\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC2532-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a068001-22-13-000-2015-00186-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince \u00a0(15) de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta \u00a0frente a la sentencia dictada el 26 de marzo de 2015 por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga, dentro de la tutela promovida por Rafael Rueda \u00c1lvarez \u00a0contra ECOPETROL S.A. e INARCON S.A., \u00a0si \u00a0no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan \u00a0se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0gestor \u00a0suplica \u00a0la protecci\u00f3n de las prerrogativas al trabajo, \u00a0igualdad, presunci\u00f3n de inocencia, asociaci\u00f3n sindical, \u00a0debido proceso, estabilidad laboral y no discriminaci\u00f3n, \u00a0presuntamente lesionadas por las accionadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a02 y 3): \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Tiene un v\u00ednculo laboral con INARCON S.A., empresa contratista \u00a0de ECOPETROL S.A., desempe\u00f1ando sus funciones como \u201ctrabajador \u00a0tercerizado\u201d \u00a0en el Instituto Colombiano de Petr\u00f3leo. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Hace parte de la Uni\u00f3n Sindical Obrera de la Industria del \u00a0Petr\u00f3leo \u2013USO-, entidad que desarroll\u00f3 \u201c(\u2026) \u00a0acciones \u00a0de protesta (\u2026)\u201d \u00a0por los despidos masivos como consecuencia de la \u201c(\u2026) \u00a0crisis \u00a0que atraviesa el sector (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Por el cese de actividades llevado a cabo, ECOPETROL impidi\u00f3 \u00a0ingresar a sus instalaciones a los \u201ctrabajadores \u00a0tercerizados\u201d, \u00a0restricci\u00f3n levantada para todos sus compa\u00f1eros, menos \u00a0para \u00e9l, el 11 de marzo de 2015. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Debido a lo antelado, fue ubicado \u201c(\u2026) en \u00a0las instalaciones de la oficina administrativa [de \u00a0INARCON S.A.], \u00a0 en una banca, sin funciones (\u2026)\u201d, \u00a0y se le ha citado para rendir descargos en el tr\u00e1mite \u00a0disciplinario iniciado en su contra por la aludida huelga. \u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Se\u00f1ala que INARCON S.A. lo est\u00e1 presionando y \u00a0\u201caburriendo\u201d \u00a0para \u201c(\u2026) inducir[lo] \u00a0a \u00a0la renuncia, (\u2026) \u00a0incurriendo \u00a0en pr\u00e1cticas de acoso laboral y Mobbing (sic) \u00a0(\u2026)\u201d, en raz\u00f3n a su asociaci\u00f3n sindical. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Implora, en concreto, ordenar a las tuteladas lo asignen \u201c(\u2026) \u00a0en \u00a0el contrato comercial que se ejecuta en el Instituto Colombiano de \u00a0Petr\u00f3leo (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0ECOPETROL S.A. asegur\u00f3 no haber quebrantado las prerrogativas \u00a0supralegales \u00a0invocadas \u00a0(flsd. 47 a 50). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0INARCON S.A. exigi\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo, alegando \u00a0que no ha \u201c(\u2026) cercenado \u00a0derecho alguno, pues el actor pretendiendo eludir sus \u00a0responsabilidades y el presunto incumplimiento de sus obligaciones, \u00a0supone encubrir su conducta con la acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 71 a 78). \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El Ministerio del Trabajo, vinculado por la Corporaci\u00f3n a \u00a0quo, \u00a0requiri\u00f3 ser desligado, por cuanto \u201c(\u2026) no \u00a0hay responsabilidad alguna que se le endilgue (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 105 a 116). \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0La \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n deprecada tras advertir la ausencia del \u00a0presupuesto de subsidariedad, pues si \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0el \u00a0accionante considera que su empleador INARCON S.A., ha incurrido en \u00a0actos de acoso (\u2026), \u00a0al ser esa una empresa privada, \u00e9l puede acudir ante la \u00a0jurisdicci\u00f3n ordinaria, en la especialidad laboral, para que \u00a0se investiguen esos actos (\u2026) \u00a0como \u00a0lo prev\u00e9 el art\u00edculo 10 de la Ley 1010 de 2006 (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 119 a 128). \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Impugn\u00f3 el promotor, realzando los argumentos del libelo \u00a0genitor \u00a0(fls. 163 a 175). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de tutela se desprende, \u00a0sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n \u00a0para tramitar el asunto, pues el auxilio constitucional fue erigido \u00a0frente a INARCON S.A. y ECOPETROL S.A., \u00a0debiendo \u00a0conocer de su tr\u00e1mite los jueces civiles del circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales, conforme a lo previsto en el inciso 2\u00ba, \u00a0numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Al respecto, ECOPETROL S.A. es una Sociedad de Econom\u00eda Mixta, \u00a0de car\u00e1cter comercial, organizada bajo la forma de sociedad \u00a0an\u00f3nima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas \u00a0y Energ\u00eda, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de \u00a02006, \u00a0perteneciente al sector descentralizado por servicios, seg\u00fan \u00a0lo establecido en el literal f numeral 2\u00ba de la regla 38 de la \u00a0Ley 489 de 1998. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, Rafael \u00a0Rueda \u00c1lvarez dirige \u00a0su reclamo frente a INARCON S.A., entidad de naturaleza privada, \u00a0raz\u00f3n por la cual el amparo interpuesto contra aquella, es del \u00a0conocimiento de los jueces municipales, pues, as\u00ed lo ordena el \u00a0canon 1\u00ba del Decreto legislativo en menci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, por hallarse involucrados simult\u00e1neamente dos \u00a0organismos, uno de naturaleza p\u00fablica y otro particular, seg\u00fan \u00a0se indic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, el reparto del \u00a0presente asunto corresponde al \u201c(\u2026) juez \u00a0de mayor jerarqu\u00eda \u00a0(\u2026)\u201d, esto es, a los \u00a0jueces \u00a0del circuito o con categor\u00edas de tales, teniendo en cuenta lo \u00a0previsto en el inciso 5\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0As\u00ed las cosas, como la salvaguarda fue formulada ante el \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien \u00a0profiri\u00f3 el fallo materia de impugnaci\u00f3n, se incurri\u00f3 \u00a0en la causal de nulidad prevista en el precepto 140 C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, esto es, falta de competencia1, \u00a0pues conforme se indic\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, es \u00a0evidente que este resguardo debi\u00f3 ser tramitado ante los \u00a0jueces del circuito o con categor\u00eda de tales y no frente a la \u00a0mencionada Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente con el derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Por las razones anotadas, estima la Sala que atendiendo la naturaleza \u00a0jur\u00eddica de ECOPETROL S.A., la competencia para conocer en \u00a0primera instancia de la presente solicitud de amparo corresponde a \u00a0los Jueces del Circuito y no al Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bucaramanga. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0De modo que, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a \u00a0partir del auto que le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la \u00a0misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se dispone remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Bucaramanga para que sea repartido a los Jueces del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales de esa capital. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los \u00a0interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1Norma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios generales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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