{"id":87528,"date":"2024-05-31T22:16:12","date_gmt":"2024-05-31T22:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc3302-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:16:12","modified_gmt":"2024-05-31T22:16:12","slug":"atc3302-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc3302-2015\/","title":{"rendered":"ATC3302-2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n<p>ATC3302-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n\u00ba \u00a066001-22-13-000-2015-00133-01 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 D. C., once (11) \u00a0de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Ser\u00eda del caso resolver \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto del fallo de 13 de mayo de \u00a02015, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 la tutela de Javier \u00a0El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Primero Civil \u00a0del Circuito de esa ciudad, con vinculaci\u00f3n de la Alcald\u00eda \u00a0Municipal de esa capital y la Defensor\u00eda del Pueblo &#8211; Regional \u00a0Risaralda, \u00a0si no fuera \u00a0porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 \u00a0en causal de nulidad que compromete lo actuado, seg\u00fan pasa a \u00a0explicarse. \u00a0<\/p>\n<p>I.- ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1.- Obrando directamente, el \u00a0promotor afirma que se violaron sus derechos al debido proceso, \u00a0igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n<p>2.- Se\u00f1ala \u00a0que la \u00a0vulneraci\u00f3n reside en que, sin soporte legal, se le impuso la \u00a0carga de informar a la comunidad sobre la acci\u00f3n popular que \u00a0entabl\u00f3 contra el Banco Popular S.A. \u00a0<\/p>\n<p>3.- Sustenta \u00a0la queja en los siguientes supuestos f\u00e1cticos (folios 1 y 2). \u00a0<\/p>\n<p>3.2.- Que con esa \u00a0\u00abextralimitaci\u00f3n\u00bb \u00a0el Despacho incurri\u00f3 en \u00abprevaricato\u00bb \u00a0y dilat\u00f3 injustificadamente la tramitaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>4.- Ruega, por consiguiente, \u00a0disponer que el acusado cumpla esa actuaci\u00f3n, previni\u00e9ndosele \u00a0de no volver a entorpecer el pleito, adem\u00e1s, designar \u00abagentes \u00a0especiales de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb \u00a0que supervisen el curso de la acci\u00f3n popular (folio 2). \u00a0<\/p>\n<p>5.- La Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira \u00a0admiti\u00f3 el \u00a0amparo (29 abr. 2015) y, en diligencia de inspecci\u00f3n al \u00a0expediente, orden\u00f3 citar a \u00a0la Alcald\u00eda \u00a0de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo (6 may. 2015), folio 1, \u00a0cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n<p>5.1.- Al contestar, la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo adujo que no est\u00e1 demostrada la \u00a0imposibilidad econ\u00f3mica del gestor para asumir \u00a0los gastos de \u00a0las divulgaciones requeridas, ni invoc\u00f3 \u00abamparo \u00a0de pobreza\u00bb \u00a0(folio 16). \u00a0<\/p>\n<p>5.2.- La Alcald\u00eda de \u00a0Pereira aleg\u00f3 \u00abfalta \u00a0de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00a0puesto que no tiene ninguna injerencia en la determinaci\u00f3n \u00a0cuestionada (folio 18). \u00a0<\/p>\n<p>5.3.- El Juzgado Primero Civil \u00a0del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 el expediente respectivo, \u00a0guardando silencio frente a la petici\u00f3n de resguardo (folio \u00a07). \u00a0<\/p>\n<p>5.4.- Posteriormente, aquella \u00a0Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 la salvaguarda (13 may. 2015) \u00a0tras concluir que la \u00a0exigencia del funcionario no supone falta de impulso de su parte, \u00a0sino que corresponde a la \u00abm\u00ednima \u00a0diligencia\u00bb \u00a0que se espera de quien pone en marcha el aparato jurisdiccional. \u00a0(folios 29 a 36). \u00a0<\/p>\n<p>6.- Dicha providencia fue \u00a0impugnada por el solicitante insistiendo, \u00a0en lo sustancial, en que la normatividad no lo obliga a noticiar a la \u00a0poblaci\u00f3n de la existencia de la acci\u00f3n popular (folio \u00a044). \u00a0<\/p>\n<p>II.- \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1.- El art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a las leyes preexistentes al suceso que se le imputa, ante \u00a0la autoridad competente y con observancia de las formas propias de \u00a0cada litigio, entre las que destaca la potestad de aducir pruebas y \u00a0controvertir las que se presenten en su contra, sin que la tutela \u00a0escape a tales reglas, m\u00e1xime cuando los art\u00edculos 16 \u00a0del Decreto 2591 de 1991 y 5 del 306 de 1992 consagran el deber de \u00a0noticiar a las partes y vinculados. \u00a0<\/p>\n<p>De este modo, resulta \u00a0indispensable garantizar la oportunidad de defensa y contradicci\u00f3n \u00a0a todos aquellos a quienes eventualmente sean alcanzados por la orden \u00a0constitucional; cometido que s\u00f3lo se cumple en la medida que \u00a0les sea debidamente comunicada la iniciaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0Sobre ese punto la Corte tiene dicho que hay lugar a anular lo \u00a0cursado si la persona que \u00abpuede \u00a0resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no \u00a0se vincul\u00f3\u00bb \u00a0(ATC732-2014 \u00a020 feb, rad. 2013-00546-01, reiterado STC6836-2014, 10 nov., rad. \u00a0000511-01). \u00a0<\/p>\n<p>Igualmente, la Sala ha \u00a0explicado que \u00a0<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) \u00a0del examen de la actuaci\u00f3n se observa que se incurri\u00f3 \u00a0en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede \u00a0resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no \u00a0se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 [por lo que] el Juez de \u00a0tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, \u00a0con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de \u00a0defensa\u00bb \u00a0(ATC 12 ago. 2011, rad. 00401-01, reiterado ATC 23 may. 2013, rad. \u00a000375-01 y ATC948-2015, 25 feb., rad. 00003-01). \u00a0<\/p>\n<p>2.- La situaci\u00f3n \u00a0comentada se presenta en el sub \u00a0ex\u00e1mine \u00a0porque el Tribunal sustanci\u00f3 y fall\u00f3 el resguardo \u00a0sin \u00a0hacer comparecer a los delegados de la Procuradur\u00eda General de \u00a0la Naci\u00f3n, para permitirles ejercer su potestad de \u00a0contradicci\u00f3n frente al amparo, en favor de los intereses de \u00a0la sociedad en general, cuya representaci\u00f3n ostentan, pues, \u00a0ese ente de control integra el Ministerio P\u00fablico que por \u00a0disposici\u00f3n legal debe ser vinculado en las acciones populares \u00a0que no promueva (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998). \u00a0<\/p>\n<p>Con esa orientaci\u00f3n se \u00a0pronunci\u00f3 la Corte en un asunto que comparte elementos con \u00a0este, donde se\u00f1al\u00f3 que, \u00a0<\/p>\n<p>\u00aben \u00a0el expediente no se tiene evidencia acerca de que se hubiere surtido \u00a0la notificaci\u00f3n de los citados intervinientes, ni que \u00e9stos \u00a0hubiesen participado en el tr\u00e1mite de la s\u00faplica \u00a0constitucional (\u2026) es claro que si los citados funcionarios \u00a0p\u00fablicos tienen el deber de velar por los derechos colectivos \u00a0de la comunidad en las acciones populares, deb\u00edan ser citados \u00a0para que intervinieran en el tr\u00e1mite de tutela como garantes \u00a0de las prerrogativas superiores de los eventuales beneficiarios de \u00a0aquella tramitaci\u00f3n\u00bb \u00a0(CSJ ATC2501-2015, 13 may., rad. 00063-01). \u00a0<\/p>\n<p>3.- De acuerdo con ello, y \u00a0seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 140 numeral 9\u00b0 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con lo \u00a0dispuesto en el 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, se impone la \u00a0invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n a partir de la admisi\u00f3n, \u00a0aunque indicando que las pruebas recopiladas conservar\u00e1n \u00a0eficacia, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba de la primera \u00a0disposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>III.- DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>Primero: \u00a0Decretar la nulidad en la presente tutela a partir del interlocutorio \u00a0que le dio tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de los medios \u00a0de convicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Segundo: \u00a0Devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Pereira para que renueve la instancia de \u00a0conformidad con lo dicho en la parte motiva, sin que ello obste para \u00a0vincular a otros que deban ser llamados, conforme surja de la \u00a0actuaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>Tercero: \u00a0Informar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y librar las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones del caso. \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0 FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 ATC3302-2015 \u00a0 Radicaci\u00f3n n\u00ba \u00a066001-22-13-000-2015-00133-01 \u00a0 Bogot\u00e1 D. 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