\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
ATC6066-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a076111-22-13-000-2015-00323-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de octubre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta frente al fallo proferido el 17 de septiembre de 2015 por \u00a0la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Hilda \u00a0Mar\u00eda Collo Andrade contra \u00a0el Juzgado \u00a0Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0al que fue vinculado el Juzgado \u00a0Primero Civil Municipal de dicha urbe, \u00a0as\u00ed como las partes del proceso al que alude el escrito de \u00a0tutela, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad \u00a0prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba \u00a0del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida \u00a0hasta este momento, como pasa a verse: \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia se observa, que \u00a0pese a que la Juez constitucional de primera instancia, en el auto \u00a0admisorio de la tutela, orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los \u00a0se\u00f1ores Ernesto y Guillermo Valencia Ceballos (fls. 15 y 16, \u00a0cdno. 1), \u00e9stos no fueron efectivamente notificados del inicio \u00a0de esta acci\u00f3n especial\u00edsima, a fin de que pudieran \u00a0ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a \u00a0pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto \u00a0podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de ellos. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las \u00a0actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas \u00aba \u00a0las partes o intervinientes\u00bb, \u00a0con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus \u00a0intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que \u00a0se adopte. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dicho \u00a0ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite \u00a0constitucional de los terceros determinados o determinables con \u00a0inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su \u00a0defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, \u00a0posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub \u00a0lite a \u00a0las prenombradas personas, \u00a0pues, aunque, \u00a0se reitera, se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, \u00a0no fueron noticiados por medio de oficio, telegrama o comunicaci\u00f3n \u00a0alguna del inicio del mismo, y si bien se \u00a0libr\u00f3 el respectivo oficio para lograr el enteramiento de \u00a0dichos sujetos procesales, \u00e9ste se dirigi\u00f3 fue al \u00a0apoderado judicial del \u00faltimo de ellos en la referida \u00a0controversia, lo cual no significa necesariamente el cumplimiento del \u00a0rito de notificaci\u00f3n contemplado en la normatividad procesal, \u00a0puesto que, el abogado tan solo representa los intereses litigiosos \u00a0de su poderdante en el proceso ejecutivo singular debatido, y carece \u00a0de poder para actuar en defensa de los derechos de aqu\u00e9l en \u00a0este proceso constitucional, y por ende, menos a\u00fan, en lo que \u00a0respecta al otro vinculado, por lo que la referida omisi\u00f3n \u00a0les afecta su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la \u00a0Corte Constitucional, \u00a0<\/p>\n
\u00abha \u00a0hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas \u00a0directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n\u00a0 del tr\u00e1mite \u00a0que se origina\u00a0 con motivo de la instauraci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto \u00a0meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda \u00a0procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en \u00a0cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual \u00a0no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de \u00a0notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a \u00a0cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice \u00a0para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n \u00a0eficaces, id\u00f3neos\u00a0 y conducentes a asegurar el ejercicio \u00a0del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel \u00a0contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la \u00a0notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse \u00a0cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la \u00a0providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual \u00a0escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del \u00a0contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se \u00a0encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en \u00a0aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de \u00a0aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 \u00a0actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la \u00a0imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez \u00a0deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de \u00a0notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2018La \u00a0Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n \u00a0personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la \u00a0presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar \u00a0a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario \u00a0de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la \u00a0casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y \u00a0adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, \u00a0como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un \u00a0curador (…)\u2019\u00bb \u00a0(ver entre otras, ATC3990-2014; ATC4195-2014; ATC4319-2014; \u00a0ATC228-2015; \u00a0ATC3377-2015; \u00a0ATC3505-2015; \u00a0ATC4742-2015). \u00a0<\/p>\n
Y es que la \u00a0notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional no cumple su \u00a0fin con el enteramiento al apoderado de cualquiera de las partes en \u00a0el litigio objeto de la controversia, al respecto esta Sala ha \u00a0se\u00f1alado en casos de igual raigambre, que \u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es \u00a0claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes, (\u2026) sin \u00a0que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa \u00a0tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez \u00a0que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el \u00a0apoderado (\u2026), quien funge como su representante judicial en \u00a0el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al \u00a0efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a \u00a0folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva \u00a0materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia \u00a0apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido \u00a0conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de \u00a0proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 \u00a0aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha \u00a0calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01)\u00bb \u00a0(CSJ ATC. 14 feb. 2013, Rad. \u00a000973-01, \u00a0reiterado en ATC, 14 mar. 2013, Rad. 00019-01, CSJ ATC5103-2014, \u00a0ATC7287-2014 y STC5551-2015). \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00a0para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda \u00a0se invalida. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir \u00a0del \u00a0informe brindado por la Juez \u00a0Segundo Civil del Circuito de Buga \u2013Valle del Cauca, \u00a0momento l\u00edmite en \u00a0que debi\u00f3 producirse de manera efectiva la notificaci\u00f3n \u00a0de los \u00a0se\u00f1ores \u00a0Ernesto y Guillermo Valencia Ceballos; \u00a0sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga \u00a0para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo \u00a0anotado en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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