SC-381-2005 [1523831030021996-03661-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Exp. 15238 31 03 002 1996 03661 01 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por escrito del 27 de junio de 1996, reclamaron los libelistas que se declarara absolutamente simulado el contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica No. 557 del 14 de abril de 1989, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Duitama e inscrita en el correspondiente folio de matr\u00edcula, en el que como aparente comprador actu\u00f3 el se\u00f1or Vivas Vargas y como \u2018vendedores\u2019, Susana Vivas Puerto y su esposo Pablo Antonio P\u00e9rez Castillo, ya fallecido. En subsidio, imploraron que se declarara la nulidad absoluta de la mencionada contrataci\u00f3n, por cuanto no existi\u00f3 precio, ni en ese documento notarial se determinaron adecuadamente los linderos de los disputados inmuebles. <\/p>\n
Pidieron, en consecuencia, la restituci\u00f3n de los aludidos predios, conocidos como los apartamentos 102, 202 y 302 del edificio Kasatsky, ubicado en la carrera 15 No. 13 – 12\/16\/22 de Duitama y que se ordenaran las dem\u00e1s medidas de rigor. <\/p>\n
2. En respaldo de sus pretensiones, afirmaron los demandantes, en s\u00edntesis, lo que a continuaci\u00f3n se relaciona: <\/p>\n
A. De la aducida simulaci\u00f3n negocial, efectuada por los aparentes vendedores en detrimento de los hijos procreados dentro de los dos matrimonios que tuvo el se\u00f1or P\u00e9rez Castillo y para beneficiar econ\u00f3micamente a su segunda c\u00f3nyuge, la hoy demandada, con quien contrajo nupcias el 15 de noviembre de 1962, da cuenta la estipulaci\u00f3n distinguida como \u2018art\u00edculo\u2019 36 de la escritura 557 de 1989. <\/p>\n
B. Los libelistas, Jorge Enrique y Mario Alfonso P\u00e9rez Granados son hijos del primer matrimonio del causante, es decir, el que celebr\u00f3 con Mar\u00eda Victoria Granados, fallecida el 3 de octubre de 1952. <\/p>\n
C. Los esposos P\u00e9rez Vivas adquirieron el lote de terreno donde despu\u00e9s erigieron el edificio Kasatsky, sometido a divisi\u00f3n material seg\u00fan la misma escritura p\u00fablica 557 del 13 de abril de 1989, en la que les fueron adjudicados los apartamentos 102, 202 y 302, los que por medio de la misma escritura dijeron vender al se\u00f1or Rosendo Vivas Vargas, primo hermano de do\u00f1a Susana y entra\u00f1able amigo de su c\u00f3nyuge, haci\u00e9ndose figurar un precio global irrisorio de $2\u2019100.000 (a raz\u00f3n de $700.000 por apartamento), que resulta inferior a la mitad de su valor catastral y sin que se hubiera verificado pago alguno por ese concepto, hecho admitido por la presunta vendedora en un interrogatorio de parte extraproceso, ni ese hubiera sido el prop\u00f3sito de los supuestos contratantes. <\/p>\n
D. Como era de esperarse, los \u2018vendedores\u2019 no entregaron al aparente comprador los apartamentos en disputa, por lo que Rosendo Vivas Vargas no tom\u00f3 posesi\u00f3n sobre esos inmuebles, ni a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, ni desde el deceso del se\u00f1or P\u00e9rez Castillo. <\/p>\n
E. Para la fecha de la negociaci\u00f3n, el citado se\u00f1or P\u00e9rez Castillo superaba los 85 a\u00f1os de edad y era delicado su estado de salud. Ante la ocurrencia de la defunci\u00f3n del citado causante (acaecida el 15 de septiembre de 1994) y siendo simulada la compraventa de marras, se tiene que los referenciados apartamentos no ingresaron al patrimonio del se\u00f1or Vivas Vargas. <\/p>\n
3. En escritos separados, los demandados se opusieron a la prosperidad de las pretensiones incoadas por su contraparte. Sin pronunciarse de manera espec\u00edfica sobre los pormenores relatados en la demanda en torno a la negociaci\u00f3n acusada de simulada, abogaron por la validez y seriedad de la contrataci\u00f3n; negaron que los vendedores se hubieran abstenido de entregar al comprador, en posesi\u00f3n, los predios enajenados, aduciendo que con ulterioridad a la compraventa los siguieron detentando, pero a t\u00edtulo de arrendatarios del se\u00f1or Vivas Vargas y destacaron que para la fecha de la firma de la escritura era aceptable el estado de la salud del se\u00f1or P\u00e9rez Castillo, quien vivi\u00f3 por cinco a\u00f1os m\u00e1s. En su defensa, el aparente comprador invoc\u00f3 \u201cla improcedencia de la acci\u00f3n\u201d y la \u201causencia de legitimaci\u00f3n plena de los demandantes\u201d. <\/p>\n
4. Mediante sentencia del 2 de noviembre de 2001, el juez a quo declar\u00f3 afectada de simulaci\u00f3n absoluta la venta contenida en la multireferenciada escritura de venta; se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias y deneg\u00f3 \u201cla restituci\u00f3n de los frutos deprecados por cuanto los vendedores conservaron la posesi\u00f3n de los inmuebles\u201d. El referido fallo fue confirmado \u00edntegramente por el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Afirm\u00f3 el sentenciador que en raz\u00f3n de no haberse atacado la venta que mediante la misma escritura p\u00fablica efectuaron los esposos P\u00e9rez \u2013 Vivas a la se\u00f1ora Mercedes Palmieri, con relaci\u00f3n al apartamento 301 del Edificio Kasatsky, la figuraci\u00f3n de \u00e9sta en el extremo pasivo del litigio era innecesaria. <\/p>\n
2. Una vez resalt\u00f3 la utilidad que la prueba indiciaria reviste en asuntos de la especie que se examina, asever\u00f3 el Tribunal que la escritura 557 de 1989 fue debidamente aportada al proceso; que se acredit\u00f3 su inscripci\u00f3n en el registro y que, como tambi\u00e9n lo concluy\u00f3 el juez a quo, en su conjunto, la prueba recaudada era suficiente para deducir la simulaci\u00f3n de la venta en menci\u00f3n, dada la acreditaci\u00f3n de los indicios que seguidamente se detallan: <\/p>\n
a. PRECIO VIL O IRRISORIO, pues seg\u00fan el comprador, el precio global de la negociaci\u00f3n fue de $3\u2019000.000, al paso que el apartamento 301 de la misma edificaci\u00f3n, de condiciones similares a los que aqu\u00ed se disputan las partes, fue enajenado a Mercedes Palmieri por una suma superior ($4\u2019400.000), esto de conformidad con la promesa de venta que en cuatro meses precedi\u00f3 al otorgamiento de la escritura por la que se materializ\u00f3, tambi\u00e9n la No. 557 de 1989, cifra que a su vez excedi\u00f3, en mucho, la de $2\u2019100.000 en que se estim\u00f3 en el susodicho documento notarial el precio de los tres apartamentos \u2018comprados\u2019 por Rosendo Vivas. <\/p>\n
Se extra\u00f1\u00f3 el juzgador porque a la venta de los apartamentos 102, 202 y 302 no precedi\u00f3 una promesa de contrato, como s\u00ed ocurri\u00f3 con relaci\u00f3n al apartamento 301, circunstancia que juzg\u00f3 corroboradora del prenombrado indicio, al igual que el hecho de que el comprador, en su declaraci\u00f3n de parte, \u201ccontradijo\u201d lo consignado en la escritura, en torno al monto del precio de los apartamentos que asegur\u00f3 haber adquirido. <\/p>\n
b. AMISTAD ESTRECHA ENTRE EL COMPRADOR Y UNO DE LOS VENDEDORES, la que dedujo de la declaraci\u00f3n de parte rendida fuera de proceso por los demandados, en especial, por el se\u00f1or Vivas Vargas. <\/p>\n
c. CONSANGUINIDAD ENTRE LA VENDEDORA Y EL COMPRADOR, v\u00ednculo que el juzgador encontr\u00f3 admitido por el se\u00f1or Vivas Vargas en la precitada oportunidad. <\/p>\n
d. CONSERVACION DE LA POSESION DE LOS INMUEBLES POR PARTE DE LOS VENDEDORES, que el juzgador llam\u00f3 tambi\u00e9n como \u2018falta de entrega de la cosa por el tradente al adquirente\u2019. Anot\u00f3 el fallador que de esa entrega, que constituye una de las obligaciones principales del vendedor, no se dej\u00f3 constancia en la aludida escritura p\u00fablica, a diferencia de lo que ocurri\u00f3 frente a la venta del apartamento 301, cuya seriedad es indiscutida. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los testigos Elvira Dolores Parra, Mar\u00eda Helena Rodr\u00edguez Arango y Ariel Arango Rodr\u00edguez relataron que hasta el d\u00eda de su defunci\u00f3n, el se\u00f1or Pablo Antonio P\u00e9rez continu\u00f3 detentando materialmente los apartamentos materia del litigio, luego de la presunta venta hecha al se\u00f1or Vivas Vargas, y a pesar de \u00e9sta, y memor\u00f3 que de acuerdo con la segunda de estas declarantes, para la referida \u00e9poca, el se\u00f1or P\u00e9rez Castillo \u201cno pagaba arriendo a nadie porque eso era de ellos\u201d. <\/p>\n
Anot\u00f3 que estos testigos oyeron hablar al presunto vendedor de la controvertida negociaci\u00f3n, circunstancia de la cual, por el mismo conducto, dijo haberse enterado Adalgiza Pardo Jaramillo, testigo que narr\u00f3 c\u00f3mo, de tiempo atr\u00e1s a la celebraci\u00f3n de la presunta enajenaci\u00f3n, habitaba uno de esos apartamentos en calidad de arrendataria de don Pablo, quien la enter\u00f3 de la venta hecha a Rosendo, advirti\u00e9ndole que \u201cestuviera tranquila que el arriendo se lo segu\u00eda pagando a ellos \u2026 porque ellos hab\u00edan hecho un arreglo con Rosendo Vivas sobre un saldo que \u00e9ste les adeudaba y que por esa raz\u00f3n ellos pod\u00edan seguir cobrando los arriendos\u201d. <\/p>\n
Hizo notar el juzgador que \u201cen ninguna pieza procesal\u201d el presunto comprador \u201chabla de saldo alguno de la venta a favor de los vendedores\u201d; que en su declaraci\u00f3n extraprocesal expres\u00f3 que en un comienzo \u201cno tuvo la necesidad de reclamar los apartamentos\u201d y que con \u201cdon Pablo hicimos un documento en el a\u00f1o de 1989 dej\u00e1ndolos como arrendatarios de estos apartamentos, cosa que hasta la muerte de Pablo me cumplieron\u201d, pero que ahora s\u00ed sinti\u00f3 la necesidad de reclamar a do\u00f1a Susana la entrega de los mismos, como se lo hab\u00eda hecho saber a trav\u00e9s de varias cartas remitidas con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Acot\u00f3, refiri\u00e9ndose a la demandada (presunta vendedora) que \u201ccuando se le pregunta si ha permanecido en los apartamentos sin que nadie le hubiera estorbado esa posesi\u00f3n depone: \u2018pues hasta hace como un mes que me lo pidieron o dos meses que me lo pidieron por falta de haber incumplido\u2019, sin mencionar que se les dej\u00f3 en arrendamiento por saldo alguno de la venta conforme lo anota la doctora Pardo, sino que \u2018no puede decir en cu\u00e1nto fue la suma total que Rosendo le hubiera dado y era que a Rosendo se le deb\u00eda\u2019…\u201d (fl. 44). <\/p>\n
En palabras del sentenciador, \u201cno existi\u00f3 el contrato de arrendamiento dado que existe contradicci\u00f3n entre quienes se refieren a \u00e9l en cuanto al canon y a la forma como se acord\u00f3\u201d, pues mientras que Rosendo Vivas sostuvo que el contrato lo celebr\u00f3 con el se\u00f1or P\u00e9rez Castillo, mediante escrito privado creado en la fecha en que se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica de venta, obra en el expediente documento privado suscrito en mayo de 1989, en el que, como arrendatario, s\u00f3lo figura el nombre y la firma de la se\u00f1ora Vivas de P\u00e9rez. <\/p>\n
Repar\u00f3 el Tribunal en que la expedici\u00f3n de los recibos de pago de c\u00e1nones de arrendamiento aducidos por los demandados tuvo lugar despu\u00e9s de que estos fueran llamados a rendir declaraci\u00f3n de parte extraproceso, luego de lo cual, tambi\u00e9n, se adelant\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por el presunto comprador, y dijo que como en la inspecci\u00f3n judicial apenas se constat\u00f3 que -para la fecha en que se practic\u00f3- la demandada Susana Vivas habitaba uno solo de los apartamentos, pues el 302 estaba desocupado y el 102 lo detentaba Lucila P\u00e9rez, tal probanza no infirmaba lo deducido \u201cdel conjunto\u201d de los testimonios analizados, en el sentido de que \u201cdon Pablo P\u00e9rez vivi\u00f3 hasta su muerte en los inmuebles vendidos\u201d. <\/p>\n
e. FALTA DE PAGO DE SUMA ALGUNA POR CONCEPTO DE LA COMPRAVENTA, aspecto sobre el que no se pronunciaron los testigos, ni tampoco los demandados. Destac\u00f3 el Tribunal que el se\u00f1or Rosendo Vivas expres\u00f3 que \u201cla suma por la cual se negoci\u00f3 fue la de $3\u2019000.000 sin decir c\u00f3mo se cancel\u00f3 esa suma, ni si existi\u00f3 el saldo del que habla la testigo Adalgiza Pardo\u201d. <\/p>\n
Los testigos Eleuterio Zambrano, Ariel Arango Rodr\u00edguez, Rosalbina Salgado Palacio y Jos\u00e9 Alfonso Guar\u00edn Vivas, agreg\u00f3, tampoco dijeron saber del precio de la supuesta venta, ni del valor efectivamente \u201ccancelado\u201d por el comprador, aunque algunos de ellos refirieron que el presunto vendedor ten\u00eda algunas deudas. Sostuvo el sentenciador que \u201clas imprecisiones de parte del comprador y de la vendedora Susana Vivas en un negocio tan importante hacen presumir el no pago de suma alguna por parte del comprador\u201d (fl. 47). <\/p>\n
f. OCULTAMIENTO DE LA VENTA A LOS HEREDEROS DE PABLO PEREZ, en especial, a la se\u00f1ora Lucila P\u00e9rez, hija del causante, por el hecho de que seg\u00fan los demandados aquella hab\u00eda tomado de \u00e9ste, en arrendamiento, el apartamento 102, lo que hac\u00eda esperar que de la venta se hubiera notificado a esta inquilina, para que en lo sucesivo se siguiera entendiendo con el comprador del inmueble. Record\u00f3 el Tribunal que en el proceso de restituci\u00f3n atr\u00e1s referido, se neg\u00f3 a la mencionada heredera la calidad de arrendataria y se advirti\u00f3 sobre la posible simulaci\u00f3n de la venta efectuada a favor de Rosendo Vivas. <\/p>\n
Dijo tambi\u00e9n el fallador que los precitados testigos, lo mismo que los se\u00f1ores Edilberto P\u00e9rez Dur\u00e1n y Pablo Emilio Reyes Manosalva, \u201cs\u00f3lo refieren del conocimiento que tuvieron por parte de don Pablo P\u00e9rez de haber vendido los apartamentos sin dar mayor cuenta del conocimiento de ella, ni de su precio o entrega de los inmuebles. Algunos de ellos advierten que don Pablo P\u00e9rez ten\u00eda deudas, no s\u00f3lo por la enfermedad que ten\u00eda sino por el estudio de los hijos, citando algunos acreedores pero no dan cuenta de las circunstancias precontractuales o contractuales respecto del negocio calificado por el juzgado como simulado\u201d (fl. 49). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a dichos testimonios, resulta contradictorio lo declarado por Adalgiza Pardo, quien expres\u00f3 que era buena y envidiable la salud de don Pablo, salvo gripas y alguna dolencia en una pierna, lo que, para el Tribunal, hac\u00eda suponer que no le asist\u00eda la necesidad de vender los apartamentos materia de controversia. <\/p>\n
De la declaraci\u00f3n de Edilberto P\u00e9rez Dur\u00e1n, observ\u00f3 el sentenciador que se\u00f1al\u00f3 como precio de la negociaci\u00f3n uno distinto del sugerido por el aparente comprador y del plasmado en la escritura p\u00fablica respectiva y que dej\u00f3 entrever que el causante quiso mejorar econ\u00f3micamente a su segunda esposa, en cuanto el testigo depuso que los herederos demandantes dec\u00edan no oponerse a las ventas y, textualmente, que \u201cal contrario en caso si algo quedaba le dejaran directamente a la viuda y no a ellos \u2026 esa vez nos dijo que deb\u00eda m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos y fue cuando se le autoriz\u00f3 que vendiera lo de \u00e9l pero con lo de Susanita no se metiera porque hab\u00eda de pensar en los menores\u201d (fl. 50). Del precitado testimonio, concluy\u00f3 el Tribunal que el causante no ten\u00eda necesidad de vender a Rosendo, \u201cporque si s\u00f3lo deb\u00eda un mill\u00f3n de pesos con la sola venta hecha en la misma escritura a favor de Berta Mercedes Palmieri ten\u00eda para cancelar lo adeudado\u201d. <\/p>\n
Con estos fundamentos fue confirmada la sentencia apelada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
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Se acus\u00f3 el fallo del Tribunal de infringir los art\u00edculos 762, 775, 1012, 1013, 1602, 1766 y 1934 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, por haber incurrido en los errores de hecho y de derecho de naturaleza probatoria que seguidamente se destacan: <\/p>\n
a) Error de derecho por haber apreciado la promesa de venta que precedi\u00f3 al contrato celebrado entre los esposos P\u00e9rez-Vivas y Mercedes Palmieri, pues ese medio de prueba era ajeno a la relaci\u00f3n sustancial debatida en el presente litigio, m\u00e1xime en tanto que el juzgador consider\u00f3 innecesaria la vinculaci\u00f3n, al mismo, de la compradora del apartamento 301 de la mencionada edificaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se hizo valer ese documento contra Rosendo Vivas, quien no intervino en su otorgamiento, yerro que llev\u00f3 al Tribunal a deducir el indicio de precio vil o irrisorio, el que reafirm\u00f3 por haber confundido tal concepto con el de bajo o desproporcionado. <\/p>\n
b) Error de derecho porque \u201cno les asign\u00f3 la tarifa se\u00f1alada en la ley\u201d los certificados catastrales de los predios, en los que consta un precio similar al consignado en la escritura. El Tribunal privilegi\u00f3 el m\u00e9rito probatorio de la promesa relativa a la venta del apartamento 301, deduciendo as\u00ed una inexistente irrisoriedad del precio convenido para los predios vendidos al hoy recurrente. <\/p>\n
c) Error de derecho por \u201chaberle dado un alcance jur\u00eddico que no ten\u00eda\u201d, al \u201ccontrato de arrendamiento y la prueba documental incorporada al expediente (fl. 94, c.1), y del proceso de restituci\u00f3n de inmueble\u201d. El aducido contrato locaticio, observ\u00f3 el impugnante, no fue materia de ninguna pretensi\u00f3n dentro del proceso de simulaci\u00f3n, por lo que \u201cmantiene su existencia y plena validez legal\u201d, por manera que el juzgador err\u00f3 al colegir la inexistencia de dicha relaci\u00f3n tenencial, que vinculaba a Susana Vivas y al comprador de los inmuebles, con relaci\u00f3n al apartamento 202. <\/p>\n
Con tal yerro, prosigui\u00f3, el fallador concluy\u00f3 que los vendedores detentaron la posesi\u00f3n, absteni\u00e9ndose, adem\u00e1s, de entregar al aparente comprador los predios en disputa. <\/p>\n
d) Error por distorsi\u00f3n o preterici\u00f3n de los testimonios rendidos por Elvira Dolores Parra, Ariel Arango, Adalgiza Pardo y Mar\u00eda Helena Rodr\u00edguez, en cuanto supuso que con ellos se acreditaba \u201cla existencia, continuidad o conservaci\u00f3n en la posesi\u00f3n de todos los inmuebles materia de la demanda, por parte de los vendedores\u201d. <\/p>\n
Tras traer a cuento algunas breves manifestaciones de los testigos en cita, asever\u00f3 el recurrente que a ninguno de ellos se le indag\u00f3 sobre la condici\u00f3n en que los vendedores continuaron ocupando los inmuebles comprados por el se\u00f1or Vivas Vargas, ni tampoco depusieron sobre ese tema de la controversia, pues entre otras cosas, los declarantes \u201crevelan significativas limitaciones que les imped\u00edan objetivamente conocer, a ciencia cierta, aquella precisa calidad jur\u00eddica\u201d. <\/p>\n
\u201cIgual ocurre\u201d, a\u00f1adi\u00f3, \u201ccon la declaraci\u00f3n de Adalgiza Pardo y los interrogatorios de Rosendo Vivas y Susana Vivas\u201d. De la inspecci\u00f3n judicial, asegur\u00f3 la parte recurrente, sin dispensar explicaci\u00f3n alguna, que era corroboradora de la calidad de arrendataria de la se\u00f1ora Susana Vivas sobre el apartamento 202, \u201cal igual que los recibos de pago de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
e) Error de derecho por haber desconocido \u201cla prueba del pago del precio que consta en la escritura p\u00fablica contentiva del contrato de compraventa materia del proceso\u201d, en el que figura como tal la cantidad de $2\u2019100.000 por los tres apartamentos. Efecto de este yerro, el Tribunal coligi\u00f3 la \u2018falta de pago de suma alguna por concepto de la compraventa\u2019, siendo injur\u00eddico, seg\u00fan la censura, \u201cque el pago del precio se deb\u00eda demostrar mediante testigos, pues la misma ley lo prohibe expresamente (art. 232 del C. de P. C.), vulnerando, de paso, el art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil \u201cpor cuanto se presume el pago, a menos que se demuestre la nulidad o falsificaci\u00f3n de la escritura\u201d. <\/p>\n
f) Error por deducir que existi\u00f3 ocultamiento de la venta a los herederos del se\u00f1or P\u00e9rez Castillo, formalidad inexistente, seg\u00fan lo apreci\u00f3 el casacionista, quien observ\u00f3 que mal pod\u00eda predicarse la existencia de herederos del mencionado vendedor, cuando para la fecha de la venta estaba vivo. <\/p>\n
Si el Tribunal vio que Lucila P\u00e9rez era arrendataria o poseedora de uno de los predios enajenados, ello constitu\u00eda un asunto ajeno al proceso de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
g) Haber concluido que el ahora casacionista admiti\u00f3 tener \u2018amistad estrecha\u2019 con el se\u00f1or P\u00e9rez Castillo, menci\u00f3n que brilla por su ausencia en la declaraci\u00f3n de parte del primero, donde s\u00f3lo se alude al \u2018afecto\u2019 existente entre los prenombrados contratantes. <\/p>\n
Corolario de lo resumido, la censura agreg\u00f3, en ac\u00e1pite separado y luego de poner de presente que de acuerdo con los errores por \u00e9l \u201caducidos y demostrados\u201d, el Tribunal vulner\u00f3 los preceptos de orden probatorio contenidos en los art\u00edculos 187, 232, 248, 250, 264, 267 y 305 del C. de P. C., lo que condujo a la infracci\u00f3n de las normas del c\u00f3digo Civil ya rese\u00f1adas, y que, en \u00faltimas, el \u00fanico indicio que deja en pie la demanda de casaci\u00f3n es el del parentesco entre el comprador y la se\u00f1ora Vivas de P\u00e9rez, insuficiente, per se, para deducir la discutida simulaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de la aducci\u00f3n de varios errores de hecho y de derecho, trat\u00f3 el casacionista de infirmar la multiplicidad de indicios deducida por el Tribunal, para concluir que s\u00f3lo qued\u00f3 en pie uno: el atinente a la consanguinidad entre el presunto comprador y la se\u00f1ora Susana Vivas. Con todo, tal labor fue vana, pues varios de los hechos indicadores de la simulaci\u00f3n tra\u00eddos a cuento por el fallador quedaron fuera del ataque impetrado por la censura; otros fueron combatidos sin apego a la t\u00e9cnica que exige el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y respecto de los dem\u00e1s, el ataque formulado por el recurrente result\u00f3 insuficiente, en el fondo, para derribar la sentencia impugnada, lo que da al traste con la acusaci\u00f3n que se despacha. <\/p>\n
2. Dijo la censura, en primer lugar, que habr\u00eda incurrido el Tribunal en error de derecho por haber apreciado el escrito privado de fecha 23 de diciembre de 1988, por el cual los esposos P\u00e9rez – Vivas prometieron vender a un tercero el apartamento 301 de la referida edificaci\u00f3n, promesa que luego se materializar\u00eda con el otorgamiento de la escritura p\u00fablica 557 del 13 de abril de 1989, la misma con que se document\u00f3 la venta acusada de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a tal aserto, sea lo primero afirmar que la Sala no puede dejar de encontrar repentino, y por ende, inadmisible en sede de casaci\u00f3n, la aducci\u00f3n del denunciado yerro, como quiera que s\u00f3lo hasta la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario que se desata el se\u00f1or Vivas Vargas exterioriz\u00f3 su inconformidad con que fuera apreciado el aludido escrito de promesa de contrato de compraventa, el que, entre otras cosas, fue incorporado al expediente por la se\u00f1ora Susana Vivas en una de las oportunidades id\u00f3neas para el efecto, por excelencia, esto es, al momento de contestar la demanda inicial. No se olvide, tampoco, que al abrir a pruebas el proceso, el juez a quo dispuso tener como tales las documentales aportadas por la mencionada demandada, a trav\u00e9s de providencia que no fue recurrida por ninguno de los interesados (c.1, fl. 168), sin que se avizore, se insiste, que durante el devenir de las instancias el demandado hubiera mostrado su oposici\u00f3n a que ese documento pudiera llegar a ser estimado como prueba, no obstante que en la sentencia de primera instancia se tuviera como pilar para concluir lo irrisorio del precio de la venta presuntamente efectuada al se\u00f1or Vivas Vargas, al confrontar este \u00faltimo con el de la venta que los esposos P\u00e9rez \u2013 Vivas efectuaron respecto del apartamento 301 de la misma edificaci\u00f3n, a la se\u00f1ora Mercedes Palmieri. <\/p>\n
Ahora, omisi\u00f3n hecha de lo destacado con antelaci\u00f3n, ha de observarse una seria deficiencia de orden t\u00e9cnico respecto del denunciado error de derecho, la que se extiende a otros errores de la misma naturaleza que el casacionista atribuy\u00f3 al Tribunal, el primero, por desconocer \u201cla tarifa se\u00f1alada en la ley\u201d a los certificados catastrales de los apartamentos en disputa, de los que destac\u00f3 que refieren, para el a\u00f1o de 1989, cantidades similares al monto del precio consignado en el documento notarial en cuesti\u00f3n, y el segundo, seg\u00fan el cual el Tribunal confundi\u00f3 los conceptos de precio vil o irrisorio con el de bajo o desproporcionado: en efecto, el casacionista tampoco indic\u00f3, de manera espec\u00edfica, las normas de naturaleza probatoria que con dichos tres yerros habr\u00edan sido vulneradas por el juzgador, cual lo impone el art\u00edculo 374 del C. de P. C. <\/p>\n
Desde luego, la menci\u00f3n aislada, escueta y a la vez indiscriminada de algunas disposiciones de car\u00e1cter procesal efectuada por la censura en ac\u00e1pite separado, al final de su \u00fanica acusaci\u00f3n, la que tal vez el recurrente quiso relacionar con los errores de estirpe probatoria que dijo haber \u201caducido y demostrado\u201d, no se amolda al cometido perseguido por el legislador, pues las exigencias de claridad, precisi\u00f3n y demostraci\u00f3n previstos en la precitada disposici\u00f3n reclaman -respecto de cada uno de los errores de derecho esgrimidos por el casacionista- que, mediando la se\u00f1alizaci\u00f3n clara y concreta de la respectiva norma o normas probatorias que resultaran comprometidas, el censor hubiera explicado c\u00f3mo estas fueron vulneradas por el juzgador, lo cual sugiere una cabal confrontaci\u00f3n entre el supuesto f\u00e1ctico de la espec\u00edfica disposici\u00f3n probatoria que se estim\u00f3 vulnerada y lo apreciado por el Tribunal sobre ese tema en particular. <\/p>\n
Tampoco luce adecuado haber calificado como de derecho el error en que supuestamente habr\u00eda incurrido el sentenciador, por haber deducido la inexistencia del contrato de arrendamiento a que alude el documento privado que figura a folio 94 del cuaderno principal, que se dice celebrado entre Rosendo Vivas como arrendador y Susana Vivas como arrendataria, respecto de los apartamentos materia del litigio. Sobre el particular, ha de advertirse que el Tribunal, quien sin duda s\u00ed repar\u00f3 en la presencia f\u00edsica del aludido documento privado, en rigor, no coligi\u00f3 que el mismo, conforme al ordenamiento probatorio, carec\u00eda, in toto, de eficacia probatoria; cosa distinta es que lo examinara en conjunto con los dem\u00e1s elementos de juicio que tuvo a su disposici\u00f3n, para concluir que la extensi\u00f3n de ese escrito alusivo a un contrato de arrendamiento constitu\u00eda una expresi\u00f3n adicional del prop\u00f3sito de quienes presuntamente contrataron la compraventa de los predios en disputa, orientados a revestir de visos de seriedad aquella inexistente negociaci\u00f3n. Visto desde esta perspectiva, ha de admitirse que a la saz\u00f3n, lejos de restarle todo m\u00e9rito probatorio al mencionado documento, el Tribunal s\u00ed lo apreci\u00f3, solo que al sopesarlo de acuerdo con las reglas de la experiencia, que no son escasas en esta suerte de litigios, encontr\u00f3 que no era digno de credibilidad, debiendo destacar ahora la Corte, que es conocido suficientemente que la comentada modalidad de apreciaciones, en las que median las reglas de la sana cr\u00edtica, en casaci\u00f3n son susceptibles de combatir mediante la aducci\u00f3n de errores trascendentales de hecho, lo que aqu\u00ed no tuvo lugar. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a este panorama que cuando el casacionista calific\u00f3 como error de apreciaci\u00f3n probatoria lo aseverado en el fallo de segunda instancia, por cuya conformidad \u201cexisti\u00f3 ocultamiento de la venta a los herederos del vendedor Pablo P\u00e9rez\u201d, no explicit\u00f3 si tal yerro era de hecho o de derecho, dubitaci\u00f3n que no puede disiparse del conjunto integrado por la presentanci\u00f3n y precaria sustentaci\u00f3n de este particular reproche, pues ni refiri\u00f3 ninguna norma jur\u00eddica probatoria como infringida, cual es propio del segundo, ni se\u00f1al\u00f3 que para incurrir en \u00e9l, el juzgado ignor\u00f3, distorsion\u00f3 o supuso determinada probanza, como es de esperarse trat\u00e1ndose de los yerros de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
3. Y en lo que hace todav\u00eda m\u00e1s vulnerable la deficiente acusaci\u00f3n intentada por el recurrente, es importante reparar en que el casacionista se abstuvo de combatir algunas apreciaciones f\u00e1cticas contenidas en la sentencia por \u00e9l atacada. <\/p>\n
Tampoco el recurrente combati\u00f3 lo destacado por el juzgador acerca del comportamiento un tanto elusivo del demandado Vivas Vargas, consistente en no haber ofrecido un pronunciamiento claro y conciso en lo atinente a la forma como se habr\u00eda convenido la verificaci\u00f3n del pago del precio de la presunta venta. Fue as\u00ed como el Tribunal destac\u00f3 que \u201cen ninguna pieza procesal\u201d el presunto comprador \u201chabla de saldo alguno de la venta a favor de los vendedores\u201d y que Rosendo Vivas expres\u00f3 que \u201cla suma por la cual se negoci\u00f3 fue la de $3\u2019000.000 sin decir c\u00f3mo se cancel\u00f3 esa suma, ni si existi\u00f3 el saldo del que habla la testigo Adalgiza Pardo\u201d <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha de entenderse intangible para la Corte, por haber quedado fuera del ataque desplegado por el impugnante, lo dicho en el fallo de segunda instancia sobre los temas de los que se viene hablando, esto es que por su parte, la supuesta vendedora tambi\u00e9n admiti\u00f3 que no pod\u00eda decir \u201cen cu\u00e1nto fue la suma total que Rosendo le hubiera dado (a Pablo P\u00e9rez Castillo); que \u201clas imprecisiones de parte del comprador y de la vendedora Susana Vivas en un negocio tan importante hacen presumir el no pago de suma alguna por parte del comprador\u201d; que ninguno de los testigos manifest\u00f3 tener conocimiento del valor efectivamente pagado por el comprador, y que la se\u00f1ora Adalgiza Pardo expres\u00f3 que la salud de don Pablo, para la \u00e9poca de la venta, era \u201cenvidiable\u201d, \u201csalvo gripas y alguna dolencia en una pierna\u201d, raz\u00f3n de m\u00e1s para deducir que no ten\u00eda necesidad de vender los apartamentos en disputa (fls. 47 a 50). <\/p>\n
Al lado de estas apreciaciones, cuya importancia salta a la vista, el Tribunal hizo otros pronunciamientos que la censura tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto, y que tambi\u00e9n tienden a corroborar la anunciada simulaci\u00f3n. Se refiere la Sala a que seg\u00fan el juzgador, en contra de la seriedad de la venta pesaba el indicio que encontr\u00f3 porque, a diferencia de la enajenaci\u00f3n efectuada a la se\u00f1ora Mercedes Palmieri (venta no discutida del apartamento 301), precedi\u00f3 una promesa de contrato en la que const\u00f3 la entrega material del predio, lo que no aconteci\u00f3 con relaci\u00f3n a la venta simulada. <\/p>\n
4. Sobre el reproche seg\u00fan el cual, con detrimento del art\u00edculo 232 del C. de P. C., y apoyado en un proscrito respaldo testimonial, el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho porque desconoci\u00f3 m\u00e9rito probatorio a la escritura p\u00fablica de la venta de los tres apartamentos en disputa, en cuanto all\u00ed se hizo constar que el comprador pag\u00f3 el precio de la compraventa, inconsistencia que habr\u00eda conllevado la infracci\u00f3n del art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil, cabe recordar que, en forma muy reciente precis\u00f3 la Sala, retomando jurisprudencia anterior, que el monto o \u201cvalor real del precio es aspecto que no tiene cortapisa probatoria y puede por tanto establecerse con cualquiera de los medios legalmente admisibles, a\u00fan contra lo consignado en el instrumento p\u00fablico, por tratarse de un debate entre las mismas partes contratantes, ya que \u00ab…el art\u00edculo 187 ib., establece el principio de la ‘persuasi\u00f3n racional de la prueba’, sin otras restricciones que las provenientes de ‘las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’. Por manera que al juez le es permisible (…) dejar de lado lo que en el instrumento p\u00fablico han consignado las partes para otorgarle el m\u00e9rito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicci\u00f3n\u00bb (CLXXXIV, p\u00e1g. 46)\u201d (sent. del 25 de abril de 2005, exp. 0989). <\/p>\n
A prop\u00f3sito de la invocaci\u00f3n de las reglas de entidad probatoria contenidas en el art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil, baste anotar que la restricci\u00f3n que en la materia predica el casacionista no tiene alcance absoluto, seg\u00fan se explic\u00f3 en l\u00edneas pret\u00e9ritas, en la medida en que, en adici\u00f3n a lo dicho, \u201cdesde el punto de vista del art\u00edculo 1766 (del C. Civil), precepto que ha sido un\u00e1nime y certeramente entendido en el sentido de que, en contra de las partes del contrato, es factible hacer valer pruebas cuyo objeto sea la impugnaci\u00f3n de lo que esas mismas partes han manifestado en la escritura p\u00fablica\u201d (sent. de 24 de abril de 1986). Cual si fuera poco, a\u00f1ade ahora la Corte, la prohibici\u00f3n de tipo probatorio all\u00ed consagrada, cuyo alcance restringido es hoy d\u00eda indiscutible, lo previ\u00f3 el legislador frente a contratos de compraventa que tuvieron real ocurrencia, pues s\u00f3lo en tal evento cabr\u00eda hablar de la prueba del pago del precio asignado a la cosa compravendida, y no con relaci\u00f3n a ventas inexistentes, cual acontece cuando, como en el asunto en estudio lo coligi\u00f3 el juzgador ad quem, se deduce absolutamente simulada la compraventa que consta en la aducida escritura p\u00fablica. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, en forma repetida y uniforme la Sala ha precisado sobre este particular, que \u00aben punto de la labor investigadora de la simulaci\u00f3n, ha puesto de presente c\u00f3mo pueden surgir hechos de todas las especies, unos que refuerzan la apariencia demandada y otros que la develan, de tal forma que si el fallador, tras sopesar todas esas eventualidades, en uso de la autonom\u00eda que le asiste opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen, no es extra\u00f1o que \u2018una vez tomada la decisi\u00f3n, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por s\u00ed mismos motivo bastante para quebrantar la conclusi\u00f3n del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio l\u00f3gico-cr\u00edtico desprecia las se\u00f1ales que le env\u00edan algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los dem\u00e1s (Cas. Civ. 26 de febrero de 2001, exp. 6048)\u2019\u201c (sent. 15 de abril de 2005, exp. 9062. Cnfme. Sents. de 24 de noviembre de 2003, exp. 7458 y de 12 de septiembre de 2005, exp. 2194, entre otras), de manera que no puede esperarse siempre una soluci\u00f3n que responda completa e incuestionablemente todas las expectativas del recurrente. <\/p>\n
Lo anterior para explicar porqu\u00e9 la Sala se considera relevada de entrar a pronunciarse sobre la totalidad de la cr\u00edtica que la censura efectu\u00f3 con relaci\u00f3n a los diversos indicios en que se soport\u00f3 el fallo impugnado y que tuvo a bien atacar, siendo suficiente, entonces, con advertir que as\u00ed en gracia de discusi\u00f3n se coligiera que algunos de ellos fueron derribados en virtud de las argumentaciones contenidas en la demanda de casaci\u00f3n, distintas de aquellas de las que en las precedentes motivaciones se ha ocupado la Sala, a espacio, tal circunstancia, meramente hipot\u00e9tica seg\u00fan ya se anot\u00f3, carecer\u00eda del m\u00e9rito requerido para desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto del fallo impugnado, pues apenas apuntar\u00edan a derruir, en forma aislada, algunos de los hechos indicadores de los que el juzgador hizo derivar la simulaci\u00f3n de la venta de marras, permaneciendo intactos, en todo caso, m\u00faltiples y muy vigorosos indicios, un\u00edvocamente enderezados a evidenciar la simulaci\u00f3n negocial que infiri\u00f3 el juzgador de segunda instancia, y que constituyen la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, el recurso extraordinario en menci\u00f3n no tendr\u00e1 \u00e9xito. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 8 de mayo de 2002, por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario de JORGE ENRIQUE y MARIO ALFONSO PEREZ GRANADOS, en su calidad de herederos de Pablo Antonio P\u00e9rez Castillo, frente a SUSANA VIVAS vda. de PEREZ y el recurrente en casaci\u00f3n, a quien se condena en costas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-381-2005 [1523831030021996-03661-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Ref. Exp. 15238 31 03 002 1996 03661 01 ANTECEDENTES 1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}