\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC1771-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 41001-22-14-000-2015-00031-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de ocho \u00a0de abril de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., nueve (9) de abril de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia \u00a0proferida el \u00a025 de febrero de 2015 \u00a0por la Sala Civil \u00a0\u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Neiva, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge \u00a0Eli\u00e9cer Perdomo Aguirre contra la Secretar\u00eda de \u00a0Movilidad y Seguridad Vial de Calarc\u00e1 y el Ministerio de \u00a0Transporte. No \u00a0obstante, en la actuaci\u00f3n surtida \u00a0se advierte \u00a0una causal de \u00a0nulidad, \u00a0la cual afecta la \u00a0actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a \u00a0explicar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0tutelante solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido \u00a0proceso y \u201c(\u2026) presunci\u00f3n \u00a0de inocencia (\u2026)\u201d, \u00a0supuestamente quebrantados por las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0sustentar su queja, asevera que \u00a0el 28 de marzo de 2013 le \u201c(\u2026) realizaron \u00a0una fotomulta al veh\u00edculo de [su] \u00a0propiedad \u00a0de placa MBU-546 (\u2026) \u00a0[en] la \u00a0v\u00eda La Espa\u00f1ola \u2013Sector Combia Quind\u00edo \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Asegura \u00a0que se enter\u00f3 de lo anterior cuando renov\u00f3 su licencia \u00a0de conducci\u00f3n, pues para ese tr\u00e1mite se necesita \u201c(\u2026) \u00a0estar \u00a0al d\u00eda por comparendos (\u2026)\u201d. \u00a0Agrega que a la fecha de formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n no \u00a0ha sido legalmente notificado de la sanci\u00f3n pecuniaria a \u00e9l \u00a0impuesta. \u00a0<\/p>\n
Acota \u00a0que por lo descrito pidi\u00f3 la caducidad de la multa, conforme a \u00a0lo establecido en el art\u00edculo 161 de la Ley 769 de 2002; no \u00a0obstante, la Secretar\u00eda acusada deneg\u00f3 su reclamaci\u00f3n \u00a0indic\u00e1ndole que \u201c(\u2026) la \u00a0resoluci\u00f3n sanci\u00f3n se hab\u00eda generado dentro de \u00a0los 6 meses siguientes (\u2026)\u201d \u00a0al enteramiento de la \u201cfotomulta\u201d. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0aseverar la lesi\u00f3n de sus prerrogativas por no comunic\u00e1rsele \u00a0de la punici\u00f3n rese\u00f1ada en los t\u00e9rminos de la \u00a0norma referida, se\u00f1ala que adem\u00e1s de la jurisprudencia \u00a0de las Altas Cortes, con la cual se han tenido como ilegales las \u00a0\u201cfotomultas\u201d \u00a0notificadas irregularmente, el Juzgado Segundo Civil Municipal de \u00a0Calarc\u00e1, dentro de otra salvaguarda, \u201c(\u2026) realiz\u00f3 \u00a0un contundente llamado a [ese] \u00a0municipio \u00a0(\u2026)\u201d, \u00a0imponi\u00e9ndole abstenerse de continuar realizando \u201cfotomultas\u201d \u00a0por falta de competencia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, exige, \u00a0concretamente, eliminar la sanci\u00f3n rese\u00f1ada \u201c(\u2026) \u00a0de \u00a0todas las bases de datos en las cuales aparezca dicho reporte, en \u00a0especial el SIMIT (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a01 al 4, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante \u00a0auto de 12 de febrero de 2015, el a \u00a0quo constitucional \u00a0admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la acci\u00f3n referenciada \u00a0respecto del Ministerio de Transporte y la Secretar\u00eda \u00a0de Movilidad y Seguridad Vial de Calarc\u00e1. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera de esas autoridades pidi\u00f3 \u201c(\u2026) no \u00a0increpar[la] \u00a0(\u2026)\u201d porque, conforme a las Leyes 769 de 2012 \u2013C\u00f3digo \u00a0Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre- y 1310 de 2009, no se \u00a0encuentra entre sus competencias \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0conocer \u00a0del proceso contravencional de tr\u00e1nsito, ni (\u2026) \u00a0la \u00a0facultad para cargar, reportar etc., al Sistema Integrado de \u00a0Informaci\u00f3n (\u2026) \u00a0las Multas y Sanciones por Infracciones de Tr\u00e1nsito \u2013SIMIT-, \u00a0ni al Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito \u2013RUNT-, \u00a0la informaci\u00f3n de las multas y sanciones (\u2026) \u00a0impuestas \u00a0a los infractores (\u2026), \u00a0toda \u00a0vez que los due\u00f1os de esa informaci\u00f3n son los \u00a0organismos de tr\u00e1nsito (\u2026) \u00a0vigilados \u00a0y controlados por la Superintendencia de Puertos y Transporte (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 24 al 28, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0segundo ente mencionado, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda \u00a0por contar el tutelante con las acciones contencioso administrativas \u00a0correspondientes para cuestionar la legalidad de la resoluci\u00f3n \u00a0sancionatoria dictada en contra de aqu\u00e9l y no configurarse un \u00a0perjuicio irremediable (fls. 30 al 37, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0sentencia de 25 de febrero de 2015, se desestim\u00f3 el auxilio \u00a0impetrado por incumplirse el presupuesto de subsidiariedad, pues se \u00a0destac\u00f3 que el accionante puede hacer uso de las acciones \u00a0consagradas en los art\u00edculos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 \u00a0y pedir la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares pertinentes en \u00a0los t\u00e9rminos de los c\u00e1nones 229 y 230 de esa normativa \u00a0(fls. 161 al 172, cdno. 1); esa determinaci\u00f3n fue recurrida \u00a0por el petente y el expediente se remiti\u00f3 a esta Sala para lo \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aunque \u00a0la solicitud fue dirigida contra el Ministerio de Transporte, el \u00a0reproche se erige, en forma concreta y directa, frente a la \u00a0Secretar\u00eda de Movilidad y Seguridad Vial de Calarc\u00e1, \u00a0por imponerle al promotor una multa de tr\u00e1nsito sin cumplir, \u00a0presuntamente, con lo consagrado en la normatividad aplicable. Por \u00a0tanto, el llamamiento a la primera entidad enunciada es aparente. \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
T\u00e9ngase \u00a0en cuenta que adem\u00e1s de ser competencia de la Secretar\u00eda \u00a0querellada lo correspondiente a los procesos seguidos por \u00a0incumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito en su jurisdicci\u00f3n, \u00a0de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo \u00a0Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre \u2013Ley 769 de 2002, \u00a0el mencionado ente ministerial, al contestar el reproche tutelar, \u00a0adujo no estar facultado legalmente para proceder a lo exigido por el \u00a0actor. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, como \u00a0la autoridad realmente accionada es del nivel central y del orden \u00a0municipal, \u00a0el auxilio debi\u00f3 ser conocido por los \u00a0juzgados municipales \u00a0de Neiva y no por el Tribunal Superior de esa ciudad, dada \u00a0la naturaleza jur\u00eddica de \u00a0la \u00a0acusada, \u00a0el \u00a0lugar de elecci\u00f3n del querellante y lo estatuido en el inciso \u00a03\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 \u00a0de 2000. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0situaci\u00f3n descrita estructura la causal de nulidad prevista en \u00a0el numeral 2\u00b0 del canon \u00a0140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma extensiva \u00a0a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en la \u00a0regla \u00a04a del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el \u00a0cual prev\u00e9 \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n de los \u00a0principios generales del Estatuto Procesal Civil \u00a0para \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones regulatorias \u00a0de \u00a0dicho tr\u00e1mite, en cuanto \u00a0no contrar\u00ede \u00a0sus \u00a0propias disposiciones. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0prop\u00f3sito de esta decisi\u00f3n, conviene citar la \u00a0providencia proferida por la Sala, por medio de la cual disiente de \u00a0la tesis de la Corte Constitucional \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0respecto \u00a0a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse \u00a0incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con \u00a0base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de \u00a0reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) \u00a0en \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto (\u2026), \u00a0[pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] \u00a0reglamenta \u00a0el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la \u00a0competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por \u00a0supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces \u00a0competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201c[Por \u00a0lo tanto,] \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u201d (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u00a0\u2018el cual \u00a0establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes \u00a0preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal \u00a0competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de \u00a0cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir \u00a0del auto admisorio de la presente demanda de amparo \u00a0y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina \u00a0Judicial de Neiva, \u00a0para ser \u00a0repartida entre los Jueces municipales \u00a0de esa ciudad, por ser los competentes para conocer de ella en \u00a0primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida por Jorge \u00a0Eli\u00e9cer Perdomo Aguirre contra la Secretar\u00eda de \u00a0Movilidad y Seguridad Vial de Calarc\u00e1 y el Ministerio de \u00a0Transporte; \u00a0sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Neiva, para ser repartido entre los Jueces municipales de esa \u00a0ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de \u00a0origen y a las partes mediante telegrama. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COLOMBIA. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Suprema de Justicia. Civil. Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 24 de julio de 2007, exp. 00156-01; v\u00e9ase igualmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otros el auto de 5 de julio de 2011, exp. 00053. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COLOMBIA. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Suprema de Justicia. Civil. Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-87322","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87322"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87322\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}