\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC507-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2014-02345-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintiocho \u00a0de enero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 20 de \u00a0noviembre de 2014, proferido por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jackeline Gil \u00a0Fl\u00f3rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado el Juzgado \u00a0Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la \u00a0misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0promotora del amparo, sin efectuar solicitud concreta alguna, reclama \u00a0el resguardo de los derechos \u00ab[a \u00a0la redenci\u00f3n de [la] pena\u00bb, \u00a0a la dignidad humana y al principio de legalidad, presuntamente \u00a0vulnerados por la autoridad jurisdiccional encausada al decidir \u00a0negativamente su petici\u00f3n de redenci\u00f3n de pena (fl. 1, \u00a0cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Como \u00a0fundamento de la solicitud de amparo expuso que el Juzgado Tercero de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le \u00a0\u00abreconoci\u00f3 \u00a07 meses y 22.5 d\u00edas de redenci\u00f3n de pena\u00bb, \u00a0pero la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial \u00a0revoc\u00f3 tal determinaci\u00f3n al resolver la alzada \u00a0formulada por el Ministerio P\u00fablico, se\u00f1alando que el \u00a0delito por el cual fue condenada la gestora – secuestro extorsivo \u00a0agravado – \u00abse \u00a0encuentra excluido de todo beneficio\u00bb \u00a0de conformidad con la Ley 1121 de 2006. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que con ese proceder el Tribunal desconoci\u00f3 que de acuerdo a \u00a0la Ley 1709 de 2014 la redenci\u00f3n de pena es un derecho y no un \u00a0beneficio (fl. 1, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala Penal de Tribunal Superior de Cali dio respuesta indicando, \u00a0sucintamente, que \u00abneg\u00f3 \u00a0a Jackeline Gil Fl\u00f3rez la redenci\u00f3n de pena de \u00a0conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 \u00a0de 2006\u00bb \u00a0(fl. 31, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA \u00a0IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
El \u00a0a-quo \u00a0constitucional \u00a0deneg\u00f3 el resguardo al advertir que la decisi\u00f3n del \u00a0Tribunal, cuestionada por la promotora de la tutela, \u00abest\u00e1 \u00a0debidamente sustentada en el ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0espec\u00edficamente en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de \u00a02006, que impide reconocer tiempo como redenci\u00f3n de pena por \u00a0expresa prohibici\u00f3n legislativa\u00bb, \u00a0a m\u00e1s de que dicha norma no fue modificada mediante la Ley \u00a01709 de 2014 (fls. 32 a 37, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante \u00a0opugn\u00f3 el referido fallo sin exponer los motivos de su \u00a0disidencia (fl. 42, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0abundantes pronunciamientos la Sala ha dicho que la acci\u00f3n de \u00a0tutela es un mecanismo singular establecido por la Constituci\u00f3n \u00a0de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos \u00a0fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n \u00a0que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \u00a0autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se pueda \u00a0instituir como una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios \u00a0ordinarios de defensa que la norma superior y la ley consagran para \u00a0la salvaguarda de tales derechos. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma forma, se ha se\u00f1alado que en l\u00ednea de \u00a0principio esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias \u00a0judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por \u00a0completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna \u00a0objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo \u00a0que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda \u00a0de hecho\u00bb, \u00a0situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para \u00a0restablecer los derechos fundamentales conculcados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0el presente caso la actora, \u00abcondenada \u00a0(\u2026) como c\u00f3mplice del concurso de conducta[s] punibles \u00a0de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego\u00bb, \u00a0considera que la Sala Penal del Tribunal de Cali vulner\u00f3 sus \u00a0derechos al revocar la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado \u00a0Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la \u00a0misma ciudad, deneg\u00e1ndole el reconocimiento de la redenci\u00f3n \u00a0de pena con fundamento en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de \u00a02006; inconformidad que edifica en que seg\u00fan la Ley 1709 de \u00a02014 la redenci\u00f3n rogada no es un beneficio sino un derecho. \u00a0<\/p>\n
Surge \u00a0entonces la necesidad de analizar el prove\u00eddo de 9 de \u00a0septiembre de 2014, por medio del cual el Tribunal encausado resolvi\u00f3 \u00a0negativamente la solicitud aludida por la inconforme. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Auscultada \u00a0tal determinaci\u00f3n concluye la Sala que carece \u00a0de arbitrariedad, pues fue el resultado de un an\u00e1lisis de la \u00a0normatividad que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, que \u00a0por lo tanto, no puede calificarse de antojadizo o caprichoso. \u00a0<\/p>\n
Arriba \u00a0la Corte a tal conclusi\u00f3n porque la colegiatura encausada para \u00a0resolver en la forma en que lo hizo, previamente consign\u00f3 que \u00a0como la accionante fue condenada por los punibles de secuestro \u00a0extorsivo agravado y porte ilegal de armas, de conformidad con el \u00a0pluricitado art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, estaba \u00a0\u00abexcluida \u00a0de cualquier subrogado o beneficio\u00bb, \u00a0pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[c]uando \u00a0se trate de delitos de (\u2026) secuestro extorsivo (\u2026), no \u00a0proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y \u00a0confesi\u00f3n (\u2026), ni \u00a0habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, \u00a0judicial o administrativo \u00a0(\u2026)\u00bb \u00a0(fl. 15, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
Seguidamente, \u00a0advirtiendo que el Ministerio P\u00fablico apel\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0del a-quo \u00a0porque \u00a0concedi\u00f3 la redenci\u00f3n de pena bajo el argumento \u00abque \u00a0se trata de un derecho y no de un beneficio o subrogado\u00bb, \u00a0expuso que: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la lectura del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 se puede \u00a0extraer con claridad que la finalidad del Legislador fue excluir a \u00a0quienes hayan sido condenados por los delitos enlistados -terrorismo, \u00a0financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n y conexos- de cualquier tipo de rebaja, subrogados y \u00a0cualquier otro beneficio -salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n \u00a0siempre que sea eficaz-, prohibiciones en las que se encuentra \u00a0incursa la aqu\u00ed sentencia, quien fue condenada por el il\u00edcito \u00a0de Secuestro \u00a0Extorsivo Agravado \u00a0(fl. \u00a016, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, en lo referente a la solicitud de aplicaci\u00f3n de \u00a0la Ley 1709 de 2014, con respaldo en jurisprudencia de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, expuso que: \u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0resaltarse que si bien con la entrada en vigencia de la Ley 1709 del \u00a02014 el legislador se ocup\u00f3 del tema de la redenci\u00f3n de \u00a0pena y en el art\u00edculo 64 -mediante el cual se adicion\u00f3 \u00a0el art\u00edculo 103A a la Ley 65 de 1993-, consagr\u00f3 el \u00a0derecho a la redenci\u00f3n de pena, lo cierto es que la Ley 1121 \u00a0de 2006 es una norma especial cuya finalidad es dar un tratamiento \u00a0dr\u00e1stico a delitos de mayor gravedad, como por el que fue \u00a0condenada la se\u00f1ora Jacqueline Gil Fl\u00f3rez. Entre tanto \u00a0al no modificar la Ley 1709 de 2014 la Ley 1121 de 2006 no podr\u00eda \u00a0afirmarse que la prohibici\u00f3n respecto a los delitos de \u00a0terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n y conexos ya no se encuentre vigente por cuanto las \u00a0normas que fueron objeto de modificaci\u00f3n por parte de la Ley \u00a01709 del presente a\u00f1o fueron las Leyes 65 de 1993, la 599 de \u00a02000 y la 55 de 1985 \u00a0(fl. \u00a016, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed, \u00a0examinadas tales motivaciones con el l\u00edmite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, concluye la Corporaci\u00f3n que ellas no pueden \u00a0tildarse de antojadizas o caprichosas y, por el contrario, son fruto \u00a0del an\u00e1lisis de las normas aplicables al caso concreto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, la ausencia de arbitrariedad en la decisi\u00f3n \u00a0emitida por la colegiatura encausada impide su cuestionamiento en \u00a0esta sede, por lo que corresponde confirmar el fallo criticado, toda \u00a0vez que la diferencia de criterio que expone la demandante \u00a0constitucional no permite, por s\u00ed solo, predicar el quebranto \u00a0de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca. \u00a0<\/p>\n
N\u00f3tese, \u00a0como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez \u00a0natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para \u00a0interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso \u00a0si \u00abse \u00a0detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo \u00a0que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando \u00a0tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la \u00a0funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda \u00a0de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta \u00a0al sistema jur\u00eddico (…)\u00bb \u00a0(CSJ STC, 11 may. 2001, exp. 0183), situaci\u00f3n que como qued\u00f3 \u00a0visto, no se avizora en el sub \u00a0judice. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lo \u00a0considerado impone \u00a0respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA \u00a0el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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