\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC1149-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-00054-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el \u00a026 de enero de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que concedi\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida por Cecilia G\u00f3mez Prada contra el Juzgado \u00a0Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, si \u00a0no fuera porque la Corte vislumbra que Jaime Luis Cu\u00e9llar \u00a0Trujillo, quien dijo actuar \u00abcomo \u00a0apoderado de Fernando G\u00f3mez Prada\u00bb, \u00a0carece de legitimidad para impugnar la sentencia de primera \u00a0instancia, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0diferentes ocasiones la Corte se ha pronunciado respecto a que de \u00a0conformidad con lo reglado en los art\u00edculos 10 y 31 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el inciso 2\u00ba del \u00a0art\u00edculo 350 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tanto \u00a0para la formulaci\u00f3n de la tutela como para la impugnaci\u00f3n \u00a0del fallo que se emita en ese tr\u00e1mite constitucional, \u00a0constituye un requisito sine \u00a0qua non \u00a0que quien interponga aqu\u00e9lla o censure \u00e9ste, tenga un \u00a0inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n (CSJ ATC, 27 jun. \u00a02000, rad. T-11591; y CSJ ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01), \u00a0ello \u00abporque \u00a0siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento \u00a0breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se \u00a0exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto \u00a0a requisitos como el del ius postulandi\u00bb \u00a0(CSJ ATC, 21 nov. 2012, rad. 2012-00308-01). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0el sub \u00a0judice \u00a0Jaime Luis Cu\u00e9llar Trujillo recurri\u00f3 el fallo de tutela \u00a0de primera instancia invocando la calidad de apoderado de Fernando \u00a0G\u00f3mez Prada en el proceso ejecutivo que \u00e9ste promovi\u00f3 \u00a0contra la accionante, actuaci\u00f3n judicial cuestionada ante el \u00a0juez constitucional. No obstante y a pesar del requerimiento \u00a0efectuado por esta Corporaci\u00f3n mediante prove\u00eddo de 23 \u00a0de febrero de 2015 (fls. 3 y 4, cdno. 1), al presente tr\u00e1mite \u00a0no alleg\u00f3 poder especial alguno que lo facultara para actuar \u00a0en tal condici\u00f3n, ni acredit\u00f3 que lo hiciera como \u00a0agente oficioso de quien all\u00ed es su mandante, lo que \u00a0indubitablemente implica que no estaba legitimado para impugnar el \u00a0fallo proferido por el a-quo. \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a un caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la \u00a0colegiatura la Corporaci\u00f3n dej\u00f3 dicho que: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0es evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, \u00a0carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 \u00a0el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), \u00a0porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la \u00a0presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de \u00a0actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite \u00a0judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo \u00a0est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como \u00a0aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si \u00a0bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la \u00a0demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per \u00a0se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones \u00a0de tutela, \u00abpues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, \u00a0legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se \u00a0puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten \u00a0en el curso\u00bb de dichos procesos (Cfr. C. S. de J. Sala de Cas. \u00a0Civil y Agraria, sentencia No. 153 de 21 de febrero de 1997) \u00a0(CSJ ATC, 27 jun. 2000, rad. T-11591). \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0es que \u00absi \u00a0bien el mecanismo (\u2026) est\u00e1 regido por la informalidad, \u00a0lo cierto es que en torno a la (\u2026) impugnaci\u00f3n, es \u00a0preciso que su promotor manifieste y acredite el inter\u00e9s que \u00a0le asiste, cuando quiera que la censura no emane de quien resulta \u00a0directamente agraviado (\u2026)\u00bb \u00a0(CSJ ATC, 23 mar. 2010, rad. 2010-00062-01; reiterado en CSJ ATC, 25 \u00a0jul. 2011, rad. 2011-00214-01). \u00a0<\/p>\n
La Corte tambi\u00e9n \u00a0ha precisado que: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las \u00a0actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab…la \u00a0virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su \u00a0poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de \u00a0tutela adyacentes…\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso \u00a0judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un \u00a0abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de \u00a0postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, \u00a022 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre \u00a01997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y \u00a05254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. \u00a00206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. (\u2026) \u00a020000965 y (\u2026) 200010813) \u00a0(CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 2003-00072-01; reiterado, entre otros, \u00a0en CSJ ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01; y CSJ STC, 21 ago. \u00a02013, rad. 2013-01149-01). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0n\u00f3tese, que si bien el \u00a0impugnante, con ocasi\u00f3n del requerimiento de la Corte, \u00a0manifest\u00f3 actuar como agente oficioso de Fernando G\u00f3mez \u00a0Prada porque \u00e9ste \u00abse \u00a0encuentra fuera del pa\u00eds\u00bb, \u00a0tal supuesto resulta insuficiente para tener por subsanada la \u00a0falencia anotada, toda vez que ninguna prueba trajo para acreditar su \u00a0dicho y porque, como insistentemente lo ha expuesto la Sala, el hecho \u00a0de que el interesado est\u00e9 en el extranjero no le impide acudir \u00a0directamente ante el juzgador constitucional, de donde no se dan las \u00a0condiciones para la configuraci\u00f3n de la agencia oficiosa \u00a0aducida. \u00a0<\/p>\n
En punto a este \u00a0aspecto, por l\u00ednea jurisprudencial se ha dejado dicho: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0advierte la Sala que la accionante carece de legitimaci\u00f3n para \u00a0promover la acci\u00f3n, pues, de un lado, si bien es cierto, que \u00a0en aquellos casos en los que el titular del derecho violado o \u00a0amenazado, por condiciones personales, no pueda promover su propia \u00a0defensa, la ley autoriza la agencia de derechos ajenos de manera \u00a0oficiosa (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), si bien ello \u00a0es posible, se dec\u00eda, no lo es menos, que esas circunstancias \u00a0no se evidencian en el presente asunto puesto \u00a0que el hecho de que una persona se encuentre fuera del pa\u00eds, \u00a0no es causa suficiente, per se, para que otro agencie sus derechos \u00a0(\u2026) (Se \u00a0destac\u00f3 – CSJ \u00a0STC, 1\u00ba \u00a0nov. 2006, rad. 2006-01750-00, reiterada, entre muchas otras, en CSJ \u00a0STC, 30 may. 2013, rad. 2013-00694-01; \u00a0y CSJ STC, 29 sep. 2014, rad. 2014-00454-01). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Puestas \u00a0as\u00ed las cosas, advirtiendo que el impugnante no aport\u00f3 \u00a0el poder para actuar en este tr\u00e1mite constitucional en nombre \u00a0de Fernando G\u00f3mez Prada, \u00a0ni acredit\u00f3 hacerlo como su agente oficioso, corresponde, \u00a0siguiendo las exigencias previstas en la ley procesal, aplicable por \u00a0mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, en \u00a0cumplimiento a lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo \u00a0358 de la norma adjetiva civil, inadmitir la referida alzada y \u00a0disponer que se env\u00ede el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su \u00a0eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Consecuente \u00a0con lo dicho, la Corte INADMITE \u00a0la impugnaci\u00f3n que interpuso Jaime Luis Cu\u00e9llar \u00a0Trujillo contra la sentencia de tutela de 26 de enero de 2015, \u00a0emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo decidido a los interesados, y env\u00edese luego el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para los fines del inciso 2\u00ba del \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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