\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0 CIVIL \u00a0<\/p>\n
FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
ATC2376-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba \u00a073001-22-13-000-2015-00144-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) \u00a0de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir \u00a0la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de abril de 2015, proferido por \u00a0la Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la tutela de Elizabeth Riveros G\u00f3mez \u00a0frente al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, siendo vinculados \u00a0Diego Mauricio Bello Vargas y la Defensor\u00eda de Familia \u00a0adscrita a ese Despacho, si no fuera porque en la primera instancia \u00a0se incurri\u00f3 en causal de nulidad. \u00a0<\/p>\n
I.- ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.- La promotora, obrando a \u00a0trav\u00e9s de abogado, sostiene que se violaron las prerrogativas \u00a0esenciales al debido proceso, a la vida, m\u00ednimo vital y \u00a0\u00abderechos \u00a0fundamentales de los ni\u00f1os\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.- Atribuye la vulneraci\u00f3n \u00a0al interlocutorio de 11 de marzo de 2015, revocatorio del mandamiento \u00a0de pago. \u00a0<\/p>\n
3.- Apoya el amparo en los \u00a0hechos que se resumen as\u00ed (folios 1 al 4): \u00a0<\/p>\n
3.1.- Que instaur\u00f3 \u00a0acci\u00f3n ejecutiva de alimentos en favor de su hija XXX, y en \u00a0contra de Diego Mauricio Bello Vargas (26 sep. 2014), con el \u00a0prop\u00f3sito de cobrar las mesadas adeudadas desde septiembre de \u00a02009. \u00a0<\/p>\n
3.2.- Que el fallo que se\u00f1al\u00f3 \u00a0la cuota presta m\u00e9rito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo \u00a0488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues, contiene una \u00a0obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, \u00aby \u00a0una [forma de pago], la cual es la consignaci\u00f3n en la cuenta \u00a0de ahorros del Banco Popular n\u00famero 230610100632\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3.3.- Que para probar el \u00a0incumplimiento del citado a pleito, anex\u00f3 los originales de \u00a0los extractos bancarios. \u00a0<\/p>\n
3.4.- Que el Juzgado Primero de \u00a0Familia de Ibagu\u00e9 libr\u00f3 orden de apremio (21 nov. \u00a02014), decisi\u00f3n retractada en virtud de recurso de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3.5.- Que la estimaci\u00f3n \u00a0de dicho medio impugnativo se bas\u00f3 en la sentencia T-979 de \u00a01999, la que estableci\u00f3 como requisitos de la demanda \u00ab1. \u00a0[l]a sentencia y 2. [l]os recibos de pago\u00bb, \u00a0y no \u00abun \u00a0informe actualizado de los salarios\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3.6.- Que en el sub \u00a0lite los \u00abextractos \u00a0bancarios hacen \u00a0las veces de recibos de pago (\u2026)\u00bb; \u00a0y que pedirle a ella aportar \u00abuna \u00a0certificaci\u00f3n de salarios del pap\u00e1 de la ni\u00f1a\u00bb, \u00a0es exigirle \u00abalgo \u00a0imposible\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3.7.- Que \u00ab[d]e \u00a0ser cierto que se necesitaren los informes actualizados de los \u00a0salarios (\u2026), esto ser\u00eda labor del juzgado\u00bb, \u00a0acorde con el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo del Menor. \u00a0<\/p>\n
3.8.- Que el accionado est\u00e1 \u00a0en mora \u00abparcial\u00bb \u00a0en lo que ata\u00f1e a los meses de enero, febrero y marzo de 2015, \u00a0\u00ab[enmarc\u00e1ndose \u00a0dentro de un caso grave de perjuicio irremediable en contra de una \u00a0menor de 10 a\u00f1os, por el derecho al m\u00ednimo vital – \u00a0alimentos]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
4.- La Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 el auxilio y orden\u00f3 \u00a0notificar a Diego Mauricio Bello Vargas. La secretar\u00eda cumpli\u00f3 \u00a0el acto respecto del prenombrado y ofici\u00f3 a la Defensor\u00eda \u00a0de Familia, sin que el expediente reporte alg\u00fan otro \u00a0enteramiento. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, mediante \u00a0providencia de 15 de abril de 2015 neg\u00f3 la salvaguarda porque \u00a0si bien \u00abse \u00a0hace una relaci\u00f3n de las sumas de dinero que se dice adeuda el \u00a0alimentante a la actora, con base en la sentencia que as\u00ed fij\u00f3 \u00a0el porcentaje y que las partes acordaron se le consignar\u00eda a \u00a0su cuenta de ahorro[s]\u00bb, \u00a0no se alleg\u00f3 \u00absoporte \u00a0alguno como prueba\u00bb \u00a0que indicara con claridad el sueldo percibido por el convocado \u00a0(folios 30 al 38). \u00a0<\/p>\n
Dicha resoluci\u00f3n fue \u00a0cuestionada por la actora, quien reiter\u00f3 lo aducido en el \u00a0escrito incoatorio, y remitida a esta Corporaci\u00f3n para desatar \u00a0la alzada (folios 43 al 52). \u00a0<\/p>\n
II.- \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1.- El art\u00edculo 29 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que nadie puede ser \u00a0juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al suceso que se le \u00a0imputa, ante la autoridad competente y con observancia de las formas \u00a0propias de cada litigio, entre las que se destaca la prerrogativa de \u00a0aducir pruebas y controvertir las arrimadas, sin que la tutela escape \u00a0a tales reglas, en particular porque los art\u00edculos 16 del \u00a0Decreto 2591 de 1991 y 5 del 306 de 1992 consagran el deber de \u00a0comunicar los prove\u00eddos a las partes e interesados. \u00a0<\/p>\n
Por ende, en \u00a0la medida en que aqu\u00ed \u00a0se censura lo surtido en un proceso de familia en el que se debate el \u00a0cobro ejecutivo de alimentos a favor de una ni\u00f1a, es necesaria \u00a0la vinculaci\u00f3n al presente asunto de la totalidad de quienes \u00a0participan en ese pleito para que ejerzan su derecho de \u00a0contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2.- Sin \u00a0embargo, al revisar el plenario, advierte la Corte que se omiti\u00f3 \u00a0citar al Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al Despacho, \u00a0como garant\u00eda de protecci\u00f3n de la menor de edad. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Coherente \u00a0con lo expuesto en otras oportunidades, el anterior razonamiento \u00a0guarda armon\u00eda con el art\u00edculo 95, \u00a0par\u00e1grafo, inciso 2\u00ba \u00a0de la Ley 1098 de \u00a02006, acorde con el cual \u00a0\u201c[l]os \u00a0procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los \u00a0procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de \u00a0los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u2026\u201d. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, con el art\u00edculo \u00a0211 \u00eddem, \u00a0que establece que \u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 las \u00a0funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la \u00a0Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, \u00a0que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la \u00a0Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las \u00a0procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de \u00a0vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n \u00a0y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y \u00a0judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0y la ley\u201d. \u00a0<\/p>\n
4.- Por ello, se estructura la \u00a0causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 140 numeral 9 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al haberse dado curso al pliego \u00a0constitucional sin la citaci\u00f3n de quien, como se anot\u00f3, \u00a0debi\u00f3 ser enterado, por involucrar el proceso que origin\u00f3 \u00a0el resguardo, y el propio amparo, aspectos relacionados con los \u00a0derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, motivo por el \u00a0cual se invalidar\u00e1 lo actuado en la primera instancia, para \u00a0que el Tribunal lo rehaga comunicando la iniciaci\u00f3n al Agente \u00a0del Ministerio P\u00fablico adscrito al juzgado denunciado. \u00a0<\/p>\n
Lo que antecede, en virtud de \u00a0la remisi\u00f3n efectuada por el art\u00edculo 4 del Decreto 306 \u00a0de 1992, el cual reza que \u00a0<\/p>\n
\u201cPara la \u00a0interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la \u00a0acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se \u00a0aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a \u00a0dicho decreto\u201d. \u00a0<\/p>\n
III.- \u00a0 DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Decretar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada, a partir del auto que le dio tr\u00e1mite, sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Devolver el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, para que rehaga la actuaci\u00f3n \u00a0comunicando la admisi\u00f3n del libelo al Agente del Ministerio \u00a0P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Tercero: \u00a0Informar lo resuelto a los interesados mediante telegrama. L\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0<\/p>\n
FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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