\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATC5561-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 19001-22-13-000-2015-00183-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de \u00a0veintitr\u00e9s de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0formulada frente al fallo de 21 de agosto de 2015, mediante el cual \u00a0la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n \u00a0decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Rom\u00e1n G\u00f3mez Mina \u00a0contra el \u00a0Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada -Cauca, \u00a0si \u00a0no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse: \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los \u00a0derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al trabajo, al \u00a0debido proceso y al acceso \u00a0a la \u00a0administraci\u00f3n de \u00a0justicia, \u00a0presuntamente \u00a0conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al haber \u00a0decretado el desistimiento t\u00e1cito dentro del proceso ejecutivo \u00a0por \u00e9l promovido contra Empadilla ESP. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita que se ordene a la autoridad del convocada, \u00a0\u00abdecre[tar] \u00a0la nulidad del auto \u00a0246 del 8 de octubre de 2014\u00bb, \u00a0y, que como \u00a0consecuencia de ello, se \u00abvuelva \u00a0al estado inicial del proceso\u00bb \u00a0(fl. 6, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, \u00a0que present\u00f3 \u00a0demanda ejecutiva a continuaci\u00f3n del ordinario laboral en \u00a0contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Padilla \u00a0-Empadilla ESP, la cual le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado \u00a0Civil del Circuito de Puerto Tejada \u2013Cauca, quien mediante auto \u00a0No. 246 de 8 de octubre de 2014 declar\u00f3 el desistimiento \u00a0t\u00e1cito del proceso, toda vez que \u00abha \u00a0estado inactivo por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, situaci\u00f3n \u00a0que vulnera sus prerrogativas fundamentales, por cuanto la ejecuci\u00f3n \u00a0depende \u00a0de la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares decretadas en \u00abotro \u00a0proceso ejecutivo laboral\u00bb \u00a0promovido por Walter Cantillo Londo\u00f1o en contra de la citada \u00a0empresa, por lo que \u00ab[su] \u00a0proceso tiene una camisa de fuerza, ya que no [s]e \u00a0pued[e] \u00a0mover, o generar otro acto, o practicar medidas cautelares\u00bb, \u00a0raz\u00f3n por la \u00a0cual \u00abno ha \u00a0habido negligencia [de \u00a0su parte] (\u2026) \u00a0en mover el proceso\u00bb (fls. \u00a01 a 8, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 La \u00a0Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, \u00a0neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n invocada, tras advertir que el accionante actu\u00f3 \u00a0de forma incuriosa dentro del juicio debatido (fls. 54 a 63, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0Impugnada la sentencia por el tutelante (fls. 82 y 83, \u00eddem), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo anteriormente relatado, y como quiera que esta Corporaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional, col\u00edgese que aunque la acci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela arriba referenciada se dirigi\u00f3 contra el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada \u2013Cauca, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma debi\u00f3 ser conocida por la Sala Laboral del Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, toda vez que en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0virtud del art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y de la Seguridad Social1, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al Juzgado convocado le correspondi\u00f3 conocer la ejecuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0laboral objeto de debate, motivo por el cual su superior funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inmediato no pod\u00eda ser la Sala Civil Familia del citado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal, por ser, se itera, una ejecuci\u00f3n seguida de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso ordinario laboral. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0resumen, como quiera que \u00a0el inciso primero del numeral 2\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000 consagra que la acci\u00f3n de tutela que se \u00a0interponga contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial le \u00a0ser\u00e1 repartida a su respectivo superior funcional, resulta \u00a0evidente que esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida, como se \u00a0dijo, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Popay\u00e1n en primera instancia y no por su Sala Civil \u00a0Familia, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del \u00a0tr\u00e1mite en la causal de nulidad prevista en el numeral 2\u00b0 \u00a0del art. 140 del C. de P. C., norma aplicable a la acci\u00f3n de \u00a0tutela en virtud de lo dispuesto en el art. 4\u00b0 del Decreto 306 de \u00a01992 reglamentario del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0 consecuencia, \u00a0 se \u00a0 declarar\u00e1 \u00a0la \u00a0nulidad \u00a0de \u00a0lo actuado \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio \u00a0y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la a la \u00a0Oficina Judicial de Popay\u00e1n, para que sea repartido entre los \u00a0magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de dicha urbe, para que asuma su conocimiento en primera \u00a0instancia, no sin antes recordar que en torno a la facultad para \u00a0decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 \u00a0de 2000, por Auto de 13 de mayo de 2009 (exp. 2009-00083-01) se \u00a0precis\u00f3, por esta Sala, que, \u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014; ATCA4149-2014; ATC4151-2014; ATC3377-2015; \u00a0ATC3505-2015). \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del \u00a0auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez \u00a0de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0ordena remitir el expediente a la Oficina \u00a0Judicial de Popay\u00e1n, para que sea repartido entre los \u00a0magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de dicha urbe, \u00a0a fin de habilitar su conocimiento en primera instancia. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 9. En los procesos que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sigan contra un municipio ser\u00e1 competente el juez laboral del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0circuito del lugar donde se haya prestado el servicio. En los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugares donde no haya juez laboral del circuito conocer\u00e1 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respectivo juez civil del circuito \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-87818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}