SC-389-2005 [232-92]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecinueve de diciembre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Expediente No. 0232-92 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 21 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que puso fin, en segunda instancia, al proceso ordinario promovido por Carmen Parra Mart\u00ednez contra \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Carmen Parra Mart\u00ednez entabl\u00f3 proceso ordinario de declaraci\u00f3n de pertenencia contra la sociedad \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d y dem\u00e1s interesados innominados, a fin de que se la declarara propietaria, por haber ganado mediante usucapi\u00f3n, el globo de terreno denominado \u2018La Virgen\u2019, ubicado en el municipio de Madrid (Cundinamarca), el cual singulariz\u00f3 en los hechos de la demanda. En consecuencia pidi\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Las pretensiones tienen sustento en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez adquiri\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 2110 de 31 de octubre de 1967 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Ibagu\u00e9, el inmueble denominado \u2018La Virgen\u2019, situado en el municipio de Madrid (Cundinamarca), con extensi\u00f3n de 58.880 mts.2, cuyos linderos constan en el instrumento arriba mencionado, acto inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 050-0120410. <\/p>\n
2.2. Mediante escritura p\u00fablica No. 2250 de 31 de agosto de 1984, del globo de terreno antes escrito se segregaron 2.123 metros cuadrados. <\/p>\n
2.3. En 1969 Carmen Parra Mart\u00ednez entr\u00f3 en posesi\u00f3n material del inmueble en forma p\u00fablica, pac\u00edfica, aut\u00f3noma e independiente, desde entonces ha realizado actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, que se traducen en explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, siembras y desarrollo de negocios propios; tambi\u00e9n lo ha entregado a t\u00edtulo de arrendamiento. <\/p>\n
2.4. Por documentos privados otorgados el 24 y el 30 de septiembre de 1972, el se\u00f1or Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez prometi\u00f3 en venta a la hoy demandante una parte de la finca \u2018La Virgen\u2019. <\/p>\n
2.5. Mediante escritura p\u00fablica No. 2194 de 7 de octubre de 1977 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Ibagu\u00e9, el se\u00f1or Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez transfiri\u00f3 a \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d el inmueble cuya pertenencia se reclama, a pesar de que carec\u00eda de la posesi\u00f3n y la tenencia, negociaci\u00f3n de la cual se enter\u00f3 la demandante por las anotaciones hechas en el registro p\u00fablico de instrumentos, pues nadie se hizo presente en la finca a ejercer los pretendidos derechos. As\u00ed, ni el se\u00f1or Pab\u00f3n, ni \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d han ejercido la tenencia ni la posesi\u00f3n del mencionado inmueble desde 1969. <\/p>\n
2.6. A principios de la d\u00e9cada pasada, Antonio Guzm\u00e1n y otros se\u00f1ores promovieron un proceso reivindicatorio contra \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d, con el fin de que se les reconociera la propiedad de un lote peque\u00f1o adquirido por compra a Miguel Campos Velandia; en ese litigio, la demandante Carmen Parra Mart\u00ednez rindi\u00f3 declaraci\u00f3n y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Madrid (Cundinamarca), admiti\u00f3 que era \u201dadministradora\u201d de la finca \u2018La Virgen\u2019 y que la posesi\u00f3n la ten\u00eda \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d; no obstante, lo cierto es que la demandante es poseedora de la finca, pues nunca hubo un contrato de administraci\u00f3n con el se\u00f1or Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez, ni con la sociedad demandada, as\u00ed lo confesado en esa actuaci\u00f3n no corresponde a la realidad, por lo tanto, la confesante incurri\u00f3 en error en su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Los \u00fanicos contratos que la demandante celebr\u00f3 con Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez sobre la finca \u2018La Virgen\u2019 fueron dos promesas de venta que no se cumplieron, y como no fueron cuestionadas judicialmente por el prometiente vendedor, la prometiente compradora continu\u00f3 en ejercicio p\u00fablico y pac\u00edfico de la posesi\u00f3n recibida. <\/p>\n
2.8. La sociedad demandada ha intentado por medio de v\u00edas de hecho despojar a la demandante de la posesi\u00f3n, ejerci\u00f3 presi\u00f3n sobre los inquilinos y los trabajadores de \u00e9sta para que desconozcan sus derechos, artificios que han sido rechazados por la se\u00f1ora Parra Mart\u00ednez por todos los medios legales. <\/p>\n
2.9. El se\u00f1or Alfredo Pab\u00f3n Pel\u00e1ez desapareci\u00f3 desde el 23 de noviembre de 1990 y hasta la fecha de la demanda no se tiene conocimiento de su paradero. <\/p>\n
3. Admitida la demanda se surti\u00f3 el traslado de la sociedad demandada y el emplazamiento de las personas indeterminadas, a quienes se les nombr\u00f3 curador ad litem; \u00e9ste manifest\u00f3 no oponerse a las pretensiones y estar a lo que fuere probado en juicio. <\/p>\n
Por su parte \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d pidi\u00f3 no acoger las s\u00faplicas de la demanda; propuso como defensa la falta de identidad del predio presuntamente pose\u00eddo y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n con el fin de reivindicar el inmueble en litigio, con fundamento en que desde el 30 de diciembre de 1966 adquiri\u00f3 la finca mediante la escritura p\u00fablica No. 5892 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Ibagu\u00e9, la que por escritura p\u00fablica No. 2110 del 31 de octubre de 1967 adjudic\u00f3 en renta vitalicia al se\u00f1or Pab\u00f3n Pel\u00e1ez. \u00c9ste vendi\u00f3 el mismo inmueble a la sociedad \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d mediante escritura p\u00fablica No. 2194 de 7 de octubre de 1977, aclarada mediante escritura No. 862 de 19 de mayo de 1983, ambas de la Notar\u00eda 1\u00aa de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
4. La demandada en reconvenci\u00f3n se opuso a las pretensiones, pues dijo ser la actual poseedora de la finca y propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 ausencia de los requisitos sustanciales de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
5. Finaliz\u00f3 la primera instancia con sentencia adversa a las pretensiones de la demanda principal, decret\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del predio a favor de la sociedad \u201cInversiones el Danubio Ltda.\u201d, dispuso la restituci\u00f3n del bien, conden\u00f3 a la poseedora al pago de los frutos civiles, declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por ella y determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar al pago de las expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n del inmueble, ni de las mejoras \u00fatiles o voluptuarias. <\/p>\n
6. El Tribunal de Cundinamarca revoc\u00f3 la providencia apelada por la demandante inicial; en su lugar, deneg\u00f3 las pretensiones, tanto de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia como de la reivindicaci\u00f3n impetrada en la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. El Tribunal, en lo que ata\u00f1e a la usucapi\u00f3n, hall\u00f3 que la legitimaci\u00f3n pasiva era suficiente, puesto que \u201cInversiones El Danubio Ltda.\u201d era la propietaria del predio a usucapir. Tambi\u00e9n encontr\u00f3 que el fundo pretendido es un bien que puede adquirirse por usucapi\u00f3n, dado que pertenece al dominio privado. <\/p>\n
2. Respecto de la identificaci\u00f3n del inmueble, el Tribunal censur\u00f3 severamente al a quo, pues sin cr\u00edtica alguna tom\u00f3 como dato suficiente la posesi\u00f3n material alegada por la demandante. Dijo que aunque se practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial sobre el predio pose\u00eddo por la demandante, no se pudo establecer si el inmueble descrito en la demanda es el mismo del cual se dice due\u00f1a la se\u00f1ora Carmen Parra Mart\u00ednez, raz\u00f3n por la cual se practic\u00f3 un dictamen pericial en el que los expertos concluyeron que los linderos se\u00f1alados en la demanda principal no son los mismos que presenta el predio en la actualidad, pues ha sido desmembrado en 2.383 metros cuadrados. Por lo tanto, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, no existe en el expediente prueba alguna que demuestre la extensi\u00f3n y los linderos del inmueble cuya usucapi\u00f3n se pretende, ni puede inferirse su verdadera identificaci\u00f3n del escrito de demanda, pues aunque en el hecho primero se determinaron los linderos del predio \u2018La Virgen\u2019, en el hecho segundo se indic\u00f3 que hab\u00eda sufrido una desmembraci\u00f3n, pero no se suministr\u00f3 la identificaci\u00f3n de la heredad restante que aparentemente es pose\u00edda por la demandante. <\/p>\n
Para el ad quem no se estableci\u00f3 de ninguna manera la identificaci\u00f3n real del bien pretendido por la demandante, y ausente este elemento cardinal de la usucapi\u00f3n, no hab\u00eda lugar a estudiar los restantes. Consider\u00f3 el Tribunal que el fracaso de las pretensiones hac\u00eda innecesario analizar la excepci\u00f3n propuesta por la sociedad demandada. <\/p>\n
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Fue igualmente relevante para el Tribunal la conclusi\u00f3n de los peritos sobre el soporte documental aportado, pues ellos resaltaron la falta de coincidencia de los linderos del predio, con los que aparecen en el plano que obra en el expediente. <\/p>\n
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Todo lo anterior condujo al ad quem a concluir que de las pruebas del litigio no se puede identificar el predio pretendido en pertenencia, tampoco el que se pretende reivindicar, dado que los linderos se\u00f1alados en el hecho quinto de la demanda de reconvenci\u00f3n no fueron demostrados, por lo cual las pretensiones en ambas demandas deb\u00edan fracasar, sin necesidad de analizar las excepciones propuestas; en consecuencia, revoc\u00f3 la sentencia apelada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., Carmen Parra Mart\u00ednez, formul\u00f3 un cargo contra la sentencia del Tribunal por ser ella violatoria, de manera indirecta y por falta de aplicaci\u00f3n, a causa de errores evidentes de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda de pertenencia, la demanda reivindicatoria y el dictamen pericial, de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 2512, 2513, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del C.C.; y 1\u00ba de la Ley 50 de 1936. As\u00ed mismo, dijo la censura, hubo violaci\u00f3n de los art\u00edculos 4\u00ba, 37 (numeral 4\u00ba), 175, 179, 180 y 240 del C. de P. C.; y 7\u00ba de la Ley 270 de 1996, por error de derecho derivado de la actitud omisiva al dejar de cumplir el juzgador con sus obligaciones, facultades y poderes jurisdiccionales en materia probatoria. <\/p>\n
El recurrente, luego de hacer la rese\u00f1a de la sentencia del Tribunal, escogi\u00f3 como blanco de su an\u00e1lisis cr\u00edtico aquella consideraci\u00f3n del ad quem seg\u00fan la cual la prosperidad de la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia supone que \u201cel bien que se pretende prescribir sea el mismo enunciado en la demanda\u201d (fl. 13 cdno. Corte). <\/p>\n
Respecto de esta exigencia del Tribunal, el censor no expres\u00f3 un juicio descalificatorio radical, pues apenas atin\u00f3 a decir que ello no es completamente cierto, pues casos hay que en la demanda se menciona un predio de mayor extensi\u00f3n y se anuncia una desmembraci\u00f3n. En evento semejante, dijo, el abrigo a las pretensiones podr\u00eda tener justificaci\u00f3n de dos maneras: porque se concede lo probado si lo pedido es mayor, o porque la desmembraci\u00f3n no impide la identificaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Para esta segunda hip\u00f3tesis, el demandante descalific\u00f3 por antijur\u00eddica la exigencia de que \u201cel bien enunciado en la demanda tenga que ser exactamente el mismo que se pretenda prescribir\u201d. En s\u00edntesis, para el casacionista, la sentencia favorable en un juicio de pertenencia puede recaer sobre apenas una porci\u00f3n de la totalidad del predio descrito en la demanda. <\/p>\n
El error de hecho cometido consisti\u00f3 entonces en la indebida apreciaci\u00f3n de las demandas de pertenencia y reivindicaci\u00f3n, pues en el hecho primero de cada una de ellas \u201ccoinciden perfectamente respecto del predio de mayor extensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Acept\u00f3 el recurrente que la respuesta de Carmen Parra Mart\u00ednez (demandada en reconvenci\u00f3n), no sirve como medio para acreditar la identidad, pues aquella neg\u00f3 la coincidencia de linderos, y en ello est\u00e1 de acuerdo con el Tribunal. No obstante, a\u00f1adi\u00f3 el recurrente, \u201ceso debi\u00f3 conducir a un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo del material probatorio\u201d. <\/p>\n
Luego, el recurrente reproch\u00f3 al Tribunal porque con vista en la prueba pericial, concluy\u00f3 que \u201cno se prob\u00f3 entonces el inmueble que pretende reivindicar la sociedad actora sea el mismo que posee la contrademandada\u201d. <\/p>\n
A manera de pregunta ret\u00f3rica para destacar el error, se interrog\u00f3 el casacionista, \u00bfC\u00f3mo es posible que si las dos partes coinciden en lo que toca con el predio de mayor extensi\u00f3n, no se hubiere hallado la coincidencia entre lo que la una parte quiere prescribir y la otra reivindicar?. <\/p>\n
En espera de una respuesta positiva, se pregunt\u00f3 el recurrente de nuevo, si en semejante situaci\u00f3n no debi\u00f3 el Tribunal decretar pruebas de oficio \u201cpara profundizar en la comprobaci\u00f3n de los hechos para juzgar en consecuencia\u201d. Y como seg\u00fan el casacionista el Tribunal debi\u00f3 decretar oficiosamente la complementaci\u00f3n del dictamen, al dejar de hacerlo incurri\u00f3 en error de derecho, pues el grado de aproximaci\u00f3n a la verdad era de tal entidad que s\u00f3lo hac\u00eda falta ordenar una simple adici\u00f3n a la prueba pericial. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como es sabido, la demanda de casaci\u00f3n debe ce\u00f1irse estrictamente a las exigencias formales establecidas en la ley, espec\u00edficamente en los art\u00edculos 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 162 de la Ley 446 de 1998; en tal virtud, se exige del recurrente en casaci\u00f3n que en cada cargo exponga los fundamentos de la acusaci\u00f3n en forma clara y precisa. <\/p>\n
En paralelo, est\u00e1 proscrita en casaci\u00f3n la contradicci\u00f3n en la formulaci\u00f3n del cargo, como quiera que el recurso debe mostrar de modo inequ\u00edvoco el yerro del sentenciador, cometido que fracasa cuando las proposiciones argumentativas del casacionista resultan ser notoriamente excluyentes. <\/p>\n
As\u00ed acontece en este asunto, toda vez que el casacionista esgrime que el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, y en especial, de las demandas principal y de reconvenci\u00f3n, as\u00ed como del dictamen pericial, acusaci\u00f3n en la que adem\u00e1s de omitir la demostraci\u00f3n del error y su trascendencia, incurri\u00f3 en flagrante contradicci\u00f3n, pues cuando era de esperarse que mostrara cu\u00e1l era la verdad que esos elementos de juicio revelan y que el tribunal se obstin\u00f3 en no ver, a la final concluy\u00f3 que tales probanzas resultaban insuficientes para acreditar la identidad del inmueble pretendido, tanto, que en verdad lo que hizo falta fue el decreto oficioso de pruebas, afirmaci\u00f3n que viene a corroborar la ausencia del denunciado error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Dicho en breve, el Tribunal no puede apreciar equivocadamente una prueba, si ella no existe en el proceso, y tampoco si se dice que no existe de modo integral, porque seg\u00fan el recurrente, se trata de una prueba a medias, a la cual le falt\u00f3 una adici\u00f3n que el juez no dispuso oficiosamente. <\/p>\n
S\u00edguese de lo anterior que el Tribunal no pudo cometer el error de hecho que se le atribuye, pues para hacer tal juicio ser\u00eda menester afirmar que la identificaci\u00f3n del predio pretendido deslumbra en las pruebas que obran en el proceso, cuando el propio recurrente admite que para despejar las dudas de identidad hac\u00edase necesario el decreto de pruebas de oficio. <\/p>\n
2. De otro lado, no sobra a\u00f1adir que otra impropiedad t\u00e9cnica acompa\u00f1a el cargo, porque si como se dice en el folio 15 de la demanda de casaci\u00f3n, \u201cerr\u00f3 de hecho el Tribunal en la apreciaci\u00f3n del peritazgo (sic), pues mientras este habla de diferencias e inexactitudes, el ad quem trat\u00f3 el asunto como si la diferencia entre los dos predios fueran totales\u201d, no hay raz\u00f3n alguna para censurar la misma prueba, esta vez por un supuesto error de derecho fundado en que el Tribunal no decret\u00f3 de oficio otro dictamen de oficio, tendiente a complementar el anterior con el prop\u00f3sito de que finalmente dijera lo que sin esa actividad probatoria no dec\u00eda la experticia. <\/p>\n
3. Y aun si se tomara el cargo desde la exclusiva arista del error de derecho por ausencia de la actividad probatoria de oficio, es de ver que el recurrente carece de raz\u00f3n, pues el decreto de probanzas de oficio, aunque es una actividad en veces necesaria, no se puede erigir en una herramienta para forzar una hip\u00f3tesis de hecho que se niega a tomar cuerpo. <\/p>\n
El decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso concreto esa actividad permita remover una zona de penumbra con la certeza de que al superar ese estado de ignorancia, concreto y determinado, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no se trata de una actividad heur\u00edstica sin norte ni tiempo, sino del hallazgo de una prueba que ex ante se vislumbra como necesaria y posible. <\/p>\n
Desde luego que en ese contexto, no resulta de recibo el ataque al Tribunal por cometer un error de derecho como consecuencia de no decretar pruebas de oficio, porque en todo caso, tal yerro no puede configurarse en el vac\u00edo, esto es, no tiene cabida sobre pruebas que no obran en el expediente. Como tiene dicho la Corte, \u201cAdmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. <\/p>\n
Con arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Ep. No. 1998-0056-02). <\/p>\n
En el caso presente, la adici\u00f3n del dictamen que el recurrente alega debi\u00f3 constituir el esfuerzo oficioso del Tribunal, lejos est\u00e1 de ser el elemento necesario para proveer de modo favorable a las pretensiones del casacionista. Se anticipa que el concepto de los peritos seg\u00fan el cual hay diferencias e inexactitudes (fls. 487 a 490 cdno. No. 1) es resultado de un cuestionario de ampliaci\u00f3n, de lo cual se sigue que la propuesta para que se repita oficiosamente el mismo procedimiento de ampliaci\u00f3n del estudio t\u00e9cnico, podr\u00eda tornarse m\u00e1s como una constricci\u00f3n para que a toda costa se atiendan las expectativas del recurrente, y no como la necesidad de hallar un dato que de antemano se vaticina como verdaderamente definitorio del litigio. <\/p>\n
Pero si se superara este escollo, otro se levantar\u00eda, porque no puede perderse de vista que as\u00ed fuera ventajosa la indagaci\u00f3n sobre la identificaci\u00f3n del inmueble, tras ello asomar\u00eda una dificultad mayor, pues el juzgado en su momento desestim\u00f3 las s\u00faplicas con fundamento en que la demandante hab\u00eda confesado en otro proceso una vinculaci\u00f3n de car\u00e1cter convencional respecto del inmueble, lo que pondr\u00eda en serio aprieto su pretensi\u00f3n. As\u00ed las cosas, no hay tal que al decretar la prueba de oficio la sentencia necesariamente deba tomar un curso diferente. <\/p>\n
Teniendo en cuenta los planteamientos se\u00f1alados el cargo estudiado no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 21 de junio de 2000 pronunciada por la Sala Civil-Familia-Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario de pertenencia promovido por Carmen Parra Mart\u00ednez contra Inversiones El Danubio Limitada y personas indeterminadas <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
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CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-389-2005 [232-92] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente Bogot\u00e1 D. C., diecinueve de diciembre de dos mil cinco Ref. Expediente No. 0232-92 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83212","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83212\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}