\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC1005-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2014-02446-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n cuatro de \u00a0febrero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., nueve (09) de febrero de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela \u00a0proferido el 9 de diciembre de dos mil catorce por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida por Jes\u00fas Alberto Echeverry Quintero \u00a0contra la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Ibagu\u00e9 y el \u00a0Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 \u00a0vincular a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal que \u00a0all\u00ed se adelanta. \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
A. \u00a0La pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el libelo introductorio, el accionante solicit\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad que \u00a0considera vulnerados por las autoridades accionadas al negarle el \u00a0beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, con total \u00a0desconocimiento del precedente sobre la materia. \u00a0<\/p>\n
Pretende, \u00a0en consecuencia, que ordene a las autoridades accionadas dejar sin \u00a0efecto sus decisiones \u00ab\u2026para \u00a0que en su lugar se me conceda el permiso de las 72 horas\u2026\u00bb \u00a0[Folios \u00a01-17, c.1] \u00a0<\/p>\n
B. Los hechos \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 14 de noviembre de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito \u00a0Especializado de Bogot\u00e1, conden\u00f3 al accionante a la \u00a0pena principal de 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor del \u00a0delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0estupefacientes, agravado, neg\u00e1ndole el subrogado de la \u00a0suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y el \u00a0sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
2. Inconforme con \u00a0la decisi\u00f3n el actor la impugn\u00f3 y el Tribunal Superior \u00a0de esta ciudad \u00a0la confirm\u00f3 el 14 de marzo de 2007. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El 29 de agosto de 2007, fue inadmitido el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n interpuesto. \u00a0<\/p>\n
4. La vigilancia \u00a0de la condena correspondi\u00f3 al Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, que en providencia \u00a0de enero 27 de 2014 neg\u00f3 la solicitud de permiso \u00a0administrativo de hasta 72 horas, elevada por el tutelante el 22 de \u00a0noviembre anterior, ante la oficina jur\u00eddica del \u00a0establecimiento carcelario de Picale\u00f1a donde se encuentra \u00a0recluido. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Contra ese prove\u00eddo el accionante present\u00f3 recurso de \u00a0apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por auto del 13 de noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, \u00a0confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. [Folios 39-46, c.1] \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El promotor de la acci\u00f3n acude al amparo constitucional, \u00a0porque en su sentir la decisi\u00f3n adoptada desconoce precedente \u00a0jurisprudencial sobre la materia, que ha reconocido la p\u00e9rdida \u00a0de vigencia del requisito objetivo establecido en el art\u00edculo \u00a0147 del c\u00f3digo penitenciario y carcelario, lo cual constituye \u00a0una v\u00eda de hecho. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0solicita la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales \u00a0invocadas, en la forma vista. [Folios 1-17, c.1] \u00a0<\/p>\n
C. \u00a0El tr\u00e1mite de la primera instancia \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 2 de diciembre de 2014 se admiti\u00f3 \u00a0 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a las \u00a0autoridades \u00a0accionadas para \u00a0que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios \u00a048-49, c.1] \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Dentro de la oportunidad concedida el Juez ejecutor se opuso a la \u00a0prosperidad del amparo, por considerar que la decisi\u00f3n de \u00a0negar el permiso administrativo solicitado por el actor, se adopt\u00f3 \u00a0siguiendo los lineamientos que regulan su concesi\u00f3n. [Folio \u00a057, c.1] \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En sentencia de 9 de diciembre de 2014, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo deprecado, \u00a0al encontrar que la decisi\u00f3n cuestionada resulta razonable, \u00a0sin que la acci\u00f3n de tutela pueda ser utilizada como un \u00a0mecanismo para enervar sus efectos e imponer determinaciones al juez \u00a0natural. [Folios 59-67, c.1] \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En \u00a0desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, \u00a0con argumentos similares a los expuestos en su libelo inicial. \u00a0[Folios 74-79, c.1] \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra \u00a0providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma \u00a0excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar \u00a0tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los \u00a0derechos fundamentales de los asociados. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0criterios que se han sostenido para identificar las causales de \u00a0procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el \u00a0reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, \u00a0infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el \u00a0respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las \u00a0personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a \u00a0la jurisdicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige \u00a0en contra de decisiones proferidas por el Juzgado Tercero de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 y \u00a0su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 \u00a0de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez \u00a0que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la \u00a0tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0y aquellos que le sirvieron al ad quem para confirmar el auto \u00a0mediante el cual el juez que vigila la condena, neg\u00f3 la \u00a0solicitud del beneficio\u00a0administrativo \u00a0para \u00a0salir del centro carcelario hasta por\u00a072 \u00a0horas, \u00a0no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto \u00a0la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un \u00a0subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del \u00a0ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar \u00a0las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja \u00a0constitucional.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Tribunal consider\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00abAl \u00a0examinar en concreto el caso sometido a consderaci\u00f3n de la \u00a0Sala, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 \u00a0se torna como requisito indispensable para conceder el permiso hasta \u00a0de 72 horas al se\u00f1or ECHEVERRY QUINTERO, toda vez que \u00e9ste \u00a0fue condenado por delito del cual conocen los jueces penales del \u00a0circuito especializados. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido se pronunci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de \u00a0la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0tutelas en providencia T-57008 calendada 1\u00ba de noviembre de \u00a02011, con ponencia del Dr. Jos\u00e9 Leonidas Bustos, al se\u00f1alar: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0el lapso de vigencia de la justicia penal especializada establecido \u00a0en el art\u00edculo 49 de la Ley 504 de 1999, fue modificado por \u00a0las Leyes 600 de 2000-cap\u00edtulo transitorio-, 906 de 2004 y \u00a01142 de 2007 \u2013 art\u00edculo 46-, las cuales extendieron \u2013 \u00a0antes del vencimiento de los 8 a\u00f1os se\u00f1alados en la \u00a0aquella disposici\u00f3n \u2013 la permanencia de la mencionada \u00a0especialidad. \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0este sentido el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del c\u00f3digo \u00a0penitenciario y carcelario \u2013 modificado por el art\u00edculo \u00a029 de la ley 504 de 1999 \u2013 se encuentra vigente y as\u00ed \u00a0ser\u00e1, mientras perdure la justicia penal especializada, a no \u00a0ser que el legislador en ejercicio de su facultad normativa, disponga \u00a0regular de forma diferente el asunto relacionado con el permiso \u00a0administrativo de hasta 72 horas, lo cual por el momento no ha \u00a0ocurrido\u2026\u00bb \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0atendiendo a tal precedente que viene aplic\u00e1ndose de manera \u00a0pac\u00edfica por la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de \u00a0la justicia penal ordinaria, consider\u00f3 que no se pod\u00eda \u00a0despachar favorablemente la petici\u00f3n del actor, por expresa \u00a0prohibici\u00f3n del legislador. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0As\u00ed, resulta evidente que la precitada decisi\u00f3n que se \u00a0reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente y en la \u00a0misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n que con \u00a0independencia de que se comparta o no por el tutelante, no se muestra \u00a0irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del \u00a0solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a \u00a0un subjetivo disenso frente a las razones en que los falladores \u00a0accionados se soportaron para arribar a su conclusi\u00f3n, \u00a0inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del \u00a0sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los \u00a0funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una \u00a0libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al \u00a0l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente \u00a0caso no se vislumbran. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para \u00a0confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n \u00a0se ha revisado. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA \u00a0la sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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