\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC-057-2014 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0 n\u00ba \u00a011001-02-03-000-2014-00054-00 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil catorce (2014). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte sobre la admisibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela de la referencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. El accionante, fue \u00a0nombrado \u00a0en \u00a0propiedad en el cargo de citador grado III del Juzgado Laboral del \u00a0Circuito \u00a0de \u00a0Chiruaguana \u00a0(Cesar) seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 012 de 24 de agosto de \u00a02009, \u00a0empleo \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0ha \u00a0laborado \u00a0por \u00a0m\u00e1s \u00a0de cuatro a\u00f1os. [Folio 12, \u00a0c.1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El 1 de abril de \u00a02013, \u00a0debido \u00a0a que su residencia y su familia se encuentran en\u00a0 la ciudad \u00a0de \u00a0Valledupar, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0a \u00a0la \u00a0grave \u00a0enfermedad \u00a0que \u00a0padece (Epileps\u00eda), \u00a0solicit\u00f3 \u00a0su \u00a0traslado \u00a0a \u00a0los \u00a0Juzgados Segundo y Tercero Civiles del Circuito \u00a0Especializados \u00a0en \u00a0Restituci\u00f3n \u00a0de \u00a0Tierras \u00a0de \u00a0dicha ciudad, toda vez que en \u00a0estos \u00a0Despachos \u00a0el \u00a0cargo \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0ocupa \u00a0en propiedad se encuentra vacante, \u00a0petici\u00f3n \u00a0 que \u00a0 recibi\u00f3 \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0Seccional \u00a0de \u00a0la \u00a0Judicatura del Cesar. [Folio 98, c.1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. No obstante, en \u00a0Resoluciones \u00a0Nos. \u00a0007 \u00a0y \u00a0008 \u00a0de \u00a02013, los titulares de las sedes judiciales \u00a0mencionadas, \u00a0denegaron \u00a0la \u00a0postulaci\u00f3n de traslado, porque dichas autoridades \u00a0tienen \u00a0un \u00a0car\u00e1cter transicional seg\u00fan se determinaba de la Ley 1448 de 2011, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0el nombramiento del funcionario de carrera no era posible. [Folios \u00a0100 a 107, c.1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Inconforme \u00a0el \u00a0tutelante, \u00a0interpuso \u00a0recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n contra \u00a0las decisiones. [Folios112 a 115, c.1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 En \u00a0 actos \u00a0administrativos \u00a0Nos. \u00a0011 \u00a0y 009 de 2013 008 los jueces de circuito mantuvieron \u00a0sus \u00a0determinaciones \u00a0y en consecuencia concedieron el recurso de alzada. [Folio \u00a0112 y 384, c.1]\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0En Resoluci\u00f3n \u00a0No. \u00a0003 de 16 de julio de 2013, el Tribunal Superior de Cartagena se abstuvo de \u00a0conocer de las impugnaciones. [Folio 259, c.1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. En criterio, del \u00a0peticionario \u00a0del \u00a0amparo, \u00a0tal \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0vulner\u00f3 \u00a0sus \u00a0derechos, \u00a0pues \u00a0los \u00a0accionados \u00a0al \u00a0negar \u00a0su \u00a0traslado, han ignorado la cat\u00e1strofe que vive por su \u00a0penosa \u00a0enfermedad, dando respuestas poco convincentes y banales, a pesar de las \u00a0normas \u00a0que \u00a0regulan \u00a0el \u00a0asunto, \u00a0por \u00a0lo que presenta la queja constitucional. \u00a0[Folio 6, c. 1] \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. No obstante ser \u00a0la \u00a0tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna \u00a0acci\u00f3n \u00a0judicial- \u00a0a \u00a0las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento \u00a0debe \u00a0 corresponder \u00a0 al \u00a0 juez \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentre \u00a0legalmente \u00a0facultado \u00a0para \u00a0resolverla, \u00a0dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, en \u00a0su \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0\u00abse \u00a0deben \u00a0satisfacer \u00a0ciertos \u00a0presupuestos \u00a0b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0las \u00a0partes, \u00a0la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa \u00a0pasiva\u00bb.1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0por ello por lo que esta Sala, de manera \u00a0reiterada, ha sostenido que en materia de tutela es preciso acatar: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0 los \u00a0principios \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0la competencia\u00a0debe estar anteladamente \u00a0configurada \u00a0por normas jur\u00eddicas que a la par que atienden distintos criterios \u00a0enderezados \u00a0a \u00a0facilitar \u00a0tanto el ejercicio del derecho de acci\u00f3n, como el de \u00a0contradicci\u00f3n, \u00a0 pretenden \u00a0 distribuir \u00a0racionalmente \u00a0el \u00a0trabajo \u00a0entre \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0que \u00a0ejercen la jurisdicci\u00f3n del Estado; de imperatividad, porque \u00a0no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0derogada por la voluntad de las partes, ni pueden \u00e9stas escoger \u00a0antojadizamente \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0al \u00a0que \u00a0corresponda \u00a0dirimir \u00a0el \u00a0asunto; \u00a0de \u00a0inmodificabilidad \u00a0o \u00a0perpetuatio \u00a0jurisdictionis, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que no puede \u00a0alterarse \u00a0en \u00a0el \u00a0curso \u00a0del \u00a0proceso; \u00a0de \u00a0indelegabilidad, \u00a0puesto \u00a0que no es \u00a0admisible \u00a0que \u00a0se transfiera por quien la detenta; y por ser de orden p\u00fablico, \u00a0dado \u00a0que \u00a0se \u00a0sustenta \u00a0en \u00a0normas imperativas que tienen en cuenta el inter\u00e9s \u00a0general\u201d.(CSJ \u00a0ATC 7 sep. \u00a02009, Rad. 00021-01) \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ahora bien, la \u00a0atribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0competencia \u00a0en \u00a0materia \u00a0de amparo constitucional se encuentra \u00a0prevista \u00a0en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 que reglament\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de \u00a0tutela. \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0esa \u00a0disposici\u00f3n \u00a0solo se ocup\u00f3 de la preventiva y \u00a0territorial, \u00a0de \u00a0ah\u00ed que el Decreto 1382 de 2000 -dictado por el Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0en \u00a0ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, introdujo el factor funcional en \u00a0dicha materia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0indicada \u00a0norma, \u00a0por \u00a0ser \u00a0de \u00a0origen \u00a0constitucional \u00a0y con alcance nacional, proferida para la cumplida ejecuci\u00f3n de \u00a0la \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0primeramente citada, tiene la misma fuerza vinculante de la ley \u00a0en \u00a0tanto no la contrar\u00ede; y se encuentra vigente por no haber sido derogada ni \u00a0declarado \u00a0inexequible o nula, por lo que ning\u00fan funcionario puede desconocerla \u00a0bajo pretexto alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aun \u00a0cuando en ese Decreto se indic\u00f3 que su \u00a0finalidad \u00a0 \u00a0 era \u00a0 \u00a0 establecer \u00a0 \u00a0 \u00abreglas \u00a0 para \u00a0el \u00a0reparto \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0de \u00a0tutela\u00bb, \u00a0lo \u00a0cierto \u00a0es \u00a0que \u00a0a \u00a0partir de su \u00a0contenido \u00a0se \u00a0deduce \u00a0que asign\u00f3 funciones a jueces de distinta categor\u00eda; es \u00a0decir \u00a0que \u00a0organiz\u00f3 \u00a0la competencia por distintos grados o etapas sucesivas, o \u00a0lo que es lo mismo, la distribuy\u00f3 de manera vertical o funcional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 modo \u00a0que \u00a0no \u00a0resulta \u00a0procesalmente \u00a0admisible \u00a0el argumento seg\u00fan el cual la referida normatividad solo estableci\u00f3 \u00a0reglas \u00a0para \u00a0el \u00a0reparto, \u00a0pues \u00a0este \u00faltimo presupone que se haya asignado el \u00a0conocimiento \u00a0del \u00a0asunto \u00a0al funcionario correspondiente seg\u00fan los factores de \u00a0competencia, \u00a0entre \u00a0ellos, el funcional. No puede haber, por tanto, reparto sin \u00a0competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir \u00a0de las anteriores premisas emerge \u00a0que \u00a0las \u00a0reglas \u00a0contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no son exclusivamente de \u00a0reparto, \u00a0sino \u00a0que adem\u00e1s resultan definitorias de la competencia del juzgador \u00a0de \u00a0tutela, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0fijan \u00a0para el asunto la cabal aplicaci\u00f3n de principios \u00a0como \u00a0el \u00a0del \u00a0juez \u00a0natural \u00a0y \u00a0la \u00a0doble instancia en garant\u00eda del derecho al \u00a0debido \u00a0proceso, por lo que no es admisible que las partes o a\u00fan el funcionario \u00a0judicial pretendan desconocerlas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0ese \u00a0punto \u00a0es \u00a0preciso \u00a0reiterar \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la obligaci\u00f3n que asiste a los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0acatar \u00a0las \u00a0normas \u00a0relativas \u00a0a la determinaci\u00f3n del fallador \u00a0competente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026 ) el Decreto \u00a01382 \u00a0de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la \u00a0competencia \u00a0de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, \u00a0establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas \u00a0para \u00a0el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u00a0\u2018\u201c[l]o accionado contra \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la \u00a0Judicatura, \u00a0Sala \u00a0Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, \u00a0ser\u00e1 \u00a0repartido \u00a0a \u00a0la misma \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0y \u00a0se \u00a0resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n \u00a0que \u00a0corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo \u00a04\u00b0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 presente \u00a0 \u00a0 decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de \u00a0un \u00a0amparo \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente \u00a0procediere \u00a0el \u00a0amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan \u00a0los \u00a0mismos \u00a0en \u00a0los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, \u00a0naturalmente \u00a0 ajenos \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 invasi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 ejercicio \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0funciones \u00a0constitucionales o legales privativas por otras autoridades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0aunque \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite del \u00a0amparo \u00a0se \u00a0rige \u00a0por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la \u00a0competencia \u00a0del \u00a0juez \u00a0est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental \u00a0del \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0(art\u00edculo \u00a029 \u00a0de \u00a0Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 justicia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 donde, \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0la \u00a0falta \u00a0de \u00a0competencia \u00a0del \u00a0juez \u00a0de \u00a0tutela genera nulidad \u00a0insaneable \u00a0y \u00a0la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente \u00a0que \u00a0sea \u00a0el \u00a0pronunciamiento \u00a0requerido, pues (\u2026) la competencia del \u00a0juez \u00a0se \u00a0relaciona \u00a0estrechamente \u00a0con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido \u00a0proceso\u2019 (Auto 304 \u00a0A\u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2007),\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018el \u00a0cual \u00a0establece \u00a0que \u00a0nadie \u00a0puede \u00a0ser juzgado sino conforme a \u00a0leyes \u00a0preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y \u00a0con \u00a0observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019. \u00a0(CSJ ATC \u00a018 abr. 2012, Rad. 00072-01). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0resulta \u00a0incontestable que cuando la \u00a0inobservancia \u00a0de \u00a0las \u00a0previsiones \u00a0del \u00a0Decreto \u00a01382 \u00a0de \u00a02000 \u00a0comportan \u00a0la \u00a0infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0la competencia que la ley atribuye a los jueces, m\u00e1s all\u00e1 del \u00a0simple \u00a0reparto, \u00a0se \u00a0vulneran principios jur\u00eddicos de superior raigambre, y se \u00a0pone \u00a0 en \u00a0juego \u00a0la \u00a0suerte \u00a0que \u00a0podr\u00edan \u00a0correr \u00a0los \u00a0derechos \u00a0sustanciales \u00a0involucrados, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo del accionante sino adem\u00e1s de las personas o entidades \u00a0accionadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En el presente \u00a0caso, \u00a0se \u00a0advierte que el reclamante presenta la queja constitucional contra la \u00a0Sala \u00a0Civil \u00a0Especializada \u00a0en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0de \u00a0Cartagena, \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0la a que no quiso conocer el \u00a0recurso \u00a0de \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto \u00a0contra \u00a0las \u00a0Resoluciones \u00a0que \u00a0negaron su \u00a0traslado, \u00a0y \u00a0contra \u00a0los \u00a0Juzgados, \u00a0porque \u00a0emitieron tales decisiones, con lo \u00a0cual, seg\u00fan afirma, habr\u00edan desconocido sus derechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Quiere \u00a0decir \u00a0lo \u00a0anterior que la decisi\u00f3n \u00a0cuestionada \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0tutela de conformidad con lo previsto en la ley \u00a0estatutaria \u00a0 de \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0justicia \u00a0es \u00a0de \u00a0\u00edndole \u00a0administrativo \u00a0(art\u00edculo \u00a0131 \u00a0numeral \u00a07\u00ba \u00a0y art\u00edculo 134), pues refiere al traslado de los \u00a0empleados \u00a0de la rama judicial a otras sedes, funci\u00f3n atribuida a los titulares \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Despachos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0pretende \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0haga \u00a0 \u00a0el \u00a0nombramiento.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, de acuerdo con los dictados del \u00a0Decreto \u00a01382 \u00a0de \u00a02000 y las normas procesales atinentes a la materia, la Corte \u00a0Suprema \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0facultada \u00a0legalmente \u00a0para \u00a0conocer \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0de la \u00a0referencia, \u00a0dado \u00a0que no puede consider\u00e1rsele como superior funcional del ente \u00a0accionado, \u00a0pues \u00a0ese \u00a0tipo \u00a0de competencia solo se predica de las actuaciones y \u00a0decisiones de car\u00e1cter jurisdiccional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0regla cuya aplicaci\u00f3n se impone en este asunto, entonces, es la \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto citado \u00a0y \u00a0 no \u00a0la \u00a0contemplada \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba \u00a0ejusdem; luego, son competentes para este \u00a0caso, \u00a0\u00ablos \u00a0jueces del circuito o con categor\u00eda de \u00a0tales\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0ese \u00a0sentido, \u00a0se \u00a0ha \u00a0pronunciado la Sala, precisando que si la \u00a0petici\u00f3n de amparo \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abno \u00a0versa \u00a0en \u00a0estricto \u00a0 rigor \u00a0 sobre \u00a0 actuaciones \u00a0 jurisdiccionales, \u00a0 sino \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0administrativo\u2026 \u00a0 \u2018la \u00a0competencia \u00a0no \u00a0se determina por el factor funcional previsto en el numeral 2\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a01382 de 2002, pues la queja constitucional no \u00a0versa \u00a0sobre \u00a0actividades \u00a0jurisdiccionales, \u00a0sino \u00a0que es menester acudir a las \u00a0pautas \u00a0del numeral 1\u00b0 de ese mismo precepto, que asigna el conocimiento de las \u00a0solicitudes \u00a0de \u00a0amparo \u00a0por \u00a0el factor subjetivo, esto es, tomando como base el \u00a0orden \u00a0 municipal, \u00a0 distrital, \u00a0 departamental \u00a0 o \u00a0 nacional \u00a0 de \u00a0la \u00a0entidad \u00a0accionada\u00bb. \u00a0 (CSJ \u00a0 ATC \u00a0 25 \u00a0 abr. \u00a0 2007, \u00a0 Rad \u00a000022-01) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La raz\u00f3n de lo expuesto reside en que seg\u00fan \u00a0el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLa Corte Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y el Consejo \u00a0Superior \u00a0de \u00a0la \u00a0Judicatura \u00a0tienen competencia en todo el territorio nacional. \u00a0Los \u00a0 Tribunales \u00a0 Superiores, \u00a0los \u00a0Tribunales \u00a0Administrativos, \u00a0los \u00a0Consejos \u00a0Seccionales \u00a0de \u00a0la \u00a0Judicatura tienen competencia en el Distrito. Los jueces de \u00a0circuito \u00a0tienen \u00a0competencia \u00a0en el respectivo circuito. Los jueces municipales \u00a0tienen competencia en el respectivo municipio\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De ah\u00ed que toda vez que el Tribunal Superior \u00a0accionado \u00a0tiene \u00a0competencia \u00a0y ejerce sus funciones en el distrito judicial de \u00a0Cartagena, \u00a0es \u00a0a \u00a0los \u00a0jueces \u00a0del circuito o con categor\u00eda de tales a los que \u00a0corresponde \u00a0asumir \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0constitucional que se ha \u00a0incoado, \u00a0y \u00a0no la Corte, la que para el caso, no puede considerarse el superior \u00a0funcional \u00a0del \u00a0mencionado ente, porque tal como se indic\u00f3 en otra oportunidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0s\u00f3lo \u00a0cuando la acci\u00f3n se promueva \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tribunal en calidad de corporaci\u00f3n judicial le compete a \u00a0la \u00a0Corte Suprema de Justicia conocer \u00a0de \u00a0las \u00a0tutelas, \u00a0en \u00a0calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral \u00a02 de la norma citada… Los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0‘superior \u00a0funcional’ implica la posibilidad de conocer en recurso de \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0o \u00a0alzada \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0jurisdiccionales que en ejercicio de sus \u00a0funciones \u00a0cumplan \u00a0los inferiores jer\u00e1rquicos\u00bb.(CSJ \u00a0ATC 29 feb. 2008, Rad. 00001-01) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente y acorde con lo que viene de \u00a0exponerse, \u00a0 esta \u00a0 instancia \u00a0no \u00a0puede \u00a0asumir \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0del \u00a0reclamo \u00a0constitucional, \u00a0cuando de conformidad con las normas que regulan la competencia \u00a0en \u00a0el \u00a0amparo, la facultad legal para tramitarlo y resolverlo est\u00e1 atribuida a \u00a0otras \u00a0autoridades \u00a0judiciales; \u00a0obrar \u00a0de \u00a0tal \u00a0modo, supondr\u00eda desconocer los \u00a0principios \u00a0relativos \u00a0al \u00a0juez \u00a0natural \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0doble instancia, con lo cual \u00a0quebrantar\u00eda \u00a0el \u00a0derecho \u00a0al debido proceso de las partes, incurriendo adem\u00e1s \u00a0en \u00a0la causal insubsanable de nulidad consagrada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a0140 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que se dispondr\u00e1 el env\u00edo del \u00a0expediente a los jueces del circuito de la ciudad de Cartagena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0con \u00a0el fin de que se asuma el \u00a0conocimiento \u00a0del tr\u00e1mite de tutela, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 148 \u00a0del \u00a0estatuto \u00a0de \u00a0procedimiento \u00a0civil, \u00a0norma \u00a0que \u00a0establece que \u00abel \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando \u00a0el \u00a0proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia\u00bb, \u00a0previsi\u00f3n \u00a0que \u00a0tiene plena aplicaci\u00f3n en el amparo, por remisi\u00f3n \u00a0expresa \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a04\u00ba del Decreto 306 de 1992, y hace parte de las normas \u00a0de \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0que \u00a0obligatoriamente \u00a0deben \u00a0acatarse en cualquier tipo de \u00a0tr\u00e1mite judicial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Civil RESUELVE: \u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. REMITIR el \u00a0expediente \u00a0a \u00a0la Oficina Judicial de Cartagena, para que se efect\u00fae el reparto \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0entre \u00a0los \u00a0jueces \u00a0del \u00a0circuito o con categor\u00eda de tales de la \u00a0ciudad, \u00a0a fin de que se asuma el conocimiento de la solicitud de protecci\u00f3n en \u00a0primera instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0SEGUNDO. \u00a0ENTERAR \u00a0del \u00a0contenido \u00a0de esta \u00a0providencia a la accionante por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0MORALES \u00a0 MOLINA, \u00a0 Hernando. \u00a0 Curso \u00a0 de \u00a0 Derecho \u00a0 Procesal \u00a0 Civil. \u00a0 Parte \u00a0General. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 ATC-057-2014 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0 n\u00ba \u00a011001-02-03-000-2014-00054-00 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil catorce (2014). \u00a0\u00a0 Decide \u00a0la Corte sobre la admisibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela de la referencia. \u00a0\u00a0 I. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[95],"tags":[],"class_list":["post-85367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-95"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}