\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC5220-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a013001-22-13-000-2015-00273-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia dictada el \u00a031 de julio \u00a0de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de \u00a0Cartagena, \u00a0dentro de la tutela promovida por Luis V\u00e9lez Carrasquilla \u00a0contra \u00a0el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura \u00a0ANI, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia \u00a0se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, \u00a0seg\u00fan se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El gestor solicita la protecci\u00f3n del derecho al debido \u00a0proceso, presuntamente quebrantado por los querellados. \u00a0<\/p>\n
2. Sostiene como \u00a0base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 6): \u00a0<\/p>\n
2.1. Es apoderado \u00a0general de su madre M\u00e9lida Carrasquilla de V\u00e9lez, quien \u00a0promovi\u00f3 juicio reivindicatorio en contra de la Sociedad \u00a0Portuaria El Cayo S.A. E.S.P., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 \u00a0al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
2.2. El 13 de \u00a0noviembre de 2013, el estrado judicial dict\u00f3 auto admisorio de \u00a0la demanda, actuaci\u00f3n inscrita en los folios de matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria de los bienes objeto de litis. \u00a0<\/p>\n
2.3. Pese a estar \u00a0en curso el juicio de la referencia, la parte demandada \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0solicit\u00f3 \u00a0en concesi\u00f3n para ocupar en forma temporal y exclusiva un \u00a0sector de \u00e1rea mar\u00edtima, contigua a los predios \u00a0(\u2026), para \u00a0desarrollar \u2018una plataforma de descarga, tuber\u00eda de gas \u00a0submarina y conexi\u00f3n en tierra a un gasoducto para la \u00a0importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n de gas licuado (GNL) en el \u00a0departamento de Bol\u00edvar \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.4. Tal petici\u00f3n \u00a0la elev\u00f3 ante la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI-, \u00a0quien mediante resoluci\u00f3n n\u00b0 900 de 5 de junio de 2015 la \u00a0concedi\u00f3. \u00a0<\/p>\n
2.5. La precedida \u00a0decisi\u00f3n vulnera la prerrogativa fundamental invocada, por \u00a0cuanto se desconocen \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0los \u00a0derechos econ\u00f3micos \u00a0(\u2026) del \u00a0n\u00facleo familiar (\u2026), \u00a0adem\u00e1s de que se constituye en una afrenta a [la] \u00a0dignidad \u00a0humana, en la medida en que el Estado cohonesta con los intereses \u00a0particulares de una \u00e9lite empresarial (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. Exige la \u00a0suspensi\u00f3n del acto administrativo reprochado. \u00a0<\/p>\n
4. La Agencia \u00a0Nacional de Infraestructura \u2013ANI- tras referirse a los hechos \u00a0materia del resguardo, requiri\u00f3 denegar el ruego tuitivo, al \u00a0estimarlo improcedente frente a pronunciamientos de la administraci\u00f3n \u00a0(fls. 82 a 99). \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0no le ha vulnerado al actor ninguna garant\u00eda iusprincipal, \u00a0pues \u00a0el prove\u00eddo criticado fue emitido conforme a las pautas \u00a0establecidas en el ordenamiento legal vigente, adem\u00e1s, el \u00a0gestor no demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Primero \u00a0Civil del Circuito de Cartagena indic\u00f3 que en virtud de las \u00a0medidas de descongesti\u00f3n dictadas por el Consejo Superior de \u00a0la Judicatura, el proceso fue remitido a su hom\u00f3logo Segundo \u00a0Civil del Circuito de la misma ciudad, estrado que lo tramita \u00a0actualmente (fls. 79 a 80). \u00a0<\/p>\n
El \u00faltimo \u00a0de los se\u00f1alados despachos realiz\u00f3 un recuento de las \u00a0actuaciones surtidas en el litigio, e indic\u00f3 que aqu\u00e9llas \u00a0se ajustan a derecho (fl. 81). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n deprecada, porque el promotor carece de \u00a0legitimaci\u00f3n para actuar dentro del presente amparo. Destac\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u201c(…) \u00a0el desconocimiento del principio de subsidiariedad ante la \u00a0imposibilidad de atacar actos administrativos por v\u00eda de \u00a0tutela \u00a0(\u2026)\u201d (fls. 179 a 184). \u00a0<\/p>\n
6. La \u00a0formul\u00f3 el promotor aduciendo haberse desatendido los hechos \u00a0expuestos en el escrito genitor (fl. 184 vuelto). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El gestor \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arremete frente a la resoluci\u00f3n n\u00b0 900 de 5 de junio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02015, dictada por la Agencia Nacional del Infraestructura -ANI- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c(…) por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cual se otorga una concesi\u00f3n portuaria a la Sociedad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Portuaria El Cayo S.A. E.S.P. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Examinada la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela y los soportes adosados a este expediente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se observa la falta de competencia en primera instancia de la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cartagena para resolver el reclamo constitucional. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior, por \u00a0cuanto la censura involucra exclusivamente a la Agencia Nacional de \u00a0Infraestructura \u2013ANI-, debiendo conocer de su tr\u00e1mite \u00a0los jueces del circuito, de conformidad \u00a0con el \u00a0inciso 2\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. En efecto, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 4165 de 2011, dispone: \u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0Cambio \u00a0de naturaleza jur\u00eddica y denominaci\u00f3n del Instituto \u00a0Nacional de Concesiones:\u00a0C\u00e1mbiese \u00a0la naturaleza jur\u00eddica del Instituto Nacional de Concesiones \u00a0(INCO) de establecimiento p\u00fablico a Agencia Nacional Estatal \u00a0de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama \u00a0Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, \u00a0patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y \u00a0t\u00e9cnica, que se denominar\u00e1 Agencia Nacional de \u00a0Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0un asunto de similares contornos, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0Conforme \u00a0a lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 4165 de 3 de \u00a0noviembre de 2011, la Agencia Nacional de Infraestructura \u00a0es un ente \u201cde Naturaleza Especial, del sector descentralizado \u00a0de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, \u00a0financiera y t\u00e9cnica\u201d. \u00a0Por tanto, el conocimiento de las acciones de amparo formuladas en su \u00a0contra corresponde a los juzgados del circuito, de acuerdo con el \u00a0inciso 2\u00ba del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del \u00a0Decreto 1382 de 2000 (…)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. La vinculaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Ministerio de Transporte, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es apenas aparente, como quiera que la llamada a pronunciarse es la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANI. \u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, ha se\u00f1alado la Sala: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[N]o \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria \u00a0(\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
6. En torno a la \u00a0facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n \u00a0facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades \u00a0por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]or \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 indisociablemente con el derecho fundamental del \u00a0debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez \u00a0natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) \u00a0la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u00a0\u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional)\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (\u2026)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
7. De modo que se \u00a0declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que \u00a0le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite al presente proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a \u00a0partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, \u00a0inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Cartagena \u00a0para que sea repartido a los jueces civiles \u00a0del circuito \u00a0de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Ent\u00e9rese \u00a0lo resuelto al Tribunal de origen y a los interesad \u00a0os \u00a0mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AT 26 de noviembre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013 \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 24 de julio de 2007, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01. \u00a0<\/p>\n
3Norma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios generales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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