{"id":87533,"date":"2024-05-31T22:16:12","date_gmt":"2024-05-31T22:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc3317-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:16:12","modified_gmt":"2024-05-31T22:16:12","slug":"atc3317-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc3317-2015\/","title":{"rendered":"ATC3317-2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n<p>ATC3317-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a086001-22-08-001-2015-00053-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., doce (12) de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo \u00a0proferido el 28 de abril de 2015 por la Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Mocoa, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ayda \u00a0Alicia Rosero Canamejoy contra \u00a0la Superintendencia \u00a0de Notariado y Registro, \u00a0la \u00a0Alcald\u00eda \u00a0Municipal de Puerto As\u00eds, \u00a0el \u00a0Instituto \u00a0Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013Seccional Mocoa, \u00a0y \u00a0el Instituto \u00a0Colombiano de Desarrollo Territorial \u2013Incoder, Sede Putumayo, \u00a0tr\u00e1mite al que fue vinculada la se\u00f1ora Mar\u00eda \u00a0Luisa del Carmen Guerrero en \u00a0representaci\u00f3n de su se\u00f1ora madre Mar\u00eda \u00a0Licenia Mart\u00ednez Guerrero, \u00a0si \u00a0no fuese porque se advierte que el presente tr\u00e1mite se \u00a0encuentra viciado de nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 La \u00a0promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la \u00a0vivienda digna, a la salud y al m\u00ednimo vital, los cuales \u00a0estima vulnerados con \u00a0ocasi\u00f3n de la orden de desalojo \u00a0expedida por la Alcald\u00eda \u00a0Municipal de Puerto As\u00eds (Putumayo). \u00a0<\/p>\n<p>Solicita, \u00a0entonces, que \u00abse \u00a0determine por parte del Instituto geogr\u00e1fico de AGUST\u00cdN \u00a0CODAZZI O INCODER \u00a0la ubicaci\u00f3n del predio donde se encuentra [su] \u00a0asentamiento \u00a0a trav\u00e9s de coordenadas y planos topogr\u00e1ficos, [y] \u00a0se \u00a0establezca de qui\u00e9n es la propiedad, y (\u2026) se actualice \u00a0el levantamiento topogr\u00e1fico que reposa en los archivos del \u00a0IGAC\u00bb; \u00a0que \u00abse \u00a0[aclare] \u00a0por \u00a0parte de la [S]uper \u00a0[I]ntendencia \u00a0de [N]otariado \u00a0y [R]egistro \u00a0(\u2026) [el] \u00a0doble \u00a0registro de matr\u00edcula que tiene la escritura y el que aparece \u00a0en el certificado de instrumentos p\u00fablicos\u00bb \u00a0del \u00a0bien inmueble objeto de lanzamiento; y, que \u00abse \u00a0le ordene a la [A]lcald\u00eda \u00a0[M]unicipal \u00a0[de Puerto As\u00eds] abstenerse \u00a0de realizar el desalojo de [la] \u00a0comunidad \u00a0hasta [tanto] \u00a0no \u00a0se determine por parte de las entidades competentes si la invasi\u00f3n \u00a0queda en predios de la se\u00f1ora GUERRERO\u00bb \u00a0(fl. 2, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a ser \u00a0una persona desplazada por la violencia desde el a\u00f1o 2013, no \u00a0ha recibido ning\u00fan tipo de ayuda por parte de autoridad \u00a0p\u00fablica del orden nacional, departamental o municipal, motivo \u00a0por el cual en el mes de febrero de 2014 decidi\u00f3 invadir junto \u00a0con otras personas en su misma situaci\u00f3n un lote de terreno \u00a0con el fin de construir sus viviendas y as\u00ed poder satisfacer \u00a0sus necesidades de habitaci\u00f3n; que para el mes de abril de ese \u00a0mismo a\u00f1o se acerc\u00f3 la se\u00f1ora Carmen Guerrero \u00a0manifestando que dicho predio era de su propiedad, lo cual no es \u00a0cierto, pues \u00abtras \u00a0una serie de investigaciones [se \u00a0pudo] identificar un \u00a0plano en el cual se puede evidenciar que [su] \u00a0asentamiento se \u00a0encuentra en un lugar diferente a los predios [de] \u00a0la se\u00f1ora (\u2026) \u00a0GUERRERO\u00bb; \u00a0que no obstante lo anterior, la Alcald\u00eda Municipal de Puerto \u00a0As\u00eds orden\u00f3 el desalojo del terreno, para lo cual \u00a0comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, \u00a0vulner\u00e1ndose con ello sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Mocoa deneg\u00f3 \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n invocada, \u00abpor \u00a0ausencia de amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos aludidos \u00a0como vulnerados\u00bb \u00a0por la tutelante \u00a0(fls. \u00a0166 a 177, cdno 1). \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 Impugnada la sentencia por la Alcald\u00eda Municipal de Puerto \u00a0As\u00eds (fls. \u00a0184 a 187, \u00eddem), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dest\u00e1case \u00a0que la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la \u00a0Superintendencia de Notariado y Registro, la Alcald\u00eda \u00a0Municipal de Puerto As\u00eds, el Instituto Geogr\u00e1fico \u00a0Agust\u00edn Codazzi \u2013Seccional Mocoa, y el Instituto \u00a0Colombiano de Desarrollo Territorial \u2013Incoder, Sede Putumayo, \u00a0siendo la primera \u00abuna \u00a0entidad descentralizada, t\u00e9cnica, con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa, financiera y \u00a0patrimonial\u00bb, \u00a0conforme lo prev\u00e9 el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 412 de 2007, y perteneciente al \u00a0sector descentralizado por servicios del orden nacional, tal y como \u00a0se dispuso en el literal c del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 \u00a0de la Ley 489 de 19981. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0su parte, el Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial \u00a0\u2013Incoder-, es \u00abun \u00a0establecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al \u00a0Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa \u00a0y financiera\u00bb, \u00a0conforme lo prev\u00e9n los Decretos 1300 de 20032 \u00a0y 3759 de 20093,\u00a0perteneciente \u00a0tambi\u00e9n al sector descentralizado por servicios, acorde con lo \u00a0dispuesto en el literal a del numeral 2\u00ba de la norma en cita4, \u00a0naturaleza que comparte igualmente el \u00a0Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013Igac-, al \u00a0ser un \u00abestablecimiento \u00a0p\u00fablico adscrito al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico, dotado de personer\u00eda jur\u00eddica, \u00a0autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente\u00bb \u00a0con jurisdicci\u00f3n en todo el territorio nacional,\u00a0de \u00a0acuerdo a los art\u00edculos 2\u00ba y 4\u00ba del Decreto \u00a02113 \u00a0de 19925.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A \u00a0su vez, la Alcald\u00eda Municipal de Puerto As\u00eds, \u00a0es una autoridad administrativa del orden municipal. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fluye \u00a0de lo anterior que ninguna de las entidades convocadas tienen la \u00a0calidad de autoridad del orden nacional, a pesar de que en los casos \u00a0del Incoder y del Igac, se trata de establecimientos p\u00fablicos \u00a0adscritos a los referidos ministerios, mucho menos la mencionada \u00a0alcald\u00eda, que como se dijo, pertenecen al nivel municipal, por \u00a0lo que resulta que la autoridad judicial competente para conocer en \u00a0primera instancia del presente tr\u00e1mite de tutela es el Juez \u00a0del Circuito o con categor\u00eda de tal de Puerto As\u00eds, as\u00ed \u00a0como lo disponen los incisos 2\u00ba y 5\u00ba del numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de \u00a0acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por \u00a0remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; \u00a0la que es menester declarar a partir del auto admisorio, inclusive, y \u00a0se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del \u00a0Circuito o con categor\u00eda de tales de Puerto As\u00eds \u00a0(Putumayo), que corresponda de acuerdo con el reparto, \u00a0toda \u00a0vez que, como ya se dijo, en \u00a0los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00a0\u00ab[a] \u00a0los jueces del circuito o con categor\u00edas de tales, le ser\u00e1n \u00a0repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de \u00a0tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del \u00a0sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad \u00a0p\u00fablica del orden departamental\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el mencionado decreto, esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha precisado, que \u00a0<\/p>\n<p>\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n<p>An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros, ATC4127-2014, ATCA4149-2014 y ATC4151-2014). \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir \u00a0del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, \u00a0inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en \u00a0los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, por Secretar\u00eda, env\u00edese el presente \u00a0asunto al reparto de los Juzgados \u00a0del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tales \u00a0de Puerto As\u00eds (Putumayo), \u00a0lugar en el cual se producen los efectos de la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales de la accionante. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el mismo sentido ATC3828-2014. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural \u2013INCODER- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y se determina su estructura. \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual se aprueba la modificaci\u00f3n de la estructura del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instituto Colombiano de Desarrollo Rural \u2013 Incoder, y se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dictan otras disposiciones. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otros CSJ, auto de 11 de octubre de 2011, Rad. 01018-01. \u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual se reestructura el Instituto Geogr\u00e1fico \u201cAgust\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Codazzi\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE 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