\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STC1517-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00247-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho \u00a0de febrero de dos mil quince) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Cort\u00e9s Reyes frente a \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Mar\u00eda \u00a0del Carmen Cort\u00e9s Reyes manifiesta que \u00a0en el tr\u00e1mite del proceso ordinario de uni\u00f3n marital de \u00a0hecho con sociedad patrimonial que el se\u00f1or Ra\u00fal Cruz \u00a0Garc\u00eda instaur\u00f3 en su contra, ante el Juzgado Segundo \u00a0de Familia de dicha capital, se incurri\u00f3 en un proceder que \u00a0comporta la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental previsto en el \u00a0art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La promotora de la petici\u00f3n informa que las pretensiones \u00a0incoadas en el libelo que dio origen al citado tr\u00e1mite \u00a0judicial, se denegaron mediante sentencia de primera instancia que \u00a0fue revocada por el tribunal acusado, para en su lugar declarar \u00abla \u00a0existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre las partes desde \u00a0el 1 de marzo de 1973 hasta el 30 de noviembre del a\u00f1o 2000\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Indica que con la decisi\u00f3n de segundo grado \u00abse \u00a0incurri\u00f3 en una causal de procedencia de la acci\u00f3n de \u00a0tutela (\u2026) en la modalidad de defecto material o sustantivo, \u00a0toda vez que se profiri\u00f3 desconociendo la normatividad \u00a0vigente\u00bb, espec\u00edficamente, \u00a0lo previsto por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, dado \u00a0que, en suma, el accionado \u00abno \u00a0tuvo en cuenta el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Precisa que \u00abfue \u00a0el demandante quien abandon\u00f3 el hogar desde el a\u00f1o \u00a02000, y, ahora, doce a\u00f1os despu\u00e9s con un fin netamente \u00a0econ\u00f3mico solicita la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n \u00a0marital de hecho, desconociendo con ello adem\u00e1s la naturaleza \u00a0y finalidad de la acci\u00f3n\u00bb \u00a0(fls. 26 a 30, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Solicita que en sede constitucional se ordene a la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0competente, decretar (i) \u00abla \u00a0NULIDAD de la sentencia de segunda instancia proferida por el \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 (\u2026) el 15 de diciembre de \u00a02014, y \u00a0(ii) \u00abla \u00a0revocatoria\u00bb de \u00a0esa providencia para que se profiera un \u00abfallo \u00a0acorde con el derecho y las pretensiones incoadas\u00bb, con \u00a0el fin de que \u00abla \u00a0sentencia de primera instancia quede en firme\u00bb \u00a0(fl. 25 idem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0El 6 de febrero de 2015 se admiti\u00f3 la aludida queja, se \u00a0dispuso la publicidad necesaria y se orden\u00f3 allegar la \u00a0documentaci\u00f3n que en tal auto se indica. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lo \u00a0primero que ha de memorar la Corte es que la tutela es un mecanismo \u00a0particular establecido por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los \u00a0derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o \u00a0violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda desprenderse de la \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o \u00a0de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda \u00a0sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la \u00a0misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal \u00a0clase de derechos. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0que, como regla general, el amparo no se abre paso respecto de \u00a0providencias judiciales, a no ser que en ellas se hubiere incurrido \u00a0en un proceder arbitrario, a la par que ileg\u00edtimo, o \u00a0desconectado de la ley, si no es posible removerlo a trav\u00e9s de \u00a0los medios ordinarios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0En el sub \u00a0lite, \u00a0a prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de tutela que la se\u00f1ora \u00a0Mar\u00eda del Carmen Cort\u00e9s Reyes entabl\u00f3 contra la \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9, se evidencia que dicha solicitud de amparo no tiene \u00a0vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que \u00a0el debate expuesto en la citada petici\u00f3n se sit\u00faa en la \u00a0hip\u00f3tesis de improcedencia que prev\u00e9 el inciso 3\u00ba \u00a0del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en \u00a0armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0precedente afirmaci\u00f3n deriva de que la tem\u00e1tica \u00a0relacionada con los desaciertos o equivocaciones en las que hubiera \u00a0incurrido el tribunal accionado en la providencia judicial con la que \u00a0se agot\u00f3 el segundo grado del proceso que el se\u00f1or Ra\u00fal \u00a0Cruz Garc\u00eda impuls\u00f3 de cara a la accionante, pudo \u00a0haberse planteado a la jurisdicci\u00f3n a trav\u00e9s del \u00a0mecanismo que para el efecto tiene previsto el ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0como es el recurso de casaci\u00f3n establecido en el T\u00edtulo \u00a0XVIII, Cap\u00edtulo IV, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00a0teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia que se defini\u00f3 \u00a0a trav\u00e9s de la providencia ahora censurada. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como la promotora del amparo, en calidad de demandada en la acotada \u00a0acci\u00f3n regida por la Ley 54 de 1990, cont\u00f3 con un medio \u00a0de defensa judicial id\u00f3neo para plantear las inconformidades \u00a0que ahora manifiestan por v\u00eda de tutela, vale decir, el \u00a0se\u00f1alado mecanismo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, con \u00a0prescindencia del desenlace que hubiera tenido ese puntual recurso, \u00a0es imperativo proceder en la forma advertida, en cuanto que, cumple \u00a0recordar, la acci\u00f3n de tutela es excepcional y residual. \u00a0<\/p>\n
Su \u00a0procedencia -recuerda la Corte- est\u00e1 sujeta, en principio, a \u00a0que el afectado no disponga de otros instrumentos legales de defensa, \u00a0pues aqu\u00e9lla no est\u00e1 instituida como un medio \u00a0alternativo para que las personas puedan reclamar derechos o plantear \u00a0controversias que tienen previstas otras v\u00edas ordinarias ante \u00a0el juez natural competente para debatirlas y posteriormente \u00a0definirlas. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las reflexiones antes expuestas, se impone denegar el amparo \u00a0constitucional presentado, ya que de otra manera \u00e9ste se \u00a0convertir\u00eda en una herramienta paralela a los procedimientos \u00a0ordinarios, circunstancia que choca con lo prescrito por \u00a0la doctrina constitucional, en cuanto que \u00a0<\/p>\n
\u00abtal \u00a0mecanismo preferente \u00a0tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su \u00a0improcedencia \u00a0cuando se dispone de medios de defensa judicial \u00a0id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que \u00a0no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos \u00a0alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar \u00a0reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los \u00a0jueces\u00bb (CSJ \u00a0STC 6 \u00a0feb. 2003, Rad. 23243, reiterada 4 jul. 2014, Rad. 01341). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0tanto, se negar\u00e1 lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n \u00a0radicada ante la Corte. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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