\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
ATC2497-2015 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece \u00a0(13) de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir \u00a0la impugnaci\u00f3n del fallo de 20 de marzo de 2015, proferido por \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Pereira, que neg\u00f3 la tutela impetrada por Javier El\u00edas \u00a0Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Civil del Circuito de \u00a0Dosquebradas, si no fuera porque en la primera instancia se incurri\u00f3 \u00a0en causal de nulidad. \u00a0<\/p>\n
I.- ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.- Obrando en nombre propio, \u00a0el promotor afirma que le fueron violados los derechos al debido \u00a0proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
2.- Atribuye \u00a0la vulneraci\u00f3n a la tardanza en la resoluci\u00f3n del \u00a0asunto y la no aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n que prev\u00e9 \u00a0el tr\u00e1mite oficioso. \u00a0<\/p>\n
3.- Como soporte de lo \u00a0pretendido, aduce lo siguiente (folios 1 y 2): \u00a0<\/p>\n
3.1.- Que present\u00f3 \u00a0<<acci\u00f3n \u00a0popular>> en \u00a0el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, radicaci\u00f3n n\u00b0 \u00a02009-256. \u00a0<\/p>\n
3.2.- Que el Despacho \u00abviola\u00bb \u00a0el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, pues, \u00abno \u00a0es proactiv[a] y menos impulsa la acci\u00f3n de manera oficiosa \u00a0tal como se lo ordena la ley\u00bb; \u00a0de ah\u00ed que exista mora judicial. \u00a0<\/p>\n
3.3.- Que solicit\u00f3 \u00a0vigilancia judicial y administrativa, \u00abempero \u00a0nada se ha ordenado y menos sancionado\u00bb, \u00a0raz\u00f3n por la que acude a este mecanismo constitucional. \u00a0<\/p>\n
4.- Pide se le ordene al \u00a0convocado \u00abque \u00a0de manera inmediata aplique el art 5 de la ley 472 de 1998, so pena \u00a0de destituci\u00f3n (\u2026), termine la moral judicial y acabe \u00a0con la renuencia inmediatamente\u00bb; \u00a0y que se compulsen copias con destino a la Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que \u00a0investigue el incumplimiento del principio de celeridad (folio 2). \u00a0<\/p>\n
5.- La Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal de Pereira admiti\u00f3 el auxilio y orden\u00f3 \u00a0notificar al querellado, sin que el expediente reporte alg\u00fan \u00a0otro enteramiento. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, mediante \u00a0providencia de 20 de marzo de 2015 neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n por la ausencia del requisito de inmediatez, \u00a0pues, han transcurrido cinco (5) y tres (3) a\u00f1os, \u00a0respectivamente, desde la admisi\u00f3n de la demanda y la \u00a0desestimaci\u00f3n de la \u00faltima petici\u00f3n elevada para \u00a0que se impulsara la actuaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que no se plante\u00f3 \u00a0reposici\u00f3n contra los interlocutorios mencionados (folios 25 \u00a0al 33). \u00a0<\/p>\n
6.- Dicha resoluci\u00f3n fue \u00a0cuestionada por el solicitante, quien reiter\u00f3 lo esgrimido en \u00a0el escrito introductorio; adujo que no interpuso reposici\u00f3n \u00a0porque \u00abno \u00a0sab\u00eda\u00bb, \u00a0ya que no es abogado; y que no se transgrede el principio de \u00a0inmediatez porque la ausencia de celeridad de oficio lleva m\u00e1s \u00a0de seis (6) a\u00f1os. Implora, adem\u00e1s, se le indique en qu\u00e9 \u00a0parte de la Ley 472 de 1998 se le exige al actor popular noticiar a \u00a0la comunidad. \u00a0<\/p>\n
II.- \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1.- La esencia de las \u00a0pretensiones de la accionante en este escenario constitucional, es \u00a0que se ordene el impulso oficioso de una acci\u00f3n popular que \u00a0present\u00f3 contra Comfamiliares IPS, ante la pasividad del \u00a0Juzgado accionado. \u00a0<\/p>\n
2.- El \u00a0art\u00edculo 21 inciso sexto de la Ley 472 de 1998, establece para \u00a0esa clase de asuntos que \u00ab[s]i \u00a0la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio P\u00fablico \u00a0se le comunicar\u00e1 a \u00e9ste el auto admisorio de la \u00a0demanda, con el fin de que intervengan como parte p\u00fablica en \u00a0defensa de los derechos e intereses colectivos, en aquellos procesos \u00a0que lo considere conveniente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Norma que se concatena con el \u00a0art\u00edculo 118 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en \u00a0virtud del cual el <<Ministerio \u00a0P\u00fablico ser\u00e1 ejercido por el Procurador General de la \u00a0Naci\u00f3n, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores \u00a0delegados y los agentes del ministerio p\u00fablico, ante las \u00a0autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por \u00a0los dem\u00e1s funcionarios que determine la ley>>. \u00a0<\/p>\n
Quiere decir \u00a0que la participaci\u00f3n de las diferentes dependencias que \u00a0conforman esa \u00a0instituci\u00f3n en los diligenciamientos de que se trata, por \u00a0estar dirigida a la protecci\u00f3n del bien com\u00fan, exige de \u00a0un enteramiento tanto en el curso de la acci\u00f3n popular, como \u00a0en las actuaciones accesorias y consecuenciales, como lo es el \u00a0amparo. \u00a0<\/p>\n
Y no puede \u00a0decirse que la falta de aviso pierde relevancia, por el mero hecho de \u00a0que la participaci\u00f3n efectiva de esos funcionarios sea \u00a0optativa, porque precisamente para sopesar la relevancia o no de su \u00a0intervenci\u00f3n es necesario que tengan conocimiento de los \u00a0puntos que son objeto de discusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3.- Si bien la Corporaci\u00f3n \u00a0ven\u00eda resolviendo de fondo las impugnaciones de los resguardos \u00a0relacionados con \u00abacciones \u00a0populares\u00bb sin \u00a0vincular a este tr\u00e1mite excepcional al Ministerio P\u00fablico, \u00a0estima necesario hacerlo a partir de ahora dada \u00a0su naturaleza de \u00f3rgano de control y representante de la \u00a0sociedad, que lo convierten en una parte imprescindible, cuando de la \u00a0afectaci\u00f3n de los intereses colectivos se trata, bien que \u00a0decida intervenir o guardar silencio. \u00a0<\/p>\n
4.- La omisi\u00f3n en la \u00a0citaci\u00f3n al amparo de ciertas personas o autoridades, es \u00a0claramente lesiva del debido proceso, que ha entendido la Sala como \u00a0<\/p>\n
(\u2026) un \u00a0conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en \u00a0todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones \u00a0administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s \u00a0personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a \u00a0elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, \u00a0postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho \u00a0fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(CSJ SC, 5 may. 2011 Rad. 00063-01, reiterada entre \u00a0otras, el 11 mar. \u00a02015, ATC1229). \u00a0<\/p>\n
De tal \u00a0manera, resulta perentorio garantizar la \u00a0defensa y contradicci\u00f3n a todos aquellos que puedan verse \u00a0perjudicados o sean destinatarios directos de las \u00f3rdenes \u00a0constitucionales que lleguen a impartirse, siendo imperioso \u00a0informarles de la apertura del tr\u00e1mite, a efecto de que, si a \u00a0bien lo tienen, se pronuncien sobre el mismo. \u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Revisadas las actuaciones, se observa que el Tribunal omiti\u00f3 \u00a0citar a las presentes diligencias a la totalidad de los \u00a0intervinientes en el asunto que motiva el resguardo, toda vez que no \u00a0comunic\u00f3 la apertura al Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se estructura \u00a0la causal de nulidad contemplada en el art\u00edculo 140 numeral 9\u00b0 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al haberse iniciado y \u00a0decidido la salvaguarda sin la citaci\u00f3n de quien, como se \u00a0destac\u00f3, debi\u00f3 ser enterado, por involucrar el litigio \u00a0que origin\u00f3 el amparo, y la propia tutela, los intereses de la \u00a0comunidad. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, se invalidar\u00e1 \u00a0lo rituado por el a \u00a0quo, eso s\u00ed, \u00a0dejando a salvo las pruebas decretadas y practicadas. \u00a0<\/p>\n
6.- El precepto que antecede \u00a0resulta aplicable en virtud de la remisi\u00f3n efectuada por el \u00a0art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992, que reza \u00abpara \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de \u00a0la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se \u00a0aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a \u00a0dicho decreto\u00bb. \u00a0<\/p>\n
III.- \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Decretar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n \u00a0referenciada, a partir del auto que la avoc\u00f3, sin perjuicio de \u00a0la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Devolver el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Pereira, para que rehaga la actuaci\u00f3n \u00a0comunicando la admisi\u00f3n del libelo al Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Tercero: \u00a0Informar lo resuelto a los interesados mediante telegrama. L\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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