\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC1348-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00120-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho \u00a0de febrero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela interpuesta por los se\u00f1ores \u00a0Purificaci\u00f3n Arias A, Te\u00f3filo Ledezma Mosquera, \u00a0Gumersinda R\u00edos C\u00f3rdoba, Lucy Mirella Lozano, \u00a0Estanislao Palacios P., Luis Ernelio Palacios J., Melida Gamboa, \u00a0Obdulio Castillo Mosquera, Nigela Torres L\u00f3pez, Jes\u00fas \u00a0A. Lloreda, Ana Cecilia Prada C\u00f3rdoba, Jes\u00fas Amado \u00a0C\u00f3rdoba, Ana Patricia Padilla, Mar\u00eda Reyes Roma\u00f1a \u00a0A., Martha E. Palacios, Luis Carlos Parra, Luis Ernesto Machado, \u00a0Jenry Mena Bland\u00f3n, Neida de la Cruz Mena de Porras, Ises \u00a0Wilfrida Conto, Gissela M\u00aa Arias, Luis Danilo Perea Perea, \u00a0Cristobalina C\u00f3rdoba G., Gregorio C\u00f3rdoba Moreno, \u00a0Milton Moreno Parra, Edgar Murillo, Libia M\u00aa Mena Q., Juan de \u00a0Dios Baldosea, Francisca Asprilla, Isaac Renter\u00eda Mart\u00ednez, \u00a0Noris Bather Pandalesa Murillo, Rosalba Serna y Juan Daniel Mena \u00a0Parra contra \u00a0las Fiscal\u00edas Octava y D\u00e9cima Delegadas ante la Corte \u00a0Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0aludidos demandantes, por conducto de apoderado especial, afirman que \u00a0las autoridades acusadas dentro de las diligencias que adelantan con \u00a0los radicados Nos. 13121-8 y 2010-00319, les han vulnerado los \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Afirman los interesados que el \u00ab21 \u00a0de abril de 2010 denunci]aron] \u00a0ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n unos hechos \u00a0presuntamente delictivo[s], \u00a0relacionados con que de acuerdo con \u00ablas \u00a0CERTIFICACIONES emanadas del Fondo Nacional del Ahorro\u00bb, \u00a0sus \u00abaportes \u00a0y reportes (\u2026) de (\u2026) CESANTIAS INTERESES Y SANCI\u00d3N \u00a0MORATORIA (\u2026) desde el a\u00f1o 2002 hasta la fecha NO \u00a0hab\u00edan sido consignados\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n informan que \u00abpese \u00a0a que con la denuncia aport[aron] \u00a0los \u00a0elementos materiales de prueba (\u2026), no ha existido poder \u00a0humano que permita avanzar en direccionar la responsabilidad de los \u00a0indicados\u00bb, \u00a0vale decir, \u00a0\u00abalgunos servidores p\u00fablicos del departamento del \u00a0Choc\u00f3\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Destacan que \u00aben \u00a0los cuatro a\u00f1os y medio de investigaci\u00f3n que lleva[n] \u00a0en la Fiscal\u00eda\u00bb, \u00a0las diligencias se reducen a la realizaci\u00f3n de \u00abun \u00a0documento denominado PROGRAMA METODOL\u00d3GICO\u00bb, \u00a0pero \u00abno \u00a0se ha recaudado UNA PRUEBA\u00bb, \u00a0de manera que el acotado \u00abrobo \u00a0de los dineros\u00bb \u00a0ni siquiera ha permitido \u00abESCUCHAR \u00a0NI EN INTERROGATORIOS A LOS INDICIADOS EN CINCO A\u00d1OS\u00bb, \u00a0por parte de los distintos funcionarios que han estado al frente del \u00a0organismo competente (fls. 1 a 14, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Piden que en el escenario previsto por el art\u00edculo 86 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica, se ordene \u00abAL \u00a0SE\u00d1OR FISCAL GENERAL DE LA NACI\u00d3N QUE DENTRO DE LOS \u00a0PROCESOS ADELANTADOS EN LAS DELEGADAS ANTE LA HONORABLE CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, 8 Y 10, RADICADOS 00319 Y 13121, QUE SE TIENE COMO \u00a0INDICIADOS A LOS GOBERNADORES WILLIAM HALABY CORDOBA, JULIO IBARGUEN \u00a0MOSQUERA, LUIS GILBERTO MURILO URRUTIA, gobernadores electos, Y A LOS \u00a0ENCARGADOS HUGO TOVAR, ANTONIO G\u00d3MEZ, MALCON ALI C\u00d3RDOBA \u00a0ZABALA, EFR\u00c9N PALACIO SERNA\u00bb, vincularlos \u00a0\u00abPROCESALMENTE (\u2026) MEDIANTE INDAGATORIA (\u2026) Y \u00a0POSTERIOR FORMULACI\u00d3N DE IMPUTACI\u00d3N, PUESTO QUE LOS \u00a0RECURSOS ACORDE A LA PRUEBA NO FUERON APORTADOS NI REPORTADOS EN SU \u00a0MOMENTO, CAUSANDO AS\u00cd UN PERJUICIO IRREMEDIABLE\u00bb a \u00a0los actores (fl. 15 idem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corregidos \u00a0los defectos advertidos, el 5 de febrero de 2015 se admiti\u00f3 la \u00a0aludida queja, se dispuso la publicidad necesaria y se orden\u00f3 \u00a0allegar la documentaci\u00f3n que en tal auto se indica. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Por cuenta de lo previsto por el \u00a0art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un \u00a0mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la \u00a0acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad \u00a0p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los \u00a0particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio \u00a0de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en \u00a0l\u00ednea de principio \u00a0rector, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el \u00a0funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al \u00a0r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna \u00a0objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, \u00a0a tal extremo que configure el proceder denominado ileg\u00edtimo, \u00a0situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para \u00a0restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y \u00a0cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa \u00a0judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela \u00a0y, \u00a0por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a \u00a0su ejercicio. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 En el caso sometido a consideraci\u00f3n, la Corte evidencia que \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por el apoderado \u00a0especial de los \u00a0se\u00f1ores Purificaci\u00f3n Arias A, Te\u00f3filo Ledezma \u00a0Mosquera, Gumersinda R\u00edos C\u00f3rdoba, Lucy Mirella Lozano, \u00a0Estanislao Palacios P., Luis Ernelio Palacios J., Melida Gamboa, \u00a0Obdulio Castillo Mosquera, Nigela Torres L\u00f3pez, Jes\u00fas \u00a0A. Lloreda, Ana Cecilia Prada C\u00f3rdoba, Jes\u00fas Amado \u00a0C\u00f3rdoba, Ana Patricia Padilla, Mar\u00eda Reyes Roma\u00f1a \u00a0A., Martha E. Palacios, Luis Carlos Parra, Luis Ernesto Machado, \u00a0Jenry Mena Bland\u00f3n, Neida de la Cruz Mena de Porras, Ises \u00a0Wilfrida Conto, Gissela M\u00aa Arias, Luis Danilo Perea Perea, \u00a0Cristobalina C\u00f3rdoba G., Gregorio C\u00f3rdoba Moreno, \u00a0Milton Moreno Parra, Edgar Murillo, Libia M\u00aa Mena Q., Juan de \u00a0Dios Baldosea, Francisca Asprilla, Isaac Renter\u00eda Mart\u00ednez, \u00a0Noris Bather Pandalesa Murillo, Rosalba Serna y Juan Daniel Mena \u00a0Parra tiene como prop\u00f3sito cuestionar a las autoridades \u00a0acusadas por la supuesta negligencia en el tr\u00e1mite de las \u00a0diligencias de car\u00e1cter penal radicadas con los Nos. \u00a02010-00319 y 13121-8, \u00a0pues ellos desde \u00abel \u00a0a\u00f1o 2010 (\u2026) \u00a0aport[aron] \u00a0los \u00a0elementos materiales de prueba\u00bb \u00a0necesarios para ordenar la vinculaci\u00f3n de varios funcionarios \u00a0de la Gobernaci\u00f3n del Choc\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, examinados los motivos expuestos por los funcionarios \u00a0convocados en relaci\u00f3n con las circunstancias acaecidas en el \u00a0tr\u00e1mite de los acotados asuntos, se concluye que la demanda \u00a0constitucional presentada no puede prosperar. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el se\u00f1or Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte \u00a0Suprema de Justicia, concurri\u00f3 al tr\u00e1mite para precisar \u00a0\u00abque \u00a0la actuaci\u00f3n penal que \u00a0[all\u00ed se] adelanta \u00a0se dirige \u00fanicamente contra el exgobernador del Choc\u00f3 \u00a0Patrocinio S\u00e1nchez Montes de Oca, como quiera que el 2 de \u00a0diciembre de 2010 el se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0(e), dispuso que se investigara bajo el tr\u00e1mite de la ley 600 \u00a0de 2000 a los exgobernadores del Choc\u00f3 que ejercieron \u00a0funciones con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, tomando en \u00a0consideraci\u00f3n que a partir del 1 de enero de 2008 entr\u00f3 \u00a0a regir en el Distrito Judicial del Choc\u00f3 la Ley 906 de 2004\u00bb, \u00a0raz\u00f3n por la cual \u00abse \u00a0orden\u00f3 la ruptura de la unidad procesal y le correspondi\u00f3 \u00a0el conocimiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley \u00a0600 de 2000 a la Fiscal\u00eda Octava de esta misma Unidad, la cual \u00a0adelanta la investigaci\u00f3n bajo el n\u00famero de radicaci\u00f3n \u00a013121\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Subray\u00f3 \u00a0que \u00aben \u00a0lo atinente al presente asunto, radicado y tramitado bajo la ley 906 \u00a0de 2004, la Fiscal\u00eda (\u2026) junto con la polic\u00eda \u00a0judicial, han adelantado una serie de actividades dirigidas a \u00a0recaudar informaci\u00f3n con el fin de determinar las \u00a0circunstancias por las cuales el entonces Gobernador del Choc\u00f3 \u00a0Patrocinio S\u00e1nchez Montes de Oca, al aparecer incumpli\u00f3 \u00a0el deber de consignar durante su mandato las cesant\u00edas a \u00a0docentes de ese departamento\u00bb, \u00a0pero como esa entidad \u00abno \u00a0ha suministrado la informaci\u00f3n pertinente para confrontar las \u00a0hip\u00f3tesis delictivas planteadas por la Fiscal\u00eda\u00bb, \u00a0se acudi\u00f3 a la alternativa de \u00abentrevistar \u00a0a funcionarios de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n\u00bb \u00a0de la \u00e9poca y debido a que tampoco \u00abha \u00a0sido posible su ubicaci\u00f3n\u00bb, \u00a0mediante \u00aborden \u00a0de polic\u00eda judicial de fecha 10-12-2014 (\u2026) se adecu\u00f3 \u00a0su tr\u00e1mite procesal\u00bb, de \u00a0manera que en esas condiciones es imposible predicar el quebranto de \u00a0derechos fundamentales reclamados (fls. 74 a 78, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda Octava Delegada adujo que, tras la acotada ruptura de \u00a0la unidad procesal y la posterior orden de variar \u00abla \u00a0delegaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n (\u2026), \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n (\u2026.) seguida en contra de JULIO IBARGUEN \u00a0MOSQUERA y WILLIAM HALABY CORDOBA, ex gobernadores del Departamento \u00a0del Choc\u00f3 (\u2026), bajo el sistema procesal de la Ley 600 \u00a0de 2000 (\u2026), el 10 de agosto y 10 de noviembre de 2011 se \u00a0decretaron otras pruebas, entre ellas la versi\u00f3n libre de los \u00a0investigados a trav\u00e9s de despacho comisorio (\u2026), el 10 \u00a0de agosto de 2012 (\u2026) se inadmiti\u00f3 la demanda de \u00a0constituci\u00f3n en parte civil (\u2026), el 15 de febrero de \u00a02013 se requiri\u00f3 al Grupo de Apoyo del CTI la adopci\u00f3n \u00a0de medidas para que se diera cumplimiento a la misi\u00f3n de \u00a0trabajo conferida (\u2026), el 31 de julio de 2013 se orden\u00f3 \u00a0requerir a la servidora de polic\u00eda judicial para que \u00a0presentara el informe con los resultados a las labores investigativas \u00a0y se decretaron nuevas pruebas\u00bb, prop\u00f3sito \u00a0que se reiter\u00f3 mediante determinaci\u00f3n de 24 de enero de \u00a02014. \u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que el 27 de julio siguiente \u00abse \u00a0dispuso la pr\u00e1ctica de pruebas con el objeto de cumplir las \u00a0finalidades del art\u00edculo 322 de la Ley 600 de 2000\u00bb, \u00a0[enseguida \u00a0m]ediante \u00a0resoluci\u00f3n del 23 de octubre de 2014 se orden\u00f3 la \u00a0apertura de instrucci\u00f3n en contra de los citados ex \u00a0gobernadores (\u2026), por los presuntos delitos de prevaricato y \u00a0peculado por apropiaci\u00f3n; se dispuso la vinculaci\u00f3n \u00a0mediante indagatoria de los investigados y la pr\u00e1ctica de \u00a0pruebas (\u2026), el 19 de noviembre (\u2026) se comision\u00f3 \u00a0nuevamente a la investigadora de la Direcci\u00f3n Especializada de \u00a0Polic\u00eda Judicial de aforados Constitucionales para la pr\u00e1ctica \u00a0de algunas pruebas ya decretadas\u00bb, luego \u00a0arrib\u00f3 el \u00abdespacho \u00a0comisorio procedente de la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal \u00a0Superior de Quibd\u00f3, con algunas declaraciones, [y] \u00a0\u00abel 4 de febrero de 2015 se recibi\u00f3 debidamente \u00a0diligenciado despacho comisorio (\u2026) adjuntando indagatoria \u00a0rendida por JULIO IBARGUEN MOSQUERA el 27 de enero de 2015\u00bb \u00a0(fls. \u00a097 a 103 idem). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo anteriormente expuesto se desprende que si bien desde la \u00a0formulaci\u00f3n de la memorada denuncia ha transcurrido un tiempo \u00a0importante, tambi\u00e9n es cierto que los funcionarios encargados \u00a0de las respectivas labores ciertamente expusieron en forma clara las \u00a0particularidades que experimentan las acotadas diligencias judiciales \u00a0y como tales razones, en puridad, no surgen de un comportamiento \u00a0subjetivo o caprichoso, descarta entonces, la posibilidad de predicar \u00a0el quebranto de las garant\u00edas fundamentales invocadas, pues de \u00a0conformidad con lo incorporado en los se\u00f1alados informes, \u00a0queda claro que lo acaecido en relaci\u00f3n con el memorado \u00a0tr\u00e1mite no proviene de la clara negligencia de aqu\u00e9llos \u00a0en el cumplimiento de sus deberes legales, sino de las eventualidades \u00a0o circunstancias arriba indicadas que les han impedido agotar las \u00a0fases propias de cada uno de los asuntos que hoy se impulsan a \u00a0prop\u00f3sito de los hechos sometidos a consideraci\u00f3n de la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0de otra manera, como la situaci\u00f3n materia de la demanda \u00a0constitucional no proviene de la evidente incuria de las autoridades \u00a0demandadas, tampoco de una actitud negligente o manifiestamente \u00a0antojadiza, se impone memorar que los requisitos f\u00e1cticos \u00a0descritos en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del citado \u00a0Decreto 2591, relacionados con la \u00abvulneraci\u00f3n \u00a0o amenaza\u00bb, \u00a0no \u00a0concurren en el caso materia de an\u00e1lisis, cuesti\u00f3n que \u00a0impone denegar la protecci\u00f3n solicitada. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Devolver a la \u00a0Fiscal\u00eda Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia las \u00a0copias suministradas para el tr\u00e1mite de este asunto. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
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