\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
ATC4079-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a054001-22-21-000-2015-00084-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta \u00a0frente a la sentencia dictada el 23 de junio de 2015 por la Sala \u00a0Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, \u00a0dentro de la tutela promovida por Carboveinte Ltda. contra la Agencia \u00a0Nacional de Miner\u00eda -ANM-, \u00a0si \u00a0no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan \u00a0se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0promotora \u00a0suplica \u00a0la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, \u00a0presuntamente lesionada por la accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 a 3): \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0La ahora gestora, Carboveinte \u00a0Ltda., suscribi\u00f3 \u00a0\u201ccontrato \u00a0de peque\u00f1a explotaci\u00f3n carbon\u00edfera\u201d \u00a0con la Empresa Nacional de Miner\u00eda, el cual ser\u00eda \u00a0ejecutado en el \u00e1rea rural del municipio de El Zulia por un \u00a0t\u00e9rmino de 30 a\u00f1os, contados desde la inscripci\u00f3n \u00a0en el Registro Minero Nacional. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0La entidad querellada, Agencia Nacional de Miner\u00eda, mediante \u00a0Resoluci\u00f3n N\u00ba GTRCT-0153 de 2 de noviembre de 2011, \u00a0inici\u00f3 un tr\u00e1mite de caducidad del t\u00edtulo minero \u00a0que permit\u00eda la realizaci\u00f3n del citado negocio \u00a0jur\u00eddico, sanci\u00f3n declarada a trav\u00e9s de \u00a0Resoluci\u00f3n N\u00ba VSC-00609 de 27 de junio de 2013, \u00a0determinaci\u00f3n \u00faltima atacada por medio de reposici\u00f3n \u00a0por la aqu\u00ed tutelante. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Como el referido medio de impugnaci\u00f3n no fue zanjado dentro \u00a0del a\u00f1o siguiente a su interposici\u00f3n, la interesada \u00a0reclama la materializaci\u00f3n del silencio administrativo \u00a0positivo, de conformidad con la regla 52 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Implora ordenar \u201c(\u2026) se \u00a0restablezca el derecho de explotaci\u00f3n (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Agencia Nacional de Miner\u00eda deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n \u00a0del amparo, por cuanto \u201c(\u2026) no \u00a0se le ha vulnerado derecho fundamental alguno a (\u2026)\u201d \u00a0la quejosa (fls. 51 a 63). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La \u00a0Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n deprecada tras advertir la ausencia del \u00a0presupuesto de subsidiariedad, pues \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0es \u00a0claro que para lograr lo pretendido la sociedad accionante tuvo a su \u00a0alcance otro medio ordinario de defensa judicial, como lo fue acudir \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, bien \u00a0fuera concurriendo a \u00e9sta a partir del momento previsto para \u00a0la operancia del silencio administrativo, o una vez resuelto el \u00a0recurso por la parte accionada (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 178 a 190 cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Impugn\u00f3 la quejosa, realzando los argumentos del libelo \u00a0genitor \u00a0(fls. 200 a 209). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de tutela se desprende, \u00a0sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n \u00a0para tramitar el asunto, pues el auxilio constitucional fue erigido \u00a0frente a la Agencia Nacional de Miner\u00eda, debiendo conocer de \u00a0su tr\u00e1mite los jueces del circuito o con categor\u00eda de \u00a0tales, conforme a lo previsto en el inciso 2\u00ba, numeral 1\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Al respecto, la ANM es una \u201c(\u2026) agencia \u00a0estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama \u00a0Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, \u00a0patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, t\u00e9cnica y \u00a0financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energ\u00eda (\u2026)\u201d, \u00a0de conformidad con lo establecido en la regla 1\u00aa del Decreto \u00a04134 de 2011, \u00a0perteneciente al sector descentralizado por servicios, seg\u00fan \u00a0lo establecido en el literal g numeral 2\u00ba del canon 38 de la Ley \u00a0489 de 1998. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0As\u00ed las cosas, como la salvaguarda fue formulada ante el \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, quien \u00a0profiri\u00f3 el fallo materia de impugnaci\u00f3n, se incurri\u00f3 \u00a0en la causal de nulidad prevista en el precepto 140 C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, esto es, falta de competencia1, \u00a0pues tal como se indic\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, es \u00a0evidente que este resguardo debi\u00f3 ser tramitado ante los \u00a0jueces del circuito o con categor\u00eda de tales y no frente a la \u00a0mencionada Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente con el derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por las razones anotadas, estima la Sala que atendiendo a la \u00a0naturaleza jur\u00eddica de la entidad tutelada, la competencia \u00a0para conocer en primera instancia de la presente solicitud de amparo \u00a0corresponde a los jueces del circuito y no al Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0De modo que, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a \u00a0partir del auto que le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la \u00a0misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0En \u00a0consecuencia, se dispone remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de C\u00facuta para que sea repartido a los jueces del circuito o \u00a0con categor\u00eda de tales de esa capital. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los \u00a0interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1Norma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios generales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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