\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC5560-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 13001-22-21-000-2015-00107-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s \u00a0de septiembre de dos mil quince) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u00a0veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de \u00a0septiembre de 2015, proferido por la Sala \u00a0Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cartagena, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Rafael \u00a0Pretelt Mart\u00ednez contra \u00a0las \u00a0Procuradur\u00edas \u00a0Regional de Bol\u00edvar y \u00a0Provisional de la ciudad referida, \u00a0si \u00a0no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entidades accionadas, con ocasi\u00f3n del juicio disciplinario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se adelant\u00f3 en su contra. \u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0entonces, que se ordene a la Procuradur\u00eda Provincial de \u00a0Cartagena, que \u00absuspenda \u00a0el cumplimiento del oficio No. 2938 de 13 de agosto de 2015 \u00a0(\u2026) \u00a0y en consecuencia no se ejecute la sanci\u00f3n impuesta hasta \u00a0tanto no quede ejecutoriada la providencia sancionatoria\u00bb \u00a0(fl. 3 cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mediante la sentencia de 27 de mayo de 2015, la Procuradur\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Provincial de Cartagena orden\u00f3 su destituci\u00f3n del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cargo como concejal del Municipio de Turbaco (Bol\u00edvar), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imponi\u00e9ndole inhabilidad por el t\u00e9rmino de 15 a\u00f1os, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n que fue confirmada el 24 de julio siguiente por la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procuradur\u00eda Regional de Bol\u00edvar. \u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que solicit\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de la \u00a0providencia de segunda instancia y present\u00f3 escrito de \u00a0recusaci\u00f3n contra el Procurador Regional del Departamento \u00a0aludido; no obstante, sin haber cobrado ejecutoria aquel fallo, \u00a0 mediante oficio No. 2938 \u00a0de 13 de agosto de 2015, la Procuradur\u00eda Provincial de \u00a0Cartagena pidi\u00f3 al Concejo Municipal de Turbaco procediera a \u00a0cumplir las sanciones impuestas en el juicio disciplinario acusado. \u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que las entidades convocadas vulneraron su prerrogativa fundamental \u00a0al debido proceso, toda vez que no pod\u00edan exigir la aplicaci\u00f3n \u00a0de la sanciones de destituci\u00f3n e inhabilidad sin que estuviera \u00a0en firme y ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, m\u00e1xime \u00a0cuando el Procurador Regional de Bol\u00edvar carec\u00eda de \u00a0competencia para resolver la solicitud de adici\u00f3n y \u00a0aclaraci\u00f3n, pues fue objeto de una recusaci\u00f3n (fls. 1 a \u00a04, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala \u00a0Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cartagena neg\u00f3 el amparo, \u00a0tras considerar que la actuaci\u00f3n adelantada por los entes \u00a0accionados se encuentra ajustada a \u00ablos \u00a0par\u00e1metros descritos en el art\u00edculo 119 de la Ley 734 \u00a0de 2002, \u00a0[pues] \u00a0con el acto de notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia \u00a0proferido dentro del proceso disciplinario \u00a0(\u2026) \u00a0y su consecuente comunicaci\u00f3n, no se ha desconocido de manera \u00a0alguna los t\u00e9rminos que vienen dispuestos para su ejecutoria, \u00a0mucho menos se ha afectado o vulnerado el debido proceso al actor u \u00a0otro derecho fundamental del mismo\u00bb \u00a0y \u00absi \u00a0bien se advierte la existencia de una solicitud de recusaci\u00f3n \u00a0que se encuentra surtiendo un tr\u00e1mite, lo cierto es que \u00a0aquella fue presentada con anterioridad al proferimiento y \u00a0notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia; de modo que con \u00a0vista a la norma antes citada, el hecho que la Procuradur\u00eda \u00a0Provincial de Cartagena, una vez notificado el disciplinario hubiere \u00a0enviado el oficio de materializaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, \u00a0dada la firmeza de la misma, no entra\u00f1a desconocimiento de la \u00a0ley por vicios procedimentales ni mucho menos un actuar caprichoso o \u00a0arbitrario\u00bb \u00a0(fls. 123 a 139 cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor impugn\u00f3 el fallo anterior. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n constitucional se dirige contra las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procuradur\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Regional de Bol\u00edvar y Provisional de Cartagena, con ocasi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del juicio disciplinario seguido en contra del accionante. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, conforme \u00a0a lo reglado por el art\u00edculo 1\u00ba, numeral 1\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000, la Sala Civil \u00a0Especializada en \u00a0Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cartagena, \u00a0que conoci\u00f3 en primera instancia, carec\u00eda de \u00a0competencia para adelantar y desatar dicho amparo, habida cuenta de \u00a0que el precepto mencionado le asign\u00f3 esa facultad a los Jueces \u00a0del \u00a0Circuito, \u00a0o con categor\u00eda de tales, \u00a0cuando se trata de autoridades \u00a0como \u00a0las \u00a0que aqu\u00ed se accionan. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la \u00a0primera de las autoridades nombradas se asimila a un organismo \u00a0departamental, dado el territorio donde ejerce sus funciones y el \u00a0nivel que le asign\u00f3 los art\u00edculos 2 y 75 del Decreto \u00a0262 de 2000, por el cual se modific\u00f3 la estructura y \u00a0organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, en un asunto similar la Sala consider\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00abLa \u00a0solicitud constitucional fue dirigida contra la Procuradur\u00eda \u00a0Regional del Valle \u00a0(\u2026) Sin \u00a0embargo, la Sala \u00a0de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali \u00a0carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la \u00a0demanda de tutela conforme al inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, en tanto la \u00a0autoridad accionada s\u00f3lo tiene competencia en su \u00a0\u201ccircunscripci\u00f3n \u00a0territorial\u201d, \u00a0de acuerdo con el art\u00edculo 75 del Decreto 262 de 2000 (por el \u00a0cual \u00a0se modifica la estructura y la organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n)\u2026 En ese contexto, la Sala ha \u00a0precisado que \u00a0\u201clas Procuradur\u00edas Regionales se asimilan a una \u00a0autoridad p\u00fablica del orden departamental, pues su \u00e1mbito \u00a0de acci\u00f3n es su respectiva circunscripci\u00f3n territorial\u201d \u00a0(Autos de 23 de mayo, Exp. 00109-01, 16 de septiembre, Exp. 00074-01, \u00a030 de noviembre de 2011, Exp. 00129-01, 15 de diciembre de 2011, Exp. \u00a000004-01, y 19 de octubre de 2012, exp. \u00a02012-00512-01)\u00bb \u00a0(CSJ ATC \u00a04 \u00a0feb. 2013, rad. \u00a02012-00127-01; criterio reiterado en ATC1636-2015) \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradur\u00eda Provincial de Cartagena, por su parte, es un ente \u00a0del orden municipal, por disposici\u00f3n de los art\u00edculos \u00a02\u00ba y 76 del Decreto \u00a0262 de 2000, circunstancia que no altera la competencia de los jueces \u00a0del circuito para conocer del presente amparo, pues, de conformidad \u00a0con el inciso 5\u00ba, numeral 1\u00ba del precepto 1\u00ba del \u00a0referido Decreto 1382 de 2000, \u00ab[c]uando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una \u00a0autoridad y \u00e9stas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 \u00a0al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas \u00a0establecidas en el presente numeral\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese orden de ideas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atendiendo el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar de elecci\u00f3n del accionante para la presentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la demanda de amparo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la naturaleza jur\u00eddica de los sujetos pasivos de la tutela, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la competencia para conocer de la misma en primera instancia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iterase, corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tales de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de \u00a0acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por \u00a0remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; \u00a0la que es menester declarar a partir del auto que dispuso su tr\u00e1mite, \u00a0y se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tal de Cartagena que corresponda de acuerdo \u00a0con el reparto, no sin antes recordar que esta Sala, en auto de 13 de \u00a0mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00ab[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014). \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar la \u00a0nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto \u00a0que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de \u00a0las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del \u00a0Circuito o con categor\u00eda de tales de Cartagena, a trav\u00e9s \u00a0del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea \u00a0sometida a reparto. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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