\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATC7259-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2015-00487-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de nueve de diciembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta frente a la sentencia de 3 de noviembre de 2015, dictada \u00a0por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Ibagu\u00e9, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nohelia Trujillo \u00a0contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, extensiva al \u00a0Fondo Nacional de Vivienda; si no fuera porque en el tr\u00e1mite \u00a0de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad \u00a0que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0promotora \u00a0solicita la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la vida, \u00a0igualdad, familia y vivienda, presuntamente vulneradas por el \u00a0accionado. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0respaldar su reproche \u00a0manifiesta ser \u00a0v\u00edctima de desplazamiento forzado por la violencia, motivo por \u00a0el cual desde el 2007, infructuosamente est\u00e1 a la espera de la \u00a0apertura de una convocatoria para recibir subsidios gubernamentales \u00a0para la adquisici\u00f3n de una vivienda. \u00a0<\/p>\n
Implora \u00a0ordenar la adjudicaci\u00f3n de las mencionadas ayudas \u00a0asistenciales en la ciudad de Ibagu\u00e9, a trav\u00e9s de \u201c(\u2026) \u00a0Comfatolima \u00a0o Comfenalco (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deprec\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n arguyendo falta de legitimaci\u00f3n en la \u00a0causa por pasiva, pues \u201c(\u2026) no \u00a0es competente para conocer de las pretensiones formuladas por la \u00a0accionante (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 41 a 47). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En fallo de 3 de noviembre de 2015, se desestim\u00f3 el resguardo \u00a0impetrado, por cuanto \u201c(\u2026) la \u00a0accionante no demostr\u00f3 que haya iniciado el proceso de \u00a0postulaci\u00f3n ante la accionada (sic) \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. 12 a 16). \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de tutela se desprende, \u00a0sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n \u00a0para tramitar el presente asunto, pues el auxilio constitucional \u00a0involucra exclusivamente al Fondo Nacional de Vivienda \u2013Fonvivienda-. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sobre la entidad en menci\u00f3n, se destaca que seg\u00fan el \u00a0precepto 1\u00ba del Decreto 555 de 2003 goza de \u201cpersoner\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio, autonom\u00eda presupuestal y \u00a0financiera\u201d, \u00a0y de acuerdo con lo previsto en la regla 13 de la misma regulaci\u00f3n, \u00a0hace parte del sector descentralizado por servicios del orden \u00a0nacional, conforme a lo preceptuado en el literal g, del numeral 2\u00ba \u00a0del canon 38 de la Ley 489 de 1998. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0N\u00f3tese, la vinculaci\u00f3n del Ministerio de Vivienda, \u00a0Ciudad y Territorio resulta apenas aparente, como quiera que el \u00a0llamado a pronunciarse sobre el subsidio de vivienda pretendido por \u00a0la reclamante es el mencionado Fondo. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Sala ha se\u00f1alado: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[N]o \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Esta Corte, en un caso de similar temperamento al actual, puntualiz\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0ese orden de ideas, a pesar de que el peticionario dirigi\u00f3 el \u00a0amparo de tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y \u00a0Territorio, antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo \u00a0Territorial, a dicha entidad no se le puede endilgar la vulneraci\u00f3n \u00a0alegada en la queja constitucional, por cuanto es Fonvivienda el ente \u00a0encargado de coordinar, otorgar, asignar y\/o rechazar los subsidios \u00a0de vivienda de inter\u00e9s social para la poblaci\u00f3n \u00a0beneficiaria, y as\u00ed mismo le compete vigilar la ejecuci\u00f3n \u00a0de dichos auxilios (\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[S]e \u00a0agrega que, la Sala, en sede de impugnaci\u00f3n, ha declarado la \u00a0nulidad en acciones de tutela instauradas contra el Ministerio de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio, en las que se discuten aspectos \u00a0concernientes al subsidio de vivienda familiar, tem\u00e1tica sobre \u00a0la cual le corresponde pronunciarse a Fonvivienda, entre otros, en \u00a0autos de 10, 17 y 24 de mayo de 2012, exp. Nos. \u00a005001-22-03-000-2012-00224-01, 20001-22-14-000-2012-00055-01 y \u00a070001-22-14-000-2012-00027-01 \u00a0(\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, surge clara la falta de competencia \u00a0del a \u00a0quo \u00a0para resolver la presente queja, pues seg\u00fan la naturaleza \u00a0jur\u00eddica del Fondo Nacional de Vivienda y lo dispuesto en el \u00a0inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000, corresponde conocer de ella a los jueces \u00a0civiles del circuito de Ibagu\u00e9, lugar de domicilio de la \u00a0querellante3. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La \u00a0situaci\u00f3n descrita estructura la causal de nulidad prevista en \u00a0el numeral 2\u00b0 del canon \u00a0140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma extensiva \u00a0a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el \u00a0precepto \u00a04 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el \u00a0cual prev\u00e9 \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n de los \u00a0principios generales del Estatuto Procesal Civil \u00a0para \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones regulatorias \u00a0de \u00a0dicho tr\u00e1mite, en cuanto \u00a0no contrar\u00ede \u00a0sus \u00a0propias disposiciones. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0A \u00a0prop\u00f3sito de esta decisi\u00f3n, conviene citar la \u00a0providencia proferida por la Sala, por medio de la cual disiente de \u00a0la tesis de la Corte Constitucional: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[R]especto \u00a0a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse \u00a0incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con \u00a0base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de \u00a0reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) \u00a0en \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto (\u2026), \u00a0[pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] \u00a0reglamenta \u00a0el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la \u00a0competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por \u00a0supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces \u00a0competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201c[Por \u00a0lo tanto,] \u00a0(\u2026) \u00a0aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u201d (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u00a0\u2018el cual \u00a0establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes \u00a0preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal \u00a0competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de \u00a0cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a \u00a0partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se \u00a0dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial \u00a0de Ibagu\u00e9, para ser repartida entre los jueces civiles del \u00a0circuito, por ser los competentes para conocer de ella en primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a \u00a0partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, \u00a0inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Ibagu\u00e9 para que sea repartido a los jueces civiles del \u00a0circuito. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los \u00a0interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No. 2011-00430-01. \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ST 13 de septiembre de 2013. Rad. N\u00b0. 00285-01, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada en ATC de 18 de junio de 2015, exp. 2015-00278-01. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ATC aprobado el 21 de octubre de 2015, exp. 2015-00411-01. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia. Civil. Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. \u00a0<\/p>\n
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