\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Casaci\u00f3n Civil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC3137-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 17001-22-13-000-2015-00115-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0formulada contra la sentencia proferida el veintitr\u00e9s \u00a0de abril de dos mil quince por la Sala Civil Familia del Tribunal. \u00a0Superior del Distrito Judicial de Manizales, se advierte \u00a0que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad \u00a0insubsanable, el cual est\u00e1 llamado a ser declarado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a012 de febrero de 2015, el accionante present\u00f3 acci\u00f3n \u00a0popular contra la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas \u00a0– Empocaldas S.A. E.S.P., ante el Juzgado Civil del Circuito \u00a0de Riosucio – Caldas, por la presunta vulneraci\u00f3n de \u00a0garant\u00edas colectivas. [Folio 25, c.11] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0auto del d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, el Juzgador \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispuso admitir la precitada demanda. [Folio 21, anverso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y reverso, c.1] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0auto del 13 de marzo posterior, el Juzgado accionado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0declar\u00f3, de manera oficiosa, la nulidad del tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adelantado y dispuso rechazar el asunto por carencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de competencia; consecuentemente, orden\u00f3 remitir las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diligencias al reparto de los Juzgados Administrativos de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudad. [Folios 22-23, c.1]<\/p>\n
3. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0peticionario del amparo, acudi\u00f3 a este mecanismo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porque en su sentir, la sede judicial desconoci\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sus prerrogativas fundamentales a la igualdad y a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la debida administraci\u00f3n de justicia, al declararse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incompetente para tramitar su s\u00faplica y remitirla a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contencioso administrativa. \u00a0<\/p>\n
Basado \u00a0en ello, solicit\u00f3 que por esta v\u00eda se ordene revocar \u00a0la decisi\u00f3n cuestionada y en su lugar, se contin\u00fae con \u00a0el curso normal de la actuaci\u00f3n. [Folios 1-3, c.1] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a023 de abril de 2015, el Tribunal Superior de Manizales, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deneg\u00f3 la solicitud de amparo, por considerar que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la actuaci\u00f3n cuestionada por el reclamante no vulnera sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0garant\u00edas fundamentales. [Folios 28-34, c.1] \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo con lo as\u00ed resuelto, el promotor de la queja \u00a0recurri\u00f3 el fallo. [Folio 41, c.11] \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de aquellos sujetos a los que se deben comunicar \u00a0las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, \u00a0se comprenden los terceros determinados o determinables \u00a0que pueden recibir provecho o perjuicio de las \u00a0resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los funcionarios \u00a0p\u00fablicos \u00a0que deban actuar como garantes de los derechos de \u00a0las personas a las cuales la ley les otorga una especial protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0todos ellos, es imperativo enterar del inicio del tr\u00e1mite, \u00a0con el fin de que tengan la oportunidad de ejercer su \u00a0defensa a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n que autoriza el \u00a0art\u00edculo \u00a013 del decreto que sirve de marco a la regulaci\u00f3n del \u00a0recurso excepcional de amparo, cuando determina lo siguiente: \u00a0\u00abQuien \u00a0tuviere un \u00a0inter\u00e9s \u00a0leg\u00edtimo en el resultado del proceso \u00a0podr\u00e1 intervenir en \u00e9l corno coadyuvante del actor o de \u00a0la persona \u00a0o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la \u00a0solicitud\u00bb. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, \u00a0pues lo que se involucra es la efectividad material de garant\u00edas \u00a0de contradicci\u00f3n y debido proceso de quienes pueden \u00a0resultar afectados al proveer sobre la petici\u00f3n de amparo. \u00a0(CSJ SC autos de 29 de mayo de 2008, exp.0079- 01; \u00a018 de septiembre de 2008, exp. 00167-01; 8 de julio de 2009, exp. \u00a000048-01; 1\u00b0 de noviembre de 2012, exp. 2012\u00ad00001-01.) \u00a0<\/p>\n
En \u00a0casos similares, la Corte ha sostenido que por las anotadas \u00a0omisiones ase \u00a0estructura la causal de nulidad establecida en \u00a0el art\u00edculo 140 numeral 9\u00b0 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, al haberse \u00a0dado curso al libelo sin la citaci\u00f3n. de quienes, como se \u00a0anot\u00f3, debieron \u00a0haber sido convocados\u00bb. (Providencia \u00a0de 4 de mayo de 2012, \u00a0exp. 2012-00066-01) \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Aplicadas \u00a0las anteriores premisas a la actuaci\u00f3n de la \u00a0que ahora se ocupa esta instancia, emerge que el reproche \u00a0formulado por el tutelante recae sobre el curso dado \u00a0por el juez de la causa a la acci\u00f3n popular por \u00e91 \u00a0impetrada \u00a0y que fue rechazada por falta de competencia y remitida \u00a0a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, mediante \u00a0auto de marzo 13 de 2015, con fundamento en normas que, en sentir del \u00a0tutelante, no son aplicables al asunto, \u00a0de ah\u00ed que los delegados de la Defensor\u00eda del Pueblo y \u00a0de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed \u00a0como la autoridad \u00a0administrativa encargada de proteger el derecho colectivo \u00a0cuya protecci\u00f3n se solicita, deb\u00edan ser vinculados a \u00a0la acci\u00f3n de tutela para tener la posibilidad cierta de \u00a0ejercer \u00a0el derecho de defensa frente a la solicitud de amparo. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, en el expediente no se tiene evidencia acerca \u00a0de que se hubiere surtido la notificaci\u00f3n de los citados \u00a0intervinientes, ni que \u00e9stos hubiesen participado en el \u00a0tr\u00e1mite de la s\u00faplica constitucional, por lo que no se \u00a0les puede \u00a0considerar debidamente enterados del mecanismo al que \u00a0recurri\u00f3 el actor para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas \u00a0sustanciales \u00a0presuntamente quebrantadas. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0claro que si los citados funcionarios p\u00fablicos tienen el \u00a0deber de velar por los derechos colectivos de la comunidad \u00a0en las acciones populares, deb\u00edan ser citados para \u00a0que intervinieran en el tr\u00e1mite de tutela como garantes de \u00a0las prerrogativas superiores de los eventuales beneficiarios \u00a0de aquella tramitaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, es necesario precisar que de conformidad con \u00a0los art\u00edculos 277 y 281 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00a0integran el Ministerio P\u00fablico, pero son instituciones \u00a0distintas al punto que sus funciones tambi\u00e9n lo \u00a0son, no obstante que la segunda est\u00e9 adscrita a la primera. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed que la Ley 472 de 1998, en su art\u00edculo \u00a012 establezca \u00a0que son titulares de la acci\u00f3n popular y de grupo, \u00a0entre otros: \u00a0<\/p>\n
\u00ab4. \u00a0El Procurador General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo y \u00a0los \u00a0Personeros Distritales y municipales…\u00bb \u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0sobre la vinculaci\u00f3n de estas instituciones al respectivo \u00a0tr\u00e1mite, el art\u00edculo 21 de la citada norma, estableci\u00f3 \u00a0que \u00absi \u00a0la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio \u00a0P\u00fablico se le comunicar\u00e1 a \u00e9ste el auto \u00a0admisorio de la demanda, \u00a0con el fin de que intervengan como parte p\u00fablica en defensa de \u00a0los derechos e intereses colectivos, en aquellos procesos que lo \u00a0considere \u00a0conveniente.\u00bb \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0mismo tiempo, en el \u00a0art\u00edculo 24 de la misma obra, determin\u00f3 \u00a0que \u00abpodr\u00e1n \u00a0coadyuvar \u00a0igualmente \u00a0estas acciones las organizaciones \u00a0populares, c\u00edvicas y similares, as\u00ed como el \u00a0Defensor del \u00a0Pueblo o sus delegados, los \u00a0Personero Distritales o Municipales y dem\u00e1s \u00a0autoridades que \u00a0por \u00a0raz\u00f3n de sus funciones deban proteger o defender \u00a0los derechos e intereses colectivos.\u00bb \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0se \u00a0concluye que se trata de dos instituciones distintas, \u00a0que pueden tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en la acci\u00f3n \u00a0popular \u00a0o de grupo, y por ende, en la tutela, por lo que es necesaria \u00a0su vinculaci\u00f3n individual. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Imponen las razones consignadas, la declaraci\u00f3n de la nulidad \u00a0de lo actuado, para que el Tribunal efect\u00fae las notificaciones \u00a0de forma que se garantice efectivamente la defensa invocada, dejando \u00a0constancia de las gestiones realizadas y de su resultado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de lo actuado en la presente \u00a0acci\u00f3n de tutela, a partir de la sentencia de veintitr\u00e9s \u00a0de abril de 2015, proferida por la Sala Civil -Familia \u00a0del Tribunal. Superior del Distrito Judicial de Manizales, \u00a0con el fin de que se rehaga la actuaci\u00f3n atendiendo \u00a0los par\u00e1metros se\u00f1alados en esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0pruebas recaudadas conservan validez en los t\u00e9rminos \u00a0del articulo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0Comunicar \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados \u00a0a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito posible. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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