\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
ATC3301-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba 66001-22-13-000-2015-00141-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., once (11) de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso decidir la impugnaci\u00f3n del fallo de 12 de mayo de \u00a02015, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 la tutela de Javier \u00a0El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Segundo Civil \u00a0del Circuito, la Alcald\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00a0todos de esa ciudad, si no fuera porque en la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en causal de nulidad que es preciso declarar. \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Obrando directamente, el promotor afirma que se violaron sus derechos \u00a0al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Atribuye \u00a0la vulneraci\u00f3n a que se le orden\u00f3 asumir el costo de \u00a0informar a la comunidad de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 \u00a0contra el Banco de Occidente S.A., obligaci\u00f3n que aduce no \u00a0tener. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En resumen, sostiene (fl. 1): \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0Que el Juzgado Segundo Civil del Circuito le impuso dicha carga, pese \u00a0a que la Ley 472 de 1998 no contempla que sea su responsabilidad. \u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0Que el despacho no repuso tal determinaci\u00f3n, al estimar que el \u00a0asunto tiene gastos, olvidando que es de \u00edndole \u00a0constitucional, impulso oficioso y plazos perentorios, con lo que \u00a0incurri\u00f3 en \u201cprevaricato\u201d \u00a0y dilat\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Pide que la mencionada oficina judicial realice la actuaci\u00f3n \u00a0indicada y sea conminada a no reiterar la falta. Adem\u00e1s, que \u00a0se designen agentes especiales de la Procuradur\u00eda General de \u00a0la Naci\u00f3n que supervisen el pleito (folio 2). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La Sala Civil-Familia del Tribunal de Pereira admiti\u00f3 el \u00a0auxilio y notific\u00f3 a los querellados, sin que el expediente \u00a0reporte alg\u00fan otro enteramiento. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, mediante providencia de 12 de mayo de 2015 desestim\u00f3 \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n porque la exigencia criticada es razonable, en el \u00a0marco de soberan\u00eda que le asiste a quien la hizo para \u00a0establecer el alcance de los preceptos de la memorada Ley 472 y del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan precedentes del \u00a0Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia (fls. 29 al 33). \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Dicha resoluci\u00f3n fue cuestionada por el solicitante, quien no \u00a0sustent\u00f3 su desacuerdo. \u00a0<\/p>\n
II.- \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La esencia de las pretensiones del accionante en este escenario \u00a0constitucional, es que se le releve de informar a la comunidad de la \u00a0acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra el Banco de \u00a0Occidente S.A., sucursal Pereira. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0art\u00edculo 21 inciso sexto de la Ley 472 de 1998, establece para \u00a0esa clase de asuntos que \u00ab[s]i \u00a0la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio P\u00fablico \u00a0se le comunicar\u00e1 a \u00e9ste el auto admisorio de la \u00a0demanda, con el fin de que intervengan como parte p\u00fablica en \u00a0defensa de los derechos e intereses colectivos, en aquellos procesos \u00a0que lo considere conveniente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Norma \u00a0que se concatena con el art\u00edculo 118 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, en virtud del cual el \u00abMinisterio \u00a0P\u00fablico ser\u00e1 ejercido por el Procurador General de la \u00a0Naci\u00f3n, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores \u00a0delegados y los agentes del ministerio p\u00fablico, ante las \u00a0autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por \u00a0los dem\u00e1s funcionarios que determine la ley\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Quiere \u00a0decir que la participaci\u00f3n de las diferentes dependencias que \u00a0conforman esa \u00a0instituci\u00f3n en los diligenciamientos de que se trata, por \u00a0estar dirigida a la protecci\u00f3n del bien com\u00fan, exige de \u00a0un enteramiento tanto en el curso de la acci\u00f3n popular, como \u00a0en las actuaciones accesorias y consecuenciales, como lo es el \u00a0amparo. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0no puede decirse que la falta de aviso pierde relevancia, por el mero \u00a0hecho de que la participaci\u00f3n de esos funcionarios sea \u00a0optativa, porque precisamente para sopesar la relevancia o no de su \u00a0intervenci\u00f3n es necesario que tengan conocimiento de los \u00a0puntos que son objeto de discusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Sala ha dicho \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien la Corporaci\u00f3n ven\u00eda resolviendo de fondo las \u00a0impugnaciones de los resguardos relacionados con \u2018acciones \u00a0populares\u2019 sin vincular a este tr\u00e1mite excepcional al \u00a0Ministerio P\u00fablico, estima necesario hacerlo a partir de ahora \u00a0dada \u00a0su naturaleza de \u00f3rgano de control y representante de la \u00a0sociedad, que lo convierten en una parte imprescindible, cuando de la \u00a0afectaci\u00f3n de los intereses colectivos se trata, bien que \u00a0decida intervenir o guardar silencio (CSJ, \u00a0ATC, 13 may. 2015, exp. 00065-01). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La omisi\u00f3n en la citaci\u00f3n al amparo de ciertas personas \u00a0o autoridades, es claramente lesiva del debido proceso, que la Sala \u00a0ha entendido como \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en \u00a0todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones \u00a0administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s \u00a0personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a \u00a0elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, \u00a0postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho \u00a0fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(CSJ SC, 5 may. 2011 Rad. 00063-01, reiterada entre \u00a0otras, el 11 mar. \u00a02015, ATC1229). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal manera, resulta perentorio garantizar la \u00a0defensa y contradicci\u00f3n a todos aquellos que puedan verse \u00a0perjudicados o sean destinatarios directos de las \u00f3rdenes \u00a0constitucionales que lleguen a impartirse, siendo imperioso \u00a0informarles de la apertura del tr\u00e1mite, a efecto de que, si a \u00a0bien lo tienen, se pronuncien sobre el mismo. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Revisadas las actuaciones, se observa que el Tribunal omiti\u00f3 \u00a0citar a estas diligencias al Ministerio P\u00fablico en cabeza de \u00a0la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o la Personer\u00eda \u00a0Municipal. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se invalidar\u00e1 lo rituado por el a-quo, \u00a0eso s\u00ed, dejando a salvo las pruebas decretadas y practicadas. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El precepto que antecede resulta aplicable en virtud de la remisi\u00f3n \u00a0efectuada por el art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992, que reza \u00a0\u00abpara \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de \u00a0la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se \u00a0aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a \u00a0dicho decreto\u00bb. \u00a0<\/p>\n
III.- \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Decretar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n \u00a0referenciada, a partir del auto que la avoc\u00f3, sin perjuicio de \u00a0la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Pereira, para que rehaga la actuaci\u00f3n \u00a0comunicando la admisi\u00f3n del libelo al Ministerio P\u00fablico \u00a0ejercido por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o la \u00a0Personer\u00eda Municipal de Pereira. \u00a0<\/p>\n
Tercero: \u00a0Informar lo resuelto a los interesados mediante telegrama. L\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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