SE-115-2007<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil siete (2007) <\/p>\n
Ref.: Exp. 11001-0203-000-2003-00061-02 <\/p>\n
Procede la Corte a resolver la solicitud de exequ\u00e1tur formulada por H\u00c9CTOR CASTIBLANCO RODR\u00cdGUEZ, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 24 de enero de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia de Aruba (Reino de los Pa\u00edses Bajos). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante reclam\u00f3 la concesi\u00f3n del exequ\u00e1tur del fallo anotado, por medio del cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil por \u00e9l contra\u00eddo con Astrid Catharina Croes. <\/p>\n
2. Como sustento de la pretensi\u00f3n invoc\u00f3 los hechos que se compendian seguidamente. <\/p>\n
a. El 30 de mayo de 1989 H\u00e9ctor Castiblanco Rodr\u00edguez, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio civil con Astrid Catharina Croes, de nacionalidad neerlandesa, ante el funcionario p\u00fablico del registro civil de Aruba. <\/p>\n
b. Por sentencia de 24 de enero de 2001 el Juzgado de Primera Instancia de Aruba decret\u00f3 el divorcio de com\u00fan acuerdo. <\/p>\n
c. Est\u00e1n cumplidos los requisitos previstos por el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
3. La demanda fue admitida por auto de 23 de abril de 2003, corri\u00e9ndose traslado de ella a la demandada y al Ministerio P\u00fablico; la primera se tuvo por notificada mediante conducta concluyente, sin que efectuara ninguna manifestaci\u00f3n sobre el particular, al paso que el segundo puntualiz\u00f3 c\u00f3mo deb\u00eda ser demostrada la correspondiente reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite procesal que dispone la ley, procede el estudio y decisi\u00f3n de la petici\u00f3n formulada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Las sentencias o laudos proferidos en el extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que los tratados vigentes con el pa\u00eds de origen conceda (reciprocidad diplom\u00e1tica) o, en su defecto, la que all\u00ed se reconozca a los dictados en el territorio nacional (reciprocidad legislativa), siempre y cuando la petici\u00f3n respectiva observe cabalmente las condiciones contempladas por el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Estas exigencias, de orden formal y sustancial, conciernen a la adecuada aportaci\u00f3n del fallo extranjero, en lo que toca con aspectos como su autenticaci\u00f3n, traducci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ejecutoria, as\u00ed como a otros temas relacionados con el examen del contenido de la resoluci\u00f3n, la cual no puede contravenir las normas de orden p\u00fablico, ni versar sobre asuntos que involucren derechos reales respecto de bienes situados en el pa\u00eds, como tampoco referirse a un punto del resorte exclusivo de las autoridades colombianas o sobre el cual haya proceso en curso o sentencia en firme. <\/p>\n
2. Ahora bien, tras realizar un examen detallado de los elementos de juicio incorporados a la actuaci\u00f3n, advierte la Corte que la solicitud de exequ\u00e1tur est\u00e1 llamada inexorablemente al fracaso, como quiera que dentro del proceso no logr\u00f3 demostrarse que entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de los Pa\u00edses Bajos existiera tratado o convenio relativo a la reciprocidad para el reconocimiento de sentencias extranjeras, ni que la legislaci\u00f3n dom\u00e9stica de este \u00faltimo pa\u00eds contemplara un tratamiento semejante respecto de los fallos proferidos por las autoridades for\u00e1neas. <\/p>\n
En efecto, es de verse que en el oficio de 4 de abril de 2006 el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores indic\u00f3 claramente c\u00f3mo esa dependencia hab\u00eda constatado la \u201c\u2026 inexistencia de acuerdos o convenios vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco entre Colombia y los Pa\u00edses Bajos del valor de las sentencias pronunciadas por las autoridades judiciales de los dos pa\u00edses \u2026\u201d (fl. 69). <\/p>\n
Del mismo modo, ha de notarse que el solicitante tampoco cumpli\u00f3 con la carga que le correspond\u00eda de aportar al proceso la prueba de la legislaci\u00f3n extranjera que contemplara la mencionada reciprocidad, pues apenas s\u00ed de manera informal fueron allegados algunos documentos, sin que se ajustaran a las disposiciones del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni contaran con la traducci\u00f3n oficial que reglamenta el art\u00edculo 260 ib\u00eddem, pues \u00e9sta, a pesar de las m\u00faltiples ocasiones en que este despacho dispuso su realizaci\u00f3n, no fue impulsada ni gestionada por el peticionario (fls. 90 – 106) . <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, al margen de la pasividad que en este aspecto mostr\u00f3 la parte solicitante, tambi\u00e9n resulta relevante poner de presente que mediante oficio de 10 de julio de 2006 el Coordinador de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores comunic\u00f3 a la Corte que \u201c\u2026 no existe dentro de la legislaci\u00f3n holandesa una ley que regule la reciprocidad en materia de exequ\u00e1tur para sentencias de jueces Extranjeros \u2026\u201d (fl. 76). <\/p>\n
3. En este orden de ideas, emerge palmario que el solicitante no satisfizo la carga probatoria que de manera general le impone el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto no consigui\u00f3 demostrar que entre el Estado en que tuvo origen la providencia judicial y aqu\u00e9l en el que se pretend\u00eda que ella produjera efectos existiera la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa que reclama el art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil como presupuesto elemental e insoslayable para la procedencia del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
Resulta entonces pertinente recordar que \u201c\u2026 en materia de exequ\u00e1tur, quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto, y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin m\u00e1s, la negaci\u00f3n de la solicitud, sin perjuicio, claro est\u00e1, de que se pueda acudir mediante nueva demanda que sea plenamente satisfactoria a provocar el reconocimiento de la sentencia extranjera.\u201d (sentencia de 3 de agosto de 2005, exp. 00152-01, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CONCEDE el exequ\u00e1tur de la sentencia previamente identificada. <\/p>\n
Sin costas en esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
RUTH MARINA D\u00cdAZ RUEDA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
WILLIAM NAM\u00c9N VARGAS <\/p>\n
ARTURO SOLARTE RODR\u00cdGUEZ <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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