SC-383-2005 [7756]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente de Casaci\u00f3n No.7756 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado RIGORBERTO NEIRA REYES, contra la sentencia del 9 de junio de 1999, dictada por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario que en su contra y a instancia de MARTHA SILVIA NEIRA TORRES tramit\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pidi\u00f3 la actora que, con audiencia del demandado, se declarara que entre ellos se conform\u00f3 \u201cuna sociedad patrimonial de hecho\u201d, desde junio de 1975 o en la fecha que resultare probada en el litigio y, en consecuencia, se decretara su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Aduce como sustento f\u00e1ctico de sus pretensiones que desde el mes de junio de 1975 estableci\u00f3 vida marital continua y estable con Neira Reyes, relaci\u00f3n que se prolong\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y fruto de la cual naci\u00f3 Carlos Alberto Neira en diciembre de 1977; adem\u00e1s, que con el aporte de su esfuerzo personal, adquirieron bienes de fortuna. <\/p>\n
3. Constituida directamente la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, el demandado oportunamente replic\u00f3 el escrito genitor y se opuso a las pretensiones, am\u00e9n que neg\u00f3 los hechos que las sustentan, excepto el concerniente con su estado de viudez. Propuso como medios defensivos los que denomin\u00f3 \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva\u201d y \u201cAbsoluta falta de causa en las pretensiones\u201d, que soport\u00f3, esencialmente, en que es el padre de la accionante, v\u00ednculo de parentesco que impide la formaci\u00f3n de la sociedad de hecho, \u201cpuesto que si la ley no admite el matrimonio v\u00e1lido entre padres e hijos, mal puede constituirse una sociedad de hecho por obra de una supuesta convivencia entre la demandante como hija y el demandado como padre\u201d. <\/p>\n
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1. El juzgador de primer grado declar\u00f3 probadas \u201clas excepciones\u201d de fondo propuestas y, subsecuentemente, neg\u00f3 los pedimentos de la actora, decisi\u00f3n que el Tribunal revoc\u00f3 al resolver la alzada interpuesta y, en su lugar, declar\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 una sociedad marital de hecho desde junio de 1975 hasta la fecha de esa providencia, cuya disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n orden\u00f3. <\/p>\n
LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
1. El Tribunal luego de identificar la acci\u00f3n ejercida y precisar que el demandado sustenta su defensa en que la ley no permite la formaci\u00f3n de sociedad de hecho entre un hombre y una mujer con impedimento legal para contraer matrimonio como acontece en este caso, en que la demandante es su hija, procedi\u00f3 a transcribir la definici\u00f3n del estado civil contenida en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970 y la expuesta por algunos doctrinantes, al cabo de lo cual puso de presente que \u00e9ste es uno solo e indivisible, conforme lo disponen los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba del decreto en cita, adem\u00e1s que \u201cno se admitir\u00e1n cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades se\u00f1aladas en la ley\u201d, lo cual, en su parecer, ratificaba el art\u00edculo 262 del C\u00f3digo Penal entonces vigente (Decreto 100 de 1980), al tipificar como delito el hecho de suprimir, alterar o suponer un estado civil. <\/p>\n
Afirm\u00f3, subsecuentemente, que por ser uno e indivisible no pueden aceptarse dos estados civiles, menos a\u00fan cuando son contradictorios, como aqu\u00ed ocurre, pues de un lado obra la partida sentada el 5 de marzo de 1959 (libro 32) ante la Notaria Primera del C\u00edrculo de Girardot en la que aparece inscrita Martha Roc\u00edo Torres, nacida el 18 de febrero de 1959 en esa localidad, como hija de Fabiola Torres; y, de otro lado, la extendida 15 a\u00f1os m\u00e1s tarde en la misma notaria, a nombre de Martha Silvia Neira Torres y en la que se se\u00f1ala que es hija extramatrimonial de Rigoberto Neira Reyes y Fabiola Torres (q.e.p.d.), am\u00e9n que se puntualiza que naci\u00f3 en la fecha y ciudad antes mencionada. Agreg\u00f3 que las aludidas partidas se refieren a la misma persona pues as\u00ed lo manifestaron los testigos Edmundo Garz\u00f3n Sarmiento, Myriam Belquis Cort\u00e9s y Jos\u00e9 Lever Garc\u00eda Cort\u00e9s, quienes dijeron que la demandante es hija de Fabiola Torres y un hijo del demandado. <\/p>\n
Consider\u00f3, as\u00ed mismo, que si el registro civil de nacimiento aportado por el demandado es \u201cap\u00f3crifo\u201d, esto es, que no corresponde a la realidad, ese documento carece de valor alguno, ni a pesar del reconocimiento en \u00e9l contenido. <\/p>\n
Para afianzar esta \u00faltima afirmaci\u00f3n transcribi\u00f3 el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 75 de 1968 e infiri\u00f3 que el mentado reconocimiento no cumpli\u00f3 las formalidades previstas en los art\u00edculos 240 a 244 del C\u00f3digo Civil, ya que no se notific\u00f3 al representante legal de la reconocida (menor de edad para esa \u00e9poca) o, en su defecto, a un curador especial, \u201cni medi\u00f3 decreto judicial con conocimiento de causa\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que \u201cno habi\u00e9ndose notificado el reconocimiento en la forma ordenada en la ley, m\u00e1s a\u00fan habi\u00e9ndolo repudiado la reconocida, el mismo no puede tener efectos, pues tiene su fundamento en un hecho il\u00edcito, la suposici\u00f3n de un estado civil\u201d. As\u00ed, estim\u00f3 derribado el argumento toral del fallo apelado. <\/p>\n
2. Seguidamente entr\u00f3 a examinar si los hechos alegados por la actora encontraban respaldo en la prueba recaudada y para ello examin\u00f3 los testimonios de Edmundo Garz\u00f3n Sarmiento, Florentino Chac\u00f3n Puentes, Hernando Mart\u00ednez Duss\u00e1n, Myriam Belquis Garc\u00eda Cort\u00e9s, Martha Cecilia Sus\u00fanaga, Jos\u00e9 Lever Garc\u00eda Cortes y Angel Mar\u00eda Escobar Camacho, de los cuales dedujo que desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os demandante y demandado conviven como marido y mujer, en forma ininterrumpida, relaci\u00f3n en que procrearon un hijo que hoy tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de edad. As\u00ed, estim\u00f3 plenamente demostrada la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre las partes. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la defensa planteada, consider\u00f3 que los hechos que la sustentan no fueron probados, habida cuenta que el reconocimiento como hija extramatrimonial que el demandado hizo de la demandante es inoponible a \u00e9sta, pues, de un lado, no lo acept\u00f3 y del otro, se trata de una suposici\u00f3n del estado civil. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que en todo caso, era pertinente realizar algunas puntualizaciones en torno a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y a la moralidad de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del caso en estudio. <\/p>\n
Precis\u00f3 que de acuerdo con el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, el \u00fanico hecho que impide la declaraci\u00f3n de dicha sociedad es el que concierne con que uno o ambos compa\u00f1eros est\u00e9n casados con persona diferente y las sociedades conyugales nacidas de ese v\u00ednculo no se hayan liquidado. Resalt\u00f3 que el legislador se preocup\u00f3 exclusivamente por proteger patrimonialmente a la parte d\u00e9bil en la relaci\u00f3n extramatrimonial, siempre que se cumplieran \u201clos presupuestos de heterosexualidad, singularidad e inexistencia de una sociedad conyugal vigente\u201d, limitaci\u00f3n que justific\u00f3 porque dif\u00edcilmente pueden coexistir sociedad conyugal y sociedad patrimonial por la dificultad que esa situaci\u00f3n entra\u00f1a para la liquidaci\u00f3n de cada una de ellas, ya que f\u00e1cilmente pueden confundirse sus bienes. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201cfue as\u00ed como la convivencia extramatrimonial, se equipar\u00f3 de alguna manera, para efectos econ\u00f3micos, a la sociedad conyugal, tales como la singularidad o imposibilidad de coexistencia de dos sociedades patrimoniales, como tampoco pueden existir dos sociedades conyugales\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que la ley le dio efectos patrimoniales a los matrimonios nulos, tal como emerge del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual en cualquiera de los eventos consagrados en el art\u00edculo 140 Ib\u00eddem, salvo el previsto en su numeral 12 (cuando respecto del hombre o la mujer, o de ambos, estuviere subsistente el v\u00ednculo de un matrimonio anterior), nace la sociedad conyugal y hay lugar a declararla disuelta y, por supuesto, a liquidarla. As\u00ed, dedujo que no hab\u00eda duda que \u201cun matrimonio incestuoso genera sociedad conyugal y al tenor del art\u00edculo 1820 \u2013 4\u00ba del C\u00f3digo Civil, debe declararse disuelta.\u201d <\/p>\n
En aras de afianzar la referida deducci\u00f3n expuso que al armonizar el citado art\u00edculo 1820 con el literal b) de la Ley 54 de 1990 se infiere que \u201cel \u00fanico caso en que no nace sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, es cuando cualquiera de ellos o ambos tienen vigente una sociedad conyugal; en los dem\u00e1s casos, siempre surge de la uni\u00f3n marital, la sociedad patrimonial. De lo contrario el legislador no se habr\u00eda ocupado de hacer la aclaraci\u00f3n del literal b), y simplemente habr\u00eda dejado el literal a) definiendo que s\u00f3lo existe sociedad patrimonial cuando no hay impedimento para contraer matrimonio\u201d. Por tanto, en este caso, \u201cno existe ese impedimento, pues si bien el demandado estuvo casado, hace muchos a\u00f1os que es viudo y no aleg\u00f3 en este proceso, que tuviera liquida su sociedad conyugal\u201d. <\/p>\n
Luego de sentar su reproche a las relaciones incestuosas, acot\u00f3 que a la luz del principio de que \u201cnadie puede alegar en su provecho su propia culpa\u201d, no pod\u00eda aceptarse la alegaci\u00f3n exceptiva del demandado, dado que se violar\u00edan los principios de equidad, buena fe, am\u00e9n que se desconocer\u00eda el esp\u00edritu de la Ley 54 de 1990 que equipar\u00f3 la uni\u00f3n marital al matrimonio en materia econ\u00f3mica. Adem\u00e1s, las mentadas relaciones, por prohibidas e ilegales que sean, luego de cumplidas por tantos a\u00f1os no puede neg\u00e1rseles \u201clos efectos jur\u00eddicos que la misma ley les otorga, como por ejemplo, la legitimidad de los hijos nacidos de estas uniones y los efectos patrimoniales ya enunciados\u201d. <\/p>\n
Coligi\u00f3 que \u201cal margen de la censura moral y social que pesa sobre las relaciones incestuosas y la prohibici\u00f3n, bajo causal de nulidad, para contraer matrimonio entre parientes ubicados en las l\u00edneas de consanguinidad rese\u00f1adas, los efectos patrimoniales en uno y otro caso subsisten, constituyendo como \u00fanico motivo de impedimento para que surja la sociedad conyugal o patrimonial, la preexistencia de sociedad conyugal vigente, sin disolver y liquidar\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que por todo lo anterior hab\u00eda motivos suficientes de hecho, de derecho y de justicia para acoger las s\u00faplicas de la demanda y negar las excepciones propuestas. <\/p>\n
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4. Por \u00faltimo, estudi\u00f3 el tema de la aplicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990 en el tiempo y para ello trajo a colaci\u00f3n su providencia del 19 de agosto de 1994, en la que, en s\u00edntesis, estim\u00f3 que esa normatividad se aplica no s\u00f3lo a las uniones maritales iniciadas con posterioridad a su vigencia sino, tambi\u00e9n, a las existentes en ese momento, pues de lo contrario no se cumplir\u00eda con la ratio legis de la norma. Y si bien anot\u00f3 otras razones, no se rese\u00f1an aqu\u00ed dados los alcances del recurso. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El censor apoyado en la causal primera de casaci\u00f3n formula dos cargos a la sentencia impugnada, los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente dado que en ellos se reproch\u00f3 aisladamente lo que debi\u00f3 cuestionarse de manera integrada. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al abrigo de la causal primera de casaci\u00f3n, ac\u00fasase el fallo recurrido de violar en forma indirecta los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil; los art\u00edculos 2\u00ba literal a), 5\u00ba, 6\u00ba y 8\u00ba de la Ley 54 de 1990; art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 45 de 1936; art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 75 de 1968, los art\u00edculos 1, 2, 5, 9 a 11, 22, 44 a 46, 48 a 50 , 54, 55, 57, 58, 101 a 104 y 110 del Decreto 1260 de 1970, por falta de aplicaci\u00f3n que lo condujo a incurrir en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba al aplicar indebidamente los art\u00edculos 240 a 244, 1820 \u2013 4\u00ba, 140 \u2013 12 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 75 de 1968, el art\u00edculo 57 de la Ley 153 de 1887 y el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 45 de 1936, art\u00edculos 174 a 179, 183, 187, 251 a 254, 258, 262 al 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y los art\u00edculos 105 a 107 del Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Aduce el recurrente que el Tribunal tuvo por no probado, est\u00e1ndolo, el parentesco de consanguinidad que une a la actora con el demandado, al negarle el valor probatorio que el art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 1970, complementado por lo dispuesto en los art\u00edculos 106 y 107 de dicha normatividad, le confieren al certificado del registro civil de nacimiento de Martha Silvia Neira Torres que anex\u00f3 a la contestaci\u00f3n de la demanda (F.37 C.1) y a la fotocopia aut\u00e9ntica del acta de dicho registro (F.63 C.1), documentos en los que figura que la demandante naci\u00f3 el 18 de febrero de 1959 y que es hija de Rigoberto Neira Reyes y Fabiola Torres; adem\u00e1s, que en el acta consta que tal registro se efect\u00fao el 5 de mayo de 1977 a petici\u00f3n del se\u00f1or Neira Reyes, quien reconoci\u00f3 a la demandante como su hija extramatrimonial. <\/p>\n
La aludida prueba documental fue solicitada, decretada e incorporada al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados para ello en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, am\u00e9n que la parte actora no la tach\u00f3 de falsa. <\/p>\n
El art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 1970 determina en forma expresa que los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probar\u00e1n con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. Por tanto, esta norma establece una tarifa legal de pruebas respecto al estado civil de las personas, con lo cual la ley impide que \u00e9ste pueda acreditarse por otros medios probatorios, tal como lo corroboran las prescripciones de los art\u00edculos 106 y 107 del mentado estatuto. <\/p>\n
Afirma el censor que el yerro denunciado resulta trascendente, habida cuenta que de haber tenido en cuenta el sentenciador los documentos en referencia, la decisi\u00f3n combatida no pod\u00eda sostenerse con las dem\u00e1s pruebas, ya que el certificado de registro civil en que se apoy\u00f3 y que obra a folio 74 del cuaderno principal, se adujo al proceso contrariando las prescripciones del 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y con base en la prueba testifical no puede demostrarse el estado civil de las personas. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia impugnada de violar en forma indirecta los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil; los art\u00edculos 2\u00ba literal a), 5\u00ba, 6\u00ba y 8\u00ba de la Ley 54 de 1990; art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 45 de 1936; art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 75 de 1968, los art\u00edculos 1, 2, 5, 9 a 11, 22, 44 a 46, 48 a 50 , 54, 55, 57, 58, 101 a 104 y 110 del Decreto 1260 de 1970, por falta de aplicaci\u00f3n, que lo condujo a incurrir en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba al aplicar indebidamente los art\u00edculos 240 a 244, 1820 \u2013 4\u00ba, 140 \u2013 12 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 75 de 1968, el art\u00edculo 57 de la Ley 153 de 1887 y el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 45 de 1936, art\u00edculos 174 a 179, 183, 187, 251 a 254, 258, 262, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y los art\u00edculos 105 a 107 del Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Argumenta el censor que la decisi\u00f3n cuestionada se sustent\u00f3 en el certificado expedido por la Notaria Primera del C\u00edrculo de Girardot (F.1-C.1), en el que consta que fue inscrito el nacimiento de \u201cMartha Roc\u00edo Torres\u201d hija de Fabiola Torres y nacida el 18 de febrero de 1959, en la ciudad en menci\u00f3n, prueba aducida al proceso inoportunamente, por lo siguiente: a) no fue solicitada por las partes en el transcurso del proceso, ni decretada de oficio; b) no fue aportada dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; c) El juez no resolvi\u00f3 expresamente sobre su admisi\u00f3n, en el momento en que tom\u00f3 esa determinaci\u00f3n respecto de los dem\u00e1s medios probatorios pedidos por las partes en la oportunidad legal, o lo que es mejor nunca la tuvo como prueba. <\/p>\n
El juzgador incurri\u00f3 en error de derecho, ya que a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 183 del estatuto procesal, no pod\u00eda apreciar la mentada prueba, pues ello contrar\u00eda lo all\u00ed prescrito y lo dispuesto en los art\u00edculos 174 y 187 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Si no se hubiera tenido en cuenta el referido documento se habr\u00eda dado por probado el parentesco existente entre las partes con los dem\u00e1s registros de nacimiento que obran a folios 37 y 63 del cuaderno principal del expediente, de suerte que no se habr\u00edan acogido las pretensiones de la actora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El Tribunal no encontr\u00f3 demostrada la relaci\u00f3n paterno filial que une a la actora y al demandado -situaci\u00f3n que a juicio de \u00e9ste impide el surgimiento de la sociedad patrimonial cuya existencia se reclama-, por cuanto consider\u00f3 que no pod\u00eda aceptarse que Martha Silvia Neira Torres ostentase \u201cdos estados civiles\u201d, inclusive contradictorios: uno, al que se refiere el registro civil de nacimiento aportado por el accionado y que fuere sentado el 9 de mayo de 1997 y, otro, el que refleja la partida civil de nacimiento allegada por la contraparte, cuya inscripci\u00f3n data del 5 de marzo de 1959. Estim\u00f3, igualmente, que como la partida de nacimiento allegada por el demandado no correspond\u00eda a la realidad, ella era \u201cap\u00f3crifa\u201d, raz\u00f3n por la cual no ten\u00eda valor alguno, \u201cni a\u00fan a pesar del reconocimiento en ella contenido\u201d, reconocimiento del que, as\u00ed mismo, dijo que no produc\u00eda efectos por no haber sido notificado a la beneficiaria en la forma prevista por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 75 de 1968, y porque \u00e9sta lo repudi\u00f3. <\/p>\n
2. Reluce palmario, entonces, que el juzgador apoy\u00f3 el peso de su argumentaci\u00f3n en la certificaci\u00f3n expedida con base en el registro civil de nacimiento de \u201cMartha Roc\u00edo Torres\u201d, asentado el 5 de marzo de 1959 (F.74, C-1), la cual concibi\u00f3 como la \u00fanica prueba admisible de su estado civil; empero, es tangible que al hacerlo, incurri\u00f3 en error de derecho, por cuanto que, tal como lo denuncia la censura, estim\u00f3 dicho instrumento a pesar de que no fue aducido en las oportunidades probatorias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico procesal, ni decretado como prueba, actuaci\u00f3n que manifiestamente desatiende la regla contenida en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme a la cual para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deber\u00e1n solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1aladas para ello en ese estatuto. <\/p>\n
Del examen de lo ocurrido este asunto aflora que el referido medio de persuaci\u00f3n no lo acompa\u00f1\u00f3 la actora a su demanda, ni al escrito en que descorri\u00f3 las \u201cexcepciones\u201d propuestas por su contraparte, ni, en fin, en ninguna de las oportunidades previstas por la ley, sino que lo aport\u00f3 en el tr\u00e1mite de la primera instancia, luego de que el proceso fue abierto a pruebas, sin que mediara petici\u00f3n ni orden de que fuese tenido como prueba, ni en ese sentido lo orden\u00f3 oficiosamente el juzgador. Es decir, que dicha prueba lleg\u00f3 directamente al estadio de su apreciaci\u00f3n por el juez, pasando de largo por algunas de las fases que deb\u00edan precederla. <\/p>\n
Al respecto no sobra memorar que \u201cel sistema de apreciaci\u00f3n probatoria de la sana cr\u00edtica o de la libre apreciaci\u00f3n razonada que hoy predomina en el proceso civil, no tiene el desmesurado alcance de autorizar que se tengan en cuenta pruebas ilegal, indebida o inoportunamente agregadas a los autos. Ello implicar\u00eda violar el derecho de defensa y el principio de publicidad y posibilidad de contradicci\u00f3n de los medios probatorios, los cuales son de orden p\u00fablico y por tanto de obligatorio cumplimiento\u201d (sentencia del 2 de diciembre de 1975). <\/p>\n
3. En todo caso, si se deja de lado la reflexi\u00f3n antecedente y, en gracia de discusi\u00f3n, la Corte se abstiene de tildar de intempestivo el referido documento, lo cierto es que no anduvo atinado el sentenciador al colegir que los aludidos certificados pon\u00edan de presente dos estados civiles contrapuestos, habida cuenta que en uno de ellos, concretamente el aportado por la demandante (F.74 C-1), aparece definida su maternidad, y en el otro, el allegado por el demandado (F.63 C-1), su paternidad, sin que ello apareje la coexistencia de dos estados civiles \u201ccontradictorios\u201d, pues ambos dan cuenta del estado de hija extramatrimonial de la demandante, s\u00f3lo que en el primero no aparece asentado a\u00fan el reconocimiento exteriorizado por su padre, mientras que en el segundo se sent\u00f3 la confesi\u00f3n de paternidad que a\u00f1os despu\u00e9s efect\u00fao el demandado. <\/p>\n
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Y es que en este punto no puede olvidarse que tal como lo prescribe el art\u00edculo 60 del Decreto 1260 de 1970, el reconocimiento del hijo extramatrimonial, ya sea voluntario o forzado (sentencia judicial), presupone que el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil que hubiera inscrito el nacimiento del hijo, extienda una nueva acta con reproducci\u00f3n fiel de los hechos consignados en la primitiva, debidamente modificados, como corresponda a la nueva situaci\u00f3n, dejando en ambos folios, claro est\u00e1, las anotaciones de rec\u00edproca referencia, omisi\u00f3n esta \u00faltima que ser\u00eda la \u00fanica m\u00e1cula, subsanable, por dem\u00e1s, que puede enrostr\u00e1rsele, en lo medular, a las inscripciones de que dan cuenta los aludidos certificados. <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el Tribunal al se\u00f1alar, motu proprio, como \u201cap\u00f3crifa\u201d la partida civil de nacimiento aportada por el demandado y en la cual consta el reconocimiento de hija extramatrimonial efectuado por \u00e9ste, toda vez que de ser cierta la falta de correspondencia de los hechos de los que ella da cuenta con la realidad, tal irregularidad debe debatirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n id\u00f3nea, dado que ella est\u00e1 precedida por una presunci\u00f3n de autenticidad. Al respecto esta Corporaci\u00f3n sostuvo que \u201c\u201c… las copias y certificaciones de las que se viene haciendo m\u00e9rito son documentos p\u00fablicos, dotados como tales del privilegio de autenticidad presunta (Art.103 del Decreto 1260 en concordancia con el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), que entre las partes y con respecto a terceros hace fe de los hechos y actos atinentes al estado civil de las personas, pero su fuerza demostrativa no es en modo alguno irrefutable; perdura y hay que atenerse a ella hasta tanto no se produzca una de dos situaciones posibles, a saber: En primer lugar, que por acci\u00f3n civil o penal deducida por el rumbo procedimental pertinente, los asientos registrales o en su caso las constancias con base en ellos extendidas, deban descalificarse por adolecer de falsedad; y en segundo lugar, cuando entablada la acci\u00f3n de estado apropiada, se producen en el respectivo proceso las pruebas contrarias que desvirtuando lo expresado por el registro, conduzcan a un desplazamiento en el estado familiar que se ten\u00eda como en verdad existente ..\u201d (sentencia del 21 de octubre de 1992). No queda supeditada al capricho del juzgador la desestimaci\u00f3n de dichos instrumentos p\u00fablicos, pues, dada su relevancia, solamente pueden desde\u00f1arse cuando queda demostrada, en la forma y oportunidad debidas, su falsedad o su ineficacia probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. De otro lado, el fallador asever\u00f3 que el mentado reconocimiento no surte efectos por no haber sido notificado a la reconocida y porque \u00e9sta lo repudi\u00f3, elucidaci\u00f3n que resulta contradictoria, ya que la repudiaci\u00f3n presupone el conocimiento de dicho acto y \u00e9ste a la vez es indicativo de que se produjo la notificaci\u00f3n echada de menos, para la cual la ley no estableci\u00f3 una forma concreta para perfeccionarla, pues como lo expuso esta Sala \u201ctrat\u00e1ndose de un acto de conocimiento, deben seguirse las reglas generales sobre la materia, o sea que proceden todos los medios de notificaci\u00f3n pertinentes. Preferentemente tendr\u00e1n cabida la notificaci\u00f3n personal y directa, mas no se ve inconveniente en que procedan tambi\u00e9n la notificaci\u00f3n proveniente del propio notificado, an\u00e1logamente a la que respecto a providencias judiciales entroniza el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo Judicial que dice que si en memorial dirigido al juez la persona quien debe notificarse se da por conocedora de la respectiva providencia, la notificaci\u00f3n se produce, ya que lo importante en estas materias es que el individuo a quien est\u00e1 destinado el acto tenga positivo conocimiento de \u00e9l\u201d (sentencias de casaci\u00f3n del 24 de junio de 1959 y del 1\u00ba de diciembre de 2004) . <\/p>\n
En ese orden de ideas, reluce un tanto apresurada la rotunda y tajante aseveraci\u00f3n del juzgador ad quem, seg\u00fan la cual dicho reconocimiento no fue notificado a la reconocida. En efecto, si bien es cierto que el demandado no aport\u00f3 prueba alguna encaminada a acreditar que de su confesi\u00f3n fue adecuadamente enterada la afectada con ella, no es menos cierto que Martha Silvia contaba, a la saz\u00f3n (5 de mayo de 1977), 18 a\u00f1os de edad. Por consiguiente, si se advierte que por mandato del art\u00edculo 52 del Decreto 1260 de 1970, el registro de nacimiento presupone la impresi\u00f3n de las huellas digitales de los registrados mayores de siete a\u00f1os, es tangible que aquella debi\u00f3 participar en dicho acto y, por ende, enterarse all\u00ed de su sentido. <\/p>\n
A la anterior deducci\u00f3n hay que sumar otra consistente en que la demandante se identifica con los apellidos Neira Torres, e incluso as\u00ed aparece nominada en su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, sin que sea f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente posible que el registro civil que ella aport\u00f3, esto es, el asentado el 5 de marzo de 1959, pudiera, dar pie a ese nombre, toda vez que en \u00e9l solamente aparece registrada con el apellido de su madre. <\/p>\n
Tampoco resulta muy afortunada la consideraci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual Martha Silvia Neira Torres repudi\u00f3 el acto en el que el demandado la reconoci\u00f3 como su hija extramatrimonial, dado que en el expediente no obra instrumento p\u00fablico alguno (ni a decir verdad de ninguna otra \u00edndole) en el que conste que aquella rechaz\u00f3 dicho reconocimiento, conforme lo exige el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo Civil, am\u00e9n que en la audiencia de conciliaci\u00f3n se limit\u00f3 a expresar que \u201chasta la audiencia pasada\u201d no conoc\u00eda el registro civil de nacimiento aportado por el demandado y que siempre hab\u00eda cre\u00eddo que sus padres eran Ra\u00fal y Fabiola, expresiones que no entra\u00f1an un manifiesto e inequ\u00edvoco rechazo del reconocimiento; y si as\u00ed se entendiese, lo cierto es que el mismo no se efectu\u00f3 con la solemnidad que impone la ley. Y si esa repudiaci\u00f3n no se produjo, independientemente de los alcances jur\u00eddicos que ella pueda tener, lo cierto es que se habr\u00eda consolidado el reconocimiento que en su momento efectu\u00f3 el se\u00f1or Rigoberto Neira Torres. <\/p>\n
De todo lo anterior aflora que esos equivocados raciocinios condujeron al juzgador ad quem a negarle valor probatorio al documento en cuesti\u00f3n, el cual fue aportado en copia aut\u00e9ntica con la respectiva nota de reconocimiento de la hija extramatrimonial, por lo que, sin duda, se trata de la prueba exigida por el ordenamiento para acreditar el mencionado estado civil, cuya fuerza demostrativa no admite reparo alguno, pues, de un lado, no fue tachado de falso y, de otro, el estado civil del que da cuenta no aparece desvirtuado por la v\u00eda legal pertinente. <\/p>\n
En efecto, la actora cont\u00f3 con la oportunidad para tachar de falso dicho documento p\u00fablico y no lo hizo, tal como se observa en la actuaci\u00f3n surtida. Tampoco aparece acreditado que aquella, haciendo uso de los mecanismos legales, hubiere desconocido el estado civil de que da cuenta dicho instrumento, esto es que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n judicial id\u00f3nea, o en su caso, de la actuaci\u00f3n pertinente, hubiese desvirtuado lo expresado por el registro o descalificado los asientos registrales en \u00e9l contenidos. <\/p>\n
La trascendencia de los se\u00f1alados yerros resulta manifiesta, toda vez que el fallador, con apoyo en la referida certificaci\u00f3n, afirm\u00f3 que \u201cen el caso de autos no pueden aceptarse dos estados civiles, y adem\u00e1s contradictorios\u201d, vale decir, el que daba cuenta dicho documento y el contenido en la copia del registro civil de nacimiento de Martha Silvia Neira Torres que alleg\u00f3 el demandado, elucidaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 para restarle valor probatorio a esta \u00faltima prueba, tarea que remat\u00f3 fulminando toda su fuerza demostrativa con el argumento de que el reconocimiento en \u00e9l contenido no produc\u00eda efectos por ser ap\u00f3crifo, por no haber sido notificado a la actora y haber sido repudiado por \u00e9sta. De tal suerte, que amparado en esos desacertados razonamientos no tuvo por demostrado el parentesco paterno filial que une a las partes y, de contera, a desconocer el impedimento que obsta la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial cuya existencia declar\u00f3, como se analizar\u00e1 en la sentencia sustitutiva que se impone proferir. <\/p>\n
Resulta palmario, entonces, no s\u00f3lo que el juzgador quebrant\u00f3 las reglas de disciplina probatoria contenidas en los art\u00edculos 105 a 107 del Decreto 1260 de 1970 y en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino que esos yerros fueron la causa directa y determinante de la resoluci\u00f3n impugnada, como quiera que la decisi\u00f3n se edific\u00f3 sobre las equivocadas conclusiones a que arrib\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los comentados medios probatorios, pues las dem\u00e1s reflexiones fueron expuestas con car\u00e1cter meramente marginal como el mismo Tribunal lo asever\u00f3. <\/p>\n
Huelga concluir que los cargos en estudio se abren paso y, por ende, se impone casar la sentencia impugnada y, en su lugar, proferir la decisi\u00f3n sustitutiva de rigor. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. En el asunto materia de decisi\u00f3n, el demandado, para enervar la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial reclamada por la actora, adujo que la ley prohibe la que surge a ra\u00edz de la uni\u00f3n de un hombre y una mujer entre quienes medie impedimento legal para contraer matrimonio, como acontece en este caso, en el que la demandante es su hija. <\/p>\n
El referido parentesco est\u00e1 demostrado con la copia aut\u00e9ntica del registro civil de nacimiento de Martha Silvia Neira Torres aportado por el demandado y que contiene la nota de reconocimiento como su hija extramatrimonial, condici\u00f3n que, como ya quedara dicho, no fue debidamente desvirtuada. Inclusive, valga la pena destacarlo, la demandante no niega de manera contundente la existencia de un v\u00ednculo de parentesco que la liga con el demandado, pues admite que es su abuelo. <\/p>\n
Empero, puesto de presente el referido v\u00ednculo filial que une a las partes, cabe preguntarse si entre ellos puede surgir la uni\u00f3n marital contemplada en le Ley 54 de 1990 y, m\u00e1s concretamente a\u00fan, si por raz\u00f3n de su cohabitaci\u00f3n, de la que hacen menci\u00f3n las pruebas referidas por el juzgador ad quem, surgi\u00f3 la sociedad patrimonial all\u00ed prevista. <\/p>\n
2. Como se sabe, la rese\u00f1ada Ley 54 de 1990 se ocup\u00f3 de regular las uniones maritales de hecho y de establecer el r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes a que ella da lugar; as\u00ed en su art\u00edculo primero define la uni\u00f3n marital de hecho, concibi\u00e9ndola como aquella convivencia que con caracteres de permanencia y singularidad establece una pareja heterosexual sin mediar entre ellos v\u00ednculo matrimonial. A esa relaci\u00f3n el art\u00edculo segundo ejusdem le reconoci\u00f3 efectos patrimoniales en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cSe presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo la trasuntada disposici\u00f3n legal prescribe que se presume la existencia de una sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes en cuanto se presenten dos hip\u00f3tesis f\u00e1cticas: la primera -que a juicio de la Corte sienta una regla general- cuando entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, exista uni\u00f3n marital de hecho por un t\u00e9rmino no menor a dos a\u00f1os; y la segunda que, est\u00e1 enderezada, no obstante su ambig\u00fcedad, a consagrar una excepci\u00f3n a dicha regla, consistente en que a pesar de existir el impedimento al que en forma concreta all\u00ed se alude, esto es, la preexistencia de un v\u00ednculo conyugal que ligue a uno o a ambos compa\u00f1eros con terceros, no por ello deja de presumirse la existencia de la referida sociedad patrimonial, pues a ella hay lugar si la sociedad o sociedades, conyugales anteriores fueron disueltas con un a\u00f1o, por lo menos, de anterioridad a la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Entiende la Sala, subsecuentemente, que como el primer ordinal de la rese\u00f1ada norma consagra una regla de car\u00e1cter general, frente a la cual el inciso siguiente asienta una excepci\u00f3n, no es posible concluir que la subsistencia de ligamen matrimonial por parte de uno o ambos compa\u00f1eros y cuya sociedad conyugal no se hubiese disuelto, sea el \u00fanico impedimento que obsta la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre ellos; por supuesto que si en el primer literal la ley reclama la inexistencia de impedimento legal para contraer matrimonio entre los compa\u00f1eros permanentes como ineludible requisito de viabilidad de la presunci\u00f3n de surgimiento de la sociedad patrimonial, no se aviene con tal mandato el que a rengl\u00f3n seguido ella la admitiera frente a quienes est\u00e1n incursos en cualesquiera de esas prohibiciones legales, salvo una; desde luego que de ser las cosas de ese modo sobrar\u00eda la primera previsi\u00f3n conforme a la cual el nacimiento de la referida sociedad est\u00e1 supeditado a la inexistencia de impedimento, ya que le habr\u00eda bastado al legislador, luego de asentar el requisito del bienio de convivencia, con exigir la disoluci\u00f3n previa de la sociedad o sociedades conyugales anteriores. <\/p>\n
Col\u00edgese, entonces, que el literal b) del art\u00edculo segundo de la Ley 54 de 1990 debe interpretarse de manera que resulte arm\u00f3nico con lo estatuido en el literal que lo precede y que, como quedara dicho, consagra una regla que opera con car\u00e1cter general frente a la expresada en aqu\u00e9l otro, de estirpe marcadamente excepcional. En consecuencia, atendiendo los principios que informan la hermen\u00e9utica jur\u00eddica, el referido ordinal b) del trasuntado precepto debe interpretarse restrictivamente por causa de su previsi\u00f3n y exactitud, de suerte que s\u00f3lo cobija el impedimento legal al que en \u00e9l se alude, sin que sea factible extender la excepci\u00f3n all\u00ed prevista a las dem\u00e1s prohibiciones nupciales. <\/p>\n
3. Inclusive, si se acude a una visi\u00f3n hist\u00f3rica de la cuesti\u00f3n, prontamente se advierte que la regulaci\u00f3n normativa de las uniones maritales ha tenido como punto de partida el que entre los compa\u00f1eros permanentes no existan impedimentos legales. As\u00ed, en el derecho romano, en tiempos del emperador Octavio Augusto, el concubinato adquiri\u00f3 la condici\u00f3n de un verdadero estado legal para cuya estructuraci\u00f3n se establecieron ciertos requisitos que deb\u00eda reunir con miras a que produjese los efectos previstos por la legislaci\u00f3n, entre ellos, que deb\u00eda tratarse de personas p\u00faberes, sin v\u00ednculo de parentesco de afinidad o consanguinidad que constituyera impedimento matrimonial. En caso contrario, si la uni\u00f3n se daba entre parientes o entre personas casadas, o si para lograrla se ejerc\u00eda corrupci\u00f3n o violencia sobre personas honestas se trataba de una relaci\u00f3n distinta, vale decir, incestum, o adulterium, o struprum, respectivamente; as\u00ed mismo, se exig\u00eda que fuera singular, esto es, que no pod\u00eda mantenerse con m\u00e1s de una concubina, quien deb\u00eda ser una mujer de bajo rango (actrices, mujeres manumitidas o libertas, prostitutas, mujeres sorprendidas en adulterio), pues si fuere una mujer honrada o ingenua perd\u00eda su posici\u00f3n en el medio social y el t\u00edtulo de mater familiae. Cumplidas esas condiciones, la relaci\u00f3n concubinaria quedaba eximida de punibilidad, lo que no acontec\u00eda con las dem\u00e1s uniones extramatrimoniales que siguieron siendo objeto de represi\u00f3n criminal. <\/p>\n
La legislaci\u00f3n romana influy\u00f3 en la espa\u00f1ola, como se aprecia en Las Siete Partidas que recogi\u00f3 la regulaci\u00f3n que aquella hizo del concubinato, pero lo denomin\u00f3 \u201cbarragan\u00eda\u201d, en la que los amancebados ten\u00edan que vivir juntos, cohabitar y, principalmente, carecer de todo impedimento basado en la cognaci\u00f3n o en la agnaci\u00f3n que les impidiese contraer matrimonio, con miras a evitar el incesto; tambi\u00e9n \u201cLas Leyes de Toro\u201d prescrib\u00edan que se consideraba como hijo natural al hijo de aquellos padres que al momento de la concepci\u00f3n o del nacimiento no ten\u00edan impedimento para casarse. <\/p>\n
De manera que los precedentes hist\u00f3ricos rese\u00f1ados, ponen de relieve que la ausencia de impedimentos matrimoniales ha sido contemplado en el devenir de los tiempos como un requisito necesario para la constituci\u00f3n del concubinato, aserto que contribuye a justificar el discernimiento de la Ley 54 de 1990 que aqu\u00ed se expone. <\/p>\n
4. De otro lado, se tiene que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma en comento impone que \u00e9sta debe armonizar con los dem\u00e1s preceptos que en las distintas esferas del ordenamiento jur\u00eddico se ocupan de los impedimentos matrimoniales, como las disposiciones que en materia civil los consagran con el fin de proteger la familia, am\u00e9n que debe articularse con la tutela que a \u00e9sta brinda el estatuto represor, conforme al cual constituyen delito las relaciones sexuales con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana (Art. 357 de la Ley 95 de 1936, Art.259 del Decreto 100 de 1980 y Art.237 de la Ley 599 de 2000). <\/p>\n
Y es que, como acertadamente lo se\u00f1ala Miguel L\u00f3pez Mu\u00f1iz Go\u00f1i, \u201cla uni\u00f3n paramatrimonial, que va a producir determinados efectos, y que en el futuro puede alcanzar incluso el car\u00e1cter de un \u2018matrimonio\u2019 de hecho, no puede reconocerse partiendo de la ilegalidad o del fraude de ley, pues ser\u00eda muy f\u00e1cil acudir al sistema de una convivencia reiterada para consagrar actuaciones que son il\u00edcitas\u201d (\u201cLas uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia. Edit. Colex. Madrid. P\u00e1g. 29). <\/p>\n
El sistema legal colombiano, adem\u00e1s de prohibir las nupcias celebradas entre contrayentes que est\u00e9n en la misma l\u00ednea de ascendientes, descendientes o sean hermanos (art\u00edculo 140 numeral 9\u00ba del C\u00f3digo Civil), reprime todo acceso carnal o cualquier acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, habida cuenta que tales conductas las ha considerado punitivas por atentar contra la existencia, conservaci\u00f3n y desarrollo de la familia, instituci\u00f3n b\u00e1sica en nuestro sistema, cuya protecci\u00f3n proclama la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en sus art\u00edculos 5\u00ba, 15 y 42. <\/p>\n
La proscripci\u00f3n de las relaciones sexuales endog\u00e1micas obedece a las nocivas consecuencias que comportan para la instituci\u00f3n familiar, puesto que, conforme lo han concluido las disciplinas cient\u00edficas que han estudiado el fen\u00f3meno, ellas quebrantan su estructura y menoscaban su sanidad; en cuanto a lo primero, porque alteran el v\u00ednculo de la pareja y el sistema filial, enfrentan el status y los roles de padre e hijos, a la vez que distorsionan las relaciones psico-afectivas y sexuales entre los miembros de la familia; y en lo concerniente con la salud, las mentadas relaciones crean tangibles riesgos de que la prole sufra enfermedades gen\u00e9ticas, sin olvidar las repercusiones psicol\u00f3gicas que pueden desencadenar en los integrantes del grupo familiar. Por lo dem\u00e1s, la descalificaci\u00f3n de las relaciones incestuosas ha sido una constante social que ha obedecido a ancestrales patrones culturales instituidos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta palmario que de entenderse que la uni\u00f3n de hecho incestuosa genera sociedad patrimonial entre la pareja, es tanto como aseverar que, simult\u00e1neamente, una misma conducta sea permitida por el ordenamiento y a la vez reprimida por \u00e9ste, lo que es inadmisible en nuestro sistema legal que reclama la coherencia entre sus instituciones. <\/p>\n
Inclusive, es tan rotundo y vigoroso en el ordenamiento patrio el rechazo al incesto que bien miradas las cosas, y de la mano de los rese\u00f1ados antecedentes hist\u00f3ricos, considera la Corte que la existencia de un v\u00ednculo de parentesco en los grados previstos por el legislador como causal de impedimento no solamente obsta el nacimiento de una sociedad patrimonial entre los amantes, sino, lo que es m\u00e1s tajante, impide que aflore entre ellos una uni\u00f3n marital que merezca tutela legal. O, por decirlo con mayor claridad, si entre la pareja existe una relaci\u00f3n de parentesco que el ordenamiento considere como incestuosa, no surge entre ellos una uni\u00f3n marital de las previstas en la Ley 54 de 1990, ni, menos a\u00fan, una sociedad patrimonial. Por supuesto que ser\u00eda una inconcebible paradoja que lo que el resto del ordenamiento reprime con reciedumbre, fuera protegido ciegamente por la susodicha ley. <\/p>\n
5. No puede afirmarse, como desacertadamente lo infiri\u00f3 el Tribunal, que si por mandato del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, el matrimonio incestuoso genera sociedad conyugal, nada impedir\u00eda que la relaci\u00f3n marital entre personas ligadas por cualquiera de los grados de parentesco que tipifican el delito de incesto, genere a la vez, sociedad patrimonial, por cuanto el matrimonio, a diferencia de la uni\u00f3n marital, – y aqu\u00ed radica la impropiedad de su asimilaci\u00f3n- constituye un singular acto jur\u00eddico cuyos efectos se surten mientras no sea declarado nulo por decisi\u00f3n judicial cuyos alcances no son, por regla general, rectroactivos a la luz de las prescripciones del art\u00edculo 148 Ib\u00eddem, fen\u00f3meno \u00e9ste que, por sustracci\u00f3n de materia, no puede darse en una situaci\u00f3n de facto como lo son las relaciones maritales extramatrimoniales, raz\u00f3n por la cual el legislador, previendo esa situaci\u00f3n, busc\u00f3 impedir de entrada la producci\u00f3n de efectos a las uniones afectadas por ese impedimento. <\/p>\n
6. Infi\u00e9rese de lo expuesto, que en este litigio las pretensiones de la actora est\u00e1n llamadas al fracaso, ya que entre las partes media el impedimento de parentesco (padre \u2013 hija), el cual, como ya se dijera, no solo impide la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial reclamada, sino, lo que es m\u00e1s contundente a\u00fan, que obsta, de ra\u00edz, el nacimiento de la uni\u00f3n marital definida en el art\u00edculo primero de la susodicha ley. En consecuencia, se impone confirmar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
7. Como tales hechos constituyen un il\u00edcito penal, de ellos se dar\u00e1 noticia a las autoridades pertinentes para que adelanten la averiguaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 9 de junio de 1999, dictada por la Sala Civil, Familia, Agraria, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de MARTHA SILVIA NEIRA TORRES contra RIGOBERTO NEIRA REYES, y en sede de instancia <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de enero de 1999, por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar compulsar copias de la actuaci\u00f3n surtida en este litigio a la Fiscal\u00eda Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Girardot (Cund.) para los efectos previstos en el numeral s\u00e9ptimo de las motivaciones de este fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero: Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante. T\u00e1sese. <\/p>\n
Cuarto: Sin costas en casaci\u00f3n por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
Y DEVU\u00c9LVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-383-2005 [7756] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 Distrito Capital, diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83206","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83206"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83206\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}