{"id":87463,"date":"2024-05-31T22:16:10","date_gmt":"2024-05-31T22:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc2704-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:16:10","modified_gmt":"2024-05-31T22:16:10","slug":"atc2704-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc2704-2015\/","title":{"rendered":"ATC2704-2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n<p>ATC2704-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a041001-22-14-000-2015-00078-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinte de mayo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de mayo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo \u00a0proferido el 9 de abril de 2015 por la Sala \u00a0Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Neiva, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por la sociedad \u00a0Meneses \u00a0Ram\u00edrez S.A.S. contra \u00a0la \u00a0Superintendencia de Servicios P\u00fablicos y \u00a0la Empresas \u00a0P\u00fablicas ESP de la misma ciudad, \u00a0si \u00a0no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista \u00a0en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba \u00a0del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida \u00a0hasta este momento, como pasa a exponerse. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 La sociedad \u00a0Meneses \u00a0Ram\u00edrez S.A.S., a trav\u00e9s de apoderado judicial, \u00a0solicit\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio contra \u00a0las Empresas P\u00fablicas de Neiva y la Superintendencia de \u00a0Servicios P\u00fablicos, pretendiendo la protecci\u00f3n \u00a0constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, el cual \u00a0estima vulnerado con ocasi\u00f3n de la negativa de dicha empresa \u00a0de cobrar \u00fanicamente las tres primeras facturas de la cuenta \u00a0No. 130662500. \u00a0<\/p>\n<p>En consecuencia, \u00a0se extrae del escrito de tutela, que lo concretamente pretendido, es \u00a0que se revoquen los actos administrativos mediante los cuales \u00abNo \u00a0se acce[di\u00f3] \u00a0a las pretensiones \u00a0del reclamo No. 72919 DE 23 DE MAYO DE 2014, instaurado por el (la) \u00a0se\u00f1or(a) Gilberto Romero Ram\u00edrez, como usuario y\/o \u00a0suscriptor de la Matr\u00edcula No. 130682500\u00bb (fl. \u00a03, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tal pretensi\u00f3n, adujo en s\u00edntesis, que el \u00a0citado se\u00f1or Romero Ram\u00edrez reclam\u00f3 ante la \u00a0Empresa de Servicios P\u00fablicos de Neiva, \u00abel \u00a0no pago de las facturas generadas contra la [citada] \u00a0cuenta, \u00a0en raz\u00f3n a que despu\u00e9s de los tres meses siguientes a \u00a0la sustracci\u00f3n del pago, por parte de los arrendatarios, [la] \u00a0entidad permiti\u00f3 que continuaran disfrutando del servicio, \u00a0cuando era su obligaci\u00f3n la suspensi\u00f3n o corte del \u00a0servicio\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Asevera \u00a0que la anterior petici\u00f3n fue negada y \u00abnotificad[a] \u00a0en forma verbal\u00bb, \u00a0la \u00a0que una vez recurrida sin \u00e9xito se mantuvo por la entidad y, \u00a0en sede de apelaci\u00f3n, fue confirmada por la Superintendencia \u00a0de Servicios P\u00fablicos. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 La Sala \u00a0Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Neiva neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n, tras considerar que \u00abel \u00a0accionante tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones de la \u00a0empresa p\u00fablica de servicios accionada por medio de la v\u00eda \u00a0gubernativa, ejerciendo plenamente su derecho de defensa, pudiendo \u00a0actualmente acudir a la jurisdicci\u00f3n competente. Es decir, no \u00a0se le viol\u00f3 el derecho al debido proceso administrativo. (\u2026) \u00a0Tampoco se encuentra probado un perjuicio irremediable para que \u00a0proceda la tutela, ya que la afectaci\u00f3n padecida por el actor \u00a0es simplemente patrimonial, pues, aunque no lo dice en el memorial, \u00a0en las actas de suspensi\u00f3n de la EPN se observa que se trata \u00a0de un inmueble destinado a una actividad comercial\u00bb \u00a0(fls. \u00a0110, cdno.1), \u00a0por lo que impugnada \u00a0la sentencia por la empresa actora (fl. 170, Cit.), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 As\u00ed \u00a0las cosas, como se censura la actuaci\u00f3n desplegada por la \u00a0Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, la competencia para \u00a0conocer de la presente acci\u00f3n de tutela en primera instancia, \u00a0corresponde a los Jueces del Circuito de Neiva o con categor\u00eda \u00a0de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, tal y como lo ha \u00a0sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n<p>\u201cla \u00a0Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, de \u00a0acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 76 de la ley 142 \u00a0de 1994 y 2\u00b0 del Decreto 990 de 2002, es un organismo de car\u00e1cter \u00a0t\u00e9cnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico1, \u00a0con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda \u00a0administrativa y patrimonial, creada mediante la citada ley, es \u00a0decir, un ente \u00a0descentralizado por servicios, \u00a0de conformidad con el contenido del literal c), numeral 2\u00b0, \u00a0art\u00edculo 38 de la ley 489 de 1998, [por lo que] es \u00a0claro que el tribunal no estaba llamado a conocer de las demandas de \u00a0tutela formuladas contra el mismo, sino el Juzgado del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tal.\u201d \u00a0(subrayas fuera del texto) (fallos 23 mar. 2007, exp. \u00a0440012214000200700002; 10 ago. 2009, exp. 73001221300020090021001; 1\u00ba \u00a0sep. 2009, exp. 7300122130002009-00261-01; 15 jul. 2010, exp. \u00a047001-22-13-000-2010-00069-01; 9 sep. 2010, exp. \u00a050001-22-14-000-2010-00153-01;30 mar. 2011, exp. 31943 y reiterada 16 \u00a0sep.. 2013 exp. 08001-22-13-000-2013-00278-01). \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en la \u00a0presente demanda de amparo por la Sala Civil Familia Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a partir del auto \u00a0que dio inicio al presente tr\u00e1mite, y se dispondr\u00e1 el \u00a0env\u00edo del expediente a los Jueces Civiles del Circuito de la \u00a0misma ciudad, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas \u00a0en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0Es necesario \u00a0recordar que esta Sala, en auto de 13 de mayo de 2009, rad. \u00a02009-00083-01, precis\u00f3 que \u00a0<\/p>\n<p>\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n<p>Por otra \u00a0parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios \u00a0de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido \u00a0proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la \u00a0jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u2018el cual establece \u00a0que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al \u00a0acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con \u00a0observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 \u00a0(Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). \u00a0<\/p>\n<p>An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014). \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir \u00a0del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, \u00a0sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0En \u00a0consecuencia, por Secretar\u00eda env\u00edese el presente asunto \u00a0a los Juzgados \u00a0Civiles del Circuito o con categor\u00eda de tales de la ciudad de \u00a0Neiva, para que se efect\u00fae el reparto. \u00a0Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Neiva, a la empresa accionante y a la \u00a0Superintendencia de Servicios P\u00fablicos mediante telegrama, y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hoy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 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