f1alado \u201cEl legislador, como es sabido, atendiendo al car\u00e1cter extraordinario del recurso, ha limitado los motivos de casaci\u00f3n, y los ha estructurado en un n\u00famero espec\u00edfico de causales que, por fuera de contar con una naturaleza diferente, tienen un alcance distinto; de ah\u00ed su configuraci\u00f3n aut\u00f3noma, por supuesto que las razones que pueden dar pie a un ataque en casaci\u00f3n, se originan en deficiencias que van contra la ley y que se cometen en el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia. Esos motivos, taxativos y perfectamente delimitados, son los que constituyen yerros, bien de juzgamiento ora de procedimiento, los primeros por fallas en la aplicaci\u00f3n de la ley sustancial al proferir sentencia o por virtud de la trasgresi\u00f3n del principio de la \u201creformatio in peius\u201d (causales 1\u00aa y 4\u00aa de casaci\u00f3n), los segundos, por errores que el juez comete en el desenvolvimiento procesal a lo largo de la litis en aspectos referidos a la consonancia y armon\u00eda del fallo, as\u00ed como en lo atinente a la validez del proceso en los precisos t\u00e9rminos de la ley (causales 2\u00aa, 3\u00aa y 5\u00aa)\u201d [cas. civ. 2 de agosto de 2004, Exp. 298] <\/p>\n
Conviene anotar, finalmente que la comentada duplicaci\u00f3n del lindero sur, am\u00e9n de no suponer un pronunciamiento distinto del pedido primigeniamente en la demanda, corresponde, en \u00faltimas, a un lapsus calami, a un error \u00abpor omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de \u00e9stas\u00bb que ha podido ser corregido o superado a trav\u00e9s del mecanismo previsto en el articulo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que se comprometa, en lo m\u00e1s m\u00ednimo, el principio garantista contenido en el articulo 305, ib\u00eddem, bien entendido. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de fa ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de mayo de 2001 por el Tribunal Superior de San Gil, en el proceso ordinario adelantado por el Colegio La Sagrada Familia de Barichara contra la recurrente y personas indeterminadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al recurrente al pago de las costas del recurso. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y, oportunamente, devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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