\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC2531-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a047001-22-13-000-2015-00058-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., \u00a0quince (15) de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta \u00a0frente a la sentencia dictada el 26 de marzo de 2015 por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa \u00a0Marta, dentro de la tutela promovida por Alberto Segundo Montoya \u00a0Ojeda contra la Registradur\u00eda Delegada Departamental del \u00a0Magdalena y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, si \u00a0no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan \u00a0se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0gestor suplica \u00a0la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales a la dignidad \u00a0humana, trabajo y debido proceso, \u00a0presuntamente lesionadas por la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 a 7, \u00a0cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Mediante \u00a0sentencias dictadas el 30 de octubre de 2013 y 18 de junio de 2014, \u00a0el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta y el Tribunal de la \u00a0misma especialidad del Magdalena, respectivamente, declararon \u201c(\u2026) \u00a0la \u00a0nulidad del acto que lo declar\u00f3 insubsistente como Registrador \u00a0Municipal de Pueblo Viejo (\u2026)\u201d \u00a0ordenando su reintegro, sin soluci\u00f3n de continuidad, en dicho \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En cumplimiento de lo anterior, la Registradur\u00eda querellada \u00a0profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 273 de 4 de agosto de \u00a02014, vinculando al aqu\u00ed quejoso a dicha entidad. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Empero, refiere que en \u201c(\u2026) el \u00a0acta de reintegro suscrita por los Delegados Departamentales del \u00a0Magdalena de la Registradur\u00eda Nacional (\u2026)\u201d \u00a0se indic\u00f3 que su nombramiento ser\u00eda \u201c(\u2026) \u00a0por \u00a0el plazo de seis meses prorrogables en los t\u00e9rminos \u00a0establecidos en el art\u00edculo 8 del Decreto 1227 de 2005 \u00a0(sic) (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Cuestiona lo anterior porque su designaci\u00f3n por un semestre le \u00a0arrebat\u00f3 el derecho a gozar de vacaciones, afectando el \u00a0reconocimiento y pago de su prima anual de servicios, al igual que de \u00a0las restantes prestaciones sociales, \u201c(\u2026) como \u00a0son las cesant\u00edas \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Alude adem\u00e1s, que transcurrido el mencionado per\u00edodo, \u00a0la accionada expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 114 de 4 de \u00a0febrero de 2015, por la cual \u201c(\u2026) no \u00a0se prorrog\u00f3 su nombramiento, sino que se efectu\u00f3 por un \u00a0lapso de tres meses \u00a0(sic) (\u2026)\u201d, estableciendo all\u00ed que al culminar \u00a0dicho plazo \u201c(\u2026) se \u00a0terminar\u00eda su vinculaci\u00f3n, sin necesidad de expedirse \u00a0un nuevo acto al respecto \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.6. \u00a0Finalmente, asevera que la Registradur\u00eda Delegada \u00a0Departamental del Magdalena no ha dado pleno cumplimiento a las \u00a0decisiones judiciales proferidas a su favor, pues aqu\u00e9llas no \u00a0ordenaron \u201c(\u2026) realizar \u00a0nuevas designaciones cuando finalizara cada per\u00edodo, sino que \u00a0ello fuese prorrogado \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por \u00a0tanto, implora se \u00a0ordene su reintegro, disponiendo \u201c(\u2026) prorrogar \u00a0su nombramiento por t\u00e9rminos no inferiores a seis meses \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Registradur\u00eda \u00a0Delegada Departamental del Magdalena se opuso al ruego tuitivo, \u00a0aduciendo que los nombramientos del actor \u201c(\u2026) por \u00a0seis meses tienen sustento en la Ley 1350 de 2009, que rige la \u00a0carrera administrativa de esa entidad \u00a0(\u2026)\u201d, aseverando que ello ha operado sin soluci\u00f3n \u00a0de continuidad, es decir, sin afectar los derechos aqu\u00ed \u00a0deprecados (fls. 1 a 9, cdno. primera instancia). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por su parte, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil \u00a0solicit\u00f3 \u00a0su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa \u00a0por pasiva, teniendo en cuenta que los hechos endilgados por el actor \u00a0corresponden exclusivamente a la referida delegaci\u00f3n \u00a0departamental, \u00a0rese\u00f1ando para tal efecto su estructura \u00a0y funcionamiento de forma desconcentrada. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Santa Marta neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por ausencia \u00a0del presupuesto de subsidariedad, \u00a0tras advertir que el libelista \u00a0puede atacar la Resoluci\u00f3n N\u00ba 114 del 4 de febrero de \u00a02015 \u201c(\u2026) mediante \u00a0la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho \u00a0(\u2026)\u201d (fls. 124 a 127, cdno.1). \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Impugn\u00f3 \u00a0el promotor, realzando los argumentos del libelo genitor \u00a0(fls. 132 a 134, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico del escrito de tutela se desprende, sin asomo \u00a0de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para \u00a0tramitar el asunto, pues el auxilio constitucional involucra \u00a0exclusivamente a la Registradur\u00eda \u00a0Delegada Departamental del Magdalena al acusar el actor a \u00e9sta \u00a0de violar las garant\u00edas fundamentales aqu\u00ed invocadas \u00a0con los actos administrativos que ordenaron su reintegro \u201cpor \u00a0solo seis meses\u201d. \u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la Sala que el auxilio si bien se instaur\u00f3 en contra de la \u00a0Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, lo cierto es que el \u00a0tutelante no arremete en su contra, pues no le atribuye acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n que fundamente su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, \u00a0por lo que su convocatoria no resulta v\u00e1lida, por no \u00a0precisarse su relaci\u00f3n con los hechos de la queja \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ahora bien, la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0Nacional del Estado Civil es un organismo de orden nacional, cuya \u00a0estructura, de un lado, est\u00e1 dise\u00f1ada por un \u201c(\u2026) \u00a0nivel \u00a0central (\u2026)\u201d, \u00a0y otro, descentralizado, compuesto este \u00faltimo por \u201c(\u2026) \u00a0las \u00a0dependencias cuyo nivel de competencias est\u00e1 circunscrito a \u00a0una circunscripci\u00f3n electoral espec\u00edfica o dentro de \u00a0los t\u00e9rminos territoriales que comprendan el ejercicio de \u00a0funciones inherentes a la Registradur\u00eda Nacional y se \u00a0configura con observancia de los principios de la funci\u00f3n \u00a0administrativa (\u2026)\u201d, \u00a0(art. \u00a010 Decreto 1010 de 2000), debiendo \u00a0conocer el presente resguardo los jueces \u00a0del circuito o con categor\u00edas de tales, por comprender \u00a0exclusivamente a la Registradur\u00eda \u00a0Delegada Departamental del Magdalena, de \u00a0conformidad con el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0un asunto de similares contornos dijo esta Sala: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0tal sentido, de atender a lo previsto por el \u00a0inciso segundo, numeral primero del Decreto 1382 de 2000 \u201cA los \u00a0jueces del circuito o con categor\u00edas de tales, le ser\u00e1n \u00a0repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones \u00a0de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del \u00a0sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad \u00a0p\u00fablica del orden departamental\u201d, por lo que la presente \u00a0queja constitucional, le corresponde por reparto, en primera \u00a0instancia, a los jueces del circuito, en tanto que de acuerdo con el \u00a0art\u00edculo 10 del Decreto Ley 1010 de 2000, la Registradur\u00eda \u00a0Especial del Estado Civil del Cauca, pertenece al nivel departamental \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0As\u00ed las cosas, como la salvaguarda fue formulada ante el \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien \u00a0profiri\u00f3 el fallo materia de impugnaci\u00f3n, se incurri\u00f3 \u00a0en la causal de nulidad prevista en el precepto 140 C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, esto es, falta de competencia2, \u00a0pues conforme se indic\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, es \u00a0evidente que esta salvaguarda debi\u00f3 ser tramitada ante los \u00a0jueces del circuito o con categor\u00eda de tales y no frente a la \u00a0mencionada Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente con el derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por las razones anotadas, estima la Sala que atendiendo la naturaleza \u00a0jur\u00eddica de la \u00a0Registradur\u00eda Delegada Departamental del Magdalena, \u00a0la competencia para conocer en primera instancia de la presente \u00a0solicitud de amparo corresponde a los Jueces del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales de Santa Marta y no al Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de la citada ciudad. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0De modo que, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a \u00a0partir del auto que le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la \u00a0misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se dispone remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Santa Marta para que sea repartido a los Jueces del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales de esa capital. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los \u00a0interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ATC 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sep. 2013, rad. N\u00b0. 00068. \u00a0<\/p>\n
2Norma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios generales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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