\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC946-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00072-00 \u00a0<\/p>\n
Discutido \u00a0y aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de febrero de dos mil quince. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., seis (6) de febrero de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 \u00a0Israel Mart\u00ednez Lemos, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la Sala \u00a0\u00danica del Tribunal Superior del distrito judicial de Quibd\u00f3 \u00a0y la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0promotor del amparo reclama protecci\u00f3n constitucional de su \u00a0derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado con ocasi\u00f3n \u00a0de las sentencias de 29 de agosto de 2013 y 28 de mayo de 2014, \u00a0proferidas por el Tribunal atacado y la Colegiatura accionada, en su \u00a0orden, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de \u00a0prevaricato por acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Solicito, \u00a0en consecuencia, \u00abdejar \u00a0sin efectos la providencia proferida por la SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0[\u2026] y \u00a0en su lugar decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir del \u00a0momento de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, para que se \u00a0hagan unos cargos concretos y que se correspondan con lo que \u00a0establece la ritualidad procedimental.\u00bb \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante sustenta su libelo, en s\u00edntesis, tras indicar que \u00a0cuando ejerc\u00eda el cargo de Juez Penal del Circuito de Istmina, \u00a0mediante sentencia de 16 de abril de 2009 concedi\u00f3, como juez \u00a0constitucional de segunda instancia, el amparo deprecado por v\u00eda \u00a0de tutela por varios docentes del municipio de N\u00f3vita, \u00a0ordenando a este ente el pago de las prestaciones sociales que \u00a0aquellos reclamaban. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que con ocasi\u00f3n de dicho proceder fue iniciado en su contra un \u00a0juicio penal en el cual le fue endilgado el delito de prevaricato por \u00a0acci\u00f3n, pero que en el escrito de acusaci\u00f3n no fue \u00a0se\u00f1alada la norma que supuestamente contrari\u00f3, lo que \u00a0incluso debi\u00f3 realizarse desde la imputaci\u00f3n de cargos, \u00a0gener\u00e1ndose \u00abuna \u00a0abierta indeterminaci\u00f3n\u00bb \u00a0(fl. 25 precedente). \u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que tal falencia fue puesta en conocimiento de los despachos \u00a0judiciales que conocieron de su caso, \u00absin \u00a0obtener respuestas\u00bb \u00a0(fl. 26 ib\u00eddem), a pesar de que el art\u00edculo 448 de la \u00a0Ley 906 de 2004 consagra la relaci\u00f3n que debe existir entre la \u00a0imputaci\u00f3n de cargos, la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n \u00a0y la sentencia, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de la referencia, \u00a0dispuso tener en cuenta como prueba la documental aportada por el \u00a0peticionario del amparo, requiri\u00f3 copia de las piezas \u00a0procesales pertinentes y orden\u00f3 librar las comunicaciones de \u00a0rigor. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La hom\u00f3loga en materia penal remiti\u00f3 en copia la \u00a0providencia que expidi\u00f3 objeto de la queja constitucional, a \u00a0la cual manifest\u00f3 atenerse. En igual sentido se pronunci\u00f3 \u00a0el Tribunal encausado. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido \u00a0para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o \u00a0amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas \u00a0y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya \u00a0naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a \u00a0los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de \u00a0defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y \u00a0providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y \u00a0limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, \u00a0cuando \u201cel \u00a0proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de \u00a0los medios ordinarios previstos en la ley\u201d \u00a0(sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. \u00a011001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el \u00a0requisito de la inmediatez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0este caso, se cuestionan las sentencias de primera y segunda \u00a0instancia proferidas el 29 de agosto de 2013 y 28 de mayo de 2014, \u00a0dictadas \u00a0por el Tribunal criticado y la Corporaci\u00f3n accionada, \u00a0respectivamente, en el juicio penal en el cual el accionante fue \u00a0condenado como autor del delito de prevaricato por acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, la Sala concluye que la \u00a0solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida \u00a0cuenta de que entre la fecha de expedici\u00f3n de la \u00faltima \u00a0de tales decisiones y la de interposici\u00f3n de la demanda que \u00a0nos ocupa, 19 de enero de 2015 (fl. 1 precedente), transcurri\u00f3 \u00a0un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente \u00a0jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y \u00a0proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas \u00a0b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional; sin que la \u00a0parte accionante hubiera alegado ni menos demostrado motivo alguno \u00a0que justifique tan notoria tardanza. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la materia, se ha sostenido que \u00a0<\/p>\n
si \u00a0bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime \u00a0el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la \u00a0petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de \u00a0inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede \u00a0ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las \u00a0situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, \u00a0menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos \u00a0reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que \u00a0aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), \u00a0adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio \u00a0en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, \u00a0de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la \u00a0jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que \u00a0debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial \u00a0acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con \u00a0miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de \u00a0ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que \u00a0genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos \u00a0intereses de terceros. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la \u00a0exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el \u00a0lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, \u00a0ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el \u00a0accionante \u00a0(CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en \u00a0sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 11001-02-04-000-2012-00413-01). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Baste lo dicho en precedencia, para denegar la protecci\u00f3n \u00a0pedida. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, DENIEGA \u00a0el \u00a0amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0mediante telegrama a los interesados y si la decisi\u00f3n no es \u00a0impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA \u00a0VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de la Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO \u00a0GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS VALL DE RUT\u00c9N \u00a0RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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