\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC2467-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2015-00122-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., trece (13)de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n impetrada contra el fallo del veinticuatro de \u00a0marzo de dos mil quince, proferido por la Sala Civil- Familia \u00a0del \u00a0Tribunal de Ibagu\u00e9, se advierte que se ha incurrido en un \u00a0vicio con alcance de nulidad insubsanable, que est\u00e1 llamado a \u00a0declararse. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante Nathalia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mendoza Arango, cuando era menor edad, estuvo bajo custodia de su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00eda Mar\u00eda D\u00e9vora Aguirre Arango. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su manutenci\u00f3n, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fij\u00f3 la suma de $700.000 mensuales, que deb\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cancelar sus padres Sandra Catalina Arango Uribe y Juan Carlos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mendoza Rayo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Tal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obligaci\u00f3n monetaria fue incumplida, raz\u00f3n por la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mar\u00eda Devora Aguirre Arango instaur\u00f3 denuncia penal de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inasistencia alimentaria contra los progenitores de la menor, cuyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conocimiento se asign\u00f3 a la Fiscal\u00eda 54 Seccional de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cumplir la mayor\u00eda de edad, Nathalia Mendoza Arango quiso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conocer el estado del tr\u00e1mite penal adelantado, no obstante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizar varias averiguaciones en el ente acusado, le comunicaron \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el expediente se encontraba archivado. \u00a0<\/p>\n
5. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a015 de enero de 2015, la promotora del amparo present\u00f3 derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Ibagu\u00e9, en el cual solicit\u00f3 el desarchivo del caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y se le informara la raz\u00f3n por la cual guardaron el mismo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[folio 7, c.1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Adujo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la actora que transcurrido el t\u00e9rmino legal de 15 d\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no obtuvo contestaci\u00f3n a su requerimiento, omisi\u00f3n con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cual consider\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el que pide, le sea restablecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a-quo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo del 24 de marzo del corriente a\u00f1o concedi\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0amparo solicitado, y orden\u00f3 al ente tutelado que en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino de 48 horas diera contestaci\u00f3n al pedimento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectuado [Folios 42-45, c.1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. Tras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ser impugnado, se remitieron las diligencias a esta Corporaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para la resoluci\u00f3n del correspondiente recurso. [Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a048 a 57, c.1] \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y \u00a0sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las \u00a0cuales se prev\u00e9 la perentoria obligaci\u00f3n de notificar \u00a0las providencias proferidas en su tr\u00e1mite a las partes o \u00a0intervinientes, seg\u00fan lo disponen el art\u00edculo 16 del \u00a0Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de \u00a01992. \u00a0<\/p>\n
Dentro de los \u00a0sujetos a los que se debe comunicar las decisiones adoptadas en el \u00a0tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los terceros \u00a0determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio \u00a0de las resultas de la acci\u00f3n, a los que es imperativo enterar \u00a0del inicio del tr\u00e1mite, con el fin de que tengan la \u00a0oportunidad de ejercer el derecho de defensa, tal como lo autoriza el \u00a0art\u00edculo 13 del decreto que sirve de marco a la regulaci\u00f3n \u00a0del recurso excepcional de amparo. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0citada norma precept\u00faa que la persona que \u00a0\u00abtuviere \u00a0un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 \u00a0intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o \u00a0autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u00bb. \u00a0<\/p>\n
El criterio que se \u00a0expone ha sido reiterado por la Corte, pues est\u00e1 involucrada \u00a0la efectividad material de las garant\u00edas de contradicci\u00f3n \u00a0y debido proceso de quienes pueden verse afectados al proveer sobre \u00a0la petici\u00f3n de amparo. (CSJ ACT, 1\u00ba Nov 2012, Rad. \u00a02012-00001-01). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Aplicadas \u00a0las anteriores premisas a la actuaci\u00f3n de la que ahora se \u00a0ocupa la Corte, emerge claro que si el reclamo de tutela va dirigida \u00a0a que se desarchive una investigaci\u00f3n penal y que se brinden \u00a0copias de las providencias proferidas en la misma, as\u00ed como \u00a0obtener las explicaciones por las cuales no se continu\u00f3 con la \u00a0misma, era preciso vincular a los interesados en la forma en que se \u00a0dirimir\u00e1 la controversia, y por ende, a todos los titulares de \u00a0un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la acci\u00f3n incoada, \u00a0calidad que ostentan todos los convocantes y convocados en dicha \u00a0causa, as\u00ed como las autoridades que en ella intervinieron. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, no se verific\u00f3 la vinculaci\u00f3n del investigado, \u00a0esto es, a al se\u00f1or Juan Carlos Mendoza Rayo, como tampoco de \u00a0la Fiscal\u00eda Cincuanta y Cuatro Delegada Ante los Juzgados \u00a0Penales y Promiscuos Municipales, Unidad de Protecci\u00f3n al \u00a0Menor, la que conoci\u00f3 el asunto y estar\u00eda llamada a dar \u00a0soluci\u00f3n a los requerimientos de la actora, pues no se les \u00a0dirigi\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna a efectos de notificarlos \u00a0de la providencia que admiti\u00f3 el reclamo constitucional. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En las condiciones rese\u00f1adas, no era posible emitir el fallo \u00a0que definiera el asunto, dado que no se garantiz\u00f3 el derecho \u00a0al debido proceso de los terceros que podr\u00edan reportar inter\u00e9s \u00a0en el mismo. \u00a0<\/p>\n
Impone lo \u00a0anterior, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que \u00a0admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, para que el \u00a0Tribunal efect\u00fae las notificaciones omitidas, dejando \u00a0constancia de las gestiones que con ese prop\u00f3sito se realicen. \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela, a \u00a0partir del auto que la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, sin perjuicio \u00a0de la validez de la notificaci\u00f3n realizada a las entidades \u00a0accionadas, conservando eficacia las pruebas que se recaudaron, \u00a0acorde con lo previsto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comunicar \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los involucrados, a trav\u00e9s del medio \u00a0m\u00e1s expedito posible. \u00a0<\/p>\n
NOTIFIQUESE Y \u00a0C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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