\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC5380-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-01858-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de \u00a0diecis\u00e9is de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0formulada frente al fallo de 12 de agosto de 2015, mediante el cual \u00a0la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Bertha \u00a0del Carmen Naranjo de Berr\u00edo \u00a0contra los Juzgados \u00a0Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad y \u00a0Segundo Promiscuo Municipal de Ch\u00eda, \u00a0y \u00a0el Banco \u00a0BBVA S.A., \u00a0si \u00a0no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la \u00a0vivienda digna y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00a0presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y la \u00a0persona jur\u00eddica accionada, dentro del proceso ejecutivo con \u00a0t\u00edtulo hipotecario que el Banco BBVA S.A. promovi\u00f3 en \u00a0su contra. \u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0entonces, que se ordene a los juzgados convocados, \u00abrevisar \u00a0el proceso y (\u2026) [que \u00a0realicen] la \u00a0correcci\u00f3n de los yerros legales y constitucionales (\u2026) \u00a0que adolece el proceso, esto es, [que \u00a0decreten] la \u00a0nulidad de forma oficiosa en cuanto a la REESTRUCTURACI\u00d3N, y \u00a0en especial la [de \u00a0falta] Jurisdicci\u00f3n, \u00a0[por \u00a0ser] \u00a0de car\u00e1cter insaneable\u00bb \u00a0(fl. 6, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, adujo en s\u00edntesis, que el bien \u00a0inmueble objeto de garant\u00eda dentro del referido proceso \u00a0ejecutivo est\u00e1 ubicado en la vereda La Balsa, jurisdicci\u00f3n \u00a0del municipio de Ch\u00eda (Cundinamarca), por lo que de \u00a0conformidad con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, la demanda compulsiva debi\u00f3 \u00a0presentarse en dicha localidad, y no en la ciudad de Bogot\u00e1 \u00a0como lo hizo de manera dolosa la entidad bancaria demandante. \u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0que tanto \u00a0al librase el mandamiento de pago como en la decisi\u00f3n que \u00a0orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el juzgado de \u00a0conocimiento no revis\u00f3 si el cr\u00e9dito perseguido hab\u00eda \u00a0sido reestructurado por el banco, lo cual debi\u00f3 hacer de forma \u00a0oficiosa de acuerdo a la facultad concedida por el art\u00edculo 25 \u00a0de la Ley 1285 de 2009 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional \u00a0y de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0afirm\u00f3, \u00a0que por lo anterior las autoridades jurisdiccionales que han conocido \u00a0de la referida ejecuci\u00f3n, incurrieron en causal de procedencia \u00a0del amparo (fls. \u00a05 a 16, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 La \u00a0Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n invocada, tras advertir que la accionante actu\u00f3 \u00a0de forma incuriosa dentro del juicio debatido (fls. 41 a 47, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0Impugnada la sentencia por la tutelante (fl. 87, \u00eddem), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo anteriormente relatado, y como quiera que esta Corporaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional, col\u00edgese que aunque la acci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela arriba referenciada se dirigi\u00f3 contra los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgados Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y Promiscuo Municipal de Ch\u00eda, y el Banco BBVA S.A., la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma se hace extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito Judicial de esta capital, que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0confirm\u00f3 la sentencia de primer grado, a trav\u00e9s de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hipotecado, pues se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entiende del escrito de amparo que la decisi\u00f3n del Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos fundamentales invocados por la accionante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ya que de ella se deriv\u00f3 y se hizo procedente, por una parte, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se ordenara seguir con el juicio compulsivo, y por el otro, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aval\u00fao y pr\u00e1ctica de la almoneda del bien objeto de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0garant\u00eda dentro de la ejecuci\u00f3n que se censura, sin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se revisara si el cr\u00e9dito perseguido hab\u00eda sido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reestructurado por la entidad financiera demandante, y que a juicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la tutelante es uno de los motivos que genera la nulidad de todo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo actuado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora \u00a0bien, como quiera que \u00a0el inciso primero del numeral 2\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000 consagra que la acci\u00f3n de tutela que se \u00a0interponga contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial le \u00a0ser\u00e1 repartida a su respectivo superior funcional, resulta \u00a0evidente que esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida por esta \u00a0Corporaci\u00f3n en primera instancia y no por la Sala Civil del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, pues \u00e9sta \u00a0tambi\u00e9n funge como accionada seg\u00fan ya se anot\u00f3, \u00a0circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite \u00a0en la causal de nulidad prevista en el numeral 2\u00b0 del art. 140 \u00a0del C. de P. C., norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0virtud de lo dispuesto en el art. 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992 \u00a0reglamentario del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0 consecuencia, \u00a0 se \u00a0 declarar\u00e1 \u00a0la \u00a0nulidad \u00a0de \u00a0lo actuado \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio \u00a0y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la Secretar\u00eda \u00a0de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para que asuma su conocimiento \u00a0en primera instancia, no sin antes recordar que en torno a la \u00a0facultad para decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el \u00a0Decreto 1382 de 2000, por Auto de 13 de mayo de 2009 (exp. \u00a02009-00083-01) se precis\u00f3, por esta Sala, que, \u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014; ATCA4149-2014; ATC4151-2014; ATC3377-2015; \u00a0ATC3505-2015). \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez \u00a0de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta \u00a0Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a \u00a0habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 \u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-87795","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87795"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87795\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}