\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC5382-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-01896-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0formulada frente al fallo de 11 de agosto de 2015, mediante el cual \u00a0la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0decidi\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0\u00c1ngel Mar\u00eda Abril Molina \u00a0contra los Juzgados \u00a0Catorce Civil del Circuito y \u00a0Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de la misma \u00a0ciudad, \u00a0si \u00a0no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales al debido y a la vivienda digna, \u00a0presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales \u00a0accionadas, dentro del juicio ejecutivo hipotecario que el Banco \u00a0Davivienda S.A. promovi\u00f3 en su contra. \u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0entonces, que se ordene a los juzgados convocados, \u00abla \u00a0suspensi\u00f3n del proceso [referido]\u00bb, \u00a0y, a \u00a0la entidad financiera aludida, que \u00a0\u00abrealice \u00a0la liquidaci\u00f3n o mejor la compensaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, \u00a0de conformidad con lo expresado en las sentencias de la Corte \u00a0Constitucional\u00bb \u00a0(fl. 1, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tal pretensi\u00f3n, adujo en s\u00edntesis, que en el \u00a0pleito referido se se\u00f1al\u00f3 fecha para el remate del \u00a0inmueble objeto de garant\u00eda real para el \u00ab12 \u00a0de agosto de 2015\u00bb; \u00a0sin embargo, en su sentir, dicha diligencia \u00abno \u00a0debe realizarse\u00bb, \u00a0toda \u00a0vez que \u00abproducida \u00a0la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb \u00a0por parte del banco ejecutante, las autoridades judiciales accionadas \u00a0estaban en la obligaci\u00f3n de dar por terminada la ejecuci\u00f3n \u00a0mencionada de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo \u00a042 de la Ley 576 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 de la Corte \u00a0Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0manifest\u00f3, que de no finiquitarse el juicio ejecutivo \u00a0hipotecario se\u00f1alado se le estar\u00eda ocasionando un \u00a0\u00abperjuicio \u00a0irremediable\u00bb, \u00a0ya que tendr\u00eda que entregar su vivienda y \u00abquedar[se] \u00a0en la calle con [su] \u00a0familia\u00bb \u00a0(fls. \u00a01 a 6, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n invocada, tras advertir que el accionante no ha \u00a0formulado ante el juez natural las solicitudes de \u00absuspensi\u00f3n\u00bb \u00a0y \u00abterminaci\u00f3n\u00bb \u00a0que realiz\u00f3 en la demanda de tutela (fls. 13 a 15, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Impugnada \u00a0la sentencia por el gestor (fl. 87, \u00eddem), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0suma, el accionante se queja porque los Juzgados accionados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0omitieron dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuestionado, a pesar de que el Banco ejecutante aport\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito objeto de recaudo, lo que, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en su sentir, desatiende el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 42 de la Ley 576 de 1999 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante lo anterior, la \u00a0Corte advierte que la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0debe \u00a0entenderse vinculada a la queja constitucional, pues en sentencia de \u00a012 de noviembre de 2008 se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de \u00a0terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo que realiz\u00f3 el \u00a0accionante con fundamento en argumentos id\u00e9nticos a los que \u00a0expone en la demanda de protecci\u00f3n (fls 28 a 44, cdno. 2, \u00a0expediente original). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, \u00a0si el reparo formulado el promotor se fundamenta en que los juzgados \u00a0accionados omitieron terminar el juicio ejecutivo hipotecario \u00a0censurado por haberse reliquidado el cr\u00e9dito objeto del mismo, \u00a0se colige que la Corporaci\u00f3n en menci\u00f3n no era \u00a0competente para conocer en primera instancia del tr\u00e1mite de \u00a0esta acci\u00f3n, toda \u00a0vez que tom\u00f3 una decisi\u00f3n con trascendencia sobre los \u00a0hechos materia de amparo, y \u00abpor \u00a0virtud de lo dispuesto en el inciso 1\u00ba del numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 es la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n la que deber\u00eda \u00a0haber desatado la acci\u00f3n de tutela por ser el superior \u00a0funcional del citado Tribunal Superior de Distrito Judicial\u00bb \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 8 mar. de 2012, rad. 2012-00001-01; criterio reiterado en \u00a0ATC3893-2015). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas condiciones, como el juez constitucional de primera instancia \u00a0carec\u00eda de competencia para adelantar la demanda de amparo, se \u00a0incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista por el numeral 2\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00a0norma aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en \u00a0virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 \u00a0de 1992 reglamentario del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la \u00a0que se impone declarar la nulidad de todo lo actuado, sin perjuicio \u00a0de la validez de la pruebas en \u00a0los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 de la \u00a0ley de enjuiciamiento Civil. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00ab[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014; ATCA4149-2014; ATC4151-2014; ATC3377-2015; \u00a0ATC3505-2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. .En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presente tr\u00e1mite constitucional, a partir de la admisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y se ordenar\u00e1 a la Secretar\u00eda de esta Sala que realice \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el reparto respectivo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2000. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez \u00a0de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta \u00a0Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a \u00a0habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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