\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC1190-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a011001-02-03-000-2015-00246-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de once \u00a0de febrero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la acci\u00f3n de tutela impetrada por Jorge \u00a0Enrique Meza Ortiz frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de \u00a0Aguachica y a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Valledupar, integrada por los magistrados \u00a0Roberto Ar\u00e9valo Carrascal, Arnaldo Enrique Fragozo Romero y \u00a0Soraya In\u00e9s Zuleta Vega; extensiva al Juzgado Promiscuo \u00a0Municipal de San Alberto, Cesar, con ocasi\u00f3n del amparo \u00a0constitucional impetrado por V\u00edctor Oswaldo Muriel Ortiz \u00a0respecto de los Juzgados Promiscuo del Circuito de Aguachica y \u00a0Promiscuo Municipal de San Alberto y la Fiscal\u00eda D\u00e9cima \u00a0Local de esta \u00faltima poblaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor, quien afirma representar a Walner Mendoza Castro, solicita el \u00a0amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente \u00a0conculcado por las autoridades jurisdiccionales acusadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para \u00a0sustentar el reproche, asevera que el 12 de noviembre de 2006 \u00a0V\u00edctor Oswaldo Muriel Ortiz atropell\u00f3 con su \u00a0\u201cveloc\u00edpedo\u201d \u00a0a Mendoza Castro, propin\u00e1ndole las lesiones personales que le \u00a0generaron \u201c(\u2026) la \u00a0respectiva incapacidad por parte del Instituto de Medicina Legal \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Relata \u00a0que por la conducta descrita se denunci\u00f3 penalmente a Muriel \u00a0Ortiz; culminando \u00a0dicho tr\u00e1mite con sentencia condenatoria, asimismo se dispuso \u00a0el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a favor de la \u00a0v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que el procesado, \u00a0tras ser capturado, interpuso el resguardo objeto de la actual tutela \u00a0y Mendoza Castro le confiri\u00f3 poder al aqu\u00ed promotor a \u00a0efectos de representarlo en ese auxilio. \u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0auxilio fue desatado favorablemente por el Tribunal querellado el 7 \u00a0de diciembre de 2012, empero esa providencia no se le comunic\u00f3 \u00a0a su mandante; no obstante, \u00e9l la impugn\u00f3 en nombre de \u00a0su agenciado. \u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que en agosto de 2014 el Juzgado Promiscuo de Aguachica dispuso cesar \u00a0el procedimiento respecto del denunciado y archivar las diligencias, \u00a0pronunciamiento con el cual dej\u00f3 \u201c(\u2026) en \u00a0el limbo jur\u00eddico a (\u2026) \u00a0Walner \u00a0Mendoza Castro (\u2026) \u00a0a \u00a0quien ya se le hab\u00eda pagado la indemnizaci\u00f3n desde el \u00a0mes de julio de 2012 y por lo tanto queda temeroso de que en \u00a0cualquier momento (\u2026)\u201d \u00a0el sindicado le reclame la devoluci\u00f3n del dinero cancelado. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0aduce que interpone este auxilio en nombre propio, por cuanto no \u00a0quiere \u201c(\u2026) ser \u00a0objeto de una acci\u00f3n disciplinaria en [su] \u00a0contra \u00a0por parte de (\u2026) \u00a0Mendoza \u00a0Castro (\u2026), \u00a0[quien] deposit\u00f3 \u00a0su confianza en [\u00e9l] \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pide, \u00a0en consecuencia, complementar las decisiones cuestionadas, en \u00a0relaci\u00f3n con la pertinencia de sufragar la indemnizaci\u00f3n \u00a0mencionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Respuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corporaci\u00f3n convocada \u00a0guard\u00f3 silencio sobre el auxilio pretendido. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se \u00a0advierte que si bien el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de \u00a01991, establece: \u201c(\u2026) [l]a \u00a0acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida \u00a0[indistintamente por] cualquiera \u00a0(\u2026)\u201d, \u00a0el mismo precepto condiciona su legitimaci\u00f3n a la persona \u00a0directamente \u201c(\u2026) vulnerada \u00a0o amenazada en uno de sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d, \u00a0a su representante o a su agente oficioso, no a los terceros. Ese \u00a0canon es desarrollo del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, del cual se colige que a dicho auxilio solo puede \u00a0acudir quien vea \u201c(\u2026) vulnerados \u00a0o amenazados (\u2026)\u201d \u00a0sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0esa perspectiva, en el promotor del auxilio debe existir un inter\u00e9s \u00a0que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de \u00a0violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en las \u00a0personas que conforman algunos de los extremos del asunto, quienes \u00a0fueron reconocidas como intervinientes, o aqu\u00e9llos que puedan \u00a0resultar afectados por la orden constitucional. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, surge evidente la ausencia de legitimaci\u00f3n del \u00a0tutelante, pues, por un lado, no fungi\u00f3 como parte o tercero \u00a0interesado dentro del auxilio constitucional objeto de reproche y, \u00a0por el otro, no aleg\u00f3 ser agente oficioso de Walner \u00a0Mendoza Castro, presunto afectado con la sentencia del Tribunal \u00a0accionado; as\u00ed como tampoco acredit\u00f3 actuar en su \u00a0nombre como abogado, para lo cual deb\u00eda contar con poder \u00a0especial. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ara \u00a0activar este instrumento de protecci\u00f3n constitucional, \u00a0el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 exige que al momento \u00a0de reclamar la salvaguarda constitucional se tenga la titularidad de \u00a0la prerrogativa afectada o se represente o agencie a la persona \u00a0afectada con el \u00a0proceder arbitrario de la autoridad o particular que \u00a0se convoque a dicho tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u201c[E]l \u00a0promotor, seg\u00fan se desprende de las pruebas allegadas, \u00a0no es \u00a0sujeto procesal del juicio indicado, esto es, que no detenta \u00a0condici\u00f3n ninguna dentro del mismo que posibilite la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus \u201cderechos fundamentales\u201d \u00a0se\u00f1alados en el escrito genitor; por lo tanto, adolece de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa para accionar, en tanto que no se \u00a0entiende c\u00f3mo puede verse afectado en sus garant\u00edas con \u00a0las actuaciones del enjuiciado, las cuales, \u00fanicamente, est\u00e1n \u00a0dirigidas a regular la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los \u00a0contradictores procesales, dentro de los que no se halla (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0en otro caso de similares perfiles, \u00a0sostuvo: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n ese orden de ideas, con dificultad puede predicarse y menos \u00a0aceptarse la violaci\u00f3n alegada por el abogado apuntalado en \u00a0las irregularidades memoradas, circunstancia que conlleva a afirmar \u00a0que es palmaria su ausencia de legitimaci\u00f3n para invocar en \u00a0nombre propio el presente amparo (\u2026) Es preciso recordar, (\u2026) \u00a0que es la persona directamente quebrantada en sus garant\u00edas \u00a0fundamentales quien puede acudir ante los jueces, seg\u00fan las \u00a0reglas de competencia, para que se restablezcan sus derechos o cesen \u00a0las amenazas que pesan sobre ellos (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Resta \u00a0destacar que la alusi\u00f3n del actor, relacionada con haber \u00a0formulado este mecanismo en aras de evitar las \u201cacciones \u00a0disciplinarias\u201d \u00a0que podr\u00eda iniciar en su contra Mendoza \u00a0Castro, \u00a0no justifica la formulaci\u00f3n de este resguardo, pues adem\u00e1s \u00a0de ser necesario el poder especial para representar a los verdaderos \u00a0interesados dentro del proceso objeto de cuestionamiento, el auxilio \u00a0constitucional de ninguna manera restringe el derecho de los \u00a0mandantes a reclamar, por las v\u00edas correspondientes, el \u00a0cumplimiento de las obligaciones de sus apoderados judiciales. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0acuerdo con lo discurrido, el resguardo deprecado ser\u00e1 \u00a0desestimado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la tutela solicitada por \u00a0Jorge Enrique Meza Ortiz frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de \u00a0Aguachica y a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Valledupar, integrada por los magistrados \u00a0Roberto Ar\u00e9valo Carrascal, Arnaldo Enrique Fragozo Romero y \u00a0Soraya In\u00e9s Zuleta Vega; extensiva al Juzgado Promiscuo \u00a0Municipal de San Alberto, Cesar, con ocasi\u00f3n del amparo \u00a0constitucional impetrado por V\u00edctor Oswaldo Muriel Ortiz \u00a0respecto de los Juzgados Promiscuo del Circuito de Aguachica y \u00a0Promiscuo Municipal de San Alberto y la Fiscal\u00eda D\u00e9cima \u00a0Local de esta \u00faltima poblaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Si \u00a0este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la \u00a0Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 8 marzo 2012, exp. 01936-01. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STC 1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de febrero del 2011, rad. No. 2010-00157-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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