\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC1880-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a068001-22-13-000-2015-00111-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de quince \u00a0de abril de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is \u00a0(16) de abril de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora \u00a0suplica \u00a0la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, vivienda \u00a0digna y vida, presuntamente lesionadas por las autoridades \u00a0accionadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 a 15, \u00a0cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Es copropietaria del proyecto de construcci\u00f3n de vivienda y \u00a0comercio ubicado en la ciudad de Bucaramanga, en las calles 34 N\u00ba \u00a022-6 y 35 N\u00ba 22-43 del barrio Antonia Santos, denominado \u201c(\u2026) \u00a0Conjunto \u00a0Residencial Torre Picasso Cubismo (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 Refiere que al culminar la obra, la Constructora Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- solicit\u00f3 a la Curadur\u00eda Urbana \u00a0N\u00famero Uno de la citada capital \u00a0el \u201c(\u2026) visto \u00a0bueno para la propiedad horizontal \u00a0(\u2026)\u201d con el prop\u00f3sito de aclarar el \u00e1rea \u00a0de \u201c(\u2026) cada \u00a0unidad habitacional \u00a0(\u2026)\u201d, siendo concedido el mismo, aspecto que en sentir \u00a0de la petente, transgrede el art\u00edculo 6 de la Ley 675 de 2001, \u00a0porque se otorg\u00f3 con \u201c(\u2026) antelaci\u00f3n \u00a0a la obtenci\u00f3n del Certificado de Permiso de Ocupaci\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Relata adem\u00e1s, que la aludida constructora antes de concluir \u00a0la totalidad del edificio, y sin la existencia de zonas comunes, es \u00a0decir, en el mes de marzo, convoc\u00f3 a todos los copropietarios \u00a0a fin de entregarles los inmuebles, \u201c(\u2026) amenaz\u00e1ndolos \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0con imponerles \u201c(\u2026) las \u00a0multas pecuniarias por incumplimiento e intereses moratorios (\u2026)\u201d \u00a0en caso de no recibirlos, situaci\u00f3n por la cual accedieron a \u00a0tal exigencia. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0 Censura la conducta de la sociedad accionada, por no culminar el \u00a0referido conjunto residencial, pues no finaliz\u00f3 obras tales \u00a0como \u201c(\u2026) el \u00a0puente peatonal, zonas verdes \u00a0(\u2026)\u201d, y porque sus estructuras f\u00edsicas presentan \u00a0\u201c(\u2026) grietas \u00a0(\u2026)\u201d, generando un riesgo latente \u201c(\u2026) para \u00a0su vida y la de los dem\u00e1s residentes (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por \u00a0tanto, implora ordenar: (i) a la Oficina de Planeaci\u00f3n \u00a0Municipal de Bucaramanga y al Instituto de Vivienda de Inter\u00e9s \u00a0Social y Reforma Urbana (INVISBU) de esa ciudad \u201c(\u2026) \u00a0realizar \u00a0los tr\u00e1mites correspondientes a fin de establecer si se puede \u00a0otorgar [o \u00a0no] el \u00a0\u201cCertificado de Permiso de Ocupaci\u00f3n\u201d (\u2026)\u201d; \u00a0(ii) al INVISBU y a la Curadur\u00eda Urbana N\u00famero Uno de \u00a0la misma capital \u201c(\u2026) estudiar \u00a0la legalidad de los actos administrativos expedidos por el curador, \u00a0respecto del \u201cConjunto Residencial Torre Picasso Cubismo\u201d \u00a0(\u2026)\u201d; (iii) a la Naci\u00f3n \u2013Ministerio de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Superintendencia de Industria y \u00a0Comercio iniciar las investigaciones e imponer \u201c(\u2026) las \u00a0sanciones a que haya lugar \u00a0(\u2026)\u201d; (iv) a la Constructora \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- terminar las obras pendientes; y (v) \u00a0compulsar copias de la actuaci\u00f3n a las autoridades \u00a0disciplinarias, penales y administrativas. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y las \u00a0Superintendencias de Industria y Comercio y Financiera de Colombia, \u00a0en escritos separados, solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta \u00a0de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque la actora no \u00a0les endilga actuaci\u00f3n violatoria de derecho alguno. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El Instituto \u00a0de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana de Bucaramanga \u00a0\u2013 \u00a0INVISBU- \u00a0se opuso al ruego tuitivo, manifestando, entre otras cosas, \u00a0que \u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0le compete realizar visitas tendientes a definir la viabilidad de \u00a0otorgar el \u201cCertificado \u00a0de Permiso de Ocupaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La Alcald\u00eda Municipal de Bucaramanga y la Oficina de \u00a0Planeaci\u00f3n del citado ente territorial, pidieron negar el \u00a0amparo por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, al contar \u00a0 \u201c(\u2026) la \u00a0accionante con otros medios de defensa judicial para plantear su \u00a0reclamo \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0El curador \u00a0Urbano N\u00famero Uno de la mencionada capital exigi\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n, porque se \u201c(\u2026) posesi\u00f3n[\u00f3] \u00a0en dicho cargo desde el 3 de octubre de 2012, no siendo \u00e9l \u00a0quien expidi\u00f3 la [pluricitada] \u00a0licencia \u00a0de construcci\u00f3n (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0La Constructora \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- desestim\u00f3 los hechos denunciados por \u00a0la tutelante, expresando que cumpli\u00f3 a cabalidad el cronograma \u00a0de la obra materia de reproche. \u00a0<\/p>\n
9. \u00a0La \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n deprecada tras advertir la carencia del \u00a0presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la quejosa tiene la \u00a0posibilidad de acudir ante las autoridades competentes para ventilar \u00a0all\u00ed la inconformidad ahora expuesta (fls. 319 a 333, cdno. \u00a01). \u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Impugn\u00f3 la gestora, realzando los argumentos del libelo \u00a0genitor \u00a0(fls. 352 a 364, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico del escrito de tutela se desprende, sin asomo \u00a0de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para \u00a0tramitar el asunto, pues el auxilio constitucional involucra \u00a0exclusivamente a la Constructora \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- \u00a0y a la Curadur\u00eda Urbana \u00a0N\u00famero Uno de Bucaramanga1, \u00a0quienes \u00a0ostentan la calidad de personas jur\u00eddicas de derecho privado, \u00a0debiendo conocer de su tr\u00e1mite los jueces municipales, \u00a0conforme a lo previsto en el inciso 3\u00ba, numeral 1\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La vinculaci\u00f3n del \u00a0Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Superintendencias \u00a0de Industria y Comercio y Financiera de Colombia, \u00a0es apenas aparente, como quiera que la Constructora \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- \u00a0y la Curadur\u00eda Urbana \u00a0N\u00famero Uno de Bucaramanga \u00a0fungen como las \u00fanicas implicadas por el presunto \u00a0incumplimiento en la construcci\u00f3n de la citada obra y las \u00a0irregularidades relacionadas con las licencias otorgadas respecto a \u00a0aqu\u00e9lla, siendo \u00a0\u00e9stas las llamadas a pronunciarse. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, ha se\u00f1alado esta Sala: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[N]o \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria \u00a0(\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Como el resguardo fue formulado ante el Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bucaramanga, quien profiri\u00f3 el fallo \u00a0materia de impugnaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en la causal de \u00a0nulidad prevista en el precepto 140 C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, esto es, falta de competencia3, \u00a0toda vez que habiendo establecido el Decreto 1382 de 2000 en el \u00a0inciso 3\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba, entre \u00a0otras cosas, que las acciones de tutela contra particulares, le ser\u00e1n \u00a0repartidas a los Jueces Municipales, es evidente que esta salvaguarda \u00a0debi\u00f3 ser tramitada en primera instancia ante ellos y no \u00a0frente a la mencionada Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente con el derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales (\u2026)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por las razones anotadas, estima la Sala que atendiendo la naturaleza \u00a0jur\u00eddica de la Constructora \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0G\u00f3mez \u2013HG- \u00a0y la Curadur\u00eda Urbana \u00a0N\u00famero Uno de Bucaramanga, \u00a0la competencia para conocer en primera instancia de la presente \u00a0solicitud de amparo corresponde a los Jueces Municipales y no al \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0De modo que, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a \u00a0partir del auto que le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la \u00a0misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se dispone remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Bucaramanga para que sea repartida a los Jueces Municipales de esa \u00a0capital. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los \u00a0interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Curadur\u00edas Urbanas son de naturaleza privada en virtud del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precepto 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Ley 810 de 2003: \u201c(\u2026) El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expedir licencias de parcelaci\u00f3n, urbanismo, construcci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o demolici\u00f3n, y para el loteo o subdivisi\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0predios, a petici\u00f3n del interesado en adelantar proyectos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parcelaci\u00f3n, urbanizaci\u00f3n, edificaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demolici\u00f3n o de loteo o subdivisi\u00f3n de predios, en las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0zonas o \u00e1reas del municipio o distrito que la administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 24 de julio de 2007, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01. \u00a0<\/p>\n
3Norma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios generales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-87346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}