SC-047-2007 [0800131030132001-00190-01]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de mayo de dos mil siete (2007) <\/p>\n
Expediente No. 08001-31-03-013-2001-00190-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 8 de agosto de 2003 proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, adicionada el 21 de octubre siguiente, dentro del proceso ordinario instaurado por LUIS ALFONSO JIM\u00c9NEZ YEPES contra PARRISH & CIA. S.A. – antes PARRISH & CIA. LTDA. – , el MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – actual DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO – y PERSONAS INDETERMINADAS. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla el referido actor convoc\u00f3 a los mencionados demandados para que se declarara que hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio de un inmueble, dividido en tres lotes, los dos primeros registrados a nombre del municipio de Barranquilla y el \u00faltimo de Parrish & Cia. S.A., seg\u00fan se describi\u00f3 all\u00ed, que integran un predio de mayor extensi\u00f3n situado en la calle 87 n\u00fameros 42 E – 05 \/ 125 de dicha localidad, y para que, como consecuencia, se dispusiera la inscripci\u00f3n del fallo en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas invoc\u00f3 los hechos que se compendian enseguida. <\/p>\n
a. Desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os posee el bien en forma pac\u00edfica, p\u00fablica y continua, con diversos actos de se\u00f1or\u00edo y sin perturbaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
b. Los demandados aparecen registrados como propietarios del solar, mas no han tenido su posesi\u00f3n, por lo que es preciso dilucidar si dichas inscripciones fueron realizadas por el municipio de Barranquilla mediante los contratos de cesi\u00f3n celebrados con Parrish & Cia. S.A. y Compa\u00f1\u00eda Interamericana de Expansi\u00f3n Cient\u00edfica Ltda.; tales negocios jur\u00eddicos carecen de validez, al llevar impl\u00edcita una condici\u00f3n resolutoria y estar prescritas sus acciones, de manera que los bienes son fiscales o, seg\u00fan el caso, de propiedad privada, siendo \u00e9stos susceptibles de ser adquiridos en la forma pretendida. <\/p>\n
3. Enterada de la admisi\u00f3n del libelo, Parrish & Cia. S.A. guard\u00f3 inicialmente silencio, informando de manera extempor\u00e1nea que todos los inmuebles pertenec\u00edan a la entidad territorial demandada. Por su lado, el municipio de Barranquilla se opuso a las pretensiones, dijo atenerse a lo que resultara demostrado dentro del proceso, manifest\u00f3 que los bienes reclamados eran imprescriptibles y formul\u00f3 una excepci\u00f3n de m\u00e9rito basada en esta misma circunstancia. Finalmente, el curador ad litem de las personas indeterminadas contest\u00f3 la demanda ateni\u00e9ndose a lo que fuera acreditado y a la decisi\u00f3n que sobre el particular se adoptara. <\/p>\n
4. El mentado despacho judicial puso t\u00e9rmino a la primera instancia con sentencia de 2 de julio de 2002, en la que acogi\u00f3 las s\u00faplicas, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n propuesta, dispuso la inscripci\u00f3n del fallo y orden\u00f3 la consulta del mismo, en caso de no ser apelado, a t\u00e9rminos de los art\u00edculos 386 y 407, numeral 11, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
5. Tras admitir la consulta mediante auto de 27 de marzo de 2003, el Tribunal, conforme a la providencia de 8 de agosto de 2003, adicionada el 21 de octubre siguiente, resolvi\u00f3 revocar \u00edntegramente la decisi\u00f3n del a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones, en relaci\u00f3n con los dos lotes a nombre del municipio de Barranquilla, por tratarse de bienes fiscales, y respecto del predio restante, por no haber sido demostrada la posesi\u00f3n del actor por el lapso legal. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Para empezar el juzgador hizo varias precisiones en torno del concepto, legitimaci\u00f3n y elementos propios de la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, as\u00ed como explic\u00f3 las principales caracter\u00edsticas de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Seguidamente destac\u00f3 uno de los requisitos de la usucapi\u00f3n, consistente en que el inmueble pretendido fuera susceptible de ser adquirido por tal modo, e invoc\u00f3 el art\u00edculo 407, numeral 4\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u201cla declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advirti\u00f3 el Tribunal que algunos de los predios litigiosos pertenec\u00edan al municipio de Barranquilla, como se desprend\u00eda de los correspondientes folios de matr\u00edcula inmobiliaria, para deducir que la calidad de bienes fiscales imped\u00eda adquirirlos por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, despu\u00e9s de mencionar el argumento del a quo en el sentido de que, pese al car\u00e1cter fiscal de los bienes, la posesi\u00f3n alegada por el actor antecedi\u00f3 la cesi\u00f3n efectuada por Parrish & Cia. S.A. al municipio de Barranquilla, el sentenciador examin\u00f3 el interrogatorio absuelto por el demandante en orden a concluir que dicho criterio no pod\u00eda ser acogido, por cuanto para la \u00e9poca de dicha cesi\u00f3n Jim\u00e9nez Yepes era menor de edad, sin que pudiera aceptarse que desde entonces ejerci\u00f3 actos de dominio. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, respecto del tercer lote, en la adici\u00f3n del fallo analiz\u00f3 las declaraciones de Efra\u00edn Augusto Meyer Rubiano y Andr\u00e9s Avelino Castro Ariza, al igual que el citado interrogatorio de parte, para encontrar que no acreditaban que el actor hubiera pose\u00eddo el inmueble por el periodo exigido legalmente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
De los dos cargos formulados frente a la sentencia del Tribunal solo result\u00f3 admisible el \u00faltimo, al que se limitar\u00e1 el estudio de la Sala. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 5\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia que el proceso est\u00e1 viciado de una nulidad por falta de competencia. <\/p>\n
Para comenzar alude a los art\u00edculos 140, numeral 2\u00ba, 142, 143, y 144, numeral 6\u00ba, ib\u00eddem, esencialmente en cuanto a que el proceso es nulo total o parcialmente cuando el juez carece de competencia, no pudiendo sanearse si se trata de la funcional. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, reprocha que el Tribunal haya asumido una competencia funcional inexistente, como quiera que la consulta fue derogada por el art\u00edculo 70, literal c), de la ley 794 de 2003, vigente desde el 10 de abril del mismo a\u00f1o, fecha en la que no se hab\u00eda proferido la sentencia que resolvi\u00f3 tal grado jurisdiccional, pues ello ocurri\u00f3 el 8 de agosto siguiente. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, resalta que se trata de una nulidad que no puede convalidarse, cuyo origen impidi\u00f3 invocarla como excepci\u00f3n previa, pues se configur\u00f3 en el fallo; cita un precedente de esta Corporaci\u00f3n acerca de los presupuestos de la causal quinta de casaci\u00f3n, que estima cumplidos, en la medida en que la sentencia fue dictada en un momento en que el art\u00edculo 407, numeral 11, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hab\u00eda sido derogado por aquella ley. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. En primer lugar ha de recordarse que \u201c\u2026 el motivo quinto de casaci\u00f3n, referente a que en el proceso en que se haya proferido la sentencia recurrida se haya \u2018incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u2019, constituye una garant\u00eda adicional al derecho que con rango de fundamental consagra el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, puesto que habilita que en desarrollo del mencionado recurso extraordinario pueda plantearse la invalidez de lo actuado en el respectivo litigio\u201d. <\/p>\n
\u201cCon todo, tal posibilidad est\u00e1 sometida, de un lado, a los taxativos motivos que la precitada disposici\u00f3n del procedimiento civil consagra y, de otro, a las reglas que, en general, tal ordenamiento legal prev\u00e9 en torno de las nulidades procesales, como son el inter\u00e9s que debe asistir a quien la alega y la oportunidad de su proposici\u00f3n\u201d (sentencia de 19 de febrero de 2003, exp. 6571, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala el impugnador invoc\u00f3 la segunda causal que, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, puede originar la nulidad total o parcial del proceso, esto es, \u201ccuando el juez carece de competencia\u201d. <\/p>\n
Como se dej\u00f3 expuesto, el fundamento de la denuncia radica en que, a juicio del censor, el Tribunal adolec\u00eda de competencia funcional para resolver la consulta, por cuanto \u00e9sta fue derogada expresamente por el art\u00edculo 70, literal c), de la ley 794 de 2003, que entr\u00f3 en vigor el 10 de abril del mismo a\u00f1o, es decir, con antelaci\u00f3n al pronunciamiento de la sentencia de 8 de agosto siguiente, que revoc\u00f3 integralmente la que se hab\u00eda fulminado en la primera instancia. <\/p>\n
3. La consulta prevista por el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil corresponde al segundo grado de competencia funcional, que en la forma como ha sido concebido s\u00f3lo tiene cabida en los eventos se\u00f1alados taxativamente, seg\u00fan la naturaleza de la parte demandada, el sentido del fallo proferido o el tipo de providencia que se haya emitido, lo que constituye clara expresi\u00f3n del querer del legislador en el sentido de brindar una tutela excepcional en aquellos casos en que encuentra involucrados intereses superiores o especiales. <\/p>\n
Como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, se trata de \u201c\u2026 una especie de revisi\u00f3n oficiosa a la que est\u00e1n sometidas determinadas sentencias \u2026\u201d (G.J. t. CCXXII, pag. 438), cuya ejecutoria \u00fanicamente es alcanzada cuando se haya agotado el respectivo tr\u00e1mite, y que, de no ser cabalmente observada, cuando resulta necesaria, apareja la pretermisi\u00f3n de toda una instancia y el surgimiento de una nulidad procesal de las que no admite saneamiento o convalidaci\u00f3n (cfr. art\u00edculos 144, inciso final, y 331 del C. de P.C.). <\/p>\n
4. El asunto objeto de estudio estriba en determinar si para desatar el grado de consulta el Tribunal asumi\u00f3 una competencia funcional que no le correspond\u00eda o si, por el contrario, estaba realmente investido de dicha potestad, controversia que, en atenci\u00f3n a las particulares condiciones del caso, supone el examen de un problema de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Por un lado, es de notar que el art\u00edculo 70 de la ley 794 de 2003 estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cVigencia, derogatoria y tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. La presente ley entrar\u00e1 a regir tres (3) meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n, salvo lo que se dispone para los art\u00edculos 388 inciso final y par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 528, los cuales entrar\u00e1n a regir a partir de la promulgaci\u00f3n de esta ley\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cc) Todas las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o las especiales que establezcan el grado de jurisdicci\u00f3n de consulta para las sentencias que se profieran en procesos de declaraci\u00f3n de pertenencia.\u201d <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 699 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al referirse a la vigencia de tal codificaci\u00f3n, precept\u00faa que en los procesos iniciados previamente \u201c\u2026 los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino, se promovi\u00f3 el incidente o principi\u00f3 a surtirse la notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Como puede verse, en lo que concierne a su vigencia y tr\u00e1nsito normativo la ley 794 de 2003 dispuso \u00fanicamente que la mayor\u00eda de sus preceptos, entre ellos el que derog\u00f3 la consulta para los fallos dictados en procesos de pertenencia, entrar\u00edan a regir tres meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n, que tuvo lugar el 9 de enero de 2003 en el Diario Oficial n\u00fameros 45.058, lo que equivale a decir que su vigencia inici\u00f3 el 10 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Sin embargo, aunque es cierto que tal grado de competencia no puede ser considerado un medio de impugnaci\u00f3n, en la medida en que no es impetrado por ninguno ni depende de la voluntad de quien resulta perjudicado con la providencia, sino que encuentra origen directo en un mandato perentorio de la ley, tambi\u00e9n es verdad que en algunos aspectos es asimilado a la alzada, como cuando el citado art\u00edculo 386 se\u00f1ala que el superior jer\u00e1rquico \u201c\u2026 tramitar\u00e1 y decidir\u00e1 la consulta en la misma forma que la apelaci\u00f3n \u2026\u201d, a lo que ha de sumarse c\u00f3mo, en trat\u00e1ndose espec\u00edficamente de recursos, las mentadas reglas de transici\u00f3n legislativa contenidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil contemplaron que aquellos que hubieran sido \u201cinterpuestos\u201d deber\u00edan ser sustanciados y resueltos de acuerdo con \u201c\u2026 las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso \u2026\u201d (se subraya). <\/p>\n
En este orden de ideas, si una cosa semejante se predica de los \u201c\u2026 recursos interpuestos\u2026\u201d, en los que, como es sabido, la iniciativa impugnativa emana exclusivamente de la parte procesal interesada, con lo que se evidencia su talante enteramente dispositivo, con mayor raz\u00f3n cabr\u00eda sostenerlo en relaci\u00f3n con la consulta, que, como se anticip\u00f3, obedece a una \u201crevisi\u00f3n oficiosa\u201d que por \u201cministerio de la ley\u201d se efect\u00faa de una determinada sentencia a fin de verificar su plena conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual se ha puesto de presente, con raz\u00f3n, que corresponde a un \u201c\u2026 grado de marcada calidad inquisitiva \u2026\u201d, que se ve reflejada en el hecho de que \u201c\u2026 en los eventos en que es obligatorio evacuarlo, \u00fanicamente puede ser reemplazado por el recurso de apelaci\u00f3n en tanto \u00e9ste, en concreto, haya de entenderse interpuesto por el litigante en cuyo favor ha sido consagrada la consulta \u2026\u201d (G.J. t. CCXXII, pag. 438; reiterada por fallos de 2 de octubre de 1997, exp. 4850, 29 de septiembre de 2000, exp. 5560, 14 de diciembre de 2001, exp. 6428, 25 de mayo de 2005, exp. 7014 y 5 de septiembre de 2006, 01069-01, entre otros). <\/p>\n
5. Vistas de este modo las cosas, si se tiene en cuenta que la sentencia que clausur\u00f3 la primera instancia y dispuso, al tenor de los art\u00edculos 386 y 407, numeral 11, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que se diera curso a la consulta fue proferida el 2 de julio de 2002, y que el 27 de marzo de 2003 se produjo la admisi\u00f3n de la misma, emerge palmario que la entrada en vigencia de la ley 794 de 2003 no constitu\u00eda un obst\u00e1culo para que se continuar\u00e1 con dicho tr\u00e1mite, como tampoco para que se emitiera el fallo encaminado a resolverlo, toda vez que para el momento en que comenz\u00f3 a regir la nueva ley – abril de 2003 – ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de ocho meses desde la fecha en que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla orden\u00f3, en atenci\u00f3n a los imperativos lineamientos que entonces lo vinculaban, que tal grado de competencia funcional deb\u00eda surtirse. <\/p>\n
Por tanto, puede concluirse que no se present\u00f3 la falta de competencia denunciada, como quiera que cuando el Tribunal dict\u00f3 la sentencia de 8 de agosto de 2003 se limit\u00f3 simplemente a ejercer la que se derivaba de la consulta cuya evacuaci\u00f3n hab\u00eda sido decretada previamente, sin que le fuera dable suspender o interrumpir la sustanciaci\u00f3n de la misma, pues, como se dijo, se trataba de una revisi\u00f3n oficiosa de naturaleza inquisitiva, que hab\u00eda sido impulsada en desarrollo de un ineludible mandato legal y que, bajo la misma premisa, deb\u00eda ser conducida hasta su terminaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por ende, no prospera el cargo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 8 de agosto de 2003 proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, adicionada el 21 de octubre siguiente, dentro del proceso ordinario identificado. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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