\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
ATC3702-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a086001-22-08-000-2015-00056-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., primero (01) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta frente al fallo proferido el 12 de mayo de 2015 por la \u00a0Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Mocoa, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Edinson \u00a0Oswaldo Ul Secue y \u00a0Oscar \u00a0Pisso Pisso, \u00a0en \u00a0calidad de Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena \u201cAlto \u00a0Lorenzo\u201d y Consejero Mayor de la Asociaci\u00f3n del Consejo \u00a0Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, respectivamente, contra el \u00a0Ministerio \u00a0de Minas y Energ\u00eda, \u00a0el Instituto \u00a0Colombiano de Geolog\u00eda y Miner\u00eda \u2013Ingeominas, \u00a0la \u00a0Agencia Nacional de Hidrocarburos \u2013ANH, \u00a0el \u00a0Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, \u00a0la \u00a0Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013ANLA, \u00a0el Ministerio \u00a0de Defensa Nacional, \u00a0el \u00a0Ej\u00e9rcito Nacional, \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la \u00a0Amazon\u00eda -Corpoamazon\u00eda, \u00a0las \u00a0Direcciones \u00a0de Asuntos Ind\u00edgenas, Consulta Previa y Derechos Humanos del \u00a0Ministerio del Interior, \u00a0la \u00a0Gobernaci\u00f3n \u00a0del Putumayo, \u00a0el \u00a0Municipio de Puerto As\u00eds, \u00a0el \u00a0Ministerio de Hacienda, Ecopetrol S.A., \u00a0el \u00a0Consorcio Colombia Energy, \u00a0la \u00a0Cooperativa de Transportadores Kilili Ltda., \u00a0y la sociedad Transdepet \u00a0Ltda., \u00a0si \u00a0no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista \u00a0en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba \u00a0del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida \u00a0hasta este momento, como pasa a verse: \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que a \u00a0la Unidad para \u00a0la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las\u00a0V\u00edctimas, \u00a0el \u00a0Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Instituto \u00a0Colombiano de Desarrollo Rural \u2013Incoder, el Director del \u00a0Programa de Acci\u00f3n Integral contra las Minas Antipersonal, \u00a0y los \u00a0Ministerios \u00a0del Interior, Educaci\u00f3n, Salud y Protecci\u00f3n Social, \u00a0entidades a \u00a0quienes fue dirigida la orden impartida por la Corte Constitucional \u00a0en el ordinal segundo de la parte resolutiva del Auto 004 de 20091, \u00a0la cual solicitan los actores se haga cumplir a trav\u00e9s de esta \u00a0acci\u00f3n de tutela, y de quienes tambi\u00e9n se demanda una \u00a0indemnizaci\u00f3n por \u00ablos \u00a0impactos negativos ocasionados por la industria petrolera en el \u00a0corredor Puerto Vega -Teyey\u00e9\u00bb, \u00a0no fueron vinculadas a esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que \u00a0pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a \u00a0pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto \u00a0podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de ellas. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece, que las \u00a0actuaciones que se surtan dentro del tr\u00e1mite constitucional \u00a0deben ser notificadas \u00aba \u00a0las partes o intervinientes\u00bb, \u00a0con \u00a0lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de los \u00a0intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que \u00a0se adopte. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, dicho ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite \u00a0constitucional de los terceros determinados o determinables con \u00a0inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su \u00a0defensa y, por ende, se garantice el debido proceso, posibilidad que \u00a0no se otorg\u00f3 en el sub \u00a0lite a \u00a0la Unidad para \u00a0la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las\u00a0V\u00edctimas, \u00a0el \u00a0Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Instituto \u00a0Colombiano de Desarrollo Rural \u2013Incoder, el Director del \u00a0Programa de Acci\u00f3n Integral contra las Minas Antipersonal, \u00a0y los \u00a0Ministerios \u00a0del Interior, Educaci\u00f3n, Salud y Protecci\u00f3n Social, \u00a0pues, \u00a0se reitera, pese a ser responsables de atender lo pretendido por los \u00a0tutelantes2, \u00a0no se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite; omisi\u00f3n \u00a0que afecta su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la \u00a0Corte Constitucional, \u00a0<\/p>\n
\u00abha \u00a0hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas \u00a0directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n\u00a0 del tr\u00e1mite \u00a0que se origina\u00a0 con motivo de la instauraci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto \u00a0meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda \u00a0procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en \u00a0cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual \u00a0no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de \u00a0notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a \u00a0cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice \u00a0para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n \u00a0eficaces, id\u00f3neos\u00a0 y conducentes a asegurar el ejercicio \u00a0del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel \u00a0contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la \u00a0notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse \u00a0cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la \u00a0providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual \u00a0escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del \u00a0contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se \u00a0encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en \u00a0aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de \u00a0aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 \u00a0actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la \u00a0imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez \u00a0deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de \u00a0notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2018La \u00a0Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n \u00a0personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la \u00a0presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar \u00a0a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario \u00a0de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la \u00a0casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y \u00a0adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, \u00a0como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un \u00a0curador (…)\u2019\u00bb \u00a0(ver entre otros, ATC3990-2014; ATC4195-2014; ATC4319-2014; \u00a0ATC3377-2015; ATC3505-2015). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0As\u00ed las cosas, la circunstancia que viene de advertirse, como \u00a0ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado, toda \u00a0vez que se impidi\u00f3 a las aludidas autoridades intervenir en \u00a0este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, \u00a0aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, \u00a0para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda \u00a0se invalida. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida a \u00a0partir a \u00a0partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite, inclusive, \u00a0momento en que debi\u00f3 producirse la vinculaci\u00f3n de la \u00a0Unidad \u00a0para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las\u00a0V\u00edctimas, \u00a0el \u00a0Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Instituto \u00a0Colombiano de Desarrollo Rural \u2013Incoder, el Director del \u00a0Programa de Acci\u00f3n Integral contra las Minas Antipersonal, \u00a0y los \u00a0Ministerios \u00a0del Interior, Educaci\u00f3n, Salud y Protecci\u00f3n Social; sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente a la Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa \u00a0para \u00a0que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en \u00a0la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De seguimiento a la sentencia T-025 del mismo a\u00f1o, por medio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del cual declar\u00f3 en peligro de extinci\u00f3n a los pueblos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ind\u00edgenas de Colombia a ra\u00edz del conflicto armado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interno, y adopt\u00f3 una serie de medidas para protegerlos. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pretensiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Novena y D\u00e9cima de la demanda de tutela (fls. 60 y 61, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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