\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC3119-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 17001-22-13-000-2015-00100-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de tres \u00a0de junio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) \u00a0de junio de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, \u00a0presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haber \u00a0sido capturado dentro de la indagaci\u00f3n preliminar iniciada en \u00a0su contra por el presunto delito de da\u00f1o en recursos \u00a0naturales. \u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0entonces, ordenar a las autoridades convocadas, que \u00a0<\/p>\n
\u00aben \u00a0caso de requerir su presencia, lo haga[n] bajo el tr\u00e1mite de \u00a0un proceso escrito sujeto a la normatividad colombiana; (\u2026) en \u00a0caso de ser objeto de intervenci\u00f3n, la administraci\u00f3n \u00a0interesada sustituya [su] \u00a0fuente de trabajo en condiciones iguales o mejores a la actual (\u2026); \u00a0A la Polic\u00eda Nacional, SIJIN o cualquier Agente de autoridad \u00a0p\u00fablica, abstenerse de emplear medios de coerci\u00f3n \u00a0psicol\u00f3gica o detenciones arbitrarias que impidan el ejercicio \u00a0mientras carezca de orden administrativa y judicial que ordene la \u00a0suspensi\u00f3n de las actividades que desarroll[a] \u00a0en el lugar (\u2026); \u00a0que ninguna autoridad ordene [su] \u00a0retiro del lugar (\u2026); \u00a0se anulen los registros correspondientes a la rese\u00f1a de que \u00a0fu[e] \u00a0(\u2026), \u00a0en diligencia que se [l]e \u00a0notificar\u00e1 personalmente y en presencia de un agente del \u00a0Ministerio P\u00fablico que [l]e \u00a0garantice indemnidad a [su] \u00a0buen nombre\u00bb \u00a0(fl. \u00a02 reverso, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, \u00a0que \u00a0pese a \u00a0que desde hace m\u00e1s de 50 a\u00f1os trabaja extrayendo \u00a0material de r\u00edo en \u00abla \u00a0zona del Popal hasta la Arenosa\u00bb, \u00a0con los permisos que no le han revocado, fue capturado el pasado 18 \u00a0de marzo por la SIJIN de la Polic\u00eda Nacional de Manizales \u00abpor \u00a0ejercer supuestamente miner\u00eda ilegal\u00bb, \u00a0tom\u00e1ndole huellas y \u00abfotograf\u00edas \u00a0con una placa\u00bb, \u00a0y rese\u00f1\u00e1ndolo como \u00absi \u00a0fuese un delincuente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que aunque \u00a0en un principio le manifestaron que lo conducir\u00edan a la \u00a0Gobernaci\u00f3n de Caldas para una \u00abcarnetizaci\u00f3n\u00bb, \u00a0ello no fue as\u00ed, pues ya en la Unidad policial, fue informado \u00a0de su aprehensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0sostiene, que su actividad econ\u00f3mica goza de \u00abconfianza \u00a0leg\u00edtima\u00bb \u00a0otorgada \u00a0por las mismas autoridades, raz\u00f3n por la cual, la actuaci\u00f3n \u00a0que acusa vulnera sus derechos fundamentales (fl. 2, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Visto \u00a0lo anterior, si bien se censura la actuaci\u00f3n adelantada por la \u00a0SIJIN \u00a0de la Polic\u00eda Nacional, de las copias y los informes \u00a0arrimados al expediente se observa, que quien adelant\u00f3 \u00abel \u00a0primer control constitucional y legal de que habla el art\u00edculo \u00a0302 de la Ley 906 de 2004\u00bb, \u00a0fue \u00a0la Fiscal\u00eda Veinte Seccional de \u00a0Manizales, y quien adelanta \u00a0en la actualidad la indagaci\u00f3n preliminar por el citado delito \u00a0es la Fiscal\u00eda Sexta Seccional delegada ante los Jueces \u00a0Penales del Circuito de la citada ciudad (fls 87 a 89, cdno. 1); \u00a0raz\u00f3n por la cual, la competencia para conocer de la presente \u00a0acci\u00f3n de tutela en primera instancia, corresponde a la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, \u00a0acorde con la regla consagrada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1382 de 2000 en cuanto prev\u00e9 que \u00abCuando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o \u00a0corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo \u00a0superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n, se repartir\u00e1 al superior \u00a0funcional del juez al que est\u00e9 adscrito el fiscal\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, \u00a0el presente proceso se encuentra viciado de nulidad por falta de \u00a0competencia funcional, la cual es insaneable conforme con lo previsto \u00a0en el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, la que es \u00a0menester declarar a partir del auto que dispuso su tr\u00e1mite, \u00a0por lo que se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, a trav\u00e9s del \u00a0Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que se efect\u00fae \u00a0el reparto. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0ha precisado que \u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000 el cual en manera alguna puede servir de fundamento para que los \u00a0jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional \u00a0se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de \u00a0tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente \u00a0de reparto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes.\u201cPero tambi\u00e9n, \u00a0dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de \u00a0determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado \u00a0contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el \u00a0Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, \u00a0ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 \u00a0por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n \u00a0que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo \u00a0inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo \u00a0en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(auto de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela promovida por Norberto Zapata Henao, a partir del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez \u00a0de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Manizales, a trav\u00e9s del Centro de \u00a0Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea sometida a \u00a0reparto. \u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo as\u00ed resuelto a las partes y al a-quo \u00a0mediante telegrama. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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