{"id":88031,"date":"2024-05-31T22:16:24","date_gmt":"2024-05-31T22:16:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc7436-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:16:24","modified_gmt":"2024-05-31T22:16:24","slug":"atc7436-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/atc7436-2015\/","title":{"rendered":"ATC7436-2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>ATC7436-2015 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. \u00a0C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2015, mediante el \u00a0cual la Sala \u00a0Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u00a0decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Jos\u00e9 Utria Monsalve, Sigifredo Tapia Buend\u00eda, Andr\u00e9s \u00a0Guillermo Montes Celed\u00f3n, Emilia Rosa L\u00f3pez Romero, \u00a0Luis Bienvenido Padilla Sierra, Orieta Elvira V\u00e1squez \u00a0Hern\u00e1ndez, Jorge Rodr\u00edguez Sosa y \u00a0Norbey Torres Rico \u00a0contra \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda Regional de Bol\u00edvar, \u00a0tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Gobernaci\u00f3n \u00a0de Bol\u00edvar y \u00a0la \u00a0Contralor\u00eda de dicho Departamento, \u00a0si no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por el ente accionado con ocasi\u00f3n de las \u00a0providencias de 10 de julio y 30 de septiembre, ambas de 2015, \u00a0emitidas dentro del tr\u00e1mite disciplinario seguido en su \u00a0contra. \u00a0<\/p>\n<p>Solicita, \u00a0entonces, que se ordene a la entidad convocada, \u00abla \u00a0vinculaci\u00f3n de los terceros que pueden ser afectados dentro \u00a0del proceso disciplinario [atacado] \u00a0(\u2026) \u00a0con el objeto que quede debidamente integrado el contradictorio, es \u00a0decir, al se\u00f1or Gobernador del Departamento de Bol\u00edvar \u00a0(\u2026) y \u00a0su equipo jur\u00eddico \u00a0(\u2026) \u00a0en consideraci\u00f3n a que son parte fundamental y esencial dentro \u00a0del procedimiento para la expedici\u00f3n de una Ordenanza, adem\u00e1s \u00a0de incorporar al expediente el soporte jur\u00eddico que permiti\u00f3 \u00a0al se\u00f1or gobernador impartir la sanci\u00f3n gubernamental \u00a0para convertirse en la Ordenanza 124 de 2015 y la certificaci\u00f3n \u00a0de su publicaci\u00f3n\u00bb, \u00a0y \u00a0como consecuencia de lo anterior, \u00abdeclarar \u00a0la nulidad de los autos [cuestionados] \u00a0y de todo lo actuado y, en su lugar, se corrija la actuaci\u00f3n y \u00a0se respeten los derechos fundamentales de los involucrados\u00bb \u00a0(fl. \u00a05, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aducen en s\u00edntesis, que son \u00a0diputados de la Asamblea del Departamento de Bol\u00edvar y \u00a0participaron en la discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la \u00a0Ordenanza No. 124 de 2015, mediante la cual se \u00abvari\u00f3 \u00a0la planta de personal de la Contralor\u00eda [de \u00a0dicho Departamento]\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Aseguran \u00a0que en su contra el ciudadano Jair Javier Caro Villalba formul\u00f3 \u00a0queja disciplinaria ante la Procuradur\u00eda accionada, pues, \u00a0supuestamente, con el acto administrativo aludido se favorecieron a \u00a0\u00abpersonas \u00a0cercanas al actual contralor departamental\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Se\u00f1alan \u00a0que en auto de 10 de julio de 2015 la entidad atacada orden\u00f3 \u00a0indagaci\u00f3n preliminar frente a los diputados que intervinieron \u00a0en el tr\u00e1mite de la Ordenanza referida, y en prove\u00eddo \u00a0de 30 de septiembre siguiente \u00abcalific\u00f3 \u00a0la procedencia del procedimiento verbal y convoc\u00f3 a audiencia \u00a0p\u00fablica\u00bb; \u00a0sin embargo, esas actuaciones no les fueron notificadas, raz\u00f3n \u00a0por la que consideran vulneradas las garant\u00edas invocadas. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0otro lado, manifiestan que al proceso disciplinario cuestionado debe \u00a0vincularse tambi\u00e9n al Contralor y al Gobernador del \u00a0Departamento de Bol\u00edvar, ya que \u00e9stos participaron en \u00a0la elaboraci\u00f3n y sanci\u00f3n, respectivamente, de la \u00a0Ordenanza en menci\u00f3n (fls. 1 a 6 cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cabe duda que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n constitucional se dirige exclusivamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la Procuradur\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Regional de Bol\u00edvar, con ocasi\u00f3n de la actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0disciplinaria seguida en contra de los accionantes. \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0las cosas, conforme \u00a0a lo reglado por el art\u00edculo 1\u00ba, numeral 1\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000, la Sala Civil \u00a0Especializada en \u00a0Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cartagena, \u00a0que conoci\u00f3 en primera instancia, carec\u00eda de \u00a0competencia para adelantar y desatar dicho amparo, habida cuenta de \u00a0que el precepto mencionado le asign\u00f3 esa facultad a los Jueces \u00a0del \u00a0Circuito, \u00a0o con categor\u00eda de tales, \u00a0cuando se trata de autoridades \u00a0como \u00a0la que aqu\u00ed se acciona. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, la \u00a0entidad querellada se asimila a un organismo departamental, dado el \u00a0territorio donde ejerce sus funciones y el nivel que le asign\u00f3 \u00a0los art\u00edculos 2 y 75 del Decreto 262 de 2000, por el cual se \u00a0modific\u00f3 la estructura y organizaci\u00f3n de la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0respecto, en un asunto similar la Sala consider\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00abLa \u00a0solicitud constitucional fue dirigida contra la Procuradur\u00eda \u00a0Regional del Valle \u00a0(\u2026) Sin \u00a0embargo, la Sala \u00a0de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali \u00a0carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la \u00a0demanda de tutela conforme al inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, en tanto la \u00a0autoridad accionada s\u00f3lo tiene competencia en su \u00a0\u201ccircunscripci\u00f3n \u00a0territorial\u201d, \u00a0de acuerdo con el art\u00edculo 75 del Decreto 262 de 2000 (por el \u00a0cual \u00a0se modifica la estructura y la organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n)\u2026 En ese contexto, la Sala ha \u00a0precisado que \u00a0\u201clas Procuradur\u00edas Regionales se asimilan a una \u00a0autoridad p\u00fablica del orden departamental, pues su \u00e1mbito \u00a0de acci\u00f3n es su respectiva circunscripci\u00f3n territorial\u201d \u00a0(Autos de 23 de mayo, Exp. 00109-01, 16 de septiembre, Exp. 00074-01, \u00a030 de noviembre de 2011, Exp. 00129-01, 15 de diciembre de 2011, Exp. \u00a000004-01, y 19 de octubre de 2012, exp. \u00a02012-00512-01)\u00bb \u00a0(CSJ ATC \u00a04 \u00a0feb. 2013, rad. \u00a02012-00127-01; criterio reiterado en ATC1636-2015) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese orden de ideas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atendiendo el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar de elecci\u00f3n de los accionantes para la presentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la demanda de amparo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la naturaleza jur\u00eddica del sujeto pasivo de la tutela, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia para conocer de la misma en primera instancia, iterase, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00edas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tales de Cartagena. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de \u00a0acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por \u00a0remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; \u00a0la que es menester declarar a partir del auto que dispuso su tr\u00e1mite, \u00a0y se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tal de Cartagena que corresponda de acuerdo \u00a0con el reparto, no sin antes recordar que esta Sala, en auto de 13 de \u00a0mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00ab[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n<p>An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014). \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar la \u00a0nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto \u00a0que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de \u00a0las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del \u00a0Circuito o con categor\u00eda de tales de Cartagena, a trav\u00e9s \u00a0del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea \u00a0sometida a reparto. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 \u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO 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