\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC3894-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a005001-22-10-000-2015-00192-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez (10) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia dictada el \u00a03 de junio \u00a0de 2015 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de \u00a0Medell\u00edn, \u00a0dentro de la tutela promovida por Ramiro de Jes\u00fas Jaramillo \u00a0Giraldo y Nicol\u00e1s Alonso Ponce Ruiz contra \u00a0la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Municipio de \u00a0Envigado, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, seg\u00fan se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los gestores solicitan la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00a0igualdad, vida y debido proceso, presuntamente quebrantados por las \u00a0querelladas. \u00a0<\/p>\n
2. Sostienen como \u00a0base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 159 a \u00a0168): \u00a0<\/p>\n
2.1. La \u00a0Procuradur\u00eda Provincial de Antioquia, en el a\u00f1o 2010, \u00a0adelant\u00f3 un juicio disciplinario en contra de Ramiro de Jes\u00fas \u00a0Jaramillo Giraldo y Nicol\u00e1s Alonso Ponce Ruiz, quienes en su \u00a0orden, ocupaban los cargos de rector y coordinador de la Instituci\u00f3n \u00a0Educativa Jos\u00e9 Miguel de la Calle, del municipio de Envigado. \u00a0<\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s \u00a0de abrirles investigaci\u00f3n preliminar, la autoridad acusada \u00a0mediante prove\u00eddo de 10 de abril de 2014, resolvi\u00f3 \u00a0remitir las diligencias a la \u201c(\u2026) \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de Educaci\u00f3n del Municipio de Envigado, para que de acuerdo a \u00a0lo de su competencia adopte los correctivos y medidas necesarias de \u00a0conformidad con el manual de convivencia de la Instituci\u00f3n y \u00a0el art\u00edculo 51 de la Ley 734 de 2002 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. Sin \u00a0embargo, \u00e9ste \u00faltimo organismo a quien le fue enviada \u00a0la queja, a trav\u00e9s de la Oficina de Control Interno, en vez de \u00a0dar aplicaci\u00f3n a la referida norma, procedi\u00f3 a \u201c(\u2026) \u00a0inici[ar] \u00a0una [investigaci\u00f3n] \u00a0disciplinaria \u00a0(\u2026) \u00a0por \u00a0los mismos hechos, a pesar de la existencia de una decisi\u00f3n de \u00a0fondo, clara y precisa del m\u00e1ximo \u00f3rgano en materia \u00a0disciplinaria (…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.4. Aducen que el \u00a0juicio culmin\u00f3 con la determinaci\u00f3n de 19 de mayo de \u00a02014, mediante la cual se les sancion\u00f3 a cuarenta y cinco (45) \u00a0d\u00edas de inhabilidad, prove\u00eddo ratificado con la \u00a0resoluci\u00f3n n\u00b0 7505 de 10 de marzo de 2015, por el Alcalde \u00a0de Envigado, al desatarse el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto \u00a0por ellos. \u00a0<\/p>\n
2.5. Lo anterior \u00a0les vulnera las garant\u00edas iusprincipales \u00a0invocadas, pues, de una parte, el ministerio p\u00fablico no le \u00a0exigi\u00f3 a la entidad municipal darle \u201c(\u2026) \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0al art\u00edculo 51 de la Ley 734 de 2002 (\u2026)\u201d, \u00a0y de otra, porque en el proceso disciplinario se presentaron \u00a0irregularidades, tales como indebidas notificaciones a los gestores \u00a0de varias de las actuaciones all\u00ed surtidas, y la desestimaci\u00f3n \u00a0de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n alegada en dicho \u00a0escenario. \u00a0<\/p>\n
3. Exigen ordenar \u00a0a las tuteladas \u201c(\u2026) \u00a0la suspensi\u00f3n provisional del proceso disciplinario mientras \u00a0el juez de lo contencioso administrativo se pronuncia de fondo (\u2026)\u201d \u00a0respecto de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del \u00a0derecho formulada. \u00a0<\/p>\n
4. La Secretaria \u00a0de Educaci\u00f3n y Cultura de Envigado tras realizar un recuento \u00a0de lo adelantado, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del \u00a0auxilio, por cuanto las decisiones reprochadas est\u00e1n emitidas \u00a0conforme al ordenamiento legal vigente. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0la acusaci\u00f3n hecha por los quejosos, en el sentido de haber \u00a0sido \u201c(\u2026) juzgados \u00a0dos veces por los mismos hechos, [es \u00a0decir, infringiendo el postulado de] non \u00a0bis in \u00eddem, no se aplica, [porque] \u00a0el auto de remisi\u00f3n por competencia, (\u2026) \u00a0no \u00a0resuelve de fondo la situaci\u00f3n planteada (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 177 a 186). \u00a0<\/p>\n
La Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n requiri\u00f3 negar los ruegos del \u00a0escrito genitor, por cuanto no es la causante de la supuesta amenaza \u00a0o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los tutelantes, \u00a0debido a que su delegado regional \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0consider\u00f3 \u00a0en su momento que los hechos objeto de indagaci\u00f3n preliminar \u00a0no lograron afectar el deber funcional de manera sustancial, como \u00a0para la continuaci\u00f3n del proceso disciplinario, pero frente a \u00a0tal consideraci\u00f3n, no se profiri\u00f3 una decisi\u00f3n \u00a0de archivo, pues (\u2026) \u00a0termin\u00f3 ordenando tan s\u00f3lo una remisi\u00f3n por \u00a0competencia de una acci\u00f3n disciplinaria (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a0232 a 235). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La Sala de \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, \u00a0neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada porque \u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que \u00a0permita acoger las s\u00faplicas contenidas en el escrito rector, \u00a0siendo pertinente traer a colaci\u00f3n, (\u2026) \u00a0la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a0254 a 262). \u00a0<\/p>\n
6. La \u00a0formularon los promotores, realzando los mismos argumentos del libelo \u00a0genitor (fls. 266 a 272). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Examinada la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela y los soportes adosados a este expediente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se observa la falta de competencia en primera instancia de la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para resolver el reclamo constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Lo anterior, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuanto la censura involucra exclusivamente a la Oficina de Control \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Interno de la Alcald\u00eda de Envigado, al primer mandatario de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese ente territorial y a la Procuradur\u00eda Provincial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antioquia. \u00a0<\/p>\n
Ahora, los amparos \u00a0incoados frente a los dos primeros organismos, tal como lo expresa el \u00a0inciso 3\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del \u00a0Decreto 1382 de 2000, deben ser conocidos por los jueces civiles \u00a0municipales, por ser del orden municipal. \u00a0<\/p>\n
Entre tanto, el \u00a0tercero de los entes accionados, es un \u00f3rgano \u00a0que ejerce autoridad disciplinaria a nivel departamental, \u00a0correspondi\u00e9ndole \u00a0asumir su actuaci\u00f3n a los jueces del circuito o con categor\u00eda \u00a0de tales, conforme a lo previsto en el inciso 2\u00ba, numeral 1\u00b0 \u00a0del precepto 1\u00ba ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior, \u00a0teniendo en cuenta que la entidad denunciada s\u00f3lo tiene \u00a0competencia dentro de su territorio seg\u00fan los art\u00edculos \u00a02 y 76 del Decreto 262 de 2000, por el cual se modific\u00f3 la \u00a0estructura y organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de \u00a0la Naci\u00f3n. En consecuencia, la queja constitucional frente a \u00a0la aqu\u00ed querellada, no corresponde al Tribunal. \u00a0<\/p>\n
En asunto de \u00a0similares contornos, esta Sala \u00a0memor\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[C]omo \u00a0quiera que la presente acci\u00f3n se dirige contra la Procuradur\u00eda \u00a0Regional del Guain\u00eda, autoridad p\u00fablica que s\u00f3lo \u00a0tiene competencia dentro de su \u00abcircunscripci\u00f3n \u00a0territorial\u00bb1, \u00a0el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, carec\u00eda \u00a0de competencia para conocer en primera instancia, porque mediante el \u00a0aludido Decreto 1382 se asign\u00f3 a los Jueces del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales, el conocimiento, en primer grado, de las \u00a0solicitudes de tutela que se interpongan contra \u00abcualquier \u00a0autoridad p\u00fablica del orden departamental (\u2026)\u00bb2. \u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0como arriba se expuso, el conocimiento de los reproches \u00a0constitucionales impetrados contra la Alcald\u00eda Municipal de \u00a0Envigado y su Oficina de Control Interno le corresponder\u00eda a \u00a0los jueces municipales, sin embargo, en el presente caso se impone \u00a0aplicar lo consagrado en el inciso 5\u00b0 del numeral 1\u00b0 del \u00a0canon 1\u00b0 \u00eddem, \u00a0norma que dispone: \u201c(…) [c]uando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una \u00a0autoridad y \u00e9stas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 \u00a0al juez de mayor jerarqu\u00eda (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Es por lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0discurrido, que la vinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0General de la Naci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es apenas aparente, como quiera que la queja est\u00e1 dirigida, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una parte, frente al pronunciamiento de 14 de abril de 2014 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dictado por el Procurador Regional de Antioquia, y de otra, contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las decisiones emitidas por el ente territorial atr\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0referido. \u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, ha se\u00f1alado la Sala: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[N]o \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria \u00a0(\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
4. La situaci\u00f3n \u00a0descrita estructura la causal de nulidad prevista en el numeral 2\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00a0norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo \u00a0dispuesto en el precepto 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, \u00a0reglamentario del Decreto 2591 de 1991, el \u00a0cual prev\u00e9 \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n de los \u00a0principios generales del Estatuto Procesal Civil \u00a0para \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones de \u00a0dicho tr\u00e1mite, en cuanto \u00a0no contrar\u00ede \u00a0el \u00a0\u00faltimo de los Decretos citados. \u00a0<\/p>\n
5. En torno a la \u00a0facultad para decretar \u201cnulidades\u201d, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente con el derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (\u2026)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
6. De modo que se \u00a0declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que \u00a0le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a \u00a0partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, \u00a0inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Envigado \u00a0para que sea repartido a los jueces del \u00a0circuito \u00a0de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
3. Ent\u00e9rese \u00a0lo resuelto al Tribunal de origen y a los interesados mediante \u00a0telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arts. 75 y 76 del Decreto 262 de 2000, que modific\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estructura y organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Naci\u00f3n y del Instituto de Estudios del Ministerio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 18 de enero de 2007, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rad. 2006-00222-01. \u00a0<\/p>\n
3CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 24 de julio de 2007, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01. \u00a0<\/p>\n
4Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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